El Gobierno ha presentado un proyecto de ley destinado a crear un ministerio de la Cultura.
Cabe preguntarse si la solución propuesta por el Gobierno es la adecuada tanto desde el punto de vista de la institucionalidad que se propone en el proyecto de ley como desde el punto de vista de lograr un impulso novedoso a las políticas culturales en nuestro país.
A primera vista, parece desmedida y exagerada la estructura burocrática que se propone: casi 50 funcionarios directivos (ministro, subsecretario, directores nacionales y regionales, seremis), sin contar los secretarios ejecutivos de los Consejos sectoriales y otros de la actual Dibam.
Más preocupante todavía es la mala idea del proyecto de entregar a los Consejos Regionales de la Cultura y el Patrimonio la facultad de “asignar” los recursos regionales del FONDART. La experiencia de los gobiernos regionales hace evidente el riesgo de captura y de corrupción asociados a la entrega de fondos por parte de un órgano de esa naturaleza.
El proyecto ignora la necesidad de profundizar el carácter pluralista y participativo del Consejo Nacional. De acuerdo al método de composición propuesto, esos miembros serán representantes de las dos coaliciones. Si esta manera de entender el pluralismo ya resulta muy criticada en el ámbito de la televisión, con mayor razón lo será en el del Consejo de la Cultura: se trata de un falso pluralismo que la ciudadanía soporta cada día menos.
Esta reforma institucional debiera servir para formular una nueva política cultural, que aborde los problemas que se han hecho evidentes: deterioro patrimonial, instituciones sin presupuesto, centros culturales comunales de excelente infraestructura, pero sin programación ni personal profesional;teatros municipales con cuerpos estables desfinanciados o inexistentes;precio del libro excesivo y niveles mínimos de lectura en la población, ausencia de diversidad en la oferta audiovisual de las redes comerciales, televisión con una calidad y aporte cultural más que discutible.
Reformar la institucionalidad sin abordar estos desafíos será como decir: ¡a grandes problemas, grandes instituciones !