En medio de debates y análisis sobre las consecuencias de acciones terroristas y de la violación de derechos civiles y humanos, no se puede soslayar que en Chile, por desgracia, sigue dramáticamente pendiente un tema de suma sensibilidad e importancia: el paradero real y final de chilenas y chilenos convertidos en detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Resulta imperdonable que transcurridos más de 40 años del brutal Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y a más de dos décadas de iniciado el proceso democratizador, todavía existan detenidos desaparecidos cuyos restos no son hallados, prolongando, entre otras cosas, el sufrimiento de numerosas familias chilenas.
Todo apunta a que las Fuerzas Armadas y los Tribunales de Justicia deben hacer esfuerzos supremos por avanzar en las gestiones e investigaciones que permitan dar con el paradero de las víctimas de la dictadura.
Es fundamental que de una vez por todas, ex militares y civiles que fueron parte de la dictadura y que tuvieron acceso a informaciones sobre las acciones en contra de opositores a la tiranía que fueron desaparecidos, den a conocer esos datos y antecedentes.
En ese sentido, fue justo, preciso y necesario el llamado de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, cuando señaló que “necesitamos que se haga justicia, que esa justicia sea pronto, y necesitamos para que ello sea posible que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”.
Fue del todo oportuna la declaración de la jefa de Estado en cuanto a que “es el momento de poner fin al silencio y la impunidad, es el momento de hermanarnos en la verdad”.
Coincidimos con la Presidenta en que los procesos en torno a esta situación no avanzan “al ritmo que la sociedad y los familiares de las víctimas” requieren con toda razón.
En realidad, lo de fondo es que se tiene que materializar el compromiso con los conceptos de verdad y de justicia que deben prevalecer siempre en nuestro país.
En este camino, se inició la campaña “Verdad y Justicia: Ahora”, impulsada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y que, en concreto, plantea entre otras cosas, la nulidad de la Amnistía decretada por la tiranía a favor de violadores de los derechos humanos; envío al Parlamento de un proyecto de ley que tipifique la “Desaparición Forzada de Personas” como crimen contra la humanidad; apoyo del Ejecutivo del proyecto de ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; ampliar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), permitiendo que este pueda querellarse en casos de violaciones a los Derechos Humanos; que los procesos radicados en los tribunales de justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas; envío de un proyecto de ley que elimine el secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los torturadores que se mencionan en el Informe emanado de la Comisión de Prisión Política y Tortura, así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura cívico-militar; reapertura y que se mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Esos son puntos que, de una u otra manera, pueden contribuir a que se conozca el paradero de detenidos desaparecidos. Al mismo tiempo, en base a esas consideraciones, se impediría dar espacios a silencios interesados o cómplices y en derrotar la impunidad.
Es imprescindible tener claro que el conocer el destino final de los detenidos desaparecidos, será un factor determinante en la consolidación de la justicia y en la reparación histórica y humana. Es así como los países maduran y se reencuentran.
En estos días hemos vuelto a calibrar el efecto dañino de acciones terroristas criminales que ponen en el centro de sus actos el lastimar y asesinar a personas inocentes e indefensas, lo que no tiene ninguna explicación ni justificación desde ningún tipo de planteamiento político, ideológico, religioso, del Estado o de otro tipo.
Siempre que eso ocurre, todos los sectores de la sociedad reclaman que las autoridades políticas, judiciales y policiales avancen en esclarecer los hechos, dar con los culpables y llevar adelante los procesos judiciales que correspondan. En definitiva, que se conozca la verdad y se aplique la justicia.
Eso es lo que se reclama -y ahora se insiste- sobre cientos de casos de detenidos desaparecidos. Hay que conocer sus paraderos, encontrar sus restos, dar respuestas a sus familiares.
A 41 años del Golpe de Estado, es una situación imprescindible de atender. No se trata sólo del pasado; se trata de una situación presente, en tanto no está resuelta, y que incidirá en el futuro del país.
Es efectivo que Chile requiere de que exista verdad y justicia frente a toda acción terrorista y que el Estado haga todos los esfuerzos para evitar la impunidad y apoyar en concreto las demandas de las víctimas y de sus familiares.