Consultada a su arribo a Temuco, el viernes 18, sobre el caso de Vilcún y la necesidad de considerar la aplicación de la Ley Antiterrorista, Michelle Bachelet fue categórica en señalar que en nuestro país existen normas penales más que suficientes para encarar delitos que alteren gravemente el orden público.
El 26 de marzo, en su primer discurso en El Bosque la candidata ya había expresado una opinión muy importante cuando reconoció que la aplicación de la Ley antiterrorista había sido un error de parte de los gobiernos democráticos y, por lo tanto, reiteraba su compromiso de que dicho instrumento legal no debe ser aplicado en Chile, y menos aún en el caso de situaciones que afecten al pueblo Mapuche.Luego se explayó sobre el punto muy ampliamente, también en marzo, en la primera entrevista que concedió a un semanario.
Lo dicho está en plena sintonía con las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas para casos de terrorismo y que visitó especialmente nuestro país en abril pasado. Su informe fue categórico al señalar que en Chile no existen situaciones de terrorismo y que la Ley del caso, más bien forma parte de los problemas que de las soluciones e instó al Gobierno y al Estado a no requerir nunca más dicha Ley y a modificarla profundamente.
Personeros de Gobierno y parlamentarios de derecha han salido al paso de la candidata de la Nueva Mayoría, buscando atribuirle una “grave responsabilidad” en sus dichos.La propia contrincante, la candidata oficialista Evelyn Matthei, en un alarde argumental, declaró que al contrario, a ella “no le temblará la mano” para aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche o a quien sea. El mensaje es claro.La diferencia cualitativa también.
Se ha juzgado a lo largo de varios años a la ex Presidenta y candidata de la Nueva Mayoría por haberse aplicado dicha Ley bajo su gobierno. Las decisiones al respecto ocurrieron en el ámbito de Interior, sin consulta al comité político y ella como Jefa de Estado y consecuente con su rol, asumió en plenitud la responsabilidad de esas decisiones cuando ya estaban consumadas.
Por eso consta, que la voluntad de la Presidenta y su compromiso respecto de los temas de seguridad interna u orden público y en particular, su mirada sobre la Ley antiterrorista ha estado siempre en sintonía con la doctrina internacional y nacional en materia de Derechos Humanos, y la Ley Antiterrorista está muy lejos de los estándares que en materia de DDHH se requieren.Pero hoy las cosas son diferentes.
Existe la más alta probabilidad de que Michelle Bachelet vuelva a ser electa Presidenta de Chile, y uno de los alcances importantes de la experiencia de Gobierno, es que los compromisos políticos se cumplen y, en lo concreto, en lo relativo a la Ley antiterrorista tendrá que ser severamente reformada, para adecuarla a los estándares internacionales en materia de DDHH y nunca más volverá a ser aplicada al pueblo Mapuche, lo que no significa contemplación ante situaciones graves o que alteren la convivencia pacífica y el orden público.
Ya sabemos que las responsabilidades penales son siempre individuales y las demandas del pueblo Mapuche nunca más podrán ser criminalizadas. En consecuencia, indígenas o no, para quienes afecten la paz social por caminos de violencia, Chile cuenta con una moderna legislación penal, que además considera derechos y deberes y cuyas sanciones son adecuadas para los casos que revistan mayor gravedad.
El Relator Emmerson, de Naciones Unidas, fue concluyente en su Informe y lo reitero: en Chile no hay actos o situaciones de terrorismo.
En consecuencia, los exabruptos del oficialismo, del Gobierno y de la candidata Evelyn Matthei, y sobre todo cuando ella recurre a un viejo dicho de la dictadura al señalar que no le temblará la mano para aplicar las cuestionadas normas de la Ley antiterrorista, sólo reflejan que para la derecha la solución a los conflictos sociales siempre será el camino de la represión.
Para un régimen democrático de verdad, la solución de las tensiones pasa por un proceso legal y político, en donde la Ley y la Justicia deben transitar por el mismo camino.
Por cierto, reconocer errores del pasado es fundamental, no solo para no volver a repetirlos sino para encarar de una manera distinta las tensiones que el Estado ha instalado en su relación con los pueblos indígenas. La violencia no proviene del pueblo mapuche. Su origen está en la forma cómo el Estado abordó la problemática indígena por más de 200 años.
Y los costos de una política racista y de discriminación no se borran con medidas represivas. Por esa razón, se requiere una voluntad distinta, de país, de Estado y de Gobierno para lograr construir un gran acuerdo de paz y de justicia con los pueblos indígenas.