Mafalda:”¿Tú crees que el dinero es todo en la vida, Manolito?”
Manolito:”No, por supuesto que el dinero no es todo… ¡También están los cheques!”
Sabido es que “el que tiene la plata pone la música” y que “lo barato sale caro”. La sabiduría popular parece tener un diagnóstico claro acerca de la gravitación del dinero en la sociedad y frente a la inevitabilidad de su preponderancia lo que cabe hacer es educar en lugar de estar prohibiendo una forma de financiamiento que va a ocurrir de todos modos.
Cuando se trata de debatir sobre el asunto del financiamiento de las campañas electorales resulta fácil argumentar pensando que las regulaciones afectarán más a los contrincantes que a los candidatos propios y, por lo mismo, se suelen proponer restricciones poco realistas mientras se planifica, casi al mismo tiempo, la manera de obtener más recursos sin que esas normas limiten la capacidad de recolectar dinero porque, al final, de lo que se trata es de triunfar en la contienda política con el respaldo de un presupuesto más abultado.
Chile es un país que se caracteriza por crear leyes para todos los problemas que se presentan, como si no se tuviera a la vez una especial capacidad para burlar las normas y, en cierta forma, eso es lo que está ocurriendo a raíz del caso bautizado como “Pentagate”, en que a partir de una situación perfectamente prevista por la legislación ya existente comienzan a pulular propuestas para cambiar las reglas del juego.
Si se trata de ser serios, hay que señalar que, hasta ahora, no se ha acreditado delito alguno en el aporte financiero que habría hecho la empresa Penta a los candidatos de la UDI salvo eventuales ilícitos tributarios en uno solo de los casos que han salido en la prensa, pero nada que corresponda sancionar mediante las leyes electorales.
Y si se trata de ser responsables, en lugar de apuntar a la mantención o eliminación de los aportes reservados a los candidatos, lo adecuado sería investigar y regular el financiamiento permanente de los partidos políticos, que es lo que marca la gran diferencia en la capacidad de competencia de los postulantes de partidos y los independientes porque es lo que permite la dedicación exclusiva a las tareas de proselitismo y organización de los operadores.
Pero no. A propósito de una situación perfectamente definida por la legislación ya existente se promueve una discusión que, como todas las cosas en Chile, se presenta como la regulación definitiva pero que seguirá dejando un margen de acción para quienes tienen la capacidad de incumplir las leyes, que no es lo mismo que violarlas porque, hay que reconocerlo, salvo el caso del conductor del senador Iván Moreira, al que se le acusa de haber participado, presuntamente, en la emisión de facturas falsas que podrían llegar a afectar a Penta, las demás situaciones parecen estar dentro de la legalidad, lo que -nuevamente, como es propio en Chile- no coincide necesariamente con la moralidad.
Sin embargo, cuando se apela a la moralidad el debate parece dirigirse inevitablemente al campo de la pequeña batalla partidista, en la que se trata de convencer a la gente que los “otros” son los inmorales y “nosotros” poseemos el derecho a definir qué es lo moral, cuando en realidad todos buscan la forma de obtener el mayor apoyo financiero a la hora de conquistar la adhesión del electorado.
Se sabe que las empresas financian a gran parte del espectro político y se sabe también que, cuando se establecen controles demasiado estrictos, se abren los canales clandestinos para que el flujo económico no se detenga.
Entonces, en definitiva, si lo que se busca de verdad es emparejar la cancha para que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, lo que habría que hacer es cambiar el paradigma que establece que el poder económico puede comprar poder político. O dicho de otro modo, que las elecciones se ganan con plata. Si se confiara más en las ideas y menos en los bingos, onces y anteojos, se estaría en la senda de una transparencia real.
El problema central, en definitiva, parece radicar en la creciente convicción que el dinero permite ganar las campañas electorales y la única solución posible a ello depende de la ciudadanía.