El Estado debe impulsar un Plan Nacional de Desarrollo de la Patagonia, que incluya profundos mejoramientos en diversas materias que afectan severamente el desarrollo de las regiones de Aysén, Magallanes y también de las Provincias de Chiloé y Palena en la Región de los Lagos y que configuran una situación de postergación de largas décadas para sus habitantes.
Este “nuevo trato” con la zona más austral del país debiera ser parte de un gran acuerdo al que concurran todos los sectores políticos, dándole respaldo parlamentario, amplitud y continuidad en el tiempo.
Entre las materias que deberían abordarse figuran la provisión de bienes y servicios básicos, la conectividad y el transporte, el fomento productivo y el empleo, los servicios sociales, tales como educación y salud y el uso y administración de los recursos naturales.
Lo anterior, sin perjuicio de otras enmiendas institucionales respecto de la descentralización.
En el ámbito de los insumos básicos es imprescindible que se aborde de una vez el abastecimiento y precio de estos suministros. Ellos no pueden quedar entregados a procesos de fijación similares a los existentes en el resto del país.
Los magallánicos y los ayseninos hacemos patria y soberanía y en reconocimiento a este esfuerzo el Estado sólo aporta algunos subsidios insuficientes, dejando los costos entregados al mercado. Lo que se requiere, en cambio, es una política clara, amplia y permanente de control de precios y otorgamiento de subvenciones
En materia de conectividad y transporte, debe lograrse que los combustibles y también otros productos, como abarrotes, frutas y verduras, tengan en estas zonas valores comparables a los de la zona central, debiendo absorber el Estado los costos que implique su transporte.
Asimismo, se requiere establecer políticas regulatorias más fuertes respecto de valor y frecuencia de los itinerarios aéreos hacia el centro del país.
Desde la privatización de LAN, acá hay un total descontrol, dejándose a los privados la determinación de precios y conectividad para un vasto sector del territorio nacional. En muchos países, en cambio, la posibilidad de cubrir ciertas rutas atractivas implica la obligación de hacerse cargo de otras menos rentables, con precios predeterminados.
Respecto del fomento productivo y el empleo, tenemos la necesidad de legislar a la brevedad y con visión de largo plazo para establecer leyes de igualación o compensatorias que permitan atraer inversiones y empleos.
En este sentido, se viene legislando por tres o cuatro años, lo que no constituye un estímulo suficiente para futuros proyectos y más bien se trata de una política de retención de las actuales fuentes de trabajo.
Es imprescindible, además, que estos traspasos de recursos a los privados lleguen también a los trabajadores. Deben crearse sueldos mínimos diferenciados por macro zonas.
El poder adquisitivo del salario no es equivalente, por lo que hace años venimos planteando tener a lo menos cuatro rangos de sueldo mínimo, uno para la zona norte conformadas por las regiones XV a la III; otro para la zona central, que incluya las regiones IV a la VII; otro para la zona Sur, que involucre las regiones VIII, IX, XIV y X, excluyendo Palena y Chiloé y uno para la zona austral, que incluya dichas provincias y las regiones XII y XII.
En lo que se refiere a los servicios de salud y educación, hay que enfrentar de una vez el crónico déficit en especialistas, como asimismo la falta de alternativas educacionales.
Ayseninos y magallánicos vivimos el drama común de no poder resolver todas las complejidades médicas y también el ver partir a los hijos a la zona central a cursar estudios superiores. El estado debe adoptar una política más enérgica en esta materia y entender que se trata de zonas aisladas que deben avanzar hacia la autosuficiencia en estas áreas.
Respecto de los recursos naturales, exigimos que se otorgue a estas regiones una mayor autonomía para decidir sobre el uso de sus riquezas. Estas zonas se habían mantenido alejadas de la presión de grupos económicos, lo que está cambiando sistemáticamente, como se apreció en las normas sobre salmonicultura y en la aprobación de los proyectos de Isla Riesco e HidroAysén.
Nos quieren imponer el mismo modelo de desarrollo que fracasó en la zona central y que llevó a lugares como Ventanas al colapso absoluto. En cambio, lo que nosotros queremos es mantener la Patagonia natural y libre de acciones contaminantes, favoreciendo con ello el desarrollo de actividades consolidadas como el turismo y la pesca artesanal.
Por último, es urgente abordar de una vez la descentralización del país, cuestión que afecta no sólo a la zona austral sino a todo Chile. Este modelo institucional se agotó y necesitamos transferir mayores competencias a las regiones y que éstas elijan sus intendentes y autoridades locales.
Los conflictos vividos en Magallanes el año recién pasado y las movilizaciones que se llevan adelante en Aysén, deben abrir camino a nuevas políticas de desarrollo que otorguen más oportunidades y participación a los habitantes de estas zonas extremas.