Durante la tarde de ayer la prensa destacó, incluso con titulares de primera plana, que la Corte Suprema había dado “un duro golpe” a la operación del Sistema ISAPRE: nuestro sistema privado de seguro de salud, que con orgullo para alguno era ejemplo a replicar en otros países.Los dueños de esas empresas se declararon amenazados en su subsistencia y la autoridad habló de “bombazo” y también de “candado”.
En verdad lo que llama la atención es tanta sorpresa, cuando un dictamen similar del Tribunal Constitucional y también de la propia Corte entre los años 2010 y 2011, habían cuestionado la discriminación con que operaba el sistema, bajo el nombre de Tabla de Factores, que si bien había puesto márgenes a la discriminación, aparecía bajo la normatividad del país, como improcedente.
Pero además, el Sistema había dado también otras señales, que lo mostraban tanto o más cuestionable, como eran las alzas de los precios de los planes, mientras el negocio se mostraba como uno de los más rentables en el país. El mismo hecho que el ejecutivo había convocado a dos grupos de expertos a proponer soluciones frente al dilema planteado, daba cuenta de la urgente necesidad de enfrentar lo que ocurría.
El sistema de seguros, forma parte del sistema de salud y corresponde a aquella función que tiene por responsabilidad dar respuesta a las necesidades de salud de las personas y/o la población, bajo uno o varios planes de prestaciones, financiados según la modalidad que el sistema posee, que puede ser por impuestos generales como ocurre en buena parte de los países de la OCDE, específicos, cotización individual, como es en nuestro país o como fue de predominio en el pasado, a través de la beneficencia o caridad.
Cabe señalar que en esta materia nuestro país, hasta mediados del siglo pasado y antes de la dictadura, tuvo un sistema de seguros de predominio social y casi universal, eso quiere decir que tenía el propósito de servir ampliamente a toda la población, financiado principalmente por Impuestos.
Su propia crisis de financiamiento y las políticas de mercado de ese Régimen, llevaron a su privatización y segmentación. Privatización porque el financiamiento se traspasó a las personas directamente, vía cotización y a la administración de empresas privadas.
Lo que hoy vemos, es una consecuencia inevitable de este modelo, que es inequitativo, porque segmenta a la población de tal forma que puede permitir el negocio de seleccionar a quienes tienen los mejores ingresos y son los más sanos, jóvenes y sin enfermedades, y que por ello harán una ocupación menor del sistema, dejando muy buenas utilidades a sus dueños.
Por esta razón la amenaza de la que se ha hablado ahora y en estos tiempos, es una buena noticia para la mayoría, que ve con malos ojos un negocio que especula con nuestro propio capital, para generar muchas utilidades a sus dueños y que resulta abusivo e inequitativo.
Y que por lo demás, desde el punto vista sanitario, no es el mejor y tampoco como se pregona, logra contener los costos de los servicios de salud, puesto que como ocurre en Estados Unidos, donde el modelo de seguros privados es muy poderoso cuantitativa e ideológicamente, el gasto en salud es insostenible y no logra responder verdaderamente a las necesidades de toda su población.
Bienvenida sea entonces esta crisis del sistema ISAPRE, que como otros de nuestro país, comienza a ser insoportable por lo que representa como modelo y que aparentemente solo beneficia a unos pocos, que son sus dueños o a los pequeños grupos más acomodados del país.
La economía en general y también en salud, indica que cuando un mercado “falla” al no hacer una asignación eficiente de los recursos, por déficit o exceso o cuando la distribución de los recursos es inequitativa, debe ser regulado, por lo tanto, el desafío en esta materia ya es absolutamente ineludible.
La pregunta que surge entonces es que ocurre que no se resuelve, si ya hubo una indicación del Tribunal Constitucional, que entre otras cosas le indicó al poder político, legislar para resolver el asunto de la discriminación y como señalamos, hubo dos comisiones tratando el tema.
Por su parte el ejecutivo y el legislativo han discutido diferentes propuestas sin que ninguna sea lo suficientemente consistente con el problema proponiendo una solución.
Pareciera que el poder fáctico o los cruces de intereses de la clase política, la misma que obstruyó durante la discusión de la Reforma a la Salud de la década pasada el mecanismo que solidarizaba los recursos para el Plan AUGE, nuevamente se ve entrampada en buscar soluciones para el país, en resguardo del interés de los únicos que se benefician del sistema, sus dueños, y que no permiten que sea la justicia y la equidad la que predomine en un bien tan valioso, que debe ser resguardado y asegurado por el Estado, como lo es la salud.
Si la institucionalidad del país no quiere ser cuestionada y queremos que se confíe en sus autoridades, estas no pueden seguir eludiendo gobernar para todos y no sólo para unos pocos y los mismos beneficiados de siempre. La clase política debe actuar en consecuencia.