El viernes 9 de agosto, fui acusado por la Universidad San Sebastián, mediante una inserción pagada en varios medios de comunicación de nuestro país, de dirigir «sistemáticos ataques a la Universidad y a su proyecto en el barrio Bellavista». En dicho inserto se sostiene que yo habría hecho «afirmaciones verdaderamente temerarias que, maliciosamente», según ellos, «inducen a pensar que dichos inmuebles habrían sido construidos infringiendo algún tipo de normativa en la tramitación de sus permisos».
Casi en la misma fecha, las inmobiliarias que habrían estado detrás del proyecto en cuestión dieron inicio a acciones legales contra el municipio, contra el nuevo Director de Obras Municipales y contra quien escribe esta columna, incluyendo recursos de protección además de acciones civiles, tendientes a presionar a la municipalidad para otorgar la recepción final de la segunda torre de departamentos y a perseguir una indemnización por los daños y perjuicios derivados del rechazo a entregar dicha recepción, notificado con fecha 7 de agosto, lo que impide seguir adelante con el lucrativo negocio inmobiliario que acompaña la construcción de esta sede de dicha casa de estudios.
Con fecha 7 de agosto, la Dirección de Obras Municipales rechazó la solicitud de recepción final, por no cumplir, dentro de los plazos formales, con todas las exigencias técnicas y normativas vigentes, entre ellas las de orden ambiental.
El mismo día 8 de agosto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mediante un oficio que se encuentra disponible en el Sistema Nacional de Información y Fiscalización Medioambiental, le formuló cargos a las inmobiliarias involucradas tras haber constatado la ejecución de obras que debieron haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin haberlo hecho hasta esa fecha.
Constata, además, que existe una modificación del proyecto que implica un aumento significativo de obras que representan «cambios de consideración» que generan impactos ambientales adicionales a los autorizados en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.
Estas obras, según constata el oficio de la SMA, comprenden el aumento significativo en el número de estacionamientos originales del proyecto, toda vez que el proyecto aprobado consideraba 453 estacionamientos, y actualmente se constatan 1.090 estacionamientos construidos, cuyos impactos no han sido evaluados.
Como si fuera poco, se comprueba que se ha agregado la construcción de una cuarta torre para equipamiento educacional, que tampoco está considerada en la evaluación ambiental del proyecto original.
Debido a todo lo anterior, el día 14 de agosto, la SMA ofició a la Dirección de Obras Municipales de Recoleta, solicitando que se inhibiera de entregar la recepción final al mencionado proyecto por no contar con las aprobaciones ambientales que la ley establece, dándole con ello la razón al actual director de Obras en lo que a rechazar la recepción final se refiere.
Por último, el día 29 de agosto, las inmobiliarias involucradas han presentado, dentro del marco establecido por la ley, un Plan de Cumplimiento para suspender condicionalmente el proceso sancionatorio, el que ha sido aprobado por la SMA, lo que implica un reconocimiento tácito de la infracción.
Cabe destacar que la aprobación condicionada del Plan de Cumplimiento implica la clausura de más de 350 estacionamientos que estaban siendo operados sin haber jamás intentado, siquiera, obtener las aprobaciones ambientales necesarias para ello.
En este contexto es que deseo reiterar públicamente algunas de las afirmaciones que pueden haberle parecido «temerarias» a los representantes de las empresas educativas e inmobiliarias comprometidas, en el sentido de que la actual Dirección de Obras Municipales y la Superintendencia del Medio Ambiente, basándose en argumentos legales, han arribado a conclusiones que permiten inferir que, en un escenario de correcta aplicación de las leyes vigentes, los permisos de que gozan estos edificios jamás hubieran podido obtenerse.
Lo anterior se ve refrendado además por la confesión realizada por el ex director de Obras de la Municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes −hoy condenado en un caso de corrupción sin precedentes en nuestro país, que compromete, según su confesión, a diez hechos entre los cuales se cuenta un intento de soborno por parte de un representante de la Universidad San Sebastián−, en el sentido que la máxima autoridad comunal de la época, ex alcalde UDI Gonzalo Cornejo, le habría instruido hacer lo necesario para que dicho proyecto quedara en Recoleta.
Con todos estos antecedentes, creo que resulta imprescindible que la Universidad San Sebastián explique y pruebe en tribunales las afirmaciones realizadas en la inserción comentada al principio de la presente columna, ya que ellas dañan la honra y la credibilidad de una autoridad electa mediante el voto popular, cuyo único objetivo es hacer cumplir la ley, combatir la corrupción, tanto pública como privada y defender a la comunidad de los abusos de quienes creen que con dinero pueden pasar por sobre todos y todas y hacer lo que se les plazca, mostrando un brutal nivel de desprecio por las leyes y por los derechos de las comunidades afectadas por su mezquinos intereses.