La gran mayoría de los chilenos se informa y se entretiene a través de la televisión. Pero ¿estamos todos contentos con lo que nos entrega día a día? ¿Podemos darnos por satisfechos con un “rating” (sintonía) alto como si fuéramos avisadores del medio? La respuesta evidente es NO.
Reiteremos que la televisión chilena no refleje la diversidad de nuestra sociedad en materias política, económica, cultural y social.
Los sectores minoritarios – como los indígenas – o aún mayoritarios – como las mujeres – o esa otra mayoría de los chilenos que ganamos menos de 500 mil pesos mensuales, no tenemos una voz en el espectro radioeléctrico que abogue por nuestros intereses. Sólo debemos conformarnos con las migajas que caen de algunos noticieros. Pues bien, la ocasión para cambiar este sombrío cuadro es la reforma que se tramita en el Parlamento de las leyes que rigen nuestra televisión.
Proyecto de TV digital
En noviembre de 2011 comenzó en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de Ley sobre Televisión Digital presentado por el gobierno de Michelle Bachelet tres años antes.
Continuó en Comisión conjunta en el Senado recibiéndose más de 500 indicaciones en agosto del mismo año, a lo que siguió 5 audiencias públicas hasta enero de este año donde presentaron sus posiciones instituciones estatales como la SUBTEL (Telecomunicaciones), el Consejo Nacional de Televisión y Televisión Nacional; entidades gremiales como ANATEL (reúne a los actuales operadores nacionales) y ARCATEL (los de regiones), además del Canal del Fútbol, los empresarios periodísticos y los avisadores, la televisión de pago, como VTR, la entidad especializada FUCATEL, los indígenas a través de CLACPI, la Unión Nacional de Artistas y la Mesa de Ciudadanía y TV Digital (MC&TVD).
Con esta última se completa el cuadro de quienes quisieron poner sus intereses sobre el tapete y con ella nos sentimos representados, pues la integra la sociedad civil (Colegio de Periodistas, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ONGs de distintos segmentos sociales y organizaciones de comunicadores populares de TV y radios comunitarias).
La MC&TVD persigue una normativa que entregue el justo equilibrio en la entrega al televidente de servicios de los tres tipos de tv reconocidos universalmente: comercial, pública y comunitaria. Contamos solamente con la primera, por cuanto sólo en Chile existe una TV pública que debe autofinanciarse, por lo tanto, es un híbrido y en definitiva, no hay medios públicos en el país. Y estamos en deuda con la televisión educativa y cultural – como fue la TV chilena en sus inicios -, y también con la realidad presente de TV y radiodifusión comunitarias.
La oportunidad de nueva legislación para abrir paso a una TV digital que alivie estas falencias se ha abierto con el proyecto de ley en discusión a la que muchos actores han hecho llegar sus aspiraciones, pero el horizonte se ve brumoso.
En marzo, ya listos para iniciar la votación final, el gobierno presentó un Documento de Acuerdo que recoge las indicaciones de los senadores pero ignora las precisiones que hizo la MC&TVD, justamente aquellas que garantizan una normativa que a su juicio responda al interés público, entendiendo por “interés público” objetivos que representan un bienestar para toda la sociedad, por encima de los intereses individuales (léase comerciales o políticos).
TV comercial y sin-fin-de-lucro
Son varios los puntos que en su informe a los parlamentarios y a la ciudadanía – realizado por Chiara Sáez y Jaime Mondría – la MC&TVD analiza precisando lo que falta agregar para tener una televisión con esta meta. Por ejemplo, que el Estado garantice la existencia de señales de TV que transmitan solamente TV educativa, cultural y comunitaria. En el Documento de Acuerdo no ven recursos financieros suficientes para la transición a la TV digital en general ni para los canales de este tipo.
Además, el 40 % del espectro que hasta ahora se está guardando para canales regionales, locales, culturales, educativos y comunitarios (donde también se debe incluir un porcentaje para los indígenas), se refiere a lo que quede “disponible” en el espectro luego del paso de la TV digital.
Con el agravante de que como el Ejecutivo puede otorgar concesiones en cualquier momento (según el Decreto Supremo No. 264 de 2010), este espacio de reserva puede no quedar necesariamente explicitado en la nueva ley. La MC&TVD propone que ese 40 % se disponga para emisiones de TV sin fines de lucro independientemente de su cobertura geográfica y que la repartición no se haga de una vez para que la relación de 60% de TV- comercial y 40 % de TV-sin-fines-de-lucro se mantenga en el tiempo.
Desconcentración
La mayoría de los canales responde a la voz unidireccional que viene de las transnacionales de la comunicación o de los grupos de poder nacionales que tienen el poder de emisión en todos ellos.
Un reciente estudio del Departamento de Supervisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que administra los reclamos que se reciben de parte de los televidentes, indica que la mayoría de las 1.555 denuncias que recibieron el año pasado se referían a la falta de pluralismo en el manejo de la información, consecuencia lógica de la concentración de los medios.
Por eso, una de las medidas que pide la MC&TVD para evitar que nuestro sistema comunicacional aumente su concentración es que en la nueva Ley de TVD nadie pueda tener más de una concesión en la misma zona de cobertura. Limitaciones similares se encuentran en Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos.
Al respecto, el estudio de la MC&TVD devela que con las indicaciones que se le han hecho al proyecto hasta la fecha, puede ocurrir que operadores actuales, que ni siquiera obtuvieron la concesión por concurso público (se les entregó cuando nacía la televisión en el país), puedan acceder a otras bajo la legislación nueva. La idea es que nunca y bajo ninguna circunstancia, un operador que ya tenga una concesión antigua pueda acceder a otra en la misma zona, esta vez por concurso público.
Otro medida que se plantea es que no sea el Tribunal de la Libre Competencia quien dirima en casos en que un solo operador tenga más de una concesión por zona de servicio obtenida por concurso público.
Esto, porque este Tribunal en el pasado no ha tenido una conducta rigurosa arbitrando casos de TV de Pago (fusión de cable-operadores) o de radios (caso de la compra que realizó el grupo Prisa de España).
Se propone que sea la Corte de Apelaciones que corresponda la que resuelva, puesto que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, “en estos casos, las materias de concesión de servicios públicos no son, en rigor, de libre competencia (2011).”
Sólo queda esperar que los senadores voten a conciencia por una televisión que tenga como mira el interés público por encima de todo.