Cuando las universidades funcionan mal y fracasan en la acreditación son intervenidas por el Estado, tal como le sucedió a la Universidad del Mar. Cuando el sistema de transporte no funciona, el gobierno decide intervenir las diez líneas de buses que peor funcionan, para defender a los ciudadanos de los atropellos cometidos con su derecho a transportarse con dignidad.
¿Y qué pasa con los consultorios? La verdad, nada. Con ellos, el trato es distinto y aplica el más tradicional de los laissez-faire. Si en un consultorio los pacientes esperan horas para ser atendidos o sencillamente no los atienden, no pasa nada. Si trabajan médicos sin los requisitos para ejercer en Chile, no pasa nada.Si contratan alumnos de medicina y los hacen trabajar cómo médicos, no pasa nada.
¿Y qué pasa si ese consultorio no dispone de medicamentos por mala administración de sus recursos? Adivinó: no pasa nada.
Es decir, si bien en transporte y en educación, el gobierno central está dispuesto a intervenir decididamente donde el fracaso institucional es evidente, en otras áreas como la salud, le tiembla la mano.
La situación no parece que vaya a cambiar. Por un lado, el gobierno aparenta estar sólo medianamente comprometido con la necesaria reforma al sistema de Isapres, que podría aportar mayores recursos a un sistema público que gasta un 40% menos que el promedio de la OCDE y que necesita urgentemente de mayores ingresos. Por otra parte, ni un sólo peso de la Reforma Tributaria irá a salud.
Sin embargo, el 53% de los chilenos expresaron en la última encuesta CEP que su problema prioritario era justamente éste y que es allí a donde se deberían destinar en primer lugar las platas de una reforma impositiva. No obstante, entre cambios a la Constitución, Sistema Binominal y otros, el gobierno sigue encontrando nuevas prioridades, distintas a las del país por el cual dice trabajar. Es momento entonces, que alguien se haga cargo del problema.
La Reforma a la Salud es urgente y debe partir en los consultorios. Por eso, lo primero es intervenir en aquellos consultorios peor evaluados, aumentando la resolutividad, incrementando el número de profesionales formados especialmente para Atención Primaria e incorporando decididamente sistemas de ficha electrónica y de solicitud de horas vía telefónica.
En segundo lugar, desmunicipalizar o mejorar la integración de consultorios y servicios de salud, que hoy administran los hospitales. Esto no equivale, como muchos en la centro-derecha temen, a crear un Supra Estado Marxista y totalitario, ni tampoco a privatizar la Salud Pública, cómo otros temen en la izquierda.
Se trata, muy por el contrario, de mantener una administración descentralizada, con participación de la comunidad local, pero bajo la gestión de los Servicios de Salud, que hoy funcionan como entes autónomos. Esto permitiría que hubiera una continuidad de la atención entre el consultorio y el hospital, a diferencia de lo que sucede hoy, en que no hay ninguna conexión real entre ellos, funcionando casi como dos sistemas separados.
Esta reforma, facilitaría la derivación de pacientes y optimizaría la utilización de escasos recursos, evitando la duplicidad de entidades administradoras con la autoridad municipal.
Por otra parte, permitiría terminar con la situación actual, en que si al alcalde no le interesa mucho la gestión de consultorios, estos no funcionan o que si está muy interesado, los convierte en un comando de campaña, lleno de sus afiches.
Es de esperar entonces, que al gobierno no le tiemble la mano, y que emprenda una decidida reforma al gran pilar de la Salud Pública: los consultorios.
Que no sólo se atreva, allí donde el costo político es menor, discutiendo con ex – presidentes o empresarios, sino que se atreva también donde las reformas son más difíciles, puesto que si el objetivo es no perder la popularidad, el norte, ya se perdió hace rato.