Carabineros ha vivido en su historia procesos complejos que han estado directamente relacionados con la realidad política que nuestro país ha experimentado, a lo menos durante las tres últimas décadas.
La experiencia de carabineros bajo el imperio de la dictadura militar, que se instauró en Chile a partir de 1973 fue la de una Institución- dependiente del ministerio de Defensa Nacional- que se comprometió y fue parte de un régimen cuya principal característica fue la de haber cometido los actos más aberrantes en contra de los Derechos Humanos, traicionando sus propios principios institucionales y tomando una enorme distancia de los ciudadanos.
Fuimos testigos- y en algunos casos víctimas de delitos cometidos-precisamente por quienes tenían la misión de garantizar los derechos ciudadanos, la seguridad de la población y prevenir la comisión de estos ilícitos.
Carabineros participó de este proceso, y ello llevó a los chilenos y al mundo civilizado a tener respecto suyo un juicio de reproche moral, social y político con el que debió transitar durante dos décadas.
Perdieron el respeto social y ganaron la crítica, desconfianza y el miedo de la población. Sin duda alguna, el período más oscuro en la vida institucional de Carabineros de Chile.
Sin embargo, y no obstante la difícil experiencia que el país tuvo con la institución policial de mayor tradición desde los albores de la República, a partir de unos de los hitos más significativos como fue el plebiscito del 5 de octubre de 1988, se marca, por lo menos en lo que fue mi experiencia personal, un antes y un después en la relación entre los ciudadanos y su policía uniformada.
A partir del mediodía del 6 de octubre de 1988, el día siguiente del plebiscito, a lo largo del país comienza un nuevo trato.
Miles de mujeres y hombres que habíamos abrazado la causa de la opción NO, salimos a la calle con la infinita alegría de haber triunfado en una contienda plebiscitaria que nos ponía en la antesala del restablecimiento de nuestra convivencia democrática.
¿Y qué ocurrió? Más allá de las habituales consignas de la época, las mujeres se acercaron a Carabineros para entregar una flor, y nosotros, aún temerosos, nos acercamos con un apretón de manos y los más osados, abrazaron a quienes habían sido por largos años sus victimarios, expresando con ello el deseo de verlos formar parte de un escenario institucional democrático.
Ese fue un camino largo y muchas veces doloroso, y los gobiernos de la Concertación los condujeron en un proceso impecable de reinserción a la sociedad chilena, de restauración de una institucionalidad policial gravemente dañada y de reconocimiento social.
Carabineros volvió a incorporarse al patrimonio de Chile y dejó de ser parte de un proyecto político específico e instrumento al servicio de una opción ideológica determinada, que era la negación misma de su filosofía institucional. La Democracia legitimó la institución.
Ahora bien, Carabineros debe cumplir, a lo menos, una doble función: asegurar, por una parte, el orden público, y por la otra, hacerlo con estricto apego a los derechos de las personas que se encuentran expresamente garantizados en nuestro Orden Constitucional.
Es por ello, entonces, que hoy nos duele profundamente que, bajo la dependencia del Ministerio del Interior, vuelvan a percibirse aires de ruptura de sus más preciados valores, bajo el pretexto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.
No nos gusta ver Carabineros actuar de la misma forma que los pequeños grupos de encapuchados violentistas infiltrados en las manifestaciones ciudadanas: devolviendo con piedras, las piedras.
No nos gusta ver a Carabineros infiltrados escapando y dejando como prueba de su presencia su identificación policial.
No nos gusta recibir denuncias que dan cuenta de escuchas telefónicas ilegales por parte de Carabineros
No nos gusta ver a Carabineros golpeando con sus cascos el cráneo de un menor de edad para después ocultar su rostro.
No nos gusta ver a Carabineros pasivos durante largos minutos dejando actuar impunemente a delincuentes que se aprovechan del movimiento social para delinquir.
No nos gusta ver a Carabineros observar desde la distancia a un reducido grupo de encapuchados incendiar un automóvil y decidir no actuar para que aquellos consumen su delito, mientras ciudadanos de clase media en la comuna de Ñuñoa son víctimas al interior de sus hogares de la represión policial al manifestarse pacíficamente haciendo sonar sus cacerolas.
No nos gusta ver a Carabineros disparando indiscriminadamente bombas lacrimógenas a manifestantes, desde helicópteros o a transeúntes esperando locomoción.
No nos gusta ver nuevamente a Carabineros definiendo su actuar según las necesidades políticas del Ministro del Interior y no orientar sus decisiones operativas a partir de un protocolo preestablecido que dé garantías de cumplimiento de la ley sin excepción: para reflejar esto, basta señalar que más del 80% de las detenciones efectuadas en las pasadas manifestaciones, fueron declaradas ilegales por la Justicia.
No nos gusta verlos cuestionados por ser parte de un EVENTUAL MONTAJE TELEVISIVO como el ocurrido con motivo del incendio del automóvil Volkswagen Golf patente LY-5443 ocurrido el 9 de agosto en Santiago.
Ese auto se encontraba embargado desde al año 2001, en la causa “Financiera Conosur con Cristián Galli” y hasta la fecha se encuentra a nombre del demandado, no del señor Ricardo Possel que se presentó por los medios como su propietario, no registra a esta fecha seguro automotriz obligatorio y por lo mismo no puede tener permiso de circulación.
La mayor curiosidad radica en que recién el día 8 de agosto en curso, un día antes de ser incendiado, el 15º Juzgado Civil de Santiago dicta una resolución que ordena certificar la circunstancia de haberse alzado el embargo no obstante haberse tenido por pagada la deuda a la Financiera Conosur el 29 de septiembre del año 2004 (7 años antes).
Es razonable entonces preguntarse: ¿Porqué Carabineros no intervino hasta después de consumarse el delito de incendio, a pesar de estar a metros de distancia?
En fin, queremos verlos trabajar incansablemente previniendo delitos y cumpliendo su labor de persecución a los verdaderos delincuentes que, mientras se dedican a reprimir la protesta social, irrumpen con inusitada impunidad y violencia incrementando gradualmente el número y gravedad de los delitos que se comete a diario afectando la seguridad, los bienes y la vida de los ciudadanos.
Es responsabilidad del Ministerio del Interior el cuestionado accionar de la Policía de Carabineros. Y, al General de esta institución, habría que decirle que o es parte de la manipulación de que está siendo objeto Carabineros de Chile por parte del Ministerio del Interior, o simplemente ignora lo que ocurre en la Institución que dirige.
Lo que está ocurriendo es que se está utilizando a Carabineros como instrumento de una estrategia política orientada a deslegitimar la demanda social, criminalizar la protesta estudiantil y mejorar los deteriorados índices de apoyo que los ciudadanos están otorgando al Gobierno.