Lo que ocurra esta semana en el parlamento será clave para nuestro futuro energético.Por una parte, deberá votarse en la Cámara una ley que obliga a las empresas a la diversificación de la matriz eléctrica obligándolas a inyectar una cuota de 20% de energía renovables no convencionales (ERNC) al año 2025.
En el Senado, en tanto, se verá otra ley que entrega facilidades a las empresas eléctricas para obtener las servidumbres que les permitan construir líneas de transmisión.
Ambas leyes, aprobadas el miércoles pasado por las Comisiones de Energía del Senado y la Cámara, deberán ser revisadas y votadas ahora por las comisiones y el pleno de ambas cámaras.
El proyecto de ley que acelera el otorgamiento de concesiones eléctricas fue ingresado a tramitación en la Cámara en mayo de 2012, en un paquete legislativo que también incluyó el proyecto de “carretera eléctrica”.
Ambos fueron justificados por el gobierno bajo el argumento de que debían acortarse los plazos para el otorgamiento de servidumbres para construir líneas de transmisión eléctrica, pues de lo contrario, no se podría traer energía de regiones donde se genera a menor costo (como la del Bío-Bío) y por tanto seguiríamos pagando altos costos por la energía, perdiendo competitividad y retardando inversiones.
Este proyecto, que acelera el trámite concesional en beneficio de las empresas eléctricas se aprobó estrechamente en la Comisión de Energía del Senado, pues en las negociaciones con el gobierno no se logró resolver temas asociados a derechos constitucionales fundamentales, como son la oportunidad de la consulta indígena, la cual en virtud del Convenio 169 de la OIT debe aplicarse previo a los actos administrativos del Estado (en este caso, antes de otorgar el decreto de concesión).
Tampoco se logró establecer una prohibición expresa para cruzar áreas silvestres protegidas e indicar que el concesionario eléctrico deba buscar trazados alternativos con el objeto de cumplir con la ley de Áreas Silvestres Protegidas (aprobada, pero sin vigencia en la práctica), que se basa en la Convención de Washington que prohíbe actividades que impacten el ambiente y los valores paisajísticos en las áreas protegidas.
Además de estos dos temas de alto “interés publico”, en el proyecto de ley para el otorgamiento de concesiones el gobierno redujo al extremo las causales de oposición de los afectados por dichas concesiones, con el argumento de que la Superintendencia que entrega el derecho tiene atribuciones limitadas al sector eléctrico, y que la consulta a otros servicios “atrasaría el tramite concesional”.
Este argumento es inaceptable, pues de facto establecería que los organismos del Estado deciden unilateralmente sin tomar en cuenta el estado de derecho en el cual ejercen su autoridad.
Igual falacia se expresa en el proyecto al permitir al concesionario la toma material de los predios aunque existan acciones judiciales pendientes, lo cual significaría imponer las servidumbres en un marco de desigualdad frente a la Ley.
Por estas razones, los senadores José Antonio Gómez (PRSD) y Horvath (RN), votaron en contra de estos artículos en la Comisión de Energía, y mantienen su reserva sobre el proyecto.
Igual oposición existe en la Cámara, donde los parlamentarios de oposición lograron incorporar la obligación de desarrollar la consulta indígena antes de otorgar la concesión, así como a buscar alternativas de trazados para no afectar áreas silvestres protegidas (incisos cuarto y quinto nuevos del artículo 22), junto con dar de forma explícita cumplimiento a las normas legales y tratados internacionales ratificados por Chile.
Todo ello se está eliminando en el Senado y de ahí la imperiosa necesidad de que en la votación que ocurrirá esta semana los y las senadoras puedan reponerlo.
El otro proyecto a votar, también conocido como Ley 20/20, busca establecer una cuota de 20% de ERNC al año 2020.
Originalmente la iniciativa fue presentada por los senadores Horvath, Gómez, Rincón, Allende, Cantero y Orpis en 2010. Siendo rápidamente bloqueado por los sucesivos ministros de energía (Rainieri, Golborne y Echeverría), hasta que en enero de 2012, el cuarto ministro de energía que ha pasado por el Gobierno (Rodrigo Álvarez) lo desbloqueó, resultando aprobado unánimemente por el Senado.
Mantenido el texto por un año y medio sin tramitar en la Comisión de Energía de la Cámara, el proyecto fue finalmente votado el pasado miércoles 12 de junio, luego de una negociación en la que el gobierno retrasó la meta de 20% ERNC en un lustro, dejándola para el año 2025.
El proyecto de Ley – ahora denominado 20/25 – junto con subir la participación de energías limpias en la matriz, crea un sistema de licitaciones públicas de bloques de ERNC a precios competitivos, para dar cumplimiento a la cuota en cada sistema eléctrico, es decir en el Sistema Interconectado Central y en el Sistema Norte Grande.
El período de vigencia de los precios adjudicados a los bloques de energía licitada regirá por diez años consecutivos, a partir de la puesta en marcha de los proyectos y la inyección de su energía al sistema. Este precio estabilizado, facilitará el financiamiento de los proyectos ERNC.
La adjudicación de las licitaciones se efectuará tomando en consideración los volúmenes de energía ofertada y los precios unitarios asociados a ellos, debiendo adjudicarse las ofertas con menores precios.
La apertura de este mecanismo de ingreso al mercado eléctrico, junto a la creación de certificados ERNC (por la energía efectivamente inyectada) en esta ley, aportará más transparencia al mercado eléctrico.
Con ello, Chile avanzará hacia una matriz más limpia y diversificada: se prevé que en virtud de esta ley alcancemos una generación neta entre 3 y 4 mil megawatts el año 2025, y también el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, reduciendo la grave concentración en tres actores que sufre actualmente.
Está por verse, ahora que se acerca el momento en que Senado y la Cámara deberán revisar y concluir la votación de ambas leyes, si nuestros representantes logran finalmente condicionar las inversiones del sector eléctrico al respeto de los derechos indígenas, la conservación de las áreas protegidas y los derechos constitucionales de tenedores y propietarios de predios campesinos, agricultores y emprendedores turísticos, entre otros.
De lo contrario, estarán dando un pase liberado para imponer condiciones de mayor inequidad económica y socioambiental a la población, lo cual ciertamente intensificará la judicialización y los actuales conflictos derivados de proyectos energéticos y eléctricos.
Este reto de sustentabilidad ambiental y política del sector eléctrico también desafía a los nuevos proyectos ERNC, los cuales – al revés de sus predecesores – deberán llegar con un empresariado conciente, renovado y responsable en su relación con las comunidades y territorios de nuestro país.