La Estrategia Nacional de Energía para el período 2012 – 2030 anunciada en febrero de este año, plantea en primer lugar qué tipo de energía “queremos” y asume dentro de sus principales compromisos el desarrollo de energías limpias y renovables, indicando que éstas se encuentran en abundancia en nuestro país.
Por otro lado, las proyecciones indicadas en este documento plantean diversos ejes a seguir, uno de ellos es la preponderancia en el crecimiento del país acompañado de eficiencia energética, algo que se asume como una política de Estado.
Junto a esto, también se plantea un despegue de las energías renovables no convencionales tales como la mini hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa y solar. Un tercer eje es reorientar el rol de las energías tradicionales, disminuyendo la dependencia externa que tiene el país de combustibles fósiles tales como diesel, gas y carbón, para dar paso a una mayor preponderancia del recurso hídrico. Todo esto suena bien.
Luego de estos planteamientos, surge la siguiente pregunta: ¿el recurso hídrico es abundante en Chile?, parece obvia la respuesta ya que físicamente lo es en gran parte del país, aunque escasea en aquellas zonas donde más se requiere como es el centro y norte.
Pero en términos técnicos y jurídicos ¿sigue siendo abundante?
Como es sabido, el rol subsidiario del Estado anclado en la Constitución plantea fuertes resguardos para el derecho de propiedad, algo que se refleja fielmente en el Código de Aguas chileno de 1981, el instrumento normativo de aguas más neoliberal del mundo, el cual establece que las aguas son bienes nacionales de uso público otorgando a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas.
Así mismo, en la Constitución Política se señala que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. En conclusión, la tenencia de derechos de aguas queda amparada por la Ley de Propiedad y el Código Civil, que en definitiva lo transforma en un bien privado, algo muy complejo de modificar bajo el actual sistema político para aquellos sectores que abogan por una “renacionalización” del agua.
Esto sienta las bases para que la mano invisible del mercado asigne eficientemente el recurso hídrico a sus distintos usos, luego la eficiencia y buena utilización queda supeditada a condiciones de perfecta competencia e información y ausencia de barreras de ingreso, entre otras.
Hay que señalar que los derechos de aguas que utilizan las generadoras de energía son de tipo no consuntivos, tipología que les permite emplear el agua sin consumirla y con la obligación de restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición de dicho derecho.
Distinto es el derecho consuntivo que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad, como es el caso de la agricultura.
Siguiendo esta lógica, un titular puede adquirir una gran cantidad de derechos de agua no consuntivos en la desembocadura de un río, poniendo en jaque la utilización de usos consuntivos en toda una cuenca. Si agregamos el hecho de que puede obtener un alto porcentaje de los derechos de agua de esa cuenca -por ejemplo más de un 90%-, se generan condiciones favorables para un monopolio.
Esta estructura legal causa que la abundancia de agua en términos jurídicos sea muy baja, incluso en ríos como el Baker que poseen gran cantidad del vital recurso durante todo el año.
Uno de los mensajes del Presidente al anunciar la “Carretera Eléctrica” es que con ello se fomentará la competencia y se estimulará una baja en el precio de la energía en Chile, pero la realidad estructural indica lo contrario, pues ésta no asegura condiciones para una real competencia en la generación hidroeléctrica.
También hay que mencionar el importante rol que juegan las condiciones iniciales del sistema, pues resulta clave el hecho que gran parte de los derechos de agua para generación hidroeléctrica fueran incluidos en el paquete de privatización de la Empresa Nacional de Energía en los albores del actual modelo hídrico.
Claramente la posesión de un recurso indispensable para desarrollar un proyecto hidroenergético, desde un comienzo le ha generado a estas empresas un amplio poder monopólico, pues las barreras de entrada para participar del negocio y operar en una cuenca simplemente son altísimas o insuperables.
Entonces nuevamente nos encontramos frente a propuestas en materia energética sin una ruta clara de navegación y sin dar respuestas a simples interrogantes tales como ¿para qué queremos energía en Chile? ¿Cómo queremos obtenerla? ¿Dónde la necesitamos y dónde queremos extraerla? y ¿Cuáles son los cambios estructurales que necesitamos realizar para apuntalar el sistema hacia el cumplimiento de dichos objetivos?
Sin resolver estas preguntas difícilmente se puede hablar de una verdadera estrategia, pues finalmente resulta en una mesa coja o en un escenario para sospechar que se trata, como ya muchos han señalado, de trajes a la medida de intereses particulares en desmedro de sustentar un modelo de largo plazo que beneficie al país en general.La historia no es mezquina en este tipo de casos y los ejemplos son variados.