Cuba cifró en 57.337 el número de personas encarceladas en prisiones en la isla, según publicó el diario Granma, informando que la mitad de ellos están en instalaciones abiertas gracias a un sistema de reinserción.
Por otra parte hay unos 23.113 presos con empleos y reciben salarios a partir de las mismas tarifas establecidas para el resto de los trabajadores, como parte de una política de “incorporación voluntaria al trabajo socialmente útil y remunerado y a la Seguridad Social”, señaló Granma.
El periódico oficial defendió que los centros cubanos contienen “las garantías fundamentales universales” para proteger los derechos de las personas a pesar de las críticas internacionales que recibe en esta materia.
La publicación de estos antecedentes da un poco de luz en un tema en el que hasta el momento las autoridades cubanas guardaban un profundo silencio administrativo, mientras que la única fuente que ofrecía datos era la oposición.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, liderada por el disidente Elizardo Sánchez cifra sin embargo entre 70.000 y 80.000 el número de presos en la isla, entre ellos varios por motivos políticos.
Unos salen y otros entran
Previa a la visita de Benedicto XVI a la isla, el gobierno cubano liberó a 2.900 presos, durante los últimos seis meses la cifra alcanzó a más de 10.000 presos favorecidos por diferentes beneficios penales.
Además se anunció que cada fin de año se estudiará dejar en libertad a reclusos que hayan cumplido una parte de la condena, no sean un peligro para la sociedad y no estén implicados en delitos contra la Seguridad del país y sus delitos no generen alarma social.
Mientras el gobierno cubano reorienta su política penitenciaria con las excarcelaciones de presos políticos o comunes, crecen las detenciones de altos funcionarios de la administración implicados en casos de corrupción.
El presidente cubano Raúl Castro señaló en varios discursos públicos a la corrupción como el principal enemigo de la revolución, por encima de la reducida oposición interna, por ello la Contraloría General de la República cada vez tiene mayores apoyos para intervenir en este tema.
Recientemente de visita en Cuba, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, aseguró que el único enemigo de la Revolución cubana es la corrupción y destacó la importancia que le da el gobierno antillano a la lucha contra ese flagelo.
Bárcena aseguró sentirse confiada en que se combatirá de manera eficiente de “la misma manera que se hace con el crimen organizado, el narcotráfico internacional o la trata de personas”.