Por una publicación de prensa supimos que después de las marchas del 21 de mayo pasado en Valparaíso, sus más altos dirigentes, encabezados por Arturo Martínez, su vitalicio presidente, fueron a disfrutar de un exquisito almuerzo a un restaurante de lujo con vista a la bahía del puerto y que el precio pagado, propina incluida, había sido de $ 600.000.
Lo interesante de la nota periodística es que los comensales habían sido solo 6 prohombres de la central sindical, quienes aclararon posteriormente que lo anterior era un infundio porque los compañeros que habían compartido la enorme mesa habían sido 36 y que la factura había sido pagada, en partes iguales, por cada uno de ellos.
Si fueron 6 o 36, entendemos que difícilmente se dilucidará y por tal motivo, asociado al tentempié porteño, a continuación nos referiremos a un episodio indesmentible que deja may mal parado a esos dirigentes de la clase trabajadora.
En la acera sur, con el número 1346 de la Alameda Bernardo O’Higgins, entre las calles Nataniel Cox y Lord Cochrane, se encuentra una magnífica casona de valor arquitectónico construida en 1913. Este inmueble patrimonial, conocido antiguamente como el Palacio Espínola Pereira, fue vendido por su propietario en 1971 al gobierno de Salvador Allende para instalar allí un museo pedagógico, y por ello quien tenía su tuición era el Ministerio de Educación.
En la actualidad su dueño es la CUT, por donación hecha por el gobierno de Ricardo Lagos, y con el pretexto de unos presuntos daños ocasionados por el movimiento sísmico del 27 de febrero, sus más altos dirigentes han estado en conversaciones con diversas inmobiliarias para que, demoliéndola, éstas puedan construir allí una espectacular torre de oficinas.
Los entendidos en corretaje de propiedades dicen que el precio de la transacción sería del orden de los 2 millones de dólares y por tal razón la CUT ha sacado cuentas alegres, ya que en la escritura pública de donación se estableció que solamente en el transcurso de los primeros cinco años después de la transferencia gratuita, la propiedad no se podía enajenar, plazo forzoso que venció en noviembre de 2010. Es decir, después de esa fecha había libertad absoluta para hacer un pingüe negocio inmobiliario.
Ahora bien, gracias a las gestiones personales de una descendiente de la familia Pereira, en sesión del 14 de julio de 2010, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acordó proteger ese inmueble como Monumento Histórico, enviando el acta correspondiente a Joaquín Lavín, ministro de Educación, para que firmara el Decreto Supremo (DS) que perfecciona la decisión anterior del CMM. Este acto administrativo se publica en el Diario Oficial y a partir de esta fecha tiene efecto legal la declaratoria en cuestión, lo que era vital debido a las ansias mercantiles y demoledoras de la CUT.
Aunque el lector no lo crea, como consecuencia de las peticiones formuladas por Arturo Martínez a Joaquín Lavín, éste se ha negado rotundamente a firmar ese DS con lo cual la juiciosa resolución de todos los miembros del CMN aún no produce efecto práctico y en cualquier momento la CUT le puede entregar un mandato a cualquier constructor para que éste solicite en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago un permiso de anteproyecto, teniéndose en cuenta que en Chile, en donde impera a rajatabla el neoliberalismo, no es necesario ser dueño de un terreno para disponer de este tipo de permisos.
Han transcurridos 11 meses desde que el CMN adoptó formalmente una decisión patrimonial que resguarda esta casona que el ex presidente Lagos le regaló a la CUT y sólo por la debilidad de Joaquín Lavín tal inmueble de innegable valor arquitectónico, que enfrenta la principal avenida de nuestro país, está expuesta a las ferocidades de las picotas y así satisfacer las glotonerías, ya no culinarias, sino que abiertamente especulativas de estos dirigentes sindicales que adhieren a las prácticas en boga en orden a que todo se debe medir por la plusvalía.