Si tuviésemos que destacar alguno de los términos que aparecen con mayor recurrencia en los últimos discursos de nuestros principales conglomerados políticos, sea Alianza o Concertación, sin duda que la palabra “orden” tendría un lugar preponderante.
Desde distintos balcones, dirigentes de ambas coaliciones intentan avizorar fórmulas para hacer frente de manera fortificada a un escenario socio-político que destaca hoy más que nunca por la alta dosis de incertidumbre detonada por el movimiento estudiantil, según el cual el “orden” previo parece ser el único terreno que propicia seguridad.
A propósito del “orden” público que debe primar en nuestro país, y por recomendaciones de la Cámara Nacional de Comercio (que vela por el “orden” comercial), el Gobierno ha decidido enviar al parlamento un proyecto de ley orientado a limitar veladamente el accionar de los movimientos sociales, y en particular, el estudiantil.
En la medida en que los estudiantes se erigen como lagunas aisladas de acervo intelectual, cultural y político, socavan los procesos de avanzada despolitización de las masas, que el Gobierno ha intentado cuidar con extremo recelo.
Más vale fortalecer programas y medios de comunicación de prensa rosa (de ahí la amplia visita de personeros de Gobierno a emisiones televisivas ligadas a la farándula), que bajar los impuestos al libro e incentivar la identidad político-social. No hay donde perderse.
Por el lado de la Concertación, en la búsqueda por mantener el “orden” político interno, los jefes y principales dirigentes de partido han realizado recientemente una publicitada ceremonia de declaración de amor a la ciudadanía, que permita a sus operadores al menos por un tiempo más, seguir gozando de sus posiciones de privilegio (o como diría un viejo Presidente, de sus ya usuales granjerías).
La lectura de los dirigentes de la Concertación es tan clara como la de la Alianza.
La ex Presidenta Michelle Bachelet cuenta con un capital de popularidad capaz de asegurar la vuelta al poder.
De ahí que carece de importancia una real interrogante por las posibilidades de representar a la ciudadanía en sus auténticas demandas.
Es más, aquello sería demasiado aventurado si consideramos que sus principales representantes hasta hace poco se turnaban entre el trabajo parlamentario y el ministerial.
En esa lógica, conviene entonces quedar bien con ella (proclamarla por adelantado), que abrir el debate hacia la población.
En este contexto, como es posible de observar, tanto el oficialismo como parte importante de la institucionalidad opositora parecen quedarse empantanados en visiones altamente apologéticas del “orden” en el cual se han movido durante ya más de 20 años.
Y de ahí su choque cosmovisional con las demandas ciudadanas.
La población que sale a las calles, colisiona frente a una clase política beneficiaria entre otras cosas de:
a) un sistema neoliberal que les ha permitido compatibilizar política con empresariado;
b) un sistema comunicacional que les blinda invisibilizando las estructurales desigualdades;
c) un sistema binominal que les ha permitido asegurar la baja representatividad ciudadana y la consiguiente sobre-representatividad político-partidaria en épocas electorales.
Esta santísima trinidad que supone beneficios económicos, blindaje comunicacional y ostentación del poder político, explica por tanto la alta improbabilidad de que aquellas coaliciones puedan sintonizar con las demandas generalizadas de la población.
Es por ello, que más vale llevar a cabo exaltaciones retóricas de la democracia, que echarla a andar en sentido estricto.
Quizás aquello explique que para nuestra clase política gobernante (ya sea Alianza o Concertación) no hay mejor democracia, que la que se predica y no se practica.
Y es que, parafraseando a Víctor Hugo: ‘Hay hombres y naciones que por conservar su pasado presente, pierden su futuro’.