Los aberrantes antecedentes que hemos conocido a través del informe elaborado por un grupo de expertos de la Unicef y de jueces han dejado al descubierto la desprotección en que viven los menores en riesgo social en Chile. Y no sólo la desprotección, sino los delitos que son investigados por el Ministerio Público y que tienen como víctimas a los niños.
Pero a estos hechos deben sumarse, lamentablemente, otras vulneraciones de derechos esenciales que dejan a Chile como un país que no cumple con Tratados y Convenciones Internacionales, pues estamos lejos de poseer una política pública integral de defensa de los derechos del niño y esto debiera avergonzarnos.
En la Araucanía, la situación es aún peor, pues a la precariedad en que viven los menores en hogares dependientes del Estado se suma la pobreza, la vulnerabilidad propia de una zona con profundas brechas sociales y los hechos de violencia que han afectado a decenas de comunidades indígenas, donde los niños han sido las principales víctimas y han debido sufrir situaciones impensables.
En mayo de este año, un grupo de diez religiosos denunció públicamente los abusos policiales en contra de menores, detallando los hechos ocurridos en varios allanamientos.Señalan en su declaración que existe violencia excesiva, abuso y humillaciones a niños mapuches en los reiterados operativos que las policías realizan en la región.
No es posible que, a la misma hora en que se levantan para ir a la escuela, enfrenten allanamientos que no sólo intimidan, sino que indudablemente marcan su vida por siempre, con violencia en sus propios hogares, siendo humillados y muchas veces golpeados. Alguna vez fueron mis propios hijos los que vivieron esa experiencia.
Los niños violentados hoy sufren severas secuelas y sobre todo inseguridad y fundados temores de volver a ser violentados en sus propias casas en cualquier momento.
En el último tiempo, diversas sentencias judiciales han recomendado a las policías actuar con prudencia y respeto a los derechos de las personas y, especialmente, de los menores.
Carabineros de Chile ya ha recibido tres resoluciones de la Corte Suprema ordenándole efectuar los procedimientos policiales en comunidades mapuche con atención al debido resguardo de los menores. En sentencias del 5 de enero, 25 de julio y 26 de septiembre del 2012, se les exige “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto a los menores de edad”.
Pues bien, la precaria situación en que se encuentran miles de menores en Chile no puede pasar inadvertida, no puede ser, tampoco, motivo de rencillas políticas ni de recriminaciones de uno u otro sector por lo hecho y por lo no hecho.
El tema de fondo es urgente e ineludible. O Chile implementa una política pública que resguarde los derechos de los niños en todos sus ámbitos y en todas las regiones, frente a cualquier tipo de amenazas, o será sindicado como uno de los países que ampara la vulneración de las garantías esenciales del niño. No hay tiempo que perder.