El viernes 13 de enero un grupo de profesionales mapuches, vinculados a la Red de Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y al Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, presentamos ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de Amparo Preventivo, en contra del ministro del Interior y a favor de las comunidades indígenas de las zonas afectadas por incendios forestales en La Araucanía, principalmente, ante la amenaza o advertencia de aplicar la Ley Antiterrorista con una “orden amplia de investigación”.
El escrito fue preparado por abogados indígenas y suscrito por profesionales y dirigentes de larga trayectoria.
Básicamente se denuncia una suerte de campaña de amedrentamiento y provocación hacia las comunidades, a partir de desafortunados dichos del ministro del Interior, “conjeturando” o sencillamente orientando la información y noticias hacia las comunidades indígenas, sindicando a personas o grupos indígenas como eventuales responsables de tales incendios.
En primer lugar, es contrario a la cosmovisión indígena andar quemando bosques (más aún si son nativos) o secando los ríos o matando animales a siniestra o destruyendo nuestras riquezas naturales. Es absurdo siquiera suponerlo.
Es más, por siglos y en décadas recientes somos testigos de la manera cómo grandes corporaciones privadas atentan contra el medio ambiente.
Las mineras del norte succionan sin piedad el agua de las napas subterráneas.
Las forestales en el sur plantan pinos cuyas raíces secan el curso de las aguas profundas y resecan los terrenos.
Las compañías depredan nuestro medio ambiente en busca de oro, cobre, plata y ricos minerales y el país ni se inmuta.
¿Son los incendios forestales del sur intencionales? Probablemente. Pero los responsables pueden ser varios y distintos.
¿Qué ganan los mapuches quemando bosques? Nada.
¿Qué ganan las forestales con los incendios? ¿Hay seguros comprometidos? ¿Y son cuantiosos?
¿Son mapuches presuntamente los responsables de algún incendio? Hasta el momento ningún detenido por sospecha de ello es mapuche. Y sin embargo, desde Interior se ha orientado a la opinión pública para que se crea que hay “acciones terroristas” de terceros y que estas acciones apuntarían a mapuches. Entonces se invoca la Ley Antiterrorista y se pide una “orden amplia de investigar”.
A partir de esto todos los mapuches del país somos sujetos de investigación. Y parece que algo de cierto hay en ello pues carabineros de Maipú, acudió al municipio de esa comuna para solicitar la nómina de dirigentes y miembros de comunidades indígenas de esa comuna. ¿Con qué fin?
Invocar la Ley Antiterrorista lleva consigo importantes violaciones de derechos humanos: detención por sospecha, allanamientos de domicilio, interferencia telefónica, actos de apremios ilegítimos (psicológicos y físicos) a los detenidos y otros males. Todo ello es posible mediante la aplicación de sus normas draconianas.
Lo principal, sin embargo, es la provocación que se levanta ante todo un Pueblo (mapuche), a quien se estigmatiza, lisa y llanamente, porque parte importante de sus comunidades en el sur colindan con grandes extensiones de propiedades privadas forestales. Y ese dato es más que suficiente. ¿Para quién? Para el Gobierno.
Esta presunción afecta la honra y dignidad de nuestro Pueblo y afecta la libertad y seguridad individuales de los mapuches, hoy objeto de sospecha e incluso de persecución por la simple presunción de que pueden ser incendiarios o potenciales incendiarios.
Esta forma de encarar la relación con el Pueblo Mapuche es muy grave. Afecta, en general, a la convivencia pacífica de un país y del Estado.
Probablemente el ministro del Interior no midió sus dichos. Y es ante ello que el recurso de Amparo Preventivo busca cautelar que el Poder Judicial garantice el derecho a la honra y dignidad de nuestro pueblo.