Dos de los actores de la discusión pública en torno a la educación se acusan mutuamente de intransigencia: los representantes de los estudiantes, agrupados en la Confech, y las autoridades del ejecutivo.
Tal situación es lamentable, porque lo que hoy más se necesita es disposición a dialogar, a conversar, a transigir.
¿Pero son ambos intransigentes?
¿Tienen ambos la misma responsabilidad?
Yo creo que no. Creo que el gobierno tiene una cuota sustancialmente mayor.
Aquí lo que se requiere, como lo he dicho en repetidas ocasiones, es disposición a conversar.
En lugar de ello, el gobierno informa por la prensa sobre sus nuevas propuestas.
Es decir, insiste en mantener una relación vertical, donde él es el que pone todas las reglas. Lamento decirle al gobierno que las cosas hoy no funcionan así.
Ante una ciudadanía empoderada y con masivo apoyo ciudadano, ante redes sociales que multiplican los dichos y permiten manifestar las solidaridades, ante un movimiento ciudadano digno, informado y de enorme vitalidad, no sirven las posiciones autoritarias.
Es una pésima estrategia política que sólo viene a enconar más aún el conflicto.
Estamos de acuerdo en que el Congreso Nacional sea un espacio de diálogo, pero insisto: todas las posiciones merecen el mismo respeto, y cuánto avanzaríamos en la conversación –y en adelantar las soluciones- si el gobierno se decidiera a buscar acuerdos antes de enviar los proyectos al Congreso.
Todos estamos dispuestos a sentarnos a la mesa, pero no se logrará si el gobierno insiste en dictar cátedra detrás de un podio en lugar de bajar y mezclarse con la gente.
El gobierno tiene que ofrecer garantías, tiene que dar garantías de que la discusión comprenderá todos los temas. Y por todos se entiende todos, incluido el fin del lucro en la educación, que parece ser la piedra de tope para el gobierno, que finalmente termina alineado con los empresarios.
Insisto en mi llamado a introducir principios básicos de racionalidad.
¿El gobierno realmente quiere que el movimiento estudiantil deponga las movilizaciones, deje las tomas y normalice la asistencia a clases?
Entonces, que salga a la plaza y dé garantías. El Congreso Nacional es el lugar adecuado, pero el punto de partida tiene que ser compartido por todos.
Y eso implica una negociación previa que es urgente, impostergable, imperativa.
El calendario sigue corriendo, pero, a la larga, el más perjudicado con la prolongación del conflicto es el gobierno, que desperdicia una preciosa parte del tiempo que le otorgaron los electores.
¿Cómo pasará a la historia? Mejor no nos adelantemos.