La nueva temporada del programa de Televisión Nacional “Esto No tiene Nombre” se inauguró con un capítulo dedicado a las malas prácticas de las diversas cadenas de farmacias. Fue posible apreciar como los dependientes de éstas – detrás del mesón- dirigían la venta de fármacos de acuerdo a criterios ajenos a las necesidades terapéuticas de las personas. Ello evidenció una vez más el enorme poder del retail farmacéutico en la dispensación de medicamentos en Chile.
Por lo mismo, llama la atención que en el proyecto de nueva Ley de Fármacos que se debate en el Congreso Nacional, se insista en empoderar a las farmacias en desmedro del debido respeto a la receta médica que actúa como natural contrapeso a los abusos en el punto de venta.
En efecto, en lo que creemos una errada y voluntarista implementación de políticas públicas en materia de salud, el MINSAL pretende simultáneamente instar por instaurar la llamada Bioequivalencia farmacéutica y la prescripción de genéricos.
Se trata de una política errada por cuanto por una parte, la bioequivalencia que con tanto esmero se publicita no satisface una elemental exigencia previa, cual es implementar las llamadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM, o si se quiere GMP por su sigla en inglés) en la totalidad de los Laboratorios nacionales. Hoy sólo el 35% de ellos cuenta con esta certificación.
Son las buenas prácticas de manufactura (BPM) las que realmente aseguran que los medicamentos se fabrican adecuadamente y que el laboratorio produce cada lote de medicamentos de forma similar.
La bioequivalencia sin buenas prácticas de manufactura carece de todo valor ya que lo único que asegura es que los lotes testeados para obtener el certificado de bioequivalencia cumplen con el estándar exigido, pero no asegura que otros lotes que se elaboren con posterioridad sean similares e igualmente bioequivalentes.
Por otra parte, la errada idea que subyace a esta política pública se ve agravada en el proyecto de Ley que modifica el Código Sanitario en su artículo 101, al establecer que el médico en su receta deba prescribir el principio activo o denominación común internacional pudiendo por ende la farmacia, mediante alguna de las diversas prácticas denunciadas en el programa televisivo o algún nuevo resquicio que ideen en el futuro, dirigir la venta hacia uno o más fármacos específicos.
Ya hemos visto que la posibilidad que tiene el propio paciente de incidir en esa decisión es limitada por dichas prácticas abusivas.
Se trata de un error manifiesto. Es el estricto respeto a la receta médica el único verdadero contrapeso al poder de las farmacias.
Como en toda política pública hay que tomar una opción y en la especie las opciones reales son únicamente dos:
1) obligar a prescribir genéricos –como erradamente pretende el proyecto de ley- en cuyo caso será la farmacia la que determine el medicamento que el paciente habrá de adquirir.
2) Exigir el estricto respeto a la receta médica, con lo cual será el médico quien adopte tal determinación. Si él cree que un genérico es suficiente podrá así prescribirlo, pero si prefiere un medicamento específico, la farmacia deberá respetar esa determinación médica, impidiendo con ello los abusos que han sido denunciados.
Claramente la segunda opción aparece como preferible a la luz de la historia de malas prácticas de las cadenas de farmacias.
Por lo mismo, resulta contradictorio argumentar públicamente que se desea limitar el poder de las cadenas de farmacias y por otra instar por un proyecto de ley que precisamente incrementa dicho poder.