Mujeres jóvenes que, recordemos, no solo han sido llevadas a poner en riesgo su vida en la clandestinidad, sino que, además enfrentan el cuestionamiento  público al haber sido denunciadas por los equipos médicos que debieron protegerlas y respetarles su derecho a la confidencialidad.

Frente a esta declaración, con respeto, pero con mucha fuerza, quisiera dirigirle algunas palabras a la Ministra.

Primero, Ministra, me gustaría decirle que compartimos la preocupación. Lo que están viviendo estas muchachas no es muy diferente a lo que han vivido numerosas mujeres producto de la ilegalidad del aborto en Chile.

Abortos precarios, clandestinos, desesperados, solitarios, realizados en el más absoluto silencio producto de la negligencia de  la sociedad toda. Esta situación, vulnera los derechos de las mujeres en múltiples niveles y agradezco a este gobierno que haya permitido visibilizar esta situación poniendo en agenda pública esta temática que las mujeres, las organizaciones de mujeres y feministas, de manera infatigable, no hemos parado de mostrar y denunciar en el país y más allá de nuestras fronteras.

Quiero decirle que entiendo que levantar este tema a nivel público y legislativo ha sido difícil y extenuante.

No obstante, con la misma claridad quiero recordar que, lamentablemente, el actual proyecto de ley no va a solucionar el problema de estas muchachas ni el de las mujeres que estén en su misma situación en el fututo. Lamentablemente, un futuro demasiado próximo.

El proyecto de ley sólo presenta una solución para el 3% de las mujeres, dejando en la absoluta clandestinidad y criminalización al 97% restante. En este sentido, Ministra, usted y yo deberemos seguir preocupadas y ocupadas, ya que aún no se vislumbra una solución de parte de nuestra clase elite política para ellas.

Segundo, Ministra, en su declaración, desliza una premisa que debo, a lo menos, interrogar, en virtud del cargo que usted ocupa, diseñado para contrarrestar la desigualdad política, económica, legal y social a que nos vemos enfrentadas las mujeres. Usted dice, textualmente, que veía con inquietud “que jóvenes lleguen a tomar una decisión compleja por carecer de suficientes redes de apoyo para poder continuar con sus embarazos, poniendo en riesgo sus vidas”.

¿Por qué me parecen interrogables estas declaraciones? Porque deslizar que una mujer se realizará un aborto por carecer de redes que le permitan continuar con su embarazo es no visibilizar  -aunque no fuese su intención- las razones profundas que pueden llevar a una mujer a tomar una decisión de estas características.

Un aborto, responde a una decisión compleja y multicausal y no debe reducirse a una falta de apoyo. Esto, pone en cuestión la legítima decisión de una mujer -por la razón que sea- de no continuar con un embarazo. Los partidarios de la ilegalidad aborto suelen promulgar la formación de equipos de acompañamiento no como una medida de salud y garantías -tal como lo promueve el proyecto que usted lidera- sino como una herramienta disuasiva para las mujeres que desean interrumpir un embarazo, bajo el supuesto de embarazos vulnerables y de soledad social. Acompañamiento que se sostiene en la coacción de las mujeres y en una falta de respeto a su autonomía. Y la hipótesis que sustenta esto, puede ser leída de la misma manera de lo que aparentemente usted declara.

No toda mujer desea ser madre. No toda mujer tiene las condiciones -psíquicas, subjetivas, económicas, biográficas, sociales- para ser madre. No toda mujer desea tener más hijos. No toda mujer desea tener un hijo de ese hombre, o concebido de esa manera, o en ese momento de la vida. No toda mujer deja de tener un hijo por falta de dinero o de redes. Esto, porque las mujeres tienen un proyecto vital que trasciende el modelo social de la maternidad como destino.

Le pediría, Ministra, con todo el respeto que usted y su trabajo me merecen, cuidar los mensajes que enviamos a tantas niñas y mujeres que están en estas condiciones desfavorables.

Así como me tomo la atribución de pedirle que trabaje de manera incansable para otorgar una verdadera solución a estas mujeres, que son la gran mayoría.  Para eso, cuenta con muchas chilenas.

“… La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de tener un embarazo no deseado. La dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de ser violada (…) hay violaciones violentas y otras que no son violentas.”

Posteriormente a estos dichos, la diputada se vio en la infructuosa necesidad de aclarar que hacía referencia a aquellas violaciones  que “no dejan marcas físicas” y que, por ende, son más difíciles de probar.

Se agradece la aclaración de la diputada Turres. No obstante,  es imperioso explicarle a ella -y a todos quienes no hayan visto mayor problema en sus palabras- algunas cosas que se pueden desprenden de sus dichos. Se trata de argumentaciones  que  debemos exponer  por consideraciones éticas y por respeto a las sobrevivientes y  potenciales víctimas de violencia sexual. Y para remarcar, una vez más, que hay que ser muy cuidadosa con las palabras que se expresan cuando se ocupa lugares de poder e influencia.

Una de las mayores dificultades para poder otorgar justicia en estos casos de violencia sexual, es  la dificultad de validar como tal toda violencia ejercida y no sólo aquella que se plasma en el cuerpo con evidencia concreta de los actos agravantes. La violencia que se plasma en la experiencia también es real y concreta. Y tremenda.

En este sentido, es deber aclarar que se trata de una  violación aun cuando no hayan golpes o acciones que dejen marcas corporales, aún cuando no haya reducción física, aún cuando no haya resistencia, aún cuando haya un consentimiento, siempre y toda vez, que ese consentimiento no haya sido libre y se actúe bajo coacción o cualquier tipo de abuso de poder.

Es decir, toda violación supone, en su concepción y en su acción, violencia y desconfirmación, pues prescinde del consentimiento libre de una de las partes.

Por lo mismo, cuando la diputada dice que habría violaciones no violentas, no solo permite suponer ignorancia sobre una problemática de la que debiese tener conocimiento al ser parte de la Comisión de Salud (razón por la cual posee millonarias asignaciones para pagar asesores expertos en las temáticas que ella podría no dominar de antemano) sino que comete un contrasentido que, en su estructura, se constituye en un acto de potencial violencia contra las víctimas.

Pese la aclaración de la diputada Turres, las concepciones que devienen de sus dichos generan confusión, desinformación y no visibilizan esta realidad. Se trata de concepciones que también hemos escuchado de diversos integrantes de la clase política y religiosa de Chile.

Estas palabras representan un discurso que minimiza la violencia sexual y sus efectos, razón por la que hasta el día de hoy los avances en estas materias son tan lentos. Y razón por la que el silencio parece seguir siendo el mejor aliado para las víctimas dejadas en total exposición y desprotección.

¿Cómo es posible que como sociedad sigamos condenando a las víctimas al silencio por el hecho de enfrentarse con una sociedad y con representantes que desmienten, sospechan , justifican y minimizan sus dolores?

¿Sabrá la diputada que gracias a esas creencias hay niñas, niños y mujeres que no son capaces de definir que fueron sujetos de violencia sexual aún cuando fueron víctimas, y sólo lo pueden hacer mucho tiempo después?

¿Sabrá que eso es posible, justamente, porque nuestra sociedad tiende a dar descrédito y a minimizar los actos, poniendo siempre énfasis en la responsabilidad y culpa en la víctima?

Sabemos que los efectos de la violencia son diversos. Pueden ser vividos de manera traumática evidente e inmediata. Con efectos posteriores o retardados en el tiempo. Tener consecuencias en dimensiones irrecuperables y en otras recuperables. Simbolizables o no simbolizables. Consecuencias conscientes o inconscientes. Pero sin duda, es una experiencia que dará un giro a la vida de quienes la han padecido. Es un quiebre. Como  todo quiebre es violento. La manera en que se tramite esta experiencia no será independiente del contexto en que su tramitación subjetiva se haga posible.

La diputada nos dice que la dignidadde una niña o mujer violada no se pierde en un caso de violación. Esto es, sin duda, cuando consideramos la dignidad en abstracto como una cualidad propia de todo ser humano.

No obstante, el sufrir un acto como éste la hace ser tratada de manera indigna por el otro. Este acto la mella y la saca de su lugar de sujeto para ponerla en un lugar de objeto. Eso le otorga un estatuto de indignidad, humillación y falta de reconocimiento que, además, es reforzado cada vez que alguien lo invisibiliza.

Las palabras de la diputada hacen eso, en vez de restituirle la dignidad y reconocimiento de su lugar de víctima (al buscar, a lo menos, justicia), la invisibiliza. Recordemos que todo acto de reparación busca esta restitución ya que es, ante todo, un acto de reconocimiento. Que alguien que legisla desconozca esta situación es, a lo menos, preocupante.

Aquí, resalto el contexto en que estas declaraciones fueron dichas. La diputada plantea que al ser difícil comprobar un acto de violación cuando no hay evidencia física del acto, quedaría abierta la posibilidad del engaño.Esta argumentación ponen en cuestión una situación que debemos resaltar hasta que deje de ser invisible: la dimensión de la sospecha.

En este país (y no solo en este país), toda víctima de violencia sexual se ve situada en el lugar de la sospecha: por los legisladores que deben legislar para restituirle los derechos perdidos, por el sistema judicial que debe ampararla y por la sociedad ciega a sus propios actos de discriminación.

Esto es impresentable. No se puede partir en base del supuesto engaño de una víctima sobre hechos  tan nefastos. Como en ningún otro caso delictual, la sospecha recae sobre la víctima y no sobre el victimario. Sospecha en sus intenciones, sospecha en su palabra.

Como sociedad, no podemos permitirnos seguir naturalizando prejuicios discriminatorios ni impunidad. No podemos,  mantener un sistema que redobla la violencia en las víctimas.

No podemos, como ciudadanas y ciudadanos seguir amparando discursos que ponen en cuestión las voces acalladas de las víctimas. Tenemos una gran deuda. Espero podamos saldarla algún día.

Lo que busca el proyecto de ley chileno, es otorgar a la mujer que vive una situación respecto a su embarazo considerada en extremo delicada, la autonomía para ejercer su derecho a decidir, libre e informada, sobre continuar o no de la gestación.

Esta decisión, deberá respetar, por un lado, las tres causales delimitadas por el proyecto (inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y violación) y los plazos límites explicitados.

Es decir, el proyecto presentado pone su mirada en otorgar a la mujer el derecho de decidir en esas situaciones y hacerse cargo –con todos los recursos necesarios- de otorgar las condiciones de atención y cuidado que la mujer requiera, ya sea decida continuar su embarazo o ponerle término.

Hasta aquí el proyecto del Gobierno. Énfasis en hacerse cargo de una parte de la realidad de las mujeres que las expone a condiciones potenciales de sufrimiento que pueden transformarse en  situaciones concretas de violación de derechos humanos. Toda mujer que curse un embarazo en estas condiciones, que no pueda decidir libre y de manera informada si continuarlo o no, que no pueda recibir las atenciones de salud integral que la modernidad le puede propiciar y que corra riesgo de ser encarcelada por poner término a esta situación de sufrimiento, es una mujer en situación de violación de derechos humanos.

Razón de ello han sido los reiterados llamados que ha recibido el Estado de Chile por parte de los organismos internacionales de derechos humanos para poner término a la penalización total del aborto.

Los sectores partidarios de la ilegalidad del aborto, han volcado su campaña descentrando el debate sobre la propuesta de ley del Gobierno, poniendo la mirada en el acto de aborto antes que en la mujer, prescindiendo de ella. Este cambio no es menor porque transforma una discusión sobre derechos de la mujer y consideraciones de salud pública en un debate valórico (e injusto, me permito agregar).

Valórico, pues pone la discusión en las distintas concepciones sobre lo que concebimos como los orígenes de la vida, el reconocimiento de la persona, la existencia del alma, la defensa de la vida. Injusta, pues hace aparecer a algunos defendiendo la vida y a otros contraviniéndola al punto de ser considerados criminales. Nada más lejos de esta discusión, nada más injusto con las mujeres, nada más injusto y simplón para la dimensión compleja de lo que estamos discutiendo.

Así asistimos a lo propuesto por parte de la DC y otros sectores, donde se explicita como crítica que este proyecto “daría mucho énfasis a la autonomía y capacidad de decisión de la mujer y no resguardaría el derecho a la vida del feto ni  fortalecería la maternidad”. Es decir, para estos sectores conservadores (dentro de la Nueva Mayoría y fuera de ella) un Estado debe garantizar que las mujeres que se embarazan lleven a término sus embarazos a todo evento, así (el hijo) “… no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte” (en palabras del ex senador UDI Jaime Guzmán)

Como el objetivo último es ese, aquel expresado de manera clara, precisa y sin eufemismos por el constituyente Jaime Guzmán, es que se promueve un Programa de Acompañamiento orientado al fortalecimiento de la maternidad, que asegure la posibilidad de que las mujeres continúen con sus embarazos. De lo que aquí hablamos es de programas con un claro fin disuasivo. Basta leer las propuestas y contrarrestarlas con experiencias similares en otros países. Una vez abierto el debate centrado en ellas y que sean de público conocimiento, podremos comentar en detalle sus límites y posibilidades.

Mientras tanto, el punto es ¿un Estado debe generar una ley para otorgar y garantizar derechos a sus ciudadanas o debe promulgar leyes que, junto con lo primero, la disuadan de ejercerlos? Es un aspecto complejo ya que, en una primera lectura, un Programa de Acompañamiento aparece como una propuesta razonable. Y lo es.

Razonable y necesario, siempre y cuando se mantenga centrada en la entrega de todos los apoyos requeridos voluntaria y explícitamente por las mujeres. Porque  no da lo mismo la manera en que definamos el acompañamiento. El acompañamiento debe ser garantizado, pero nunca, bajo ningún pretexto, impuesto. Es básico en toda noción moderna de respeto a los derechos de los pacientes así como de cualquier concepción de lo terapéutico.

Cualquier iniciativa de estas características debe estar centrada en la voluntad de la mujer de querer participar en el y en el derecho de poder dejar de hacerlo cuando ella lo decida.

Este debate sobre la despenalización del aborto nos  devela, más que nunca, cómo nuestra sociedad concibe a las mujeres. Y nos concibe tal y como el ex senador Guzmán nos retaba y retrataba. Y, al menos a mí, no es una concepción que me refleje.

Ya es hora de que dejemos de pensar (y pensarnos) a las mujeres como sujetos sin discernimiento y sin capacidad de elección. Debemos, a su vez, dejar de concebirlas (y concebirnos) como objeto público necesario para la reproducción, como seres que deben realizar actos heroicos y brutales, impuestos por ley, sólo para garantizar la sobrevivencia de la especie.

1. El reconocimiento a la existencia, gravedad y a los efectos brutales de la violencia sexual que padecen las mujeres en este país.

2. El reconocimiento a la violencia que puede implicar obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que fue concebido sin su consentimiento.

El debate de la despenalización del aborto por tres causales ha evidenciado de manera lamentable que estos dos aspectos básicos de la dignidad de cualquier mujer no están resguardados.

Primero, por la relativización, negación, desmentida y minimización de la violencia sexual como problema imperante en nuestro país (recordemos que gran parte del debate se ha centrado en atribuir a las mujeres la responsabilidad de ser violentadas sexualmente, o atribuirles un uso malicioso de falsas acusaciones al respecto, o desestimar las cifras de incidencia) y segundo, por no hacerse cargo de la violencia que implica a una mujer obligar a llevar a término un embarazo no consentido.

La potencia de este aspecto es que, precisamente, invisibiliza la subjetividad femenina como relevante. Pensar incluir la subjetividad de una mujer en el debate obliga a pensar a una mujer no sólo como un cuerpo que engendra y que está biológicamente disponible para parir, sino que ese cuerpo es parte de una individuo llena de complejidades –como todo ser humano.

Si aceptamos ese punto –el que la mujer no es un cuerpo despojado de subjetividad-, aceptamos que la mujer es una sujeto que no puede ser reducida a su función reproductora.

Cuando incorporamos la noción de trauma psíquico, nos hacemos cargo de que aquello que sucede en nuestro cuerpo y en nuestro entorno tienen efectos que pueden ser nocivos para nuestra salud mental (y viceversa). Y que afectan la manera en que una vida se hace vivible.

La maternidad, como acto humano, es un lugar privilegiado para mostrar esto, ya que reviste una función compleja. Una mujer que se embaraza debe llevar a cabo un largo y trabajoso proceso de maternaje, proceso que no todas las mujeres están en condiciones de asumir ya sea por razones sociales, subjetivas, vitales, históricas u otras. Obligar a una mujer a asumir un embarazo no deseado, es obligarla a escindirse, a anularse como sujeto y a reducirse a un cuerpo sin subjetividad. Esto, es pedir algo no solo monstruoso sino que imposible de realizar sin negar la condición de seres humanas a las mujeres.

Cuando pretendemos obligar a una mujer a asumir una maternidad no deseada, la estamos vulnerando.

Obligar a una mujer a que asuma un embarazo no deseado, sea cual sea la razón que causa el embarazo, es, simplemente, brutal. Y si, aún más, la razón de ese embarazo es una violación, simplemente hablamos de un acto de desprecio humano fundamental.

Estas declaraciones -cuyo contenido está disponible en los medios de prensa- no puede dejarnos silentes. Ha sido un duro acto de violencia hacia las mujeres y niñas violentadas sexualmente a diario en nuestro país, así como para una gran mayoría de chilenos y chilenas. Pero esta declaración no ha sido la única. Han abundado una serie de juicios y prejuicios hacia las mujeres que debemos mostrar.

El incipiente debate sobre la despenalización del aborto nos está dejando ver, en toda su magnitud, la naturalización de la violencia a la que estamos expuestas las mujeres a diario. Las argumentaciones, más que tener “altura de miras”, nos está exponiendo a una violencia que debemos denunciar y visibilizar. Violencia que, sin duda, trae aparejada las representaciones y fantasías de lo femenino que abundan en nuestra vida diaria. Quisiera referirme en esta oportunidad a dos de ellas.

Mujeres y libertinaje. De las distintas declaraciones contrarias a la despenalización se desprende la noción explícita e implícita, de que las mujeres somos “libertinas” y que estamos esperando contar con una ley que despenalice el aborto para poder dar rienda suelta a nuestros deseos más profundos. Así, podremos sentirnos libres de ejercer la sexualidad ya que, si quedamos embarazadas producto de nuestro desenfreno, podremos abortar con facilidad.

Primero que nada, es necesario decir para quienes aún no lo saben, que las mujeres somos seres sexuales y deseantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deseamos al igual que los hombres y que tenemos la infinita y maravillosa capacidad de sentir placer a través del ejercicio de nuestra sexualidad. A través de nuestro cuerpo, de nuestra fantasía, solitariamente y en el encuentro con otro u otra. Eso, lejos de ser condenable, es una capacidad hermosa que tenemos derecho a ejercer.

Con el conservadurismo imperante y con el modelo Mariano de nuestra sociedad, hemos sido convencidas y socializadas desde nuestros primeros meses de vida en la noción de que hay mujeres buenas (damas, señoritas, libres de la expresión impúdica de sus deseos y conductas sexuales cuyo fin en la vida es ser (buenas) madres) y aquellas malas (putas, ofrecidas, sueltas).

A las mujeres buenas se las quiere bien y son las que los hombres buscan para casarse.Las mujeres malas (sexualizadas) son reprochables y están condenadas a no ser tomadas en serio.Las mujeres buenas son precavidas y cuidadosas. Las mujeres malas, son aquellas que se descuidan y que incitan al otro a cometer actos de falta. Son las mujeres expuestas a ser violentadas sexualmente y ser responsables de ello.

Algo hemos avanzado en esa materia, pero no lo suficiente. Cada vez más tenemos conciencia de que la sexualidad y la capacidad de vivirla plenamente no es un acto reprochable sino que es parte elemental de nuestra subjetividad, de nuestra salud física y psíquica.

Muchos hombres y mujeres lo han entendido así y no solo disfrutan de la sexualidad plena de sus parejas sino que las ayudan a despojarse de la socialización absurda y a encontrarse con su capacidad de disfrutar. Hombres y mujeres que no se intimidan con la exquisita capacidad de goce femenino sino que buscan estar a la altura de este.

Hombres y mujeres que han entendido que las mujeres, además, tienen derecho a decidir con quién intimar y donde cobra vida y fuerza la frase “No es No”, independientemente de las condiciones, el contexto, las vestimentas o cualquier otro hecho que pudiese poner en cuestión su consentimiento explícito.

Pero aún quedan muchos hombres y mujeres que no han logrado encontrarse con esta maravilla.Las declaraciones del diputado lo dejan en evidencia. Declaraciones que, dicho sea de paso, son inaceptables y violentas, llenas de agresividad al relativizar el acto condenable de la violación a una niña o mujer.

¿Cuándo es violación? Se pregunta el diputado. Aprovecho de aclararle ese punto: lo es cuando no hay consentimiento, cuando se fuerza o se abusa de una condición de indefensión. Así de simple, así de claro. Y aprovecho de decirle, también, que nunca, bajo ninguna circunstancia, jamás, una víctima de abuso o violación es culpable. Ni siquiera mínimamente responsable de ello. Grábeselo, señor diputado.

Este debate sobre el aborto, demuestra que se tiene la noción de que las mujeres deben ser controladas, domesticadas, reguladas. ¿Cuál es el temor que hay detrás? ¿Será acaso el temor a que las mujeres sean capaces de pedir, demandar, de negarse, de evaluar a sus parejas en estas materias, que no se conformen sólo con ser madres sino que exijan su existencia plena como mujeres?

El “libertinaje” está asociado a lo indómito, a lo no cosificable. Una mujer libertina es una mujer sin dueño. Pero, he ahí el punto de inflexión. Los seres humanos no debemos tener dueños. Tenerlos sería ser esclavos y esclavas y, a estas alturas, la esclavitud es algo que, como sociedad, debemos superar.

Las mujeres no somos objetos de libre disposición. Y, claramente no necesitamos de una ley de aborto para ejercer nuestra sexualidad. Somos sujetas de decisión, aunque este país aún no lo haya entendido así. Pensar lo contrario, es tener una concepción muy precaria y muy degradada de las mujeres. Y eso es extremadamente violento.

Mujeres Asesinas. Junto con lo anterior nos encontramos con un temor aún más arcaico: el temor a que las mujeres no sólo no deseemos ser madres (contraviniendo el mandato social y la esencialización discursiva de la “naturaleza” de la mujer) sino que disfrutemos del acto de abortar. Asesinas a los ojos de muchos y muchas. El mito de Lilith presente en la literatura –el lado oculto de la historia del génesis bíblico- lo muestra en toda su magnitud.

¿Cómo sino entender que se piense que el aborto se usará como método anticonceptivo como si a las mujeres nos encantara la idea de abortar? El acto de interrumpir un embarazo no es fácil. Un aborto es una violencia al cuerpo, un acto doloroso y difícil gran parte de las veces. Un acto al que -podría aventurar- ninguna mujer desearía estar expuesta.

En todos mis años como psicóloga clínica –y como mujer- he acompañado a muchas mujeres que se han planteado la idea de abortar, a muchas que lo han hecho y a otras muchas que nunca se han enfrentado siquiera a esa idea. No conozco ni una mujer que haya abortado a la que le haya sido simple tomar esa decisión. Aún cuando no hubo titubeos y primó la certeza de que era lo que había que hacer.

No conozco ninguna mujer que esté pensando en el aborto como un método anticonceptivo. No sólo por sus nociones valóricas, sino porque es un límite al que se ven enfrentadas al momento de tener noticia de un embarazo que no llegará a término por inviabilidad fetal, que pone riesgo la vida de la mujer, un embarazo no deseado (ya sea por haber sido brutalmente forzadas o porque los otros medios de evitarlo fallaron o no estuvieron disponibles).

El aborto es un acto que requiere de una decisión razonada y la mayoría de las veces es una decisión difícil que por sobre los costos, vela por la salud psíquica y la vida futura de la mujer que la ejerce. Esta noción de salud psíquica está altamente cuestionada por los detractores de la despenalización dejando entrever que lo que pase con las mujeres no es relevante. Eso es extremadamente violento, también.

Quisiera finalizar con lo siguiente. Este debate es una oportunidad de plantearnos como sociedad no sólo sobre el derecho a la vida del que está por nacer, sino también sobre nuestras concepciones de la mujer como objeto o sujeto de derecho pleno.

Esperemos que lo que resulte de esto esté más cerca de lo segundo que de lo primero.Es la única manera de avanzar a una sociedad más justa, más igualitaria, más humana y libre de violencia de género.

La presentación del proyecto, como parte de los compromisos del Programa de Gobierno de la Presidenta, es algo que a muchos y muchas nos alegra. No obstante, me es preciso plantear algunas preocupaciones.

Preocupa que este proyecto, según se nos informa, se presente a discusión por partes, permitiendo que cada causal se vote por separado. Esto es inquietante.

En primer lugar, a diferencia de las reformas tributaria y educacional, en que el llamado a los diputados y senadores de la Nueva Mayoría fue a que se alinearan de manera obediente con el proyecto del gobierno y a votar todos los artículos relevantes de manera unificada,  el llamado aquí es  dejar en libertad de acción a los parlamentarios, para que puedan votar de acuerdo a su conciencia. Debo decir que este llamado produce una inevitable decepción.

Esto, pues se sitúa el proyecto dentro del marco de las conciencias personales y no en el marco del bien común y del respeto de derechos fundamentales. Es decir, el proyecto que se presentará – que se suponía otorgaría a las mujeres el derecho a decidir por razones humanitarias indiscutidas por la mayoría de los países y organismos de derechos humanos sobre si seguir o no con un embarazo que atenta contra su integridad física o psíquica, no es un proyecto que se conciba en el marco de los derechos.

Algunas esperábamos que este fuese el momento de que nuestros gobernantes tuvieran una postura enfática en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Más aún con la reciente creación del ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Todo un avance simbólico, sin duda. Pero no ha sido así. Dejar esta ley en manos de las creencias personales es negociar los derechos femeninos, postergarlos e invisibilizarlos.

Parte de lo anterior ha sido escuchar de parte de parlamentarios de la Nueva Mayoría declaraciones que sorprenden. La que más, es que los votos de la coalición de la Presidenta no están asegurados para la aprobación de este proyecto. El diputado Schilling – jefe de la bancada socialista-  aduce al respecto que “el PS recoge a gente que adhiere al marxismo, (y) hay laicos, católicos, evangélicos, y para los cristianos el aborto es un asesinato”. “No podemos pedirles que se condenen al infierno -aunque no exista- así que habrá libertad de acción”.

Quisiera decirle al diputado que nadie está pidiendo que se asesine a nadie. Ese argumento sólo demuestra simplicidad respecto de los debates actuales que no esperaríamos escuchar en boca de un socialista en el año 2015. Sólo se está pidiendo que nuestros parlamentarios voten en materia de derechos, que otorguen el derecho a decidir a las mujeres (en 3 causales mínimas y en condiciones claramente reguladas) y que cumplan el programa con el que ellos se comprometieron y por el cual muchos chilenos y chilenas votaron. Quisiera recordarle que es el Jefe de bancada del partido de la Presidenta y que sus declaraciones son, a lo menos, inquietantes,en su forma y en su fondo.

Jamás avanzaremos hacia derechos universales si estos están cruzados por creencias personales.El derecho que se solicita, es el derecho a tener garantías de salud mental y física, el derecho a una vida digna, el derecho a decidir. No se pide a nadie que esté a favor o en contra del aborto. Esa opinión es personal y cada quién verá cómo se sitúa frente a esa difícil disyuntiva en caso de tener que tomar una decisión.

Forzar a una mujer a abortar sería una aberración. Forzarla a no hacerlo también lo es.

Una última reflexión. Si todo esto ocurre en base a un proyecto que se hace cargo de 3 situaciones límites en la vida de una mujer, donde resulta incomprensible la falta de empatía con el dolor de esas mujeres y niñas, ni hablar de pensar en la posibilidad de aborto legal en un país que sigue concibiendo a las mujeres como reproductoras de la especie, destinadas a parir, a costa de ellas mismas si fuese necesario.

Será un proyecto a ser discutido en el Congreso que ya ha despertado un debate en la sociedad entre los distintos sectores que apoyan o rechazan esta posibilidad.

Aparecen en escena aquellos llamados pro vida, aquellos que se dicen defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte del sujeto, y que llaman asesinos o defensores de la muerte a aquellos que estamos a favor de la despenalización.

En este contexto, marcaré mi posición.

Soy enfática en decir que no quiero que las mujeres aborten. No quiero que las mujeres se vean en la necesidad de tomar una decisión que sin duda es difícil. No quiero que deban verse en la necesidad de violentar sus cuerpos y, en muchos casos, de violentar sus creencias más profundas. No quiero que las mujeres aborten en el contexto de la criminalización, de la más profunda soledad y de la estigmatización de una sociedad entera.

Por lo mismo, seguiré luchando porque en este país se logre una educación no sexista y con una orientación profunda de derechos humanos, que nos enseñe desde pequeños que somos todos iguales, que hombres y mujeres merecen el mismo respeto, el mismo trato, que nadie tiene derecho de someter al otro, a abusar de él ni a considerarlo un objeto de propiedad (ni propiedad del Estado, ni de la familia, ni de la pareja, ni de nadie que no sea la propia persona que lo porta).

Seguiré luchando porque en este país contemos con una educación sexual laica desde la infancia y que se promulguen y respeten los derechos sexuales y reproductivos para todos y todas.

Que contemos con acceso a la información, a la conversación y a relacionarnos con nuestro cuerpo y nuestros deseos sin culpa. Que la sexualidad pueda ser vivida en un marco de autonomía, del placer compartido y del auto cuidado.

Que existan políticas de salud que den acceso oportuno a los métodos anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres y a la píldora del día después ante todo evento.

Que nuestra educación y nuestras políticas se basen en derechos y acuerdos colectivos, y no en creencias individuales ni religiosas.

Seguiré luchando porque en este país se construyan representaciones de maternidad y paternidad responsable, donde el eje no sea reproducción como destino sino que su eje sea el consentimiento y el sentido para hombres y mujeres.

Y, seguiré luchando para devolver los derechos a las mujeres sobre la autonomía de sus cuerpos. Seguiré luchando por dar oportunidad a aquellas que han sido víctimas del abuso, del abandono, de una sociedad sexista y negligente.

Seguiré luchando por aquellas que no han tenido acceso a los métodos de prevención o a las que les han fallado, por aquellas que por diversas razones no se sienten preparadas ni síquica ni físicamente para llevar a término un embarazo.

Lucharé por la legalización del aborto para que las mujeres que se vean en la difícil encrucijada de decidir por la continuación o no de su embarazo, puedan acceder a su interrupción de manera regulada y segura. Que no sean penalizadas por el Estado, que sean cuidadas, que se les permita, independientemente de sus recursos económicos, contar con un servicio de salud que le provea garantías y cuidados necesarios. Y sin reproche.

Que nadie se sienta con el derecho a insultarla, a tratarla de asesina, de meterla presa, de conminarla a hacerse responsable por “abrir las piernas” ni a “cargar cruces” –como decía Jaime Guzmán- aunque ese embarazo sea producto de una violación cobarde o de un incesto aterrador.

Porque no sacamos nada con enarbolar banderas de defensa de la vida del potencial ser humano, si no somos capaces de respetar la vida, los derechos y la conciencia del que ya existe, de dar las condiciones básicas a los individuos de nuestra sociedad a tener un trato digno, respetuoso y solidario.

Yo estoy por la vida.

Hoy, nos convoca otra joven. Una joven de 17 años en riesgo vital y que ha sido denunciada por el médico de turno cuando ella recurre al centro hospitalario en busca de ayuda.

Frágil, desangrándose, moribunda, y el médico desconoce el principio de confidencialidad al cual debe adscribir en estos casos. ¿Por qué? Porque tanto él como la ley chilena considera que esta joven es una criminal.

Dentro del programa de la presidenta Bachelet está la consideración de la despenalización del aborto en tres causales. No obstante ya la Ministra ha dejado entrever que, si bien están prestas a cumplir el programa de la presidenta, este tema ha sido desplazado para “más adelante” y “sin fecha precisa”.

Porque, debemos decir, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siempre han sido materias consideradas no prioritarias y negociables por los políticos y gobiernos de este país. De todos los colores, es justo agregar.¿Hasta cuándo me pregunto yo?

Las mujeres no pueden seguir siendo tratadas como criminales o asesinas. No pueden seguir muriendo desangradas por abortos clandestinos.

No podemos dejar solas a las mujeres ante esta violencia. Debemos entregarles, como estado, leyes que sean coherentes con ellas. Darles la libertad de decidir, de acuerdo a las creencias de cada quién y de las situaciones particulares que la rodean. Y entregarles todos los cuidados y resguardos necesarios –físicos y psicológicos- para que esta decisión sea tomada en conciencia, en libertad y resguardada.

Como sociedad, debemos asumir la responsabilidad de no permitir que este debate se silencie.

En lo personal, no puedo guardar silencio, mientras sé que esta joven de 17 años no sólo carga con su historia, no sólo carga con la decisión (si es que la tomó ella) de abortar, no sólo carga con el daño físico al cual ha sido sometida, sino que además carga con la criminalización de su país entero.

De las reflexiones subjetivas sobre el aborto, de las complejidades de la maternidad, del costo psíquico del embarazo, de los contextos sociales que acompañan estos momentos, del derecho a la vida, de la dignidad de la vida, podemos hablar en otra ocasión.

Hoy, una mujer en Chile está muriendo y ha sido denunciada, por no tener derecho a decidir ni a recibir un trato digno.

El reportaje de Ciper sobre el sacerdote Joannon evidencia –entre otras cosas que no comentaré acá- un discurso facilista que ha estado presente en el conservadurismo chileno desde décadas.

Discurso que se ha enarbolado como consigna en los grupos mal denominados pro vida como una alternativa al aborto: dar al niño “no deseado” en adopción, bajo el manto de un sentido piadoso y de protección a la vida.

Discurso que ha permitido y sostenido por décadas actos tan atroces como los que ese reportaje devela. Porque esto es historia antigua en nuestro país. Pero no historia pasada. Muy presente aún.

Quiero dejar en claro que lo que plantearé no es un discurso en contra de la alternativa –absolutamente legítima- de muchas mujeres de dar un hijo en adopción. Lejos estaría de plantear algo así.

Tengo la convicción de que una mujer no solo tiene todo el derecho de decidir, primero, a querer llevar un embarazo a término, sino que también, no obstante esa decisión, decidir que la mejor alternativa es entregarlo en adopción. Esto es porque entregar un niño en adopción implica contemplar la posibilidad de que pueda ser criado por alguna familia que tenga las condiciones emocionales que ella siente que no posee en ese minuto de su vida.

Lo que quiero dejar explicitado en esta columna es mi crítica sobre la idea de que esa decisión es fácil y aséptica.

Las personas que se oponen a la despenalización del aborto y proponen esta solución como la gran salida moral para las mujeres, obvian algo que es muy relevante: el proceso de maternaje de una mujer embarazada en el transcurso de los meses de gestación y la consecuente violencia al tener que ser separado de ese niño.

En mi ejercicio clínico he visto a no pocas mujeres enfrentadas a ese dolor. Es más, he acompañado a mujeres con embarazos producto de violaciones que han optado por dar ese niño en adopción.

He asistido al conflicto que eso les genera, a las culpas que deben ser trabajadas día a día, al trabajo constante y diario de desidentificación de ese ser que crece y se hace carne en sus cuerpos.

Conflicto que, ciertamente, no termina en el momento de hacer entrega de su hijo, por mucho que la decisión se valore y no se cuestione. Las he acompañado esos meses, a algunas en sus partos, y también en tiempos posteriores donde este relato es una historia que se constituye como un mal sueño.

Recordemos, en este punto que la opción del aborto, para muchas de ellas, no era posible.Uno, porque el aborto en este país no es legal; dos, porque la presión social y/o religiosa hace que esa decisión pueda vivirse con una culpa que aliena la propiedad de las mujeres de sus propios cuerpos y vidas; tres, por no contar con los apoyos económicos y psicológicos que una decisión de esa magnitud requiere; cuatro, por decisión clara y decidida de no querer abortar.

También he conocido historias de mujeres que, al igual que de las que conocimos testimonio por el reportaje de Ciper, fueron víctimas de terceros que tomaron la decisión por ellas. Mujeres cuya decisión fue tomada por sus familias, sin que nadie les consultara.

Mujeres a veces engañadas, otras silenciadas, cuyo deseo profundo y final era ejercer la maternidad de ese ser que era considerado por ellas como un hijo.Y es horroroso que te arrebaten un hijo. Horroroso y de una violencia inconmensurable.

Estamos hablando de la dimensión del dolor psíquico, algo que para muchos en este país –demasiados- no tiene ningún lugar visible.

Quienes creen que la adopción es una opción ante el aborto, están en lo cierto. Lo es.Pero quienes creen que es una decisión mejor que el aborto, que no genera daños en la psiquis femenina, que es capaz de borrar las huellas de una historia que se pretende olvidar, están muy equivocados.

Y es hora que enfrentemos el tema del resguardo de nuestras mujeres de una manera seria. De dejar de sacralizar la maternidad dándole condiciones de una moralidad conservadora que no tiene.

De poder devolver a las mujeres la decisión sobre lo que pasa en sus cuerpos y en sus vidas.

De dejar de considerar que un niño es un objeto de intercambio. Y de poder decidir, con todas las complejidades que conlleva, cuál es la mejor decisión para sus vidas y para la vida eventual de ese niño o niña.

Sólo en ese minuto vamos a poder dejar de avalar historias como las que estos casos nos han enrostrado, relatos de vida que construyen la historia oculta de este país que insiste y aparece de vez en cuando para recordarnos que la crueldad puede esconderse bajo las mantas de la malentendida moral.

Parto de la base que esto es un crimen terrible.Parto de la base que esto no debió suceder.Parto de la base que en nuestra sociedad es un delito punible y despreciable.Dejando esos puntos claros, me gustaría compartir mis reflexiones.

El infanticidio es un delito de mucha complejidad.Lo es, no sólo porque cobra la vida de un recién nacido, sino que también, porque hace eco de un sinfín de estereotipos culturales que criminalizan un acto sin ninguna reflexión.

¿Y porqué tendríamos que reflexionar?

Porque no podemos descartar, en su principio, que este crimen está cruzado por una sociedad que no ha sabido acoger la complejidad de lo materno, de la sexualidad y de las mujeres.

Los matinales han hecho un festín a costa de esta mujer, y hemos asistido a una verdadera lapidación pública de ella. Escuché a unos conductores sorprendiéndose de la cara de la joven, que no expresaba ni un mínimo de congoja, ocupando ese dato como gesto culpabilizador.

Escuché también especialistas diciendo “una madre que no quiere tener hijos tiene otras vías.”Alguien incluso dijo “durante los primeros meses de embarazo pudo haber abortado”.Y escuché muchas referencias al “instinto maternal”.

No escuché a nadie preguntarse por el padre.

No escuché a nadie preguntándose qué hubiera pasado si en Chile el aborto fuera legal.

No escuché a nadie preguntándose por las condiciones en que esta mujer debe haber estado, para ocultar 9 meses su embarazo de todo su entorno, tenerlo sola, sin apoyo, escondida, soportando los dolores, para después darle muerte de forma macabra.No escuché a nadie argumentando los niveles de alteración en los estados de conciencia en que esta chica debe haber estado.

En nuestras cárceles, hay muchas mujeres presas por infanticidio, aborto y parricidio.Los parricidios responden en muchos de los casos a historias de maltrato sistemático de sus parejas o abusos.Gran número de infanticidios corresponden a mujeres jóvenes, de escasos recursos, con embarazos productos de violaciones (muchas incestuosas).Muchas de ellas, una gran mayoría, con estados alterados de conciencia.(Convengamos que las mujeres con recursos económicos, por lo general no llegan a presidio).

Y me pregunto: ¿una sociedad que no permite a la mujer decidir de manera segura y sin repudio si lleva a término o no un embarazo, acaso no es cómplice de este crimen?

¿Acaso no lo es el hombre que fecundó a esta mujer y que brilla por su ausencia?¿De verdad creemos que como sociedad hemos dado las condiciones de contención, cuidado, respeto y de no discriminación a las mujeres que se alejan del modelo “mujer-buena-madre” para poder resolver sus dificultades, no temer embarazarse fuera del matrimonio, no sentir que un hijo es algo insoportable por lo que conlleva, no sentir que serán discriminadas?

¿De verdad aún no podemos entender que el instinto maternal no existe y que la maternidad es un proceso complejo –psíquico y social y no sólo físico- en el cual se configuran múltiples variables?

Hay mujeres que en las circunstancias más adversas, toman la decisión de llevar su embarazo a término y criar a su hijo. Otras mujeres deciden llevar su embarazo a término y dar el recién nacido en adopción. Otras , simplemente, por distintas razones –psíquicas, emocionales, sociales- no son capaz de albergar la maternidad en sus cuerpos. ¿Cómo nos hacemos responsables de esas mujeres?

Creo que estos casos tan lamentables, tan extremos y tan tristes nos obligan a mirar nuestra sociedad de manera crítica.De no hacerlo, sólo nos quedamos en la lapidación pública de una mujer que quebró su vida y la de un recién nacido de manera feroz y para siempre.

No es la primera. No será la última. Yo, al menos, no me quedo tranquila. Y culparla sólo a ella, no es algo que me de paz.

Con respecto al primer punto, no es casual que en este país la ley que penaliza la violencia hacia las mujeres lleve por nombre “Violencia intrafamiliar” (sin olvidar que, anteriormente, era signada como “violencia doméstica”).

El nombre VIF lleva en sus letras la raigambre de nuestro conservadurismo: reducir la violencia de género al espacio de la familia. En el último tiempo se ha intentado avanzar en ampliar este espacio a las relaciones de pareja –fuera del ámbito entendido como familiar- pero sin mucho éxito.

Ejemplo de esto es que mujeres que son violentadas por hombres que no son sus maridos ni convivientes, o con los cuales no tienen hijos en común, les es más factible interponer una denuncia por lesiones común y silvestre que una denuncia por VIF, ya que el sistema judicial no les da prioridad alguna.

Si sumamos que en la aplicación de la ley hay falencias importantes, que las mujeres no se sienten amparadas por la ley que busca protegerlas y el fracaso de las medidas preventivas, podemos decir que estamos en una situación crítica.

Con respecto al segundo punto, el panorama es aún peor, ya que en nada o poco se ha avanzado desde que se penalizó el aborto el año 89.

Por eso, el programa de Michelle Bachelet, quien será probablemente la futura Presidenta de Chile, nos entrega propuestas interesantes. No sólo en su contenido, sino que por sus implicancias.

En su Agenda de Género, intenta retomar el abordaje de las problemáticas de las mujeres desde aspectos que son fundamentales.Propone abordar la problemática de género de una manera transversal en áreas de relevancia como educación, poder, trabajo y derechos constitucionales.Y, entre muchas medidas interesantes que podríamos comentar, hay propuestas concretas con respecto a VIF y despenalización del aborto.

Con respecto a VIF hay una propuesta que, en sí misma, es un giro simbólico:se propone modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar incorporando todo tipo de violencia de género.

Me parece que este giro es una visibilización importante por muchos años requerida. Sacar la violencia de género del ámbito de la familia y darle un reconocimiento como flagelo que la trasciende. Esperemos que se plasme en contenidos concretos, pero también con un cambio en el nombre mismo de la ley.

Por otro lado, se propone la despenalización del aborto en tres circunstancias: riesgo de vida de la madre, inviabilidad extrauterina y en caso de violación. Esto representa un importante avance para el respeto de los derechos de las mujeres en este país.

Despenalizar el aborto, aunque esté restringido a estos tres eventos, devuelve no solo una porción de autonomía a las mujeres sobre su cuerpo sino que, además, reconoce simbólica y legalmente el estatuto e importancia del sufrimiento psíquico de la mujer ante embarazos no deseados.

Reconocer el sufrimiento de las mujeres, reconocer el derecho de elegir sobre sus cuerpos, reconocer que no se debe establecer un dominio sobre la mujer en base a la violencia –del golpe, la palabra, los actos o la ley del estado- es un avance en la humanización en el trato que da el Estado de Chile a sus mujeres.

Aún necesitamos seguir avanzando para lograr un cambio cultural y simbólico que permita a las mujeres una ciudadanía digna y plena de derechos. Con los cambios propuestos aún no se logrará, debemos decirlo. Pero debemos decir también que, de concretarse esta agenda, habremos retomado el camino correcto.

Para Freud, cuando un paciente niega, es como si dijera en ese mismo acto, “eso es algo que preferiría reprimir”.

Si pensamos en nuestra sociedad y sus actos –o la ausencia de ellos- no podemos dejar de pensar en la sublime existencia del mecanismo de la Negación en nuestros procesos sociales, partiendo por uno de los más fundamentales: la construcción de la historia y de la verdad social.

Este año se conmemoran 40 años del Golpe Militar.Tantos años y tan frescos sus recuerdos y efectos.

Esta cercanía al dolor, al horror de nuestro pasado, nos hace seguir vivenciando con profunda actualidad lo que paradójicamente se intenta dejar en el olvido (sin lograrlo, debemos agregar).

Estamos marcados por la repetición constante de aquellos hechos que nos dañan y nos dividen como país. Llevamos impreso en la carne sus efectos, fácilmente reconocibles en al menos dos generaciones completas signadas por la obediencia, la obsecuencia, el temor a la reunión y a la diferencia, a la prudencia y al susurro.

Negamos nuestra historia y nos empeñamos en echar tierra a nuestro pasado tenebroso.

Sólo la negación de la historia es lo que permite que en nuestro país aún no se convenga un nombre para lo acontecido los 17 años posteriores al Golpe Militar. Indesmentible dictadura que, no obstante, se desmiente a diario.

Sólo la negación permite salidas dominicales a perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Sólo la negación permite que ex agentes de aparatos del estado represor estén en cargos públicos.

Sólo la negación, nos hace defender una constitución pensada y creada en dictadura, dejándonos amarrados a las botas del general.

Sólo la negación permite a las nuevas generaciones pensar que nuestro “ahora” es igual que el vivido en dictadura.

No queremos reconocernos, y nos poblamos de frases tales como “miremos al futuro” o “Chile necesita avanzar”.

Nos poblamos de recriminaciones de jóvenes que tildan sin conmiseración de traición a cualquiera, sin distinción, sin poder entender no sólo que la historia de Chile no parte con ellos, sino que nuestra historia y su violencia ha tenido efectos perdurables tanto en ellos como en nosotros. Porque de lado y lado hay negación. No es un problema de izquierdas o de derechas, de jóvenes o no tan jóvenes.

Debemos revisar y transitar nuestro pasado, nuestra historia. Y, por sobre todas las cosas, debemos nombrarla, implicando en ese gesto, un pacto de reconocimiento social.

Nombrar la Dictadura y sus horrores sin cosméticas. Sólo una vez hecho esto, podremos tener justicia y verdad.

Si no hacemos ese movimiento como sociedad, estamos condenados a seguir reprimiendo nuestro pasado de una manera ineficiente, a seguir condenados al dolor de las reminiscencias.

Seguiremos invadidos por el retorno de lo reprimido, condenados a una repetición compulsiva y desastrosa de nuestros dolores. Más aún, condenados a que aquello que borramos de la historia, vuelva a pasar. Ese efecto aterrador y violento, está garantizado.

Merecemos recordar, merecemos recorrer nuestra verdad, merecemos la justicia del reconocimiento.