Los resultados de la conferencia sobre cambio climático celebrada en Doha, capital de Catar en noviembre pasado, no han sido esperanzadores.Esto porque los 194 países que aprobaron la prórroga del Protocolo de Kioto hasta el año 2020 y que se comprometieron a reducir sus emisiones, generan un poco más del 15% del total mundial de gases efecto invernaderos.
Al retiro formal de Canadá, se suma la falta de objetivos obligatorios para China e India y la negativa de EEUU para formar parte de este acuerdo. Es decir, los principales países emisores de gases efecto invernadero no asumen obligaciones para reducirlas.
El cambio climático ya está presente, así lo manifiesta la IPCC en sus estudios e informes técnicos.
Esto se evidencia en el acelerado derretimiento de hielos en el Polo Norte y Groenlandia. Sus causas son atribuidas al aumento de gases efecto invernadero en la atmósfera, donde su principal emisor es el hombre. Aunque últimamente ha surgido información de la misma IPCC que reconoce la influencia del sol.
Independiente de las discusiones científicas acerca de las causas del cambio climático, hay un hecho que a estas alturas es casi irrebatible: el planeta se está calentando. Pero para el planeta esto no sería algo nuevo, más bien la diferencia la marca la gran velocidad a la cual están ocurriendo estos cambios, que tiene una escala de tiempo comparable al de la vida humana.
El cambio climático impacta todos los rincones de la actividad humana y la forma de enfrentarlo no sólo tiene respuestas que provienen del mundo científico, el principal desafío tiene que ver con los acuerdos, el problema es fundamentalmente político y para ello la información es vital.
Los resultados (acuerdos o desacuerdos) en torno al Protocolo de Kioto obedecen en gran parte a condiciones y asimetrías de poder a una escala mundial. Mientras tanto, a nivel país las medidas tomadas también reflejan una cierta distribución de poder fruto de los sistemas de representación imperantes. Quiérase o no, éstos predisponen los llamados “acuerdos”.
Un enfoque siempre mencionado para enfrentar el cambio climático es el desarrollo sustentable, con sus tres pilares fundamentales: social, económico y ambiental. Este camino requiere de buenos instrumentos de participación y flujo de información, es decir, mecanismos que puedan distribuir poder en la sociedad.
Chile como parte del Protocolo de Kioto ha asumido ciertos compromisos y en el futuro deberá cumplir con objetivos cada vez más exigentes, dado su carácter de país en vías al desarrollo. Pero la necesidad de mejorar los instrumentos de participación evidencia lo contradictorio que resultan estos compromisos a nivel país sin previa consulta mínima y sin construcción social.
En cuanto al tratamiento del cambio climático, lamentablemente el enfoque de desarrollo sustentable queda en un segundo plano frente al rentable negocio del mercado de bonos de carbono. Acá no hay simetrías de información, quien goce de ella se llevará los beneficios económicos en el largo plazo y en tanto la equidad social no es preocupación real, salvo en el llenado de páginas enteras de informes técnicos o declaraciones de buenas intenciones.
Para que hablar del urgente diagnóstico que debe hacer el mundo político a la institucionalidad ambiental e hídrica, con el objeto de revisar e implementar herramientas necesarias para enfrentar los impactos del cambio climático, tales como sequías severas.
Estudios señalan que Chile enfrentará graves impactos en sus recursos hídricos, principal vía por la cual se sentirá el cambio climático. La zona central, donde habita la mayor parte de la población y donde se concentra la mayor producción del PIB por actividades agrícolas e industriales, será la que reciba los mayores impactos por reducción hídrica. Todo esto en el marco de un modelo basado en un mercado de aguas privadas que no ofrece garantías para asegurar principios de equidad, participación o conservación ambiental.
La explotación desenfrenada de los recursos naturales, la privatización y concentración de la propiedad del agua, sumada a un sistema energético basado en un 80% de combustibles fósiles, ameritan un mayor debate nacional sobre las posturas país para enfrentar el cambio climático.
El problema es altamente complejo y el mercado de bonos de carbono no nos salvará de los impactos negativos del calentamiento global. La reducción de la huella de carbono es necesaria en términos globales, pero en lo principal presenta beneficios económicos para el sector empresarial.
En ello está el negocio y es natural que los gobiernos pongan el acento en este punto, dado que son protectores del interés empresarial, consecuencia de que éstos sostienen al mundo político que “representa” a la ciudadanía.
El cambio climático también plantea oportunidades, ciertamente quien se anticipe con medidas institucionales que sean flexibles para adaptarse a escenarios futuros desfavorables y a veces desconocidos, será quien lleve la delantera. Quien se adapte mejor aprovechará más sus oportunidades.
Las acciones que se tomen hoy, tendrán un fuerte impacto en el futuro. Por ello, la irresponsabilidad, la mirada reduccionista de corto plazo y la protección de intereses particulares por parte de los gobiernos, serán profundamente negativos para los intereses del país.