Las brutales “jornadas” valencianas de represión policial contra las protestas estudiantiles acaecidas recientemente, en los hechos vienen a ratificar una inquietante diagnosis que venían señalando importantes organismos internacionales como Human Rights: la preocupante situación de España en materia de DD.HH.
Una cuestión que alude, precisamente, a la brutal represión y fuerza policial desmedida empleada especialmente en las últimas manifestaciones sociales (“los indignados”), al margen de la situación de los inmigrantes, y los mal llamados “centros de internamiento de extranjeros” (CIE), que son verdaderas cárceles solapadas, y del sistema carcelario propiamente tal; aspectos que también aparecen mencionados en el “informe mundial 2012” del citado organismo internacional, que dicho solo de paso, también, como es obvio, dedica su capítulo a Chile.
En uno de sus pasajes este informe señala: “En mayo, empezaron las protestas generalizadas contra las medidas de austeridad, con la ocupación de plazas en varias ciudades. Hubo informes creíbles que denunciaban el uso excesivo de la fuerza por la policía en las operaciones de dispersión en Madrid y en otras partes, entre mayo y agosto. Las acusaciones del uso excesivo de la fuerza también enturbiaron una protesta contra la visita del Papa a Madrid a mediados de agosto.”
Es evidente que esta problemática forma parte de una de las taras de la (insuficiente) democracia española en cuyas leyes e instituciones no se ve facilitada, en nada, la expresión de los deseos y anhelos de la ciudadanía.
Naturalmente, fueron (mal) pactadas durante una (in) modélica transición que jugó, claramente, a favor de la derecha y, cuando mucho, de los sectores reformistas del “tardofranquismo”. Para nada en favor de la inmensa mayoría del pueblo español, que hoy clama por una nueva transición.
Es que prácticamente no se contemplan mecanismos de consulta y menos de participación ciudadana en la toma de decisión en temas y asuntos relevantes de interés común (referéndum, plebiscito, etcétera), como existen en toda democracia moderna y madura, ni siquiera a nivel local. No sin razón podemos señalar que en muchos pueblos de la España “profunda” ni siquiera llegó la transición.
Un claro ejemplo de aquello fue la reforma “exprés” de la Constitución española (2011) aprobada entre cuatro paredes y en tiempo record mediante un simple acuerdo del duopolio que representan las dos principales formaciones políticos españolas (psoe-pp), destinada a encorsetar el gasto público, por expresa recomendación de “la troika” (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea), completamente de espaldas a la ciudadanía y, por si fuera poco, al consejo de ministros y al parlamento.
De tal modo, que ante el menor asomo de disidencia y protesta, como en este caso, resulta, aunque completamente inexplicable, perfectamente lógico que se emplee todo el rigor y el poderío de los mecanismos de coacción de que disponen los aparatos del estado.
Sin el ánimo de caricaturizar, en este país la inequidad (y la pobreza del gasto social) de las políticas públicas (para no hablar de cuestiones fiscales y tributarias) es prácticamente proporcional al fuerte gasto que se realiza en materia de defensa y en fuerzas represivas.
¡El presupuesto del ministerio de Defensa es superior al presupuesto de la ONU! Algo que puede ser, también, perfectamente “atendible” tratándose de que España es uno de los principales productores y vendedores de armas del mundo.
Todo esto forma parte de una histórica herencia de los casi cuarenta años de un nefasto régimen autoritario, una tara, todo un lastre, que dejó sin dudas una de las dictaduras más represivas y sanguinarias del mundo. España, no por nada, tiene el “impresentable record de ser el país con más desaparecidos y fosas comunes del mundo después de la Camboya de Pol Pot”.
Es por todo ello que hoy por hoy exhibe al mundo otro nefasto récord, al margen de las escandalosas e insuperables “marcas” relativas al más brutal desastre económico que padece desde los tiempos de la guerra civil: ser una de las democracias más “intolerantes”, “excluyentes” y “represivas” de la zona UE.
Post scriptum: como diría el díscolo e irreverente Bryce Echenique, “¡cualquier parecido con la realidad (chilena) no es mera casualidad!”