Un tribunal de Buenos Aires condenó la semana pasada al dictador Jorge Rafael Videla a la pena de 50 años de cárcel por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años”, durante la dictadura militar (1976-1983). Junto al déspota argentino fueron también condenados Reynaldo Bignone, el último presidente de la saga dictatorial de ese país, y otros ocho violadores de los derechos humanos a 15 años.
Esta condena viene a sumarse a la pena de cadena perpetua por delitos de lesa humanidad a la que ya fue sometido con anterioridad el sátrapa argentino.
Delitos que, como sabemos, son “in-admistiables” e imprescriptibles, según las leyes y la jurisprudencia internacional.
Un fallo histórico que hace realidad el viejo adagio popular que señala “la justicia tarda pero llega”, pues se inició hace 15 años con una denuncia de las “Abuelas de Plaza de Mayo”, siendo acogido con expectación y verdaderas muestras de júbilo por familiares y víctimas de la represión fascista, no solo en el país trasandino, tal como se pudo apreciar en gran parte de la prensa europea de referencia y, muy especialmente, española.
La importancia de este hecho, más allá de que estos sádicos y sanguinarios criminales terminarán sus miserables vidas en una mazmorra, radica en que constituye un valioso ejemplo (mundial) de la derrota del olvido y la impunidad. A la par que un acto de justicia y verdad para con las víctimas.
Lo mínimo que se puede esperar a favor de la honra de quienes tanto sufrieron y de manera tan artera y cobarde, por parte de una sociedad sana y civilizada en un país que precie de vivir en una democracia “plena” y madura. De lo que tanto se ufanan algunos por estos lados.
Por lo demás, es una excelente oportunidad para recordar, especialmente, de cara a las nuevas generaciones, ese asertivo tópico que señala que el olvido (y la mentira) nos condena a repetir la historia, ya como farsa, ya como tragicomedia.
Como asimismo, nos enrostra, nuevamente, la vergüenza nacional que representa el hecho de que el estado español y su monarca Borbón hayan tenido que ser denunciados en innumerables oportunidades ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como “Tribunal de Estrasburgo”, por denegación de justicia; ya que, como sabemos, la justicia en este país, está definitivamente reñida con la verdad y es muy amiga de la hipocresía y el cinismo. Una de las últimas querellas presentadas en esta dirección estuvo a cargo de nuestro conocido Joan E. Garcés en relación a las víctimas del franquismo.
No olvidemos que los jueces españoles, incluido el juez Varela, uno de los verdugos del juez Garzón, están apoltronados en sus judicaturas luego de jurar extemporáneamente lealtad al dictador Franco (1936-1975) y a los “Principios del Movimiento Nacional” (falange), y continúan aplicando la “Ley de (auto) Amnistía” de 1977 que ampara inmoral e ilegalmente todos los crímenes del holocausto español, por horrorosos que sean.
Como tampoco debemos olvidar que España posee el impresentable record de ser el país del mundo con mayor número de fosas comunes (y desaparecidos) después de la Camboya de Pol Pot, tal y como lo hemos destacado en otra ocasiones.
Una “ley maldita”, en verdad, que resulta ser incompatible y estar reñida con los diferentes tratados y convenciones suscritas por este país en materia de DD.HH., prueba de ello es la ratificación efectuada el 24 de septiembre de 2009 de la “Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, que establece explícitamente que “el Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”.
Y que es causa de otro vergonzante record español, que España haya sido reconvenida más de 15 veces por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU.
Para no recordar, una vez más, la bullada y escandalosa defenestración del juez Baltasar Garzón al intentar investigar, precisamente, los crímenes del franquismos.
Y por si fuera poco, cabe agregar una muestra más, en este caso referida al doble rasero de la (in)justicia española, la reciente acogida a tramitación por la Audiencia Nacional de España (mayo de 2012) de la querella contra algunos de los desalmados criminales de la primera policía secreta (DINA) de “El Innombrable” dictador chileno (bautizado así por Tony Blair, acaso la mayor de sus proezas) por el alevoso crimen del diplomático hispano-chileno, Carmelo Soria.
Esta decidida acción, contempla una solitud de extradición que tendrá que ser sometida a trámite próximamente y que, dicho sea de paso, también evidencia la impronta justiciera del talento infatigable y consecuente del jurista, catedrático y cientista político valenciano, Joan E. Garcés.