El gobierno ha obtenido triunfos legislativos de manera pírrica esta semana, es decir, obtiene un éxito coyuntural pero paga un costo en la opinión pública que anticipa su fracaso el 2013.
Ha impuesto en contra de la opinión ciudadana, del mundo sindical y de la mayoría en el Parlamento, un salario mínimo de $193.000 –que es bien mínimo-, que está muy lejos de un ingreso salarial digno para 500.000 trabajadores de un país, donde hay un gobierno que se vanagloria de crecimientos económicos récord y de miles de nuevos empleos; sin embargo, dicho progreso sólo favorece al decil más rico.
La derecha le ha dicho al país que el progreso económico no le puede llegar a los más pobres -porque subir el mínimo a $200.000 generaría una ola de desempleo- y con ese argumento impone mediante un veto presidencial su fórmula de los $193.000 de salario mínimo.
Mejorar el salario mínimo y debatir cómo se le traspasa parte del crecimiento del país es un asunto político y ético especialmente en un Chile plagado de desigualdades y que seguirá estando presente en la agenda pública, especialmente tras conocer las cifras de la CASEN 2011 que revelan que la pobreza sigue siendo una vergüenza para Chile.
Lo mismo ha hecho con la ley Longueira, donde el gobierno pretende entregar a perpetuidad los derechos de los recursos hidrobiológicos a los pocos grupos económicos que controlan la industria pesquera y bloquea las diversas iniciativas tendientes a generar mayor competencia y que se incorporen nuevos actores a esta actividad.
Estamos frente a un gobierno que refuerza los oligopolios y bloquea la libre competencia favoreciendo el status quo de un modelo productivo que genera concentración y privilegios para una minoría construyendo un país extremadamente desigual.
Negándose a mejorar el mínimo a $200.000 y promoviendo la entrega de derechos a perpetuidad de los industriales pesqueros, la derecha nos recuerda –que a pesar de sus disfraces de “popular”- sigue siendo la misma derecha de siempre, donde unos pocos pueden disfrutar el progreso y el resto –la mayoría- debe seguir bregando por un país con más equidad social.