El promedio de ingresos tributarios en la OCDE es de 35% del PIB, mientras en Chile es de 17%. Una reforma tributaria que se proponga incrementar la tasa de tributación al menos al nivel de los países avanzados con menos carga tributaria para aumentar en Chile la calidad del servicio público en educación, salud, protección social e infraestructura y reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los más adinerados, requiere romper con el mito de que los impuestos dañan el crecimiento.
El contrato social en los países avanzados ha incluido desde la posguerra mundial la provisión de importantes servicios públicos estatales y transferencias redistributivas a través del impuesto progresivo, las cotizaciones de seguridad social de empleadores y trabajadores y el gasto público. Una alta carga tributaria no impidió el crecimiento sistemático de dichos países. Veamos por qué
Existe en primer lugar un conjunto de impuestos que no sólo no dañan la asignación eficiente de los recursos sino que la incrementan. Es el caso de los impuestos correctores de externalidades negativas, que internalizan dichas externalidades, es decir transforman en costo privado el costo social en que incurren en sus actividades actores económicos privados.
Los impuestos sobre actividades que provocan daño directo a la salud (tabaco, alcohol) o que son contaminantes y los que se aplican a la extracción de recursos naturales, corresponden a esta categoría que mejora la asignación de recursos. Son un componente central de las políticas públicas modernas.
En segundo lugar, hay efectivamente impuestos que pueden incidir negativamente en el comportamiento de los agentes económicos en las economías de mercado. Pero este efecto puede ser alto o bajo. La tributación puede provocar la llamada “pérdida irrecuperable de eficiencia”.
Esta proviene de eventuales distorsiones en los incentivos de los productores (incitándolos a producir menos y disminuyendo el excedente del productor) y los consumidores (incitándolos a comprar menos y disminuyendo el excedente del consumidor). El principio de la igualdad distributiva tiene que transigir con el principio de la provisión de incentivos que aumenten el volumen total de ingresos disponibles para ser redistribuidos.
Por ello los enfoques de la progresividad tributaria óptima ven el problema como un dilema entre los beneficios sociales de una distribución más igualitaria de los ingresos después de impuestos y el daño económico provocado por impuestos altamente progresivos.
¿Cuán importante es ese daño? Se entiende en el enfoque económico liberal que provocan pocas modificaciones en la conducta y pocos efectos distorsionadores los impuestos indirectos a las ventas, mientras los impuestos directos al patrimonio y a los ingresos del capital y el trabajo disminuirían la oferta de ahorro y de trabajo.
Para los economistas no ortodoxos, cuando la presión fiscal aumenta, los contribuyentes de más ingresos ven disminuidos sus incentivos a trabajar, pero pueden igualmente querer evitar que sus ingresos disminuyan de manera importante y por tanto… trabajar más.
Expertos como Thomas Picketty afirman que “el estado actual de los conocimientos disponibles respecto de las elasticidades de la oferta de trabajo sugieren que la atención tradicionalmente acordada a los efectos desincentivadores sobre los altos ingresos es totalmente excesiva y no permite un análisis global de los límites alcanzados o no por los sistemas modernos de redistribución”.
Diversos economistas dudan que la política tributaria tenga mucho efecto sobre la inversión o el ahorro. Y constatan que en Estados Unidos la tasa de ahorro personal disminuyó en la época de Reagan, a pesar de las rebajas tributarias sobre los retornos del ahorro, y comenzó a recuperarse cuando se introdujeron restricciones a los incentivos tributarios al ahorro…al revés de lo que debía ocurrir según la visión liberal.
El argumento pertinente es que un gasto público que incrementa el capital físico y humano y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos pueden tener efectos positivos sustanciales sobre el crecimiento al permitir aumentar la productividad y disminuir la conflictividad distributiva.
No de otro modo se explica que muchos países de altos ingresos per cápita tengan grandes cargas tributarias que sustentan masivos volúmenes de gasto público.
De acuerdo a Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, el examen de la relación entre la tasa marginal del impuesto a la renta y la productividad revela que los períodos de fuerte incremento de la productividad coexistieron con las tasas marginales superiores más altas en el impuesto a la renta en la posguerra y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos.
En palabras de Peter Lindert: “Desde hace algunos años, ha habido una creciente brecha entre el registro empírico y una historia que es contada una y otra vez con insistencia creciente. No solo escuchamos que existe el peligro de que redes de seguridad y programas anti pobreza basados en impuestos pueden tener altos costos económicos. Nótese cuan frecuentemente se nos dice que los economistas han `demostrado’ y ‘encontrado’ que esto es cierto. Estas afirmaciones son frecuentemente un bluff (…). Antes que demostrar o encontrar este resultado, han escogido imaginarlo”.
En efecto, cuando existen costos en eficiencia asignativa de la tributación, estos son al menos en parte compensados por los incrementos en dicha eficiencia debidos a los impactos estimuladores de los bienes públicos y las externalidades positivas que financian los impuestos.
Existe suficiente evidencia para afirmar que en materia de tributos y gastos en las economías avanzadas, las con mayor expansión en las últimas décadas son las que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y recursos humanos, y no los de Estados de menor peso en la economía. Es este un tema de estructura más que de nivel.
La afirmación que los impuestos per se hieren el desempeño económico no tiene base empírica que la sustente.
Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal estructural, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud y conflictividad generalizada. Y por tanto, en el largo plazo, menor crecimiento.