Hablemos claro. Dejemos de lado el histrionismo, las falacias y las frases mediáticas que ganan titulares pero dejan las ideas de lado.
La inmensa mayoría del país quiere cambiar la Constitución heredada de la dictadura. No es que los ciudadanos se hayan puesto a fumar cualquier cosa.Es que la actual institucionalidad ampara, legitima y legaliza la inequidad social, económica, electoral, cultural, educacional y de los pueblos originarios.
La actual letra constitucional produce amarres con altos quórum que no permiten que se pueda avanzar en reformas sustanciales para el desarrollo y progreso real del país. De eso viene abusando la derecha hace más de 20 años.
Hay derechos ciudadanos tácitamente conculcados y se impide, por ejemplo, la regulación y el control del sistema financiero, de las trasnacionales y de los recursos naturales del país, beneficiando a una minoría, incluso extranjera, con recursos de todas y todos los chilenos.
No es posible que el Estado no pueda tener empresas ni desarrollar proyectos en ese ámbito dejando cancha libre a los privados que, por lo demás, han demostrado que cometen trampas como fue el caso de la colusión de las farmacias, el fraude de La Polar a millones de personas, entre otras situaciones.
Que la actual Constitución imponga el sistema electoral binominal y no proporcional, es una afectación institucional a la representatividad ciudadana. Que no contemple la consulta popular a través de plebiscitos, es una falencia descomunal. Que se limite la elección de representantes sociales y sindicales en el Parlamento, y peor aun que no voten los chilenos en el exterior, es una insana situación.No se puede pasar por alto un hecho de trascendencia ética e histórica que lastima la conciencia ciudadana y el espíritu democrático del país.
La actual Carta Magna tuvo origen ilegítimo, en un plebiscito amañado por la dictadura, sin registro electoral, sin partidos u organizaciones sociales de oposición legales, sin discusión ni consulta a la sociedad, excluyendo a intelectuales y juristas democráticos y progresistas. Las actuales disposiciones constitucionales fueron elaboradas por conspicuos colaboradores de la dictadura y de la élite de la derecha.
Es cierto que se realizaron modificaciones positivas a parte de la Constitución que hoy permiten tener un marco menos deplorable. Pero lo sustancial del texto está sin modificar.
Este tema no se puede minimizar, singularizar, estigmatizar, ni se puede manejar con posturas reduccionistas. Juristas, historiadores, constitucionalistas, parlamentarios, intelectuales, dirigentes sociales y sindicales, han expresado en sendos y consistentes estudios, documentos y declaraciones la necesidad de que Chile cuente con una nueva Carta Magna.
No sólo se trata de dejar atrás un texto anómalo desde el punto de vista democrático y ciudadano, sino de construir un marco constitucional apropiado al siglo que vivimos, dando cuenta de las realidades contemporáneas, de las demandas sociales y ciudadanas, de la protección de recursos naturales y el medio ambiente, de un desarrollo económico que apunte a la justicia social, de respeto y promoción a la soberanía popular, que dé cuenta de una democracia moderna y real, donde derechos civiles, sociales, humanos, económicos y culturales estén garantizados.
Nunca en la historia de Chile la Constitución ha sido el resultado de la consulta, la participación y la decisión del pueblo. Por variadas razones, la decisión quedó en manos de una minoría. Esto no puede volver a ocurrir, aunque a algunos les parezca un imposible. De imposibles está plagado el camino de proyectos que hacen historia y definen a un país.
Por ello es trascendental la amplia exigencia ciudadana de una Asamblea Constituyente con participación del conjunto de actores de la sociedad. Ello es fundamental.
Si existiera otro camino para avanzar a la concreción de la nueva Constitución, estoy dispuesto a discutirlo, pero estimo que es esencial contemplar y garantizar la consulta y participación de la ciudadanía.
Cómo cambiar la Constitución es un tema central para mejorar la salud de la institucionalidad del país, tiene que estar integrado en cualquier programa progresista y democrático, en cualquier nivel y en todo espacio.
Es así de concreto. Chile está ante el desafío de plantearse una nueva Carta Magna y ello requiere de una respuesta.