El contundente triunfo de Michelle Bachelet y los excelentes resultados parlamentarios que logró la Nueva Mayoría generan inmejorables condiciones para reemplazar la herencia institucional de Pinochet y llevar adelante las profundas transformaciones que Chile reclama.
El programa de gobierno de Michelle Bachelet representa un alejamiento y, en algunos ámbitos, como es el caso de la educación, significa una ruptura con las políticas neoliberales que han gobernado la vida de los chilenos desde hace más de tres décadas.
Las reformas estructurales que promueve el programa en educación revierten en gran medida el proceso de privatizaciones que impuso la dictadura en 1981 con la Ley General de Universidades.
La vuelta a manos del Estado de las escuelas y liceos municipales son un paso fundamental para que la educación pública recupere el sitial privilegiado que tuvo en Chile y que nunca debió haber perdido.
Por su parte, la reforma tributaria es la medida más importante adoptada desde el año 1973 para mejorar la regresiva distribución del ingreso existente en nuestro país y es fundamental para que el Estado cuente con los recursos necesarios que nos permita cumplir con los compromisos adquiridos en la campaña.
A su vez, el proyecto de nueva constitución contempla la conformación de una “Estado Social y Democrático de Derecho”, derogando una serie de preceptos autoritarios que impiden la existencia de una auténtica democracia, como es la violación del principio de mayoría a través de altos quórums para la reforma de ciertas leyes.
Para que el futuro gobierno pueda llevar adelante este programa es fundamental dejar de lado la lógica política que ha imperado en esta infinita transición a la democracia.La Nueva Mayoría debe superar los nefastos consensos con la derecha.Esto solo ha significado ceder ante las presiones y chantajes del gran capital.
Durante el nuevo ciclo político debemos hacer valer la voluntad popular que se ha expresado nítidamente en las calles desde el año 2011, así como también las mayorías parlamentarias que recientemente conquistamos en las urnas.
Es clave continuar politizando al pueblo chileno en todos los espacios públicos, como barrios, empresas y centros de estudios para involucrarlos en los duros debates legislativos que se vienen.
Nos debemos preparar para convocar a grandes jornadas de movilización en apoyo a las reformas estructurales que impulsará el futuro gobierno.
Y para cumplir con el programa, es fundamental erradicar la lógica inmovilista que marcó tristemente la transición a la democracia.
No podemos seguir haciéndole el juego a aquellos que conciben al movimiento social como una amenaza a la gobernabilidad del futuro gobierno, ya que el conflicto es parte constitutivo de la política y de la sociedad. Jamás debe volver a ser visto como una amenaza para la democracia.
Propugnamos que los movimientos sociales también sean parte de los acuerdos democratizadores que se tomen junto al poder ejecutivo y legislativo para, de esta forma, concretar las anheladas transformaciones que demanda el pueblo de Chile.