La Arquidiócesis de Santiago, liderada por el cardenal Ricardo Ezzati, ha enviado al Vaticano una denuncia con una serie de antecedentes en que se incluyen las últimas declaraciones de los tres religiosos que cuentan con más afecto y respeto por parte de chilenos y chilenas, creyentes y no creyentes, quienes –con valentía y decisión- han manifestado su opinión en torno a temas que, definitivamente, a la Iglesica Católica le incomodan y pretende satanizar.

No nos extraña el apoyo inmediato  surgido desde todo el país, y a través de todos los medios, a estos tres sacerdotes; definitivamente nos alegra.

Sí nos extraña que desde las autoridades eclesiásticas se insista  en silenciar a quienes han demostrado no sólo un espíritu realmente cristiano, sino una vocación abierta al diálogo, a la reflexión y a la búsqueda de un país con más igualdades y sin discriminación.

Pretender sacarlos del camino sólo refleja la peor de las prácticas, pues ya se han ganado un lugar importante en el corazón  del pueblo chileno y ello no se destruye con una denuncia en el Vaticano.

Este hecho sólo se suma a una cadena de errores, a una seguidilla de expresiones desafortunadas y a varias omisiones frente a hechos donde todos esperábamos que la Iglesia levantara su voz.Me refiero a los abusos de menores, al abuso de poder, a la discriminación ya  la defensa corporativa de intereses muy lejanos a la opción por los más necesitados.

En sus homilías,  el Cardenal nos ha pedido esfuerzos para dialogar, para avanzar hacia la concordia y la reconciliación. Qué paradoja más grande su decisión de denunciar a tres hombres que derrochan humanidad y bondad. Lo menos que esperaría uno del más alto dignatario de la Iglesia es  coherencia entre su discurso y sus acciones, lo que claramente Ricardo Ezzati no puede exhibir.

El Padre José Aldunate ha luchado  por la defensa de la vida, por el respeto a los derechos humanos y por la dignidad de todas las personas; manifestándose a favor del amor entre dos personas del mismo sexo, valorando los sentimientos y el derecho de todos a expresarlos y vivirlos sin ser juzgados. El sacerdote  Mariano Puga se ha atrevido a denunciar las injusticias, las inequidades y la hipocresía de muchos frente a los más desposeídos.

El padre Felipe Berríos ha manifestado su opinión, sin miedos, pese a todas las críticas y presiones que él mismo ha reconocido; se ha puesto del lado de quienes sufren, de quienes se han sentido marginados de la Iglesia por razones a estas alturas incomprensibles. Para los tres, nuestro profundo reconocimiento.

Han sido, definitivamente, mejor rostro de la Iglesia, la mejor voz y el mejor testimonio de fraternidad . Denunciarlos por aquello sólo provoca recordar la antigua y horrorosa Inquisición.

Ha señalado, además, que el Congreso podría dejar de ver otros temas importantes para dedicarse a modificar nuestra carta fundamental, desconociendo aspectos básicos de la tramitación legislativa.

De una u otra forma, utilizando el terror y las visiones apocalípticas, ha intentado convencer a los electores que la Constitución no debe cambiarse y que el sistema debe permanecer en este agobiante status quo.

Qué equivocada está, no sólo por el fondo de sus declaraciones, sino porque refleja cero empatía con el pueblo chileno, cero conexión con las justas y legítimas demandas que hoy se escuchan, ven y perciben en cada una de las regiones de Chile.

Desde la vereda de enfrente, el clamor es innegable. Aspiramos a crear una nueva Carta Fundamental, donde los derechos básicos estén garantizados, donde la Salud y la Educación sean garantías protegidas para los chilenos y chilenas; un nuevo rayado de cancha, dotando a los ciudadanos de más herramientas para frenar los abusos.

Aspiramos, además, a una Constitución que pueda entregar más facultades al Congreso, como un necesario contrapeso a las excesivas atribuciones del Presidente de la República, en un sistema, a todas luces, extremadamente presidencialista, que ha terminado por debilitar la democracia y la garantía de los derechos esenciales.

Necesitamos impulsar definitivamente una política de calidad, que valore la ética de la responsabilidad, en que toda autoridad tenga un contrapoder contralor y en que se eliminen decididamente todas aquellas situaciones que distancian a la ciudadanía de la política y las instituciones.

El sistema político debe ser capaz de responder al presente y los desafíos de futuro y, en este camino, no cabe duda que se necesita una nueva Carta Fundamental.

Una Constitución que explicite el fin al lucro en educación, menos abusos del mercado, mayor participación ciudadana, más control a los políticos, crecimiento sustentable, un Estado proactivo en el futuro del país; un texto que nazca necesariamente de la voluntad popular y que asegure, para todos los chilenos, derechos constitucionalmente garantizados, con un Estado que asegure su defensa y promoción

La candidata de la UDI parece no entender que una Constitución es la expresión de un pacto social que incluye acuerdos trascendentes, cuya eficacia depende, en gran medida, de su legitimidad y de los procedimientos que contenga para ir fiscalizando el avance hacia las metas propuestas.

Un nuevo proceso constituyente sin duda revitalizará nuestra alicaída democracia.Sin temor, sin prejuicios, avancemos hacia una nueva Carta Fundamental que realmente nos represente, confrontando ideas y propuestas, en lo que naturalmente constituye la esencia de la democracia.

La verdad es que hay que ser francos, los carteles no votan ni son escrutados y un día después de las elecciones serán basura que algunos candidatos ni siquiera retirarán.

La parafernalia no genera más seguimiento, muy por el contrario. La ciudadanía hace rato ya que está en otra, y sabe que a los candidatos hoy se les exige, se les pone a prueba, se les fiscaliza y se les pide, con justa razón, un mínimo de franqueza y compromiso público.

Y no puede ser de otra forma, porque los elegidos recibirán un mandato temporal del pueblo, no para hacer lo que quieran, sino aquello que se identifique con sus electores.

Particularmente, en Temuco, mi decisión fue no instalar las famosas palomas en las calles.Primero, porque no quiero contaminar mi ya contaminada ciudad y, segundo, porque no quiero arriesgar la vida de los peatones o automovilistas con carteles que sólo obstaculizan la visión y dificultan el normal tránsito cotidiano.

Los candidatos no somos un yogurt o una marca de leche, aunque tengamos fecha de vencimiento en cada elección. Detrás de cada aspirante al Congreso debieran existir no sólo propuestas, sino una visión del Chile que buscamos, de cómo nos comprometemos a representar –a través del mandato popular, y de la mejor forma- lo que nuestros electores necesitan y demandan en forma legítima y cada vez con más fuerza.

Chile está hoy en un punto de inflexión, hay una serie de problemáticas que necesitan respuestas concretas. ¿Hacia dónde giramos el rumbo , hacia dónde apuntamos como colectivo?

Todo esto debe hacerse de cara a la ciudadanía, recogiendo experiencias, testimonios y escuchando al ciudadano de a pie.Las pensiones miserables, el abuso desmedido de las Isapres, los cobros indebidos, el lucro en la educación, entre otras, son aquellos temas que la gente sí quiere, pero no en carteles, sino en el compromisos de sus futuros representantes en el Congreso.

El profundo centralismo que asfixia a las regiones, las inaceptables y persistentes brechas de desigualdad, la tóxica y alarmante relación entre delincuencia y drogas; los cambios que requiere nuestra matriz energética; cómo modificar la Constitución que nos limita y que no representa al Chile de hoy.

La lista ex extensa y la verdad es que con tantas palomas en la calles , difícilmente la ciudadanía logra visualizar a quienes de verdad están dispuestos a dar su palabra por cambios estructurales.

El próximo 17 de noviembre no habrá carteles en las urnas.Serán los ciudadanos los que elegirán, ojalá informados.Será el pueblo el que decida quienes y por qué serán sus representantes en el Congreso. Las palomas… dejémoslas volar.

Cuando faltan pocos días para recordar los 40 años del golpe militar y el inicio de una de las dictaduras latinoamericanas más feroces que haya conocido nuestra historia, no quiero seguir escondiendo los recuerdos de una vivencia que, al menos en lo personal, está tan llena de tristeza, dolor y angustia como de sueños, esperanza y compromiso por la vida.

Son relatos de víctimas, búsquedas incesantes, lugares, sonidos, imágenes, golpes de metal y secuencias que difícilmente podré olvidar al igual que mi pequeña oficina de abogado de la Vicaría de la Solidaridad en un modesto edificio que bautizamos como “El Arca de Noé”, en mi ciudad, Temuco , cuando apenas empinaba mis 23 años de edad allá por el 78.

Es por eso que, ante semejante carga emotiva, impresiona la frialdad con que civiles y uniformados que formaron parte y apoyaron la dictadura intentan escudarse en inaceptables excusas para no asumir responsabilidades y mucho menos para pedir perdón, y, con eufemismos ridículos, se niegan a pronunciar la palabra dictadura, como si de esa forma se pudiera eliminar, los detenidos desaparecidos y 17 años de la historia de Chile.

Hace unos días, escuchamos a la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei decir que no tenía por qué pedir perdón. Una mujer que tuvo información privilegiada y que si bien tenía 20 años al momento del golpe, fue cumpliendo años a medida que avanzaba una dictadura que se prolongó por 17 años y que bien pudo haber levantado la voz para defender los derechos humanos de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y así, hay muchos otros.

El perdón a tirones tiene un sabor amargo. La verdad es que me cuesta creerles cuando reclaman inocencia, por acción u omisión, cuando argumentan, con cara de sorprendidos, que jamás supieron lo que estaba ocurriendo en Chile, que nunca escucharon de la represión desatada.

Aún, en silencio o a gritos, después de 40 años, la palabra dictadura resuena y representa para muchos un capítulo oscuro y tenebroso que vivimos con miedo y horror.No hay libreto que pueda contener todo lo ocurrido, no hay libro, película o canción que pueda narrarlo a cabalidad y logre contener los sentimientos acumulados en el tiempo.

Pero, sin duda, hoy podemos mirar hacia el futuro con sensaciones distintas. Con esperanza y compromiso, para que, como han dicho millones, nunca más en Chile vuelva a pasar por algo así.

Porque no sólo hay lecciones aprendidas, sino un profundo convencimiento de lo importante que es defender y perfeccionar nuestra democracia y los derechos humanos desde la mejor de las trincheras: desde la paz y el respeto.

Los espacios de libertad deben defenderse siempre y protegerlos como el aire.

Ahora que, después de 40 años, el sonido de la metralla, de motores de helicópteros nocturnos amenazantes, de golpes madrugadores de puertas, de muros de tu casa rayados por el odio, de condolencias recibidas por tu propia defunción, y el relato ahogado de víctimas aterradas han quedado en el olvido.

Ahora, como nos demanda Benedetti, tenemos que recuperar la risa, ensayar un canto y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo… una nueva dosis de Verdad y Justicia.

Pero a estos hechos deben sumarse, lamentablemente, otras vulneraciones de derechos esenciales que dejan a Chile como un país que no cumple con Tratados y Convenciones Internacionales, pues estamos lejos de poseer una política pública integral de defensa de los derechos del niño y esto debiera avergonzarnos.

En la Araucanía, la situación es aún peor, pues a la precariedad en que viven los menores en hogares dependientes del Estado se suma la pobreza, la vulnerabilidad propia de una zona con profundas brechas sociales y los hechos de violencia que han afectado a decenas de comunidades indígenas, donde los niños han sido las principales víctimas y han debido sufrir situaciones impensables.

En mayo de este año, un grupo de diez religiosos denunció públicamente los abusos policiales en contra de menores, detallando los hechos ocurridos en varios allanamientos.Señalan en su declaración que existe violencia excesiva, abuso y humillaciones a niños mapuches en los reiterados operativos que las policías realizan en la región.

No es posible que, a la misma hora en que se levantan para ir a la escuela, enfrenten allanamientos que no sólo intimidan, sino que indudablemente marcan su vida por siempre, con violencia en sus propios hogares, siendo humillados y muchas veces golpeados. Alguna vez fueron mis propios hijos los que vivieron esa experiencia.

Los niños violentados hoy sufren severas secuelas y sobre todo inseguridad y fundados temores de volver a ser violentados en sus propias casas en cualquier momento.

En el último tiempo, diversas sentencias judiciales han recomendado a las policías actuar con prudencia y respeto a los derechos de las personas y, especialmente, de los menores.

Carabineros de Chile ya ha recibido tres resoluciones de la Corte Suprema ordenándole efectuar los procedimientos policiales en comunidades mapuche con atención al debido resguardo de los menores. En sentencias del 5 de enero, 25 de julio y 26 de septiembre del 2012, se les exige “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto a los menores de edad”.

Pues bien, la precaria situación en que se encuentran miles de menores en Chile no puede pasar inadvertida, no puede ser, tampoco, motivo de rencillas políticas ni de recriminaciones de uno u otro sector por lo hecho y por lo no hecho.

El tema de fondo es urgente e ineludible. O Chile implementa una política pública que resguarde los derechos de los niños en todos sus ámbitos y en todas las regiones, frente a cualquier tipo de amenazas, o será sindicado como uno de los países que ampara la vulneración de las garantías esenciales del niño. No hay tiempo que perder.

En las últimas horas nos hemos enterado de una investigación espeluznante, que si bien aún no se ha transparentado, ya ha sido revelada en parte por Ciper y ha sido motivo de debate en la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, de la cual soy miembro permanente. Se trata de graves irregularidades, abusos y posibles ilícitos que estarían ocurriendo en varios centros de menores dependientes del Sename.

Es francamente aterrador, inaceptable y nos sitúa en el peor de los mundos, ya que se estarían violando normas sustanciales de diversos tratados y Convenios Internacionales en defensa de los Derechos del Niño, ratificados por Chile. Los hechos están incluidos en el informe de la investigación realizada por jueces y expertos de Unicef, en 10 regiones del país, indagando las condiciones de vida de más de 6.500 menores.

La investigación que da cuenta de estos abusos, pese a los constantes requerimientos desde la Comisión de Constitución y de nuestra bancada, permanecen en el poder judicial, que retiene sin justificación, información que revela situaciones terribles en el trato a los niños que deben ser protegidos por el Estado. No está claro, además, si se está haciendo algo para solucionar los distintos abusos que se denuncian en estos informes.

A la luz de estos acontecimientos, hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Nacional por todos los posibles ilícitos que hasta el momento se conocen, incluyendo posibles redes de explotación infantil, abusos sexuales a menores y malos tratos inaceptables, sumando celdas de castigo horrorosas y que debieran avergonzarnos como país.

¿Cómo es posible, que en centros dependientes del Estado chileno, que se supone debe velar por el cuidado de estos menores se vivan hechos de esta naturaleza donde es clara y manifiesta la desprotección? Un sólo ejemplo, se señala que en Arica, existiría clara evidencia de una red de explotación sexual infantil en la residencia Ajllasga. Suma y sigue, porque están en la mira los hogares de Antofagasta, Coquimbo, Quillota y Punta Arenas, entre otros.

Es indispensable un fiscal con dedicación exclusiva y que la Corte Suprema entregue el informe original entregado por los investigadores. Nada ni nadie puede justificar que una investigación como ésta se mantenga guardada en los cajones de algún escritorio. Si la Corte Suprema retiene dicha información, legítimamente podremos interpretar ese silencio como un intento de acallar la verdad. Por la sanidad de nuestras instituciones, confío que ello no ocurra.

El silencio de los inocentes se ha quebrado… hoy, es el grito de miles de menores que, en justicia, reclaman un trato justo y digno que permita su rehabilitación.

El Estado no puede seguir siendo cómplice de estas violaciones de derechos y abusos físicos, psíquicos y sexuales cometidos contra menores de edad que se encuentran en custodia y protección suya.

Claro que es importante tomar medidas, pero éstas, al igual que en otras áreas, para que sean efectivas y estén legitimadas, deben ser consultadas a la ciudadanía. No estamos en un reino donde el monarca hace y deshace sin preguntar a los vecinos. Muy por el contrario.

Las medidas que se adopten deben formar parte de una política pública y la restricción para algunos sectores de la comuna de Temuco, a ciertas horas del día del consumo de leña, constituye una medida aislada, improvisada, injusta e inconsulta.

Por otra parte, hay que agregar que esta restricción es arbitraria e indebida, afectando la Garantía Constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, norma que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, lo que se vulnera al establecer la restricción al consumo de leña sólo en determinados sectores de la ciudad, definidos de modo arbitrario y sin que se den razones para la exclusión de otros lugares.

Se afecta el principio jurídico elemental que sostiene que “a la misma razón, la misma disposición”. Ello significa que si en otros sectores se está contaminando de la misma forma como en el sector restringido, debió aplicarse la misma norma.

El Decreto de restricción establece, además, que dentro del sector en que se aplicará la medida, sólo podrán funcionar las estufas entregadas en el plan de recambio impulsado por el ministerio del Medio Ambiente. De esta forma se afecta, también, la Garantía Constitucional de igualdad ante la ley, ya que hay familias que han adquirido estufas no contaminantes sin subsidio del Estado. Ellos tampoco podrán usar leña, con lo que se estimula la dependencia de las personas de los subsidios estatales.

Ahora bien, desde el punto de vista social, la medida es profundamente injusta. En el sector que se restringirá hay familias que efectivamente pueden hacer un esfuerzo para disponer con sus propios recursos de estufas y leña de buena calidad, pero hay una mayoría que no tiene forma alguna de hacerlo. Se castiga entonces nuevamente a las familias de menores ingresos, con el consiguiente perjuicio para el grupo familiar.

Si bien debemos evitar que este conflicto, que tiene características ambientales, sociales, económicas y culturales, se transforme, además, en un conflicto político, no se puede callar ante lo que constituye un evidente fracaso y un fenómeno que sigue en aumento y que amenaza la calidad de vida de todos los habitantes de estas comunas.

Seamos honestos, fracasó el intento de ejecutar un Plan de Descontaminación mal concebido desde sus orígenes por los anteriores Gobiernos y no modificado como prometió la actual administración. ¿Quienes pagan? Los vecinos y sus familias. Un conflicto que sigue en aumento.

Tal vez el ícono del fracaso de la gestión ambiental está en que para este año 2013, se financió el recambio de 1.870 estufas por la SEREMI de medio Ambiente , adjudicándole el contrato a la empresa SAME LIMITADA.

Esta empresa no ha podido cumplir el contrato y se anuncia que el cambio de 1.870 estufas (de un total de 100 mil) sólo podrá hacerse después del mes de septiembre es decir, en primavera. Saque usted sus propias conclusiones.

Desde el domingo pasado, los índices de calidad del aire particulado fino (PM-2.5, el más riesgoso para la salud de la población) llegaron a niveles de preemergencia y emergencia durante cuatro días. Temuco hace noticia con las imágenes de una ciudad cubierta por un aire irrespirable.

¿Es justo y ético lo que ocurre, entonces, en este lugar de la Araucanía? Comunas que, además de la contaminación deben enfrentar el frío y la pobreza urbana que asoma con mayor crudeza en esta época.

La Constitución establece en el Artículo 19, numeral 8 el deber del Estado de velar por la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación. Es cierto, hay leyes de por medio, que establecen plazos y procedimientos, pero también se requiere voluntad política para asumir este apremiante problema que hoy es de salud pública y donde, hora tras hora, aumentan los enfermos y el colapso de las urgencias médicas.

El daño que se está causando a los niños y adultos mayores es irreparable. Aquí, francamente, hay disidencia y negligencia.

Lo que ocurre es que para enfrentar un problema gigantesco, se ha elaborado un Plan de Descontaminación insignificante, que busca generar la sensación que se están tomando medidas, cuando todos sabemos y, lo vemos en la práctica, que no se está produciendo ningún efecto .

Por eso, lo que corresponde es la renuncia de los secretarios regionales ministeriales de Medio Ambiente, Andrea Flies, y de Salud, Gloria Rodríguez, porque ambas no han adoptado las medidas para garantizar la salud de la población producto de la contaminación.

La verdad es que, en cualquier gobierno, los funcionarios a cargo del plan de descontaminación ya habrían sido destituidos por mucho menos.

Desde hace ya tiempo que he impulsado varias medidas al respecto, pero aún hay evasivas al respecto. Entre las propuestas, figuran, y con especial importancia, la diversificación de nuestra energía, incorporando a los sectores de mayores ingresos al consumo de gas natural líquido, que es adquirido en Asia por ENAP y que se encuentra en distribuidoras de Chillán, a sólo 200 Kilómetros de Temuco.

Se requiere, además, incentivar con subsidios la producción de leña seca; necesitamos 600 mil metros cúbicos de este producto para toda la región y de esa forma estimular un mercado competitivo que permita reducir el precio.

Realizar, además, un cambio masivo de estufas , con un aporte público y compartido con el usuario, impulsando un necesario proceso de capacitación de los usuarios de este combustible, incluyendo el uso de las estufas nuevas. Para todo lo anterior se requieren recursos y estos deben provenir de la Ley Araucanía , en una suma no inferior a los 50 millones de dólares anuales.

No se extrañe el país si la próxima protesta ciudadana es en Temuco; las organizaciones sociales han levantado la voz y las familias, en sus hogares, pierden la paciencia ante una pasividad de las autoridades inaceptable.

Los damnificados en este terremoto negro son miles y no hay seguro que valga ni compensación posible; sólo tomar el toro por las astas y combatir esa polución con inteligencia, rapidez , voluntad, recursos e involucrando a toda la comunidad.

Parece que a los nostálgicos del terror no les basta con sus proyectos destinados a criminalizar el movimiento social y aumentar las sanciones por insultos a Carabineros, reprimiendo a los ciudadanos que libremente expresan su descontento.

Ahora, entre gallos y medianoche, ingresan un proyecto que busca remitir (perdonar), de pleno derecho, la pena que cumplen condenados por delitos de lesa humanidad, con penas de hasta quince años, ocurridos entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990. Es decir, obtienen la libertad inmediata.

Y lo que es aún más grave, el proyecto de ley otorga el beneficio de la libertad provisional, de pleno derecho, para los procesados por estos mismos delitos mientras dure el proceso judicial, así de simple, ni siquiera a petición de partes. Esto es insólito. Esta garantía ni siquiera existe para aquellas personas que cometieron delitos contra la propiedad y ahora se propone para personas que están procesadas por graves delitos de lesa humanidad.

Es una pésima noticia para Chile y para nuestra imagen en el mundo entero, donde se informa de este hecho con estupor. Desde la democracia cristiana impulsamos que se declare inadmisible, que no pueda tramitarse, porque hay claros incumplimientos a Tratados Internacionales que ha suscrito Chile en cuanto a no permitir este tipo de amnistías. Esperamos que prime este criterio jurídico y, también, la razón y la prudencia, pues un proyecto de esta naturaleza supera toda lógica.

Afortunadamente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados que integro, acogió nuestra petición y declaró (con los votos en contra de los diputados de la UDI y RN) que el cuestionado proyecto es inconstitucional, lo que deberá ahora informarse a la Sala de la Cámara para su pronunciamiento.

Abrir las puertas de las cárceles para quienes cometieron este tipo de crímenes, que enlutaron a nuestra país durante tantos años parece no sólo impensable, sino que constituye una ofensa y una bofetada para los miles de familiares de las víctimas y para un colectivo que sólo ha pedido Justicia tras los horrendos crímenes cometidos durante la dictadura militar en Chile.

Una imagen que deja a la administración Piñera no sólo cuestionada, sino a todas luces situada al margen del cumplimiento de la ley.Sí, porque en este caso lo que se investiga es la posible manipulación de información pública, es decir, de todos los chilenos y con impacto en todos los hogares.

No da la mismo señalar que somos más o menos ciudadanos, no da lo mismo decir que un IPC es más o menos alto. De estas dos cifras se derivan muchas decisiones y políticas públicas y, también, acciones en el mundo privado.Son indicadores relevantes, que siempre contaron con credibilidad y que hoy dejan al INE bajo la lupa y en crisis.

La excelencia de la que tanto habló el Presidente al asumir su mandato ha quedado literalmente como otra más de las promesas no cumplidas y, lamentablemente, los efectos se ven hoy en un terreno donde los impactos de un trabajo mal hecho son enormes y en diversas áreas.

Se ha señalado que es necesario hacer de nuevo el Censo, pero señalemos que se gastaron más de 24 mil millones de pesos y que Chile tiene enormes demandas y necesidades como para permitirnos un gasto de esta naturaleza sin buenos resultados.

¿Quién paga? ¿Quién responde? Ya renunció el titular del INE, tal como lo solicitó la bancada a primera hora, pero su jefe directo, el Ministro Longueira, brilla por su ausencia.

Por eso, hemos pedido una sesión especial a la que citaremos al secretario de Estado; estamos pidiendo, además, que en el caso del IPC se asuman los errores en las metodologías y se rectifiquen todas las decisiones vinculadas, entre ellas, la propuesta del Gobierno por un salario mínimo de 205.000 pesos que a todas luces hoy puede subir, considerando que los estudios internacionales aseguran que el IPC fue subestimado en un 2 %.

El Gobierno está en un callejón sin salida, donde la única opción es rectificar y reconocer los errores.

En el Congreso, estábamos discutiendo la autonomía del INE y vamos a terminar discutiendo y debatiendo, finalmente, sobre su falta de credibilidad.

Por lo tanto, corresponde una rápida y urgente intervención por parte del Gobierno, el silencio no contribuye. Hay que restablecer la credibilidad en lo que son las cifras más básicas del sistema, como son los datos del Censo y el IPC.

No sólo se ha generado un daño al sistema estadístico, sino al país entero y a nuestra imagen frente a organismos internacionales. La excelencia nunca llegó, pero no aceptarlo es aún peor.

Desde hace ya varios días y, en cada oportunidad que puede, el Presidente de la República vuelve a señalar que ingresará un proyecto que aumenta las sanciones para las ofensas y malos tratos a carabineros en ejercicio de sus funciones.

Las críticas se han multiplicado antes del ingreso de la iniciativa , siendo muy probable que siga el mismo destino que ha tenido la llamada Ley Hinzpeter, pues ambas, en el fondo, sólo buscan criminalizar el movimiento social, vulnerando los derechos civiles de  las ciudadanas y ciudadanos , amenazando el derecho a disentir.

Frente a este anuncio cabe preguntarse si, efectivamente, es el mejor camino; personalmente creo que no. La verdad es que ya existen normas vigentes sobre maltrato de obra a Carabineros y daños a la propiedad pública y privada; pues bien, lo que corresponde es aplicar la ley actual y no amenazar con nuevas legislaciones que, a todas luces, contribuyen sólo a apagar el fuego con bencina.Faltarle el respeto y la sumisión a un funcionario policial está penado en el artículo 495 N°4 del Código Penal.

El tema de la seguridad pública ha sido definido por La Moneda como un punto prioritario para este año electoral.Deseable sería entonces que revisaran sus actuales estrategias, realizar un profundo análisis de los planes vigentes, mejorar la asignación de recursos y, especialmente, abordar con inteligencia un tema que nos preocupa a todos, pero, no criminalizar las manifestaciones de estudiantes, trabajadores y ciudadanos.

De lo contrario, no se sorprendan si reciben un nuevo fracaso a la hora de votar, pues definitivamente la inmensa mayoría de los chilenos no está por este tipo de leyes.

Especialmente porque se observan contrasentidos en el Gobierno, existiendo un doble estándar que es imposible de ocultar.

De hecho, mientras el Gobierno plantea esta propuesta, nada dice frente a los abusos que han debido sufrir miles de ciudadanos, especialmente estudiantes e indígenas, que han recibido no sólo ofensas verbales por parte e Carabineros, sino golpes y, tal como lo hemos denunciado, actos vejatorios e inaceptables.

¿Por qué entonces no presenta un proyecto para sancionar a los uniformados que atenten contra los derechos civiles y humanos de las personas? Porque, lo que es peor aún, estos abusos se realizan con el escudo de un uniforme, muchas veces sin portar su identificación.

Este tipo de proyectos sólo otorga a las policías injustificadamente una protección que no tienen los demás integrantes de la sociedad, incluyendo a otros funcionarios públicos. Desde ya, anuncio mi voto en contra.

El Ministro Chadwick ha asegurado que se trata de un grupo pequeño y el Intendente de la Araucanía hasta insinuó que estarían identificados.

La pregunta de rigor entonces, es por qué, si al parecer las autoridades tienen la información respectiva, los hechos de violencia continúan.

¿Ausencia de Inteligencia? ¿Diagnósticos errados? ¿Ignorancia? ¿O la suma de todos los factores? Quién crea que la cuestión mapuche se soluciona con una agenda represiva y sólo con políticas sociales , está muy equivocado y probablemente desconozca la realidad de los pueblos originarios y de la historia que hay detrás y que hoy nos pasa la cuenta a todos, sin excepción.

Lo cierto es que en la región, con o sin información precisa sobre los autores de los últimos hechos, los habitantes de la Araucanía están cansados, preocupados y escépticos.

Sensaciones que en las comunidades mapuches se agudizan sumándose el temor de allanamientos masivos nocturnos, donde , en muchos casos, niños y ancianos son golpeados y heridos.

Por otra parte, el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay , además de generar una masiva y pública condena, ha provocado reacciones diversas, incluyendo a quienes llaman a armarse, entrando en un terreno inaceptable y peligroso que no podemos avalar, bajo ningún pretexto, razón o argumento. La violencia genera más violencia, y aunque esta frase se ha repetido a lo largo de la historia,todavía muchos parecen no entenderla.

La dimensión del tema es complejo, pues no se trata sólo de las demandas y respuestas que los distintas gobiernos han ofrecido para llegar a acuerdos. La dimensión de fondo y real es la política, una que no hemos sido capaces de abordar, con seriedad y transparencia, con altura de miras y generosidad, comenzando por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, reconociéndoles su cosmovisión y su ancestral cultura en tierras que, en muchos casos fueron arrebatadas.

Las demandas por tierra en el valle Quinquén; la construcción de la represa Ralco en el Alto Bío-Bío, la instalación de empresas forestales y agricultores privados en territorios que los indígenas consideran históricamente suyos, fueron hechos que encendieron las protestas al comienzo de los años 90.

Todo, acompañado de índices de pobreza alarmantes y de una ausencia de participación indígena en los diversos órganos del Estado. Un ejemplo reciente fue la aprobación de la ley de Pesca, que voté en contra, y que no cumplió con la consulta del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Originarios, dañando los intereses del pueblo huichille.

Llamar al diálogo es una exigencia y un deber ético, pero no es fácil, porque entre los problemas existentes, la ausencia de liderazgos claves en el mundo mapuche dificulta el proceso de conversación y la búsqueda de acuerdos. Ello, sin embargo no puede ser un freno y desde cada una de nuestras esferas debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar un giro, establecer un nuevo trato, entregar respuestas políticas y comenzar a escribir una capítulo de la historia basado en el respeto a la pluriculturalidad, el valor de la diversidad étnica, obviamente, comenzando por su reconocimiento Constitucional.

Lonkos, machis y werkenes siguen esperando junto al Rehue. Todo Chile espera, la responsabilidad es de todos.