Los parlamentarios Espina y García han tomado una posición pro-activa en favor de Derechos indígenas largamente demandados. Presentaron sus ideas en un documento en donde destacan dos ejes doctrinarios importantes.
Los asuntos indígenas que conmueven a la Región de la Araucanía constituyen una cuestión de Estado y reconocen una incapacidad histórica del Estado para construir una política de inclusión.
Luego, proponen, entre otras medidas la creación de un Consejo de Tierras (integrado por representantes indígenas, de la sociedad empresarial, gobierno y otras entidades) para resolver las demandas de tierras en la Araucanía e incluso enfatizan la idea de una reparación pos 1990.
Proponen también crear una suerte de Corporación Regional de Fomento rural y se pronuncian categóricamente en favor de la creación de cuotas especiales de representación en el Congreso Nacional, municipios y otras entidades colegiadas.
Por cierto, reconocen las falencias de la actual institucionalidad indígena, expresadas en la Conadi y su superación con la creación del ministerio de Asuntos Indígenas. A lo largo de estos años, señalan, se ha diagnosticado de manera suficiente la problemática indígena pero las respuestas han sido insuficientes o limitadas. En lo principal, se pronuncian también a favor del reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas.
Lo primero que quiero decir es que me alegro de esta toma de posición de estos parlamentarios de la derecha chilena. Sin entrar a revisar cómo han votado a lo largo de sus períodos legislativos cuando varias de estas mismas iniciativas fueron puestas en debate, lo que es menester esperar es que ahora, cuando estas ideas sean presentadas o restablecidas como proyectos de Ley, ambos legisladores (y asumo que sus bancadas harán honor al compromiso expresado en este reciente documento) votarán a favor de las iniciativas legales.
Y eso representaría un avance sustancial en la solución política de la cuestión social indígena en Chile.
No obstante, es igualmente importante –y en honor a la historia- despejar y precisar varios aspectos de esta toma de posición, primero, para indicar que en materia de iniciativas políticas para abordar el tema indígena, no estamos partiendo de cero.
En efecto. No es nuevo, por ejemplo, señalar hoy que la problemática indígena constituye un asunto de Estado. Esto ya estaba claro en el planteamiento del Pacto de Nueva Imperial, en 1989.Estuvo claro en las bases de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), entre 1990 y 1993. Estuvo muy claro en el debate parlamentario, con motivo de la Ley Indígena 19.253, finalmente aprobada el 5 de octubre de 1993 y recordemos que la derecha se opuso tenazmente a la aprobación del Convenio 169 y al reconocimiento de la condición de pueblos de nuestras comunidades ancestrales.
Para el movimiento democrático y la sociedad civil indígena en Chile, desde mucho antes del triunfo del No en 1988 ya se tenía claro que la problemática indígena debería ser abordada como un asunto de Estado.
Y a mayor abundamiento, esta concepción quedó ampliamente establecida en el histórico Informe oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato (2004). En consecuencia, no es una novedad reconocer hoy que el tema indígena es un asunto que corresponde resolver al conjunto de la sociedad chilena y del Estado. La pregunta es, ¿por qué la derecha ha demorado 25 años en reconocerlo?
En materia de propuestas, es igualmente importante formular profundas precisiones a las generosas ideas de los parlamentarios Espina y García.
La cuestión social indígena en Chile no se reduce a la Región de la Araucanía: es un tema de carácter geopolítico, que comprende a todos los Pueblos Indígenas de Chile, desde el norte grande hasta el extremo sur del país. Los acontecimientos en la Araucanía solo reflejan la punta del iceberg del problema mayor.
En consecuencia, y esto ya fue previsto en el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato y en los programas presidenciales del 2005 y del 2013, cuando se dice (y en este caso se reitera lo ya conocido) que el tema indígena es un tema de Estado, lo es –efectivamente- en el amplio sentido de los problemas, deudas históricas y oportunidades que Chile y su Estado deben abrir y considerar para todos los pueblos indígenas.
Otro capítulo de precisiones apunta que en todas aquellas políticas referidas a las “soluciones” de los problemas de Tierras y Aguas, no es suficiente un Consejo de carácter regional, para constituir una suerte de “banco de tierras” y fijar un plazo para devolver tierras e incluso levantar reparaciones “para indígenas y no indígenas”.
Los pueblos indígenas del norte, el pueblo Rapa Nui y diversas comunidades mapuche desde el Bío- Bío hasta el extremo sur del país, están planteando que deben ser considerados los derechos territoriales y de autodeterminación que emanan del Convenio 169 de la OIT, hoy Ley de la República.
Y aquí no me quiero detener en revisar cómo votaron en años anteriores los parlamentarios que ahora “lideran soluciones” de buena voluntad para encarar la cuestión indígena. El punto principal es que hoy, la demanda de tierras no se refiere sólo a la Deuda Histórica reconocida en el 2004 por el Estado en el Informe de Verdad y Nuevo Trato, sino que el requerimiento se ha ampliado –legítimamente- a un asunto territorial de mayor envergadura. Y esto fue adecuadamente previsto en el Programa de la campaña presidencial de la Nueva Mayoría en el 2013, con las correspondientes propuestas de políticas públicas.
Los parlamentarios Espina y García se pronuncian también a favor de una representación parlamentaria, municipal y en otras entidades, de los Pueblos Indígenas.Esto no es una expresión de buena voluntad. Ni siquiera para la Nueva Mayoría.Es una exigencia que emana del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración universal de Derechos Indígenas, de Naciones Unidas (2007).
Es decir, y para ser más precisos, la calidad democrática del próximo Congreso Nacional a elegirse el 2017 estará condicionada por dos fenómenos nuevos: la incorporación efectiva de cuotas de mujeres y la incorporación efectiva de cuotas parlamentarias indígenas, y en ambas Cámaras, para ser bien precisos.
La idea de una especie de Corfo Rural ya está presente en el programa presidencial del actual Gobierno. Lo mismo, la creación del ministerio de Asuntos Indígenas para fortalecer la transversalidad de la política indígena; y en el programa se incorporó un compromiso que deriva desde el Informe de Verdad y Nuevo Trato: que los Pueblos Indígenas tengan su propia institución representativa, con capacidad de interlocución con todos los poderes del Estado y esto es, el Consejo (o Parlamento) Nacional de los Pueblos ancestrales o indígenas de Chile.
¿Qué es, entonces, lo nuevo en la toma de posición de los parlamentarios Espina y García? Que en tanto representantes de la derecha, y a partir de una postura de buena voluntad (y ello se verá reflejado cuanto voten en el parlamento), lo que ellos están haciendo es producir un giro (no sabemos cuán sólido y persistente podrá ser), en una derecha que a lo largo de muchas décadas desconoció la relevancia histórica, social y cultural de nuestros Pueblos ancestrales.
Este es el principal mérito de su postura, por cuanto –espero- obligará a sus correligionarios políticos conservadores a tomar igual posición en el parlamento.
Si esto es así, es perfectamente dable pensar que cuando nuestra Presidenta ingrese los proyectos de Ley respectivos, los parlamentarios Espina y García serán los más entusiasmados en aprobarlos.
Y eso, en sí mismo, es extraordinariamente valioso.