El cinismo de muchos políticos los hace decir que la actual Constitución política ha sufrido tantas reformas que es casi irreconocible, con la impuesta por la dictadura militar en el año 1980. Y lo peor, tienen la convicción que esto es moralmente aceptable por la mayoría de la población, aunque el país nunca ha tenido una Constitución de acuerdo a parámetros democráticos.
Después de 1973, una vez devastada la Unidad Popular, los militares llamaron a connotados políticos de derecha para pedir consejo sobre el futuro constitucional del país.
Emergieron dos personajes, Jorge Alessandri y Jaime Guzmán. El primero buscaba una sintonía con la Constitución que había instaurado su padre. Guzmán, sin embargo era huérfano de esa derecha clásica, y la falta de precedentes le hizo retornar a Portales, el más feroz fundador de la tradición conservadora chilena.
Si algo hay de análogo entre la UP y los pipiolos es el rasgo cruel y despiadado con que fueron tratados por los conservadores vencedores, aunque ambas hayan sido fuerzas constitucionalistas. Guzmán justificaba la represión militar como otrora la había justificado Portales: un precio que había que pagar para imponer una voluntad definitiva.
Una especie de horror social compartido, para eliminar todo atisbo de oposición a los cambios que se proponían realizar.
En 1980, los militares y sus asesores civiles echaron un doble candado sobre la Constitución: el sistema electoral binominal y los quórum en ambas cámaras del Congreso. La actual Constitución solo se puede cambiar si los que la impusieron están de acuerdo. ¿Por qué la derecha va a cambiar algo que le favorece tan directamente? En el fondo es un botín de guerra.
A ella tienen ligado su poder político, sus fortunas que obtuvieron del desmantelamiento del Estado y la seguridad psicológica que consiguen estando del lado de la razón legal, aunque no de la legitimidad. Ésta se otorga libremente, no se impone.
Solo el ex -Presidente Frei Montalva fue la solitaria voz que se alzó en el Teatro Caupolicán, el 27 de agosto de 1980 en contra de esa constitución, y en esa ocasión expresó sus razones, que siguen siendo válidas hasta hoy. El lugar, rodeado de Carabineros hostiles y vigilados por civiles armados, fue la única disidencia permitida.
La Asamblea Constituyente es una propuesta que se gesta después de su asesinato. El primero en hacerla verbo fue un demócrata cristiano, la noche del 6 de agosto de 1983, en medio de jornadas nacionales de protesta contra la dictadura militar. En esa ocasión, Gabriel Valdés propuso generar una Asamblea Constituyente para una nueva constitución, además de solicitar la renuncia de Pinochet y el establecimiento de un gobierno provisional.
Una idea que fue dejada de lado por el realismo de Aylwin. En gran medida porque él nunca fue partidario de la Asamblea Constituyente. No solo era rival interno de Valdés, sino que su postura se consolidó en los modestos triunfos electorales de la Concertación, que impidieron una acción legal más amplia en el Congreso, con un Senado integrado por generales pinochetistas.
Con Lagos fue posible un cambio importante: se terminó con la intervención formal de las Fuerzas Armadas en el sistema político. Ello fue factible por una derecha que se sentía segura del desgaste de la Concertación, en tres gobiernos sucesivos. Solo desde la Presidenta Bachelet el país goza de una democracia sin participación corporativa de los militares, aunque su gobierno no contó -en la práctica- con mayoría en el Senado.
Nadie ha explicado por qué sería algo traumático para el país instituir una Asamblea Constituyente, con el propósito de elaborar una nueva Constitución. Sería una gran comisión que discutiría sobre un país futuro, al margen de la agenda del gobierno de turno. Por lo demás, la Constituyente obliga a todos los sectores a consensuar términos fundamentales, para lograr una amplia mayoría en el plebiscito ratificatorio.
Es lo que han hecho democracias profundamente divididas para legitimar el sistema político ante sus ciudadanos. Si ponemos ejemplos serios, España lo hizo a través de Cortes Constituyentes en 1978. Diez años más tarde, en 1988, la Asamblea Nacional Constituyente de Brasil promulgó una constitución que estableció el actual régimen político. El 4 de julio de 1991, una Asamblea Nacional Constituyente promulgó la constitución política vigente de Colombia.
El país tiene una tarea pendiente en materia de certificación de la calidad de la democracia chilena y su presunto prestigio en el mundo.