Desde la distancia a uno le queda la impresión que el malestar que se percibe en las últimas manifestaciones en Chile parece ir más allá de sus motivaciones inmediatas: HidroAysén, crédito universitario, lucro en la educación, etc.
Durante los veinte años de gobierno de la Concertación la reducción de la pobreza, uno de los objetivos programáticos fundacionales de la coalición, tuvo avances muy significativos.
Sin embargo al mismo tiempo y velocidad que se reducía la pobreza se fueron incrementando los grupos medios sin que para ellos existiera una respuesta de política adecuada.
Si bien se mejoraron de manera importante los ingresos de los más pobres, ya sea por las mejoras en las fuentes primarias de ingresos, como por las transferencias estatales, no se produjeron mejoras de igual importancia en la distribución del ingreso.
A comienzos de los años 90 Chile tenía, como prácticamente toda America Latina, una muy mala distribución de sus ingresos.
Después de 20 años esa distribución si bien mejora de manera significativa en términos estadísticos, sigue siendo muy desigual. Hace 20 años el foco fue puesto en mejorar los ingresos de los más pobres. Hoy eso no basta. Las desigualdades tan notorias se han vuelto extremadamente irritantes.
La desigualdad chilena no es solo un tema de ingresos monetarios. Estos de por si son muy desiguales. Se concentra en el último decil que supera con creces al que le sigue.
Incluso al interior del decil más rico las diferencias son muy pronunciadas. Este decil más rico vive como si estuviera en el primer mundo hace mucho tiempo. Existen estudios que demuestran que si se sacara del cálculo de distribución del ingreso ese último decil, nuestra distribución se asemejaría a la de los países más igualitarios de Europa.
Como digo, las desigualdades van más allá de los ingresos. Chile no ha superado la segmentación que se introdujo fuertemente durante la dictadura, donde se crearon barrios para ricos y para pobres. En ciertos sectores de Santiago la vida transcurre más cómodamente que en muchos países con desarrollo bastante más elevado que el de nuestro país.
Hay escuelas para ricos y para pobres. Salud para ricos y para pobres. Y muchos también perciben que existe una justicia para ricos y otra para pobres.
La forma en que los medios de comunicación se relacionan con los distintos chilenos es también indicativa de esas diferencias.
Dependiendo de quién se trate puede darle trato de culpable a quienes la justicia no le ha probado culpabilidad alguna, pero si está dentro de las elites preferidas por esos medios, el tema puede quedar permanentemente relegado a segundo o tercer plano cuando no totalmente olvidado.
Mucho se ha destacado que nuestra carga tributaria está muy por debajo de la que existe en los países OECD, de los que ahora formamos parte, y que ello debe modificarse si queremos mejorar nuestras políticas de protección social.
Más allá de las correcciones que hay que hacer dado el diferente tratamiento que se da a los costos por seguridad social en los países OECD y en Chile, es evidente que nosotros tenemos una carga significativamente menor.
Si queremos aumentar el gasto social debemos obtener mayores ingresos y no repetir las aventuras deficitarias que hoy afectan incluso gravemente al mundo desarrollado.
Junto a la necesidad de aumentar la carga tributaria está la de crear un sistema tributario más justo.
En Chile existe la percepción, de que no son los que más tienen los que pagan más impuestos.
El complejo sistema tributario nacional permite que a través de artilugios legales quienes puedan contratar las mejores asesorías legales y contables son los que menos pagan.
Incluso se ha acuñado el término de “elusión tributaria” para referirse a esos casos, pero para quienes no tienen esas asesorías y son parte de esa amplia clase media, todo esto resulta con razón irritante.
Se deben desmantelar una serie de privilegios que siguen presente en la sociedad chilena y buscar “emparejar la cancha”. Lo que se avanzó en años anteriores para lograr una economía más estable debe dar paso también ahora a una economía más justa.
Las recientes manifestaciones públicas en Chile dan cuenta de una sociedad mucho mas preocupada por lo público y lo colectivo de lo que muchos creían.
Durante varios años se resaltó el esfuerzo individual (las AFP y las ISAPRES son parte de ello) por sobre el colectivo o comunitario. Incluso a nivel laboral se privilegiaba la negociación individual por sobre la colectiva. Eso dio paso a un creciente número de “trabajadores por cuenta propia” carentes de toda protección social.
A las desigualdades de los ingresos también debemos sumarles otras de índole social. Basta ver la manera despectiva en que muchos tratan al pueblo mapuche que raya en el racismo, o el maltrato a los inmigrantes cuando estos no son de “tez blanca y ojos azules”, que denota cierta xenofobia.
Adicionalmente nuestro sistema político también consagra las desigualdades y los privilegios. La gente se aleja de las votaciones cuando percibe que su voto no importa. Pase lo que pase van a ser elegidos más o menos los mismos.
Esto no da para más. La gente debe percibir que su voto cuenta. Que ellos deciden.
Durante veinte años fue imposible modificar nuestro régimen político. Y ahora el pueblo ya lo pide en las calles. Debemos ser capaces de responder a ese llamado.
Chile clama por una sociedad mas justa. Más equitativa. Con posibilidades parejas para todos.
No puede ser que dependiendo de donde nazca una persona eso determine su futuro sin mediar los esfuerzos personales.
La movilidad social requiere de una “cancha pareja” que colectivamente debemos ser capaces de proveer. Ese es el próximo desafío.