El Mensaje del gobierno del Presidente Ricardo Lagos que establece y regula el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados en noviembre del 2001, la Comisión de Defensa la debatió por cerca de dos años, fue aprobada por la Sala el 2003, enviada al Senado y finalmente la ley 19974 fue promulgada el 27 de septiembre del 2004.
Participé del debate y aprobación de la ley como diputado y miembro de la Comisión de Defensa, en la cual estaba el actual ministro de Defensa Jorge Burgos, y posteriormente fui el primer presidente de la Comisión de Fiscalización de la Agencia Nacional de Inteligencia establecida en dicha ley y, por tanto, puedo dar cuenta del momento político y del ambiente que rodeó el debate, aprobación y de los resguardos y límites legales con que nace la Agencia Nacional de Inteligencia y la articulación del sistema de inteligencia en general.
Por cierto, estaba aún presente en la memoria de muchos parlamentarios la existencia, durante la dictadura, de la DINA – CNI, del terrorismo de Estado que llevaron a cabo y de los crímenes que estos órganos de inteligencia cometieron en contra de miles de chilenos.
En los diputados de derecha había preocupación por la utilización que pudiera dar el gobierno a un organismo civil dependiente del Presidente a través del ministerio del Interior. En todos, el que no se constituyera un organismo que podía realizar labores de espionaje político.
Se legisla en un clima de desconfianza, cuando aún estaba en plena vigencia la Constitución de Pinochet que establecía la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FFAA, el Consejo de Seguridad donde con la firma de dos Comandantes en Jefe se podía convocar a una sesión limitando las propias facultades del Presidente de la República, senadores designados y vitalicios, es decir la estructura heredada de la dictadura estaba intacta.
Hay que recordar que las modificaciones constitucionales que terminaban con estos institutos autoritarios fueron recién promulgadas en noviembre del 2005, un año despuésde la aprobación de la ley del sistema de inteligencia. Era muy difícil instalar un sistema de inteligencia que mirara al futuro si la propia Constitución estaba aún atrapada por el pasado.
Solo la convicción común de que era necesario disponer de una coordinación del trabajo de inteligencia destinado a frenar el crimen organizado y el narcotráfico – que más que el terrorismo eran las preocupaciones de seguridad del momento – y la pericia política y flexibilidad del ministro del Interior de la época José Miguel Insulza que, participó semanalmente en todas las reuniones y contribuyó a consensuar las indicaciones al proyecto original, fue posible despachar el proyecto y crear esta nueva institucionalidad.
Lo que el Parlamento resolvió, y que se transformó en ley, es que habría un sistema de inteligencia encabezado por la Agencia Nacional de Inteligencia en el cual participarían las Direcciones de Inteligencia de las FFAA, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, con independencia de mando de cada una de ellas.
A la Agencia Nacional de Inteligencia se le entregó la coordinación y centralización de la información, que por ley los aparatos de inteligencia están obligados a proporcionar al organismo a petición de su Director, y no se le entregaron capacidades operativas que la dotara, como se le ha exigido posteriormente por diversas voces, eficiencia investigativa.
Hoy, diez años después, en un ciclo político completamente nuevo, también más complejo y global, con nuevas exigencias en el combate a la delincuencia, al tráfico de estupefacientes y especialmente frente al brote terrorista que observamos, es necesario revisar esta legislación y realizar cambios de fondo para dotar al país de un sistema de inteligencia eficaz, integrado, moderno, con capacidad para hacer frente a las amenazas en los temas descritos y elevar cualitativamente el trabajo preventivo y operacional para derrotar estos flagelos y dar mayor seguridad a todos los chilenos.
Mucho se concentra el debate en si la Agencia Nacional de Inteligencia debe o no disponer de agentes encubiertos, como ya ocurre con las direcciones de inteligencia de las diversas ramas de las FFAA y de las policías. En mi opinión este no es el tema fundamental y no resuelve el problema, en cambio, es el momento de repensar toda la estructura de inteligencia interior del país para realizar un cambio de mayor envergadura.
Lo primero es separar la inteligencia militar de la policial. Las FFAA no tienen competencia en temas de seguridad interior y la información residual que recojan en estos temas, en el cumplimiento de las funciones que le son propias, deben ser entregadas a la Agencia tal como hoy dispone la ley.
Lo segundo, es que se debe crear un mando centralizado de los aparatos de inteligencia dedicados a la seguridad interna, que dependa del Presidente o Presidenta de la República e informe anualmente al congreso de su cometido o cada vez que la Comisión de Fiscalización respectiva de la Cámara de Diputados lo disponga.
Este mando, para cumplir eficazmente sus labores, debe disponer integradamente de agentes encubiertos, policiales y civiles y de otros instrumentos, algunos de los cuales ya autoriza la actual ley, agregando en el caso del terrorismo la delación compensada y modificando el Código de Procedimiento Penal para que la información de inteligencia se convierta en prueba ante los Tribunales de Justicia.
Es aquí donde la actual Agencia Nacional de Inteligencia, o como se denomine al organismo que nazca de una reforma de esta naturaleza, debe jugar un rol fundamental en la conducción de la inteligencia civil y policial y en el análisis y procesamiento de la información y contra información que se recoja para aplicar medidas operacionales preventivas oportunas y combatir, eficazmente y con la velocidad de tiempos requeridas,acciones que vulneren la ley, coloquen en riesgo la seguridad de la población y de la institucionalidad democrática.
Junto a ello, hay acuerdo en que se debe entregar mayores facultades, personal y recursos al Ministerio Público para que despliegue la acción penal pública, como, a la vez, reformular la ley antiterrorista que es altamente ineficaz y carente de legitimidad.
Todas estas modificaciones hacen obligatorio un debate abierto con la ciudadanía porque se requiere no solo de un consenso político sino también social dado que el trabajo de inteligencia, incluso el que ya establece la ley 19.974, implican reducción de espacios de privacidad y de libertad y debe ser la sociedad, que en el resguardo de su propia seguridad, esté dispuesta a aceptarlos y validarlos política y éticamente.
A la vez, se debe dar a la población todas las garantías de que el trabajo de inteligencia, cada vez más necesario en el mundo actual, se desarrollará en el pleno respeto de la Constitución y a las garantías individuales que ella establece y en consonancia con los principios, normas y valores de un Estado democrático.