En las últimas semanas se ha desatado un conflicto que opone, por un lado, a dos empresas transnacionales mineras, AngloAmerican y Mitsubishi, con Codelco, que es lo mismo que decir el Estado de Chile.
Es decir, estamos ante una situación donde Codelco, en representación de todos los chilenos, que somos los accionistas de la empresa, defiende el patrimonio del país.
No voy a entrar en los detalles del enfrentamiento, que ya está llegando a los tribunales.
Los organismos de justicia serán los encargados de estudiar los contratos y verificar si AngloAmerican actuó conforme a la ley al desprenderse del 24.5% de sus acciones, acto hostil que responde al interés de Codelco por ejercer derechos consagrados contractualmente.
Me interesa más destacar que en este, y en tantos otros casos, hay empresas transnacionales que van más allá del natural objetivo de obtener utilidades razonables para sus accionistas. Entiendo la iniciativa privada. Creo que las empresas tienen derecho a obtener ganancias.
Pero con límites. Esos derechos quedan en cuestión cuando, como suele ocurrir con las grandes mineras y de hecho ocurre con AngloAmerican, no se respetan las normativas medioambientales.
Cuando grandes empresas que invierten miles de millones de dólares ahorran en mantenimiento, en el cuidado de los relaves, y dejan pasivos ambientales tan gigantescos que sus efectos se prolongarán por décadas, creo que la sociedad que las recibe tiene todo el derecho a exigirles tanto cambios sustantivos en sus procedimientos ambientales como que financien el manejo de esos pasivos ambientales.
Pero hay una cuestión más de fondo todavía. Se trata de riquezas que están en el suelo chileno, que son propiedad del Estado, de todos los chilenos, que otorga a determinadas empresas el derecho a invertir para explotarlas y tener beneficios. A cambio de ese derecho, las empresas deben tributar y dejar una parte de las ganancias en el territorio nacional.
Cuando esas empresas aspiran a más, cuando se desboca su afán de lucro, cuando la meta de obtener ganancias deja de lado todo tipo de consideraciones, como el respeto al país en que están, a sus normativas y a los acuerdos suscritos, la situación es más grave.
Y espero que en el Senado estemos a la altura y actuemos en consecuencia en defensa de los derechos de todos los chilenos.