La etapa de la derecha en el gobierno parece tener pocas probabilidades de prolongarse por su orientación anti mayoritaria y su ineptitud. Poco a poco se va conformando una nueva coalición que agrupa a la actual oposición, o a buena parte de ella.Los vestigios de guerra fría en el PDC parecen ser minoritarios y los vetos hacia el PC van quedando atrás.
Quedan por resolver dos cuestiones esenciales. La primera es la de los métodos de acción política, que la oposición debe renovar drásticamente si quiere encarnar una nueva opción de gobierno creíble. La nueva ley de primarias es una oportunidad de oro para resolver mediante el voto popular las aspiraciones a la representación en las instituciones, que debiera ser usada por todos. Y la segunda es establecer una plataforma programática que entusiasme a una mayoría de ciudadanos, especialmente los más jóvenes.
Los temas en discusión son múltiples, pero el principal es superar el bloqueo institucional.
Es ineludible salir del bloqueo institucional contenido en el diseño de la constitución de 1980, que ilegítimamente impide la expresión de la soberanía popular. La nuestra es una democracia crecientemente inútil para representar los intereses mayoritarios, lo que genera un irremediable desprestigio de lo que muchos ciudadanos comunes asumen ya como la “clase política”, indiferenciada y con intereses propios repudiables.
Relegitimar la democracia es la tarea de hoy, mediante nuevos contenidos de la constitución en materia de valores colectivos, deberes y derechos y el pronunciamiento ciudadano sobre su orientación.
El mejor instrumento conocido para la tarea de legitimación democrática que Chile necesita con urgencia es una asamblea constituyente representativa, autorizada y mandatada para esa tarea por los ciudadanos en un plebiscito convocado por ley.
Avanzar a una nueva constitución no es provocar el caos ni partir de cero, y no prejuzga sobre la orientación política de los gobiernos futuros, aunque si debe establecer en primer lugar el principio de mayoría, en respeto de las minorías y de su derecho a procurar transformarse en mayoría. Es poner al día las reglas democráticas de convivencia, sin amenazar a nadie e incluyendo a todos: es dejar un legado consistente a las nuevas generaciones que asegure la gobernabilidad democrática, hoy cuestionada por todos lados.
La nueva constitución debe proponerse consagrar los derechos civiles y políticos fundamentales y las garantías y deberes de los ciudadanos; consagrar la igualdad de género; reconocer y promover los derechos de los pueblos originarios; reafirmar los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales firmados por Chile; reafirmar la propiedad pública sobre los bienes comunes para permitir la explotación racional y sustentable de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio en beneficio de todos los ciudadanos y de las nuevas generaciones y para permitir el uso del espectro radioeléctrico con obligaciones de desarrollo cultural y de respeto del pluralismo, especialmente en la televisión; establecer la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos; avanzar a un régimen político semi-presidencial y la representación proporcional en el parlamento; poner fin a los quorum que dan de derecho a veto ilegítimo a la minoría en las leyes orgánicas.
Además, establecer la obligación de consulta a las organizaciones sociales y productivas en la elaboración de leyes sociales, económicas y ambientales; consagrar la iniciativa popular de ley; fortalecer la independencia y profesionalismo del poder judicial; ampliar la descentralización política, incluyendo la elección popular de los gobiernos regionales y la afirmación de la autonomía regional y municipal en las tareas de desarrollo y a avanzar hacia nuevas libertades, en primer lugar hacia la libertad de la mujer para decidir sobre la maternidad en determinadas condiciones; el matrimonio igualitario y el respeto por la diversidad sexual.
¿Es inviable el camino de la asamblea constituyente? La peor batalla es la que no se da.
La acción política está para ampliar la frontera de lo posible, no para la resignación y la renuncia, ni para conformarse con la coparticipación en la administración del orden desigual existente.
Esta tarea emana de una constatación simple y a la vista de todos: no se puede disminuir las desigualdades en el actual marco constitucional.Esquivar este desafío es renunciar a todo cambio de la estructura de poder para eliminar privilegios ilegítimos en la sociedad chilena.