Para promover y celebrar los derechos de los niños, se estableció la fecha del 20 de noviembre como el “Día Universal del Niño”, buscando reforzar su importancia y recordar que, tal como dijo hace un año el Secretario General de Naciones Unidas, “lo único que todos los niños tienen en común son sus derechos. Todo niño tiene derecho a sobrevivir y prosperar, a recibir una educación, a no ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser escuchado.”

La Convención de Derechos del Niño es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado a nivel planetario, establece una serie de derechos de los niños, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación y a jugar, así como el derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.

La Convención de Derechos del Niño establece que la familia es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, y por lo tanto debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Reconoce además que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

La Convención suscrita por Chile en 1990 establece los estándares mínimos de satisfacción de derechos y el proyecto de Ley de garantías de derechos de infancia y adolescencia que ya entró al parlamento a fines de septiembre, reconoce y hace suyos los compromisos asumidos por Chile adecuando su normativa e institucionalidad a este tratado internacional votado de manera unánime por el parlamento de la época.

En estos años hemos realizado importantes avances en materia de infancia con la creación del subsistema de protección social Chile Crece Contigo; la norma que establece la igualdad de todos los hijos ante la ley; el pos natal de seis meses, la ley de responsabilidad penal adolescente y la transformación de la justicia de menores, entre otros temas.

El compromiso que asumimos como Estado al firmar la CDN nos mandata a reconocer a los niños como sujetos de derechos, como titulares de todos los derechos –de aquellos reconocidos a todas las personas y de los específicos en atención al tramo de la vida en que se encuentran; además, y esto es parte del cambio de paradigma, reconocerles la capacidad para ejercer estos derechos.

¿De qué forma? De manera progresiva, en función de su edad y madurez, lo que se conoce en el mundo de los derechos de la niñez y en la academia como autonomía progresiva. En los hechos, los niños no comienzan a ejercer sus derechos ni a decidir respecto de su propia vida el día que cumplen los 18 años y los estimamos como adultos, sino que este es un proceso paulatino.

Tomarse en serio los derechos de los niños es abandonar la mera retórica de que los reconocemos. El reconocimiento debe ir de la mano con las medidas que garanticen y protejan el ejercicio de los mismos, no solo por sus representantes (padres o personas que los tengan bajo su cuidado), sino que también por los niños mismos, en la medida en que conforme a su autonomía progresiva los puedan ir ejerciendo.

Los adultos debemos comprender que los niños tienen nuestros mismos derechos, y que parte de nuestra labor es guiarlos en su ejercicio. No cabe aquí ninguna forma de castigo, corrección ni mucho menos la violencia física o psíquica, que aun en aquellos casos en que se ejerce con intenciones formativas, constituye una violación flagrante de sus derechos.

Los niños no deben ser personas de una clase inferior al interior de las familias ni tampoco para el Estado.  Por ello estamos trabajando para darle a Chile un sistema de garantías de derechos que permita transformarnos en un país más democrático e inclusivo, en el que se respeten los derechos fundamentales de la niñez y sobre todo que nos permita reconocerlos como personas integras que aportan al crecimiento y el desarrollo del país con su ingenio, cariño y creatividad.

A través del uso de estas salas el derecho a ser oído podrá ser ejercido como una realidad concreta, se evitará la exposición a nuevas experiencias de trauma por las situaciones vividas, y los jueces contarán con valiosa información sin que ello implique nuevas citaciones para decidir respecto a la protección requerida, especialmente en los procedimientos por grave vulneración de derechos en los espacios familiares.

Este es un ejemplo de política de Estado donde prima el principio del interés superior del niño, y donde las instituciones se hacen cargo de sus tareas pendientes en relación a la garantía de sus derechos.

Pero aún queda mucho por hacer. Es por eso que para avanzar en este mismo sentido, la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de niños, niñas y adolescentes en Procesos Judiciales, convocada por el Consejo Nacional de la Infancia y conformada por representantes de las instituciones relevantes del Estado en esta materia, identificó durante el segundo semestre del año pasado los principales  nudos críticos que inciden en la victimización secundaria, entregando propuestas para resolverlos adecuadamente, las que iniciarán su implementación durante el presente año, y que van en directa relación con la creación de estas nuevas salas.

Estos cambios institucionales contribuyen al cambio cultural que necesitamos lograr como país, para poder avanzar en el desafío de cumplir con la exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado al que adherimos como país desde el año 1990.

Para llegar a la meta, es necesario que la ciudadanía en su conjunto participe en la promoción y garantía universal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19 establece que es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de maltrato perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado, y considera medidas preventivas y de tratamiento. Para ello, es importante avanzar en la formulación de una Ley que prohíba expresamente toda forma de violencia partiendo por la revisión de normas y otros tipos de acciones que faciliten su erradicación.

En este contexto, el rol de la familia es prioritario. La familia es el primer y mejor espacio donde niños, niñas y adolescentes reciben afecto, respeto y comprensión, lo que les permitirá crecer seguros y ser posteriormente adultos que entregan afecto, respecto y comprensión a otros.

Las familias deben ser garantes del buen trato y la co – parentalidad y crianza  respetuosa caminos para avanzar en esa construcción permanente. No hay recetas únicas, pero sí reconocemos como prácticas positivas la escucha permanente de los niños, el dialogar como herramienta para resolver los conflictos, el evitar siempre el castigo físico y para ello, generar confianzas con los niños, niñas y adolescentes para que expresen todo lo que les molesta y para llegar a acuerdos que permitan mejorar las relaciones familiares.

Irónicamente los y las que maltratan o agreden a los niños suelen ser personas muy cercanas, precisamente quienes deberían ser las más amorosas y que entregaran protección, dieran seguridad afectiva y acompañaran en las distintas etapas de su desarrollo.  Es urgente avanzar hacia formas de relación respetuosas que validen las diferencias, que cuenten con recursos para enfrentar los conflictos, que tengan redes para que como comunidad aseguremos el bienestar de los más pequeños.

Hoy que estamos trabajando en la construcción de la nueva ley y política de infancia que permita construir un Sistema Universal de Garantía de Derechos para todos los niños, niñas y adolescentes el buen trato debe ser la base desde donde construimos. Los adultos somos el ejemplo más cercano y concreto para los NNA. Si queremos promover el buen trato, debemos ser los primeros en relacionarnos bien con otros adultos y especialmente con los niños y niñas.

Las instituciones del Estado, la sociedad civil, las comunidades, familias y los niños debemos unir fuerzas para promover el buen trato y vivirlo cotidianamente. Todos juntos podemos ser parte de este nuevo trato que permita garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En dicho contexto, el Consejo está coordinando la elaboración de un plan de acción intersectorial en conjunto con varios ministerios y SENAME, que permita disminuir la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, y también transitar progresivamente desde el acogimiento residencial hacia la protección especial de base familiar y comunitaria.

Tenemos la convicción de que el mejor lugar para potenciar el desarrollo de los niños y niñas es en un contexto familiar. Cuando las familias no pueden, por diversas razones, cumplir con el rol de garantizar y proteger los derechos de los niños, el Estado debe trabajar con ellas para que éstas puedan protegerlos y entregarles las herramientas necesarias para que a través de una crianza que respeta sus derechos, puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.

Es clave trabajar directamente con las familias para que estas puedan superar la situación que ha llevado a vulnerar a sus hijos.Por lo anterior, es importante coordinar a nivel local que las prestaciones que existen en el marco del Sistema de Protección Social sean oportunas y pertinentes a las necesidades de las familias, cumpliendo así los objetivos de protección que ellas requieren por ejemplo, para salir de la extrema pobreza.

Asimismo, implica confiar en la capacidades que todas las familias tenemos para criar positivamente a nuestros hijos. A veces, las familias enfrentamos situaciones que nos desvían de esta tarea, es ahí cuando el Estado -a través de sus instituciones- debe llegar a tiempo y acompañar psicosocialmente a las familias, especialmente para que estas puedan cumplir con su rol.

Pero no nos perdamos ni un segundo, la pregunta que debe estar siempre presente es qué es mejor para un niño, niña o adolescente que ha sido vulnerado, respetando así su interés superior.

Si el interés superior señala que lo mejor para un niño es estar con su familia, entonces debemos ser capaces como Estado de ofrecer otra alternativa familiar.

Asimismo, si el interés superior de un niño, niña o adolescente nos dice que lo mejor es que ese niño esté en un sistema residencial, entonces debemos garantizar que esta institución cumpla con los estándares internacionales que garanticen sus derechos.

Si bien la legislación chilena permite que cualquier ciudadano efectúe una detención en caso de delito flagrante, esta situación excepcional implica el deber de entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima (artículo 129 CPP). De ninguna manera el ciudadano que participa en una detención de esta naturaleza está facultado para realizar conductas que sean atentatorias contra la dignidad y los derechos de la persona detenida ni tampoco la detención la habilita para realizar conductas que puedan revestir el carácter de delitos.

Esta situación se agrava aún más ya que se trata de una persona menor de 18 años. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, obliga tanto al Estado como a la comunidad en su conjunto, reconocer el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta su edad y la importancia de promover su reintegración en una función constructiva en la sociedad (artículo 40 CDN). Los hechos descritos vulneran abiertamente las condiciones previstas en la normativa internacional.

También es gravísima la conducta de algunos medios de comunicación que, además de exhibir al adolescente en imágenes, lo que lesiona gravemente su dignidad y contraviene la normativa nacional e internacional en la materia, emitieron opiniones justificativas de estos hechos. ¿Dónde queda la responsabilidad social por las opciones comunicacionales que se hacen?

Coincido con la condena expresada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y se hace necesario redoblar esfuerzos para revisar nuestro actuar social. En este caso, resulta imperioso que todos los órganos del Estado adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños y niñas en conflicto con la ley, de conformidad con su dignidad humana y con las obligaciones que emanan de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes.

Los adolescentes fueron esposados tras ser detenidos y trasladados a Victoria. El lunes de la semana pasada se realizó el control de detención, donde la defensa de los adolescentes denunció heridas múltiples en sus representados, producto de golpiza policial. El tribunal, sin embargo, amplió el plazo hasta la audiencia del día jueves.

Ellos enfrentaban cargos por daños, desórdenes públicos y maltrato a Carabineros y fueron llevados esposados a la sala de audiencias, causando naturalmente molestia, rabia y estupor por parte de muchos que vieron circular por las redes fotos de estos tres adolescentes esposados.

Esta situación es inaceptable en un Estado que ha hecho un compromiso fundamental con la niñez y adolescencia, y sus derechos humanos, lo cual debe traducirse en la aplicación del interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes en sus leyes, políticas, programas pero sobretodo en las prácticas que cada una de las instituciones tiene para con los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.

En este contexto, es imprescindible revisar los protocolos de Gendarmería y Carabineros de manera que se hagan las necesarias diferencias entre adultos y niños. La urgente modificación de los protocolos apunta a que siempre se deben evitar los abusos y la violencia, de manera que el uso de medios coercitivos sea absolutamente excepcional y jamás dañe a los niños.

A fin de que hechos como este no se sigan produciendo en el país, se ha creado una mesa de trabajo para tratar específicamente los temas en que niños, niñas y adolescentes están involucrados en conflictos en la Araucanía, integrada por ministerio del Interior,  ministerio de Justicia, ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de la Infancia.

El objetivo es que se realice una revisión de la normativa legal vigente en esta materia y se establezcan protocolos de actuación de las policías en los casos en que hay niños, niñas y adolescentes involucrados, ya sea como presuntos imputados, víctimas o testigos de hechos violentos.

Finalmente, esos tres niños quedaron en libertad. Sin embargo, sus derechos a la dignidad, a la presunción de la inocencia y a la integridad fueron vulnerados. Es responsabilidad del Estado, del gobierno y de todos y cada uno de nosotros que esto nunca más suceda.

Más de 20 organizaciones ofrecerán diversas acciones orientadas a potenciar la participación de niños, niñas y adolescentes, a fin de visibilizar su rol como agentes activos de cambio en la construcción de un mundo más sustentable y reconocerse como personas con poderes (derechos).

¿Poderes? Sí, en este festival los niñ@s podrán explorar sus derechos. Los talleres, charlas, paneles, conciertos, activaciones, medios de comunicación, canales de expresión, entre otros, estarán disponibles para que puedan aprender en temas de  salud, naturaleza, ciencia, robótica, animales, arte, ciudadanía y a la vez les permita desarrollar capacidades como la empatía, pensamiento creativo, trabajo en equipo, resolución de problemas y confianza en sí mismos.

Así cuando exploren el laberinto gigante hecho por materiales reciclados, hagan manualidades en el taller de  Tikitiklip, entreguen sus aportes en la radio Fiis  o participen en alguna de las cientos de propuestas que habrá  disponible para ellos, estarán ejerciendo su derechos culturales.

Que los niños, niñas y adolescentes sean protagonistas en este evento de Innovación Social, es valorarlos socialmente y reconocer su potencial transformador.

Como en toda fiesta la música tendrá un rol central y es rap  el ritmo que eligió el Consejo para celebrar.

“En cada una de mis tantas etapas/ no pongas trabas, no pongas trampas/ dame las alas, las herramientas/ para construir el mundo que me representa” dice parte de la letra del rap creado para acompañar en esta exploración de poderes y derechos.

Queremos cantar y celebrar el poder de tus derechos junto a los niñ@s y sus familias. Los esperamos a todos este fin de semana para compartir esta fiesta.

Este instituto se especializará en la creación de políticas públicas y prácticas sociales, que garanticen la supervivencia, el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas menores de 8 años, y el pleno ejercicio de sus derechos, tanto en los países iberoamericanos como en otros en vías de desarrollo.

Algunos de los objetivos del Instituto serán fortalecer las capacidades políticas y técnicas de los diferentes actores involucrados en acciones de salud, cuidado, educación y protección de la primera infancia, y promover agendas de trabajo intersectorial e interinstitucional, que permitan acciones integrales en relación con la atención y educación de la primera infancia.

La creación del Consejo Nacional de la Infancia como segunda medida de los primeros cien días de este gobierno, la nueva subsecretaría de Educación parvularia y el Instituto Iberoamericano para la Primera Infancia, dan cuenta del potente impulso que se les están dando a las políticas de niñez y adolescencia en el país, en miras de transformarnos –progresivamente- en un referente de la región en temas de infancia.

Desde el Consejo celebramos con entusiasmo que Chile sea sede de esta nueva institución, que sin duda nos permitirá promover la cooperación, intercambio y generación de redes en la primera infancia y así avanzar juntos en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

Queremos recuperar el sentido inicial de la celebración del Día del Niño.Han pasado 29 años, fue en 1985, cuando un grupo de ciudadanos sensibilizados por la situación de los niños – especialmente por las altas cifras de pobreza y de maltrato infantil -tuvieron la visión de que era necesario establecer una gran alianza social para desarrollar una Campaña por los Derechos del Niño, que en Chile aún no estaban reconocidos.

Lograron comprometer al Colegio de Publicistas recién formado, quien estableció que el primer domingo de agosto se celebraría el Día del Niño, para recordar al mundo adulto que los derechos humanos universales también deben ser respetados en la niñez.

Las primeras celebraciones fueron grandes fiestas ciudadanas y acciones colectivas a favor de los niños y niños de nuestro país, cuyo eslogan era “El Día del Niño no sólo debe ser el primer domingo de agosto, sino todos los días”.

Posteriormente, por un cálculo comercial, la celebración del Día del Niño se trasladó al segundo domingo de agosto y se fue perdiendo el sentido original, quedando reducido a la sola preocupación por el regalo.

No obstante este desvío del sentido, esta campaña tuvo su fruto 5 años más tarde, el 14 de agosto de 1990, cuando Chile promulgó los derechos del Niño como Ley de la República.

En esta Ley están consagrados diversos derechos de los niños y las niñas: derecho a vivir en familia, derecho a tener una identidad, derecho a una vida segura y sana, derecho a expresarse libremente, derecho a ser protegidos contra los abusos, los peligros, las guerras, derecho a la educación, a la recreación, derecho a ser oídos.

Desde que se promulgó esta Ley de los Derechos de los Niños, hemos estado transitando lentamente en el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos y como ciudadanos dignos y activos. Y sobre todo hemos descuidado el fortalecimiento de las capacidades de la familia para garantizar los derechos de sus niños.

Hoy queremos acelerar el paso, por ello la Presidenta Bachelet ha creado este Consejo Nacional de la Infancia y nos ha mandatado a dar cumplimiento a la Agenda de Infancia, cuyo horizonte político es la creación de un Sistema Universal de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia que tendrá como componentes una Política Nacional, una Ley de Garantías de derechos, un Defensor del Niño, el Observatorio Nacional, un Servicio Especializado de Protección Especial de derechos y un Servicio Especializado de Responsabilidad Penal Adolescentes, además del conjunto de políticas sectoriales para hacer efectivos el conjunto de derechos del niño. Todo ello sobre una base familiar y comunitaria.

Todos estos años, la ciudadanía hizo su trabajo de movilizar voluntades y crear conciencia colectiva, de que necesitamos cambiar nuestro modo de ver a los niños, que tenemos que abordar las inequidades que les afecta y terminar con la violencia con que los tratamos.

Hoy, es el Gobierno de Chile el que les convoca al gran pacto social y político para construir un país donde las nuevas generaciones vivan felices y se desarrollen en plenitud.

Este mes es una gran oportunidad para escucharlos, para valorar sus opiniones, para tomarnos en serio sus problemas, para revisar críticamente lo que pensamos y decimos de ellos y sobre todo revisar lo que hacemos con ellos.

Les instamos, no solo a los padres, madres y familiares cercanos, sino a toda la ciudadanía y a todas las instituciones, a tener presente que es obligación de todos y cada uno, respetar sus derechos y hacerlos efectivos los 365 días del año y que éste es, sin lugar a dudas, el mejor regalo que podemos hacerles.

Este 24 de junio también volvimos a conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y por ello, resulta relevante recordar que el 33.2% de la población menor de 18 años pertenece a algún pueblo indígena y de ellos, el 86% es mapuche.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos de la infancia indígena a preservar su cultura, al respeto de su identidad, a utilizar su lengua y a practicar su religión.

Hace 24 años, Chile ratificó dicha Convención y por ello, tiene la obligación de avanzar decididamente en garantizar todos los derechos establecidos en ella, para todos los niños, niñas y adolescentes del país, sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, en materia de derechos, aún hay una deuda importante con la niñez y adolescencia indígena.

Algunos datos que reflejan la disparidad: el 29.5% de niños, niñas y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, versus el 22.5% de los no indígenas, y el 14,4% de pobreza total del país.

Además, las familias indígenas trabajan bajo condiciones de mayor precariedad laboral: según datos de la ELPI 2012, entre el 34% y el 44% de las familias indígenas no tiene contrato laboral, comparado con el 27,5% de familias no indígenas.

El 19,1% de los adultos a cargo de la crianza en familias no indígenas tiene escolaridad básica, cifra que sube a un 32,1% en familias mapuche. El 10% de las familias indígenas cree que su hijo/a no accederá a educación superior, comparado con el 7% de los no indígenas.

El 81% de los niños y niñas indígenas no accede a museos, zoológicos o bibliotecas de manera regular, comparada con el 73% de los niños/as no indígenas. En los hogares de los niños y niñas indígenas la situación no es más favorable: sólo en el 21,9% de las casas de familias mapuches hay al menos 10 libros infantiles, comparado con un 30,9% en familias no indígenas.

Si bien, el país ha avanzado en la implementación progresiva del Sector de Lengua Indígena (Mineduc), es evidente que no es suficiente, considerando que el 88.3% de niños, niñas y adolescentes no habla ni entiende su lengua.

Especialmente preocupante resulta la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes que viven en aquellas comunidades presentes en la zona de conflicto en el sur del país, y los efectos de la violencia sobre su desarrollo.

Con la creación del Consejo Nacional de la Infancia, Chile asume el desafío de avanzar en resolver los pendientes en materia de implementación de derechos para todos nuestros niños, niñas adolescentes, y de manera especial, deberá trabajar para reducir las brechas y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

El Consejo Nacional de la Infancia, trabaja por la universalidad de los derechos de los niños de Chile, y en dicho marco, debemos avanzar con decisión en extender la educación intercultural bilingüe, así como trabajar intersectorialmente para que las políticas que el Estado implementa cuenten con perspectiva intercultural.

Así también, resulta imprescindible desarrollar estrategias integrales de protección de los derechos de la infancia indígena con perspectiva intercultural y territorial expresadas en políticas públicas pertinentes, a nivel nacional, regional y local, con la participación de los actores indígenas y de los propios niños, niñas y adolescentes.

En particular, resulta urgente adecuar los procedimientos de las instituciones policiales y judiciales que intervienen en comunidades indígenas en las denominadas zonas de conflicto a los estándares de derechos de la infancia.

Los niños, niñas y adolescentes de las etnias Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Yámana o Yagán, Kawashkar o alacalufe se merecen todos nuestros esfuerzos para que efectivamente puedan desarrollarse con pleno ejercicio de sus derechos.

También vemos otras formas de trabajo infantil -menos agresivas pero igualmente perjudiciales- como las tareas domésticas que realizan en sus propios hogares, cubriendo normalmente una necesidad del grupo familiar.

Estas prácticas perjudican el pleno desarrollo físico, emocional y cognitivo de niños, niñas y adolescentes al obligarlos a participar de un “mundo de adultos” que les niega espacios cotidianos para el juego, el encuentro con sus pares, la asistencia a la escuela y en definitiva, les niega su derecho a crecer en un ambiente de bienestar, amor y seguridad.

El informe de la OIT plantea que las medidas de protección social que pueden jugar un papel significativo en la eliminación del trabajo infantil son: prestaciones por desempleo, maternidad, discapacidad, enfermedad y accidentes en el trabajo. Estas medidas podrían prevenir que niños y niñas deban trabajar para complementar ingresos familiares insuficientes o inseguros.

De esta manera, los Estados deben revisar cuáles son las condiciones que originan el trabajo infantil y ocuparse de ellas con las políticas adecuadas que permitan garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.

Si bien Chile cuenta con importantes avances en esta materia, aún tenemos una gran tarea por cumplir. De acuerdo a la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2012), en nuestro país el 6.9% de ellos realiza alguna actividad económica, es decir, 229.510 realiza algún tipo de trabajo. De ellos, el 41% tiene entre 5 y 14 años (94.025) y el 59% tienen entre 14 y 17 años (135.485). De los niños que trabajan, el 46% vive en hogares que pertenecen al primer quintil de la población. Otro significativo dato es que el 88% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realiza tareas domésticas para el propio hogar, por lo menos una vez a la semana.

Ante este escenario, Chile al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios 138 (edad mínima de admisión al empleo) y 182 (prohibición de las peores formas de trabajo infantil y su eliminación inmediata) de la OIT, se ha comprometido a prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Para avanzar con rapidez debemos elaborar en el corto plazo un plan de prevención y erradicación del trabajo infantil con metas y objetivos concretos e indicadores de resultados. Un espacio que está aportando a esta construcción es el “Comité Asesor Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador”, mesa de trabajo intersectorial, liderada por el ministerio del Trabajo a la cual se ha incorporado activamente el Consejo Nacional de la Infancia.

Finalmente, comparto el énfasis y análisis del Director General de la OIT, Guy Ryder, quien señala que “la protección social, junto a la educación formal de calidad, universal y obligatoria al menos hasta la edad mínima de admisión al trabajo, el trabajo decente para los jóvenes y adultos en edad de trabajar, una legislación eficaz y un diálogo social consolidado, forman parte en conjunto de una respuesta adecuada al trabajo infantil”.

Seamos claros, la prostitución infantil no existe, lo que existe es la Explotación Sexual Comercial de Niños/as y Adolescentes (ESCNNA). El uso de las palabras tiene implicancias radicales porque estamos hablando de una forma extrema de violencia y abuso de poder por parte del adulto que utiliza a un niño o niña con propósitos sexuales a cambio de dinero, favores o regalos.

El 2003 el estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), estimó que existían 3.719 niños, niñas y adolescentes utilizados en esta forma de explotación.De ellos un 80% son niñas/mujeres y tienen 12 años de edad como promedio en el inicio de esta actividad.

Los explotadores están cometiendo un delito que debe ser sancionado. Pero todos como sociedad también tenemos responsabilidades. Detrás de cada niño, niña o adolescente explotado sexualmente hay un entorno cómplice y una sociedad que minimiza no involucrándose activamente en revertirlo y denunciar esta problemática.

A pocos días del mundial sabemos que muchas alertas están instaladas en Brasil para hacer frente al probable aumento del turismo sexual y pornografía, formas modernas de exclavitud que aumentan en eventos masivos como este. Pero estas alertas no deben tener fronteras ni treguas.

No son “las niñas de Brasil” o “las niñas de Vespucio”, estamos hablando de “las niñas, niños y adolescentes de todos” a las que tenemos que proteger y garantizar sus derechos a crecer y desarrollarse en plenitud.

No culpemos a los niños, niñas y adolescentes, respetemos su privacidad, pero sobre todo reforcemos el trabajo coordinado para restituirles sus derechos.

Como Estado estamos trabajando en estrategias de prevención, apoyo y combate integral contra de la explotación sexual comercial. Asumiendo la compleja tarea de trabajar con las familias, la comunidad y con sectores claves como salud y educación para reparar el daño y sensibilizar sobre esta problemática, la Ley Integral de Garantías de derechos para niños, niñas y adolescentes que está en desarrollo, será un paso clave para lograrlo.