Este martes 22 de Abril corresponde al día mundial de la tierra y el próximo sábado se realizará una marcha nacional por el agua.Es el momento para revisar el despojo que ha sufrido Chile en materia de recursos hídricos.
Corría el año 1981, cuando en Chile se practicaba una política de Estado antimarxista institucionalizada en la CNI antes denominada DINA.Se torturaba y se mataba tal cual lo revelaron después las comisiones Rettig y Valech. Esto no fue sino la representación máxima del miedo que el gobierno militar le tenía al poder constituyente y ciudadano, el cual se combatía con represión y terror.
Desde este mismo miedo, se origina la contrarrevolución más feroz que se haya aplicado en la historia chilena.El proceso social endémico llevado por décadas es brutalmente interrumpido y se incorpora una tendencia artificiosa en el modelo de desarrollo del país, se reduce el Estado a su mínima expresión y las decisiones se dejan al libre mercado. Comienza el experimento de neoliberalismo chilensis.
Volaron desde Chicago las células del cerebro intelectual que conformaron el marco legal que hasta hoy rige las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Los adoctrinados por las políticas neoliberales de Milton Friedman, pensadas a miles de kilómetros de nuestra angosta faja de tierra, ya habían implantado una nueva constitución militar el año anterior (1980), la misma que sería legitimada 25 años después por el ex Presidente Lagos. El mismo personaje del dedo inquisidor en la década de los ochenta.
Ese mismo año 81 se originaba el Código de Aguas, con la misma lógica del miedo al poder de la gente, la minimización del Estado, la entrega de las decisiones al mercado y la prescindencia de la democracia.
Un Código elaborado entre gallos y medianoche, entre torturas y matanzas, cuando la atención pública estaba fijada en preocupaciones mayores y no en cómo se administraba el agua.
En los campos había ignorancia ante esta artimaña legal.Incluso hasta el día de hoy usted puede entrevistar a pequeños campesinos que creen que el agua está unida a la tierra, pero este Código de Aguas separó el agua de la tierra, sin ninguna consideración social ni ambiental.
Así es como desde el Código de Aguas de 1967, que preparó el camino para la Reforma Agraria pasando las aguas a dominio público y entregándolas a los usuarios en calidad de concesionarios, se derivó en un Código de Aguas neoliberal que entregó las aguas a perpetuidad bajo la figura de la propiedad privada con la posibilidad de su libre transacción comercial en el mercado, tal cual lo es una manzana o un automóvil.
Pero este vital recurso no es una manzana ni un automóvil y es importante recalcar que si bien el agua es un bien económico, también es un bien social y ambiental. El mundo productivo no puede funcionar sin agua, la sociedad se ha desarrollado culturalmente en torno al agua y el medio ambiente está determinado por el agua.
Entonces, lo grave es que el actual Código no se hace cargo de estas dos últimas variantes, mientras que sólo se ha hecho cargo de la parte económica y a medias, ya que ha favorecido la concentración, la especulación y la desigualdad en la distribución hídrica. Esto principalmente a causa de la falta de información de la que el Estado es responsable y la excesiva judicialización de los conflictos hídricos, donde ganan los que pagan mejores abogados.
Por ello, es fundamental realizar cambios profundos en el Código de Aguas (requiere quórums calificados), que garanticen el agua como un bien social, incluyendo el derecho humano al agua, la prioridad del consumo humano por sobre las necesidades de las grandes empresas y el respeto por las comunidades indígenas.
También debe garantizar la protección de los ecosistemas, ya que la extracción ilimitada en sectores como Copiapó ha dejado ríos prácticamente secos, fauna inexistente e impactos directos en la vida cotidiana de la gente.
El cambio climático es una silenciosa realidad que azota el clima chileno.Se estima que cada año el desierto avanza 400 metros hacia el sur (algunos señalan hasta 1 km), un cambio bastante más rápido que lo que se cree, mucho más que las soluciones que puedan emanar de la institucionalidad chilena.
En virtud de eso, se hace imprescindible hoy sentar las bases de un modelo hídrico sustentable que incorpore la variable social y ambiental, y regule el uso económico de este recurso, bajo un marco legal flexible para enfrentar los impactos del cambio climático y una fuerte presencia del Estado como actor principal.
Los conflictos por agua serán cada vez mayores, se enfrentan pequeños agricultores a grandes empresarios con todo el poder económico, político e incluso legal.
Claro ejemplo ha sido el caso de Petorca, donde la justicia ha fallado en contra del dirigente de Modatima por denunciar usufructo y robo de agua de un pez gordo vinculado a las altas esferas de la política nacional.
Una verdadera vergüenza para este país, fruto del miedo que el Estado tiene hacia las decisiones soberanas del pueblo, el mismo miedo bajo el cual nació la actual legislación hídrica, que a fin de cuentas es el reflejo de una legislación creada en dictadura.