La inversión de empresas extranjeras en Chile es deseable bajo todo punto de vista siempre que ellas se sometan escrupulosamente a las normas legales que el Estado se ha dado. Es más, todos los países del mundo requieren de esos aportes de capital para generar crecimiento económico y al mismo tiempo reducir la cesantía.
Todos conocemos el episodio de Anglo American que, conociendo muy bien el contrato suscrito con Codelco, ante el intento de ésta de hacer valer la opción de compra del 49% de Anglo American Sur, en enero de 2012, se adelantó y vendió recientemente a Mitsubishi Corporation el 24,5% por una suma proporcionalmente bastante más importante de la que iba a recibir de la empresa chilena.
El directorio de Codelco, mayor productor de cobre en el mundo, y todas las autoridades de nuestro país han criticado el comportamiento oportunista de esa empresa extranjera, afirmando que actuó de mala fe y que, por tal motivo, recurrirán a los tribunales de justicia.
El cobre es chileno de acuerdo al texto de la Constitución Política del Estado, pero en el gobierno de Pinochet, para atraer a los inversionistas foráneos y con la creencia equivocada de que su utilidad en los procesos productivos se iba a terminar en unos años más, se introdujeron unas modificaciones legales para que este metal le perteneciera a quienes lo extraen de las profundidades de la tierra.
El tema del cobre lo abordó esclarecidamente Radomiro Tomic, político DC de primera categoría, cuyo aporte al país no ha sido debidamente reconocido hasta ahora.
Lamentamos que se haya llegado a este nivel de incertidumbre con este recurso natural no renovable. Pero este tema se lo dejamos a los especialistas que se han preocupado por la defensa de este significativo patrimonio nacional.
En los negocios quien maneja bien la información tiene ventajas para obtener mayores ganancias y esto lo sabe hasta un estudiante de primer año de ingeniería comercial y por ello nos extraña que se critique tanto a la dura CEO Cynthia Carroll de esa empresa, quien adujo que su decisión de vender a la empresa japonesa se motivó pensando en los accionistas de Anglo American.
Esta empresa inglesa-sudafricana vendió el 24,5% de sus activos en US$ 5.390 millones y si aceptaba la opción de compra de Codelco por el 49% iba a recibir tan solo US$ 6.750 millones y esta diferencia determinante en el sistema capitalista que nos rige fue la que primó.
Si la aludida CEO hubiera privilegiado la próxima negociación con Codelco no hubiera hecho una operación en extremo lucrativa y sus jefes la podrían haber desacreditado y hasta corría el riesgo de ser desvinculada de la empresa por incapaz en generarle mayor valor patrimonial.
Es evidente que el contrato vigente merece muchas interpretaciones y si nuestro gobierno cree tener la razón, serán los tribunales de justicia chilenos quienes resolverán el entuerto en unos años más, aunque soy de opinión que el camino viable es la negociación directa para salvar el honor.
En cambio, distinto es lo que aconteció con la empresa energética AES Gener, con ocasión de su decisión de emplazar en un terreno área verde de la comuna de Puchuncaví una planta termoeléctrica, para lo cual contó con la aprobación ambiental de la Corema de la V Región.
Todos los actores públicos y privados sabían de antemano que era ilegal tal proyecto de inversión y por ello la Contraloría General de la República en un contundente dictamen dijo que la resolución ambiental era contraria a derecho, lo que fue confirmado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Lo criticable es que esa empresa recurrió a la Embajada de EEUU para que ésta influyera ante los organismos de la administración chilena con el propósito de que se modificara la reglamentación sectorial y así viabilizar el proyecto de la empresa norteamericana, lo que finalmente aconteció.
En el caso de Anglo American la CEO Carroll procedió con bastante astucia y en el caso de AES Gener se actuó con prácticas comerciales indebidas y por ello este caso fue llevado a la OCDE, instancia internacional que ya se pronunció.