El viernes pasado, después del horario normal de trabajo del sector público y en una sesión extraordinaria, la máxima autoridad ambiental del país dio luz verde al proyecto Mina Invierno que intervendrá de manera radical la Isla Riesco, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
El proyecto de Mina Invierno es un proyecto impulsado por dos de los más grandes grupos empresariales chilenos, que además tienen –ambos- fuertes vínculos con autoridades del actual Gobierno.
En un caso vínculos económicos y en el otro de relaciones políticas y de amistad.
Por iniciativas parlamentarias y ciudadanas se ha discutido las inhabilidades de las autoridades del Gobierno para participar en una decisión tan importante como esta, pero la Contraloría General de la República consideró que la relación del Presidente de la república con los inversionistas no era relevante y permitió, así, que los subordinados al Presidente pudieran adoptar este pronunciamiento.
El problema ya había sido planteado en la misma Región de Magallanes, luego de las presiones públicas del mismo Presidente para la aprobación del proyecto por sus representantes regionales.
Ello quedó en evidencia en informes que resultan patéticos a la hora de leerlos y contrastarlos con la realidad magallánica.
La subordinación es parte de lo que ocurre en materias ambientales en este gobierno, pero también de antes de este gobierno.
Hace algunos años se aprobó una Reforma de la Constitución para elegir a las autoridades regionales por votación de la ciudadanía de cada región, pero no se ha legislado para que esa norma constitucional se implemente.
Pienso que una de las razones para ello es que si las autoridades regionales deben responder a los electores proyectos como Mina Invierno o HidroAysén no se habrían aprobado.
Por otra parte la Mina Invierno se incorpora a la lista de proyectos, como las Centrales Castilla y Campiche, aprobados entre gallos y medianoche, lo que en este caso fue casi literal.
Es que los que convocaron a la sesión sabían que un viernes a las seis de la tarde, antes de un fin de semana largo, el impacto comunicacional de la decisión sería menor que cuando les correspondía hacerlo, el lunes anterior.
Sabían que la decisión gustaría a los inversionistas, pero no a los ciudadanos, y sabían que no se puede servir a dos señores simultáneamente. Escogieron servir al dinero.
Si hubieran tenido la convicción que estaban sirviendo a los ciudadanos no hubieran actuado entre gallos y medianoche.