A partir de esta semana se discute en el Senado de la República el proyecto del ejecutivo, pomposamente llamado “reforma tributaria”, pese a que incluso sus autores sienten pudor de llamarlo así, por lo exiguo de su alcance, que serviría para allegar recursos a educación, con poca especificidad del destino de los fondos.
En la misma rama del Congreso, se ha iniciado, la semana anterior, la discusión acerca del controvertido proyecto de Ley de Pesca, que, de acuerdo al interés de la derecha, le entregaría a perpetuidad la riqueza de nuestros mares a 7 familias poderosas de Chile.
¿Qué hace la relación entre una iniciativa y otra?
Pues que en esa Cámara, la oposición es mayoría y podría, si quiere, hacerla valer en función de sus convicciones.
En ambos casos se trata de determinar a qué intereses se quiere defender o, dicho de otro modo, a quien se quiere favorecer.
Ya sabemos que el proyecto de ley de pesca, como fue despachado por la Cámara de Diputados solo favorece a los grandes industriales; hipoteca de por vida una riqueza nacional a favor de muy pocos, debilita la posición de los pescadores artesanales y atenta contra toda la nación, toda vez que produce el efecto de enriquecer a unos pocos, con lo que se supone que es el patrimonio de todos.
En el caso del proyecto tributario, es posible que se consiga allegar alrededor de 1000 millones de dólares, a cambio de favorecer la tributación de los más ricos del país.
Entonces, en ambos casos, los beneficiados son los mismos y, por consecuencia, ambos proyectos apuntan a aumentar las brechas de injusticia tantas veces denunciadas.
Los senadores de oposición pueden, entonces, actuar con la convicción de que, si ello es así, entonces ninguna de las dos iniciativas podría contar con su voto favorable.
La principal ventaja de estar en la oposición es que permite actuar desde la “ética de la convicción”, más que desde la “ética de la responsabilidad”, que impera cuando se ejerce el gobierno.
No se trata de renegar de lo hecho –y sobre todo de lo “no hecho”- sino que de retomar el camino del entendimiento con los ciudadanos, que hoy demandan que sus necesidades sean atendidas, de un modo distinto a lo ocurrido desde el retorno a la democracia.
Esa es la oportunidad de los senadores que representan a la oposición política en el Senado.
En el primer caso, de impedir que una riqueza nacional, que genera alrededor de tres mil millones de dólares de utilidad por año, pueda ser mejor distribuida, a favor de una mejor recaudación fiscal, del acceso de los pescadores de tamaño menor al negocio posible y de toda la comunidad que se vería beneficiada con un área mejor regulada.
Curiosamente, en este caso, son los defensores del libre mercado, por lo menos en sus declaraciones, los que impulsan un proyecto que anula toda forma de competencia y, quienes son siempre acusados de estatistas, los que promueven una regulación que permita el funcionamiento de un mercado mas abierto.
Con el ajuste tributario pasa lo mismo, detrás de un aparentemente loable objetivo de allegar mas recursos para mejorar la calidad de la educación, se ha escondido, como siempre, una gran letra chica, a favor de los que pagan más tributos y, en vez de esperar de los sectores mas favorecidos un mayor aporte, se les beneficia, de un modo tal que hace no solo muy injusto el proyecto que se discute, sino que, como lo demostrara un conjunto de economistas de todos los sectores, en estos días, de aprobarse éste, se aumentaría la brecha de desigualdad que hoy afecta a los más pobres.
Ojala nuestros senadores puedan mantener sus convicciones en estas dos iniciativas. Sería una buena noticia, saber que la mayoría se usa de la manera más noble: para favorecer a quienes se quiere representar. En ambos casos, a los más necesitados.
O si no, ¿de qué sirve tener mayoría en el Senado?