Nos enteramos de esto en medio de las movilizaciones de decenas de comunidades mapuche tanto en las comunas de Cañete y Tirúa de la Provincia de Arauco, como Collipulli, Ercilla y Victoria en la Provincia de Malleco.

La movilización es por recuperar predios que, según la memoria de los mayores, fueron suelos agrícolas en proceso de recuperación por parte de las comunidades en los 70, hasta la violenta contra reforma agraria y el establecimiento del decreto 701 de Fomento Forestal en la dictadura de Pinochet, instrumento a través del cual se expandió el imperio forestal de los grupos Angelini y Matte.

Las comunidades tienen la intención de volver a sembrar trigo y papas en estos fundos, como se hacía anteriormente, y dejar crecer el bosque nativo en los sectores privilegiados para ello. Hace años no se veía tan amplia movilización, y las comunidades están atentas a la represión policial que pueda generarse una vez terminado el período de elecciones.

En los ngillatun (rogativas) y trawün (encuentros) realizados en todos los procesos, los ancianos han puesto el principal énfasis en los espacios de estos fundos que anteriormente contaban con bosque nativo, vertientes, arroyos y humedales, donde vivían cientos de especies animales y pájaros de distintos tipo, donde se podía recolectar todo tipo de comestibles según las épocas y diversidad de remedios para las machi, y que hoy son un desierto sin vida.

Nos encontramos en el proceso de la tercera cosecha forestal en estas tierras, tras 30-40 años de ocupación por parte de las forestales Mininco, Arauco y Volterra principalmente. Los efectos ambientales, sociales y culturales son desastrosos.

En este contexto, y dado los resultados de la Consulta Indígena que Conaf llevó a cabo hace un año para la discusión de esta ley, nos parece que cualquier Ley de Fomento Forestal debe excluir explícitamente la bonificación por parte del Estado a la forestación exótica con fines madereros y de celulosa en el Territorio Mapuche, correspondiente a las Provincias de Arauco y Bío-Bío en la VIII Región, y a las Regiones IX, XIV y X.

Esto ya que el informe de Consulta de Conaf muestra claramente que el proceso fue rechazado por gran amplitud de las organizaciones mapuche, y que incluso las que se dejaron consultar, manifestaron su férrea oposición al pino y al eucalipto, por el desastre ambiental que han provocado.

La comisión unida que está discutiendo este proyecto está compuesta por los senadores J.A. Coloma, José García Ruminot, Hernán Larraín, Jaime Quintana, Ximena Rincón (en reemplazo de Mariano Ruiz-Esquide), Isabel Allende, Soledad Alvear, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Ena Von Baer.

La mayoría la tiene el Pacto Nueva Mayoría, cuya candidata presidencial ha manifestado explícitamente su intención de no contravenir los convenios internacionales suscritos por Chile relativos a los Pueblos Indígenas.También el senador Horvath se ha mostrado de acuerdo en que debe legislarse con diferencias territoriales dada la complejidad del tema en territorio mapuche.

La Comisión está informada de que cerca de ¾ de las plantaciones forestales hoy están en territorio ancestral mapuche, así como de los conflictos que esto ha producido.

También está informada de los concluyentes datos de los estudios de Conaf del 2011, que muestran cómo miles de hectáreas de bosque nativo siguen siendo reemplazadas con plantaciones exógenas, lo que constituye un crimen ambiental y cultural, así como cientos de miles de hectáreas agrícolas.

Nos parece que la discusión de esta ley, siendo un tema tan sensible para el territorio mapuche, sería una buena oportunidad para que el parlamento dé pruebas de su voluntad de un nuevo trato a las justas reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche.

La demanda del movimiento mapuche es derechamente la expulsión de las forestales de Wallmapu. Los grupos económicos Angelini y Matte tarde o temprano tendrán que dar por perdida esta batalla, dada la masividad actual del movimiento en Arauco y Malleco.

Si el parlamento o el poder ejecutivo no son capaces de catalizar por vías legales la demanda mapuche, el movimiento continuará avanzando a través del Control Territorial y la autodefensa.

El Parlamento, por tanto, tendría su fuerte cuota de responsabilidad en los consecuentes enfrentamientos con las fuerzas especiales policiales que puedan darse en las próximas semanas.

Uno de los ejes sobre los cuales se pretende sustentar la Política Indígena del próximo Gobierno propone reemprender “la tarea de reconstruir confianzas, alejándonos de la represión y la violencia. Buscaremos una forma de entendernos con voluntad de diálogo y de justicia. Consideramos muy importantes las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que han examinado la realidad de los Pueblos Indígenas en nuestro país y han formulado importantes indicaciones, especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto”.

Luego en las propuestas concretas se dice que “una comisión de personalidades representativas de la sociedad chilena e indígena estudiará los casos judiciales que se han producido como resultado de la aplicación de la ley antiterrorista, investigará las denuncias de violencia y abuso policial contra comunidades indígenas, particularmente mapuche y rapa nui y sobre todo respecto de los niños y niñas mapuche; y dará especial atención a las familias indígenas y a los pequeños parceleros afectados por las situaciones de tensión vividas en la Región de la Araucanía. Esta comisión propondrá, en el plazo de 6 meses desde constituido el nuevo Gobierno, las medidas y recomendaciones necesarias para atender todas estas situaciones de manera adecuada y con respeto a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Se esperaría de una candidatura como la de Bachelet que este trabajo de estudio ya se hubiera realizado. Existe evidencia suficiente de causas que han llegado a la Corte Suprema. La Defensoría y el INDH manejan bastante información como para no tener que armar comisiones.

Como se ha visto en tribunales desde hace 2 años, hoy el Estado de Chile usa elementos de cruzada antiterrorista soterradamente, al dar lugar a testigos secretos en las causas mapuche sin invocar la ley antiterrorista, logrando así largas prisiones preventivas y luego condenas sin pruebas.

Creemos que Bachelet debiera hoy estar ya en condiciones de proponer una clarificación de la ley para que los testigos secretos queden definitivamente fuera de estas causas. Esa es la medida concreta necesaria para restablecer el derecho al debido proceso.

Por otra parte, ya se han hecho públicas las peticiones de carabineros a la Fiscalía de sacar efectivos policiales del territorio en conflicto.Sólo en la IX zona hay más de 500 efectivos a tiempo completo dedicados a custodiar predios y vigilar caminos rurales para evitar un mayor levantamiento mapuche.

A esto se suman cerca de centenar en la provincia de Arauco y algunas decenas más al sur.Creemos que una candidatura que quisiera poner los medios para la paz en Wallmapu, ya debiera hace tiempo estar planteando la desmilitarización del territorio en conflicto.

Sin embargo, hay que decir que no podemos confiar en que se dejará de reprimir judicial y policialmente al movimiento mapuche, pues la propuesta de Bachelet sobre los territorios en conflicto es muy ambigua, lo que hace prever que la lucha por el control territorial continuará. Y mientras haya oposición policial, paramilitar o judicial al control territorial mapuche, seguirá habiendo violencia.

La propuesta de Bachelet dice:

“Estudiaremos mecanismos alternativos a la compra de tierras para poder satisfacer las demandas pendientes. Se dará cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas y se proporcionarán los recursos para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales.Se respetarán todos los compromisos asumidos de compras de tierras, con un acompañamiento técnico y productivo a las comunidades”.

A estas alturas -20 años de la Ley Indígena- ya debiera haber claridad de que el artículo 20a de la ley, sobre el subsidio para compra de tierras mediante postulación, es totalmente inadecuado a la demanda histórica.

El artículo 20b (compra de tierras en conflicto por Títulos de Merced u otros documentos) ha resultado muy limitado, al dejar condicionada la solución del conflicto al precio que quieran poner los actuales poseedores de esas tierras.

La compra de tierras durante estos 20 años de Conadi ha sido principalmente en predios que no están reclamados por posesión ancestral y en los cuales la comunidad que reclama tenga colindancia actual que le permita ejercer el control territorial, sino simplemente ha sido un subsidio para comprar tierra tal como se subsidia para comprar una casa en otro barrio.

Más que recién empezar a estudiar mecanismos alternativos, debiera haber claridad en que es necesaria una verdadera reforma agraria en Wallmapu, con expropiación de cifras que bordeen las cien mil hectáreas por año(1).

Todo lo que planteamos aquí no es distinto a lo que han planteado los distintos organismos y relatores de la ONU y de otros organismos internacionales a los que alude el programa de Bachelet.

Un programa como el presentado por Bachelet es insuficiente para la Paz en La Araucanía, pues no habrá paz mientras existan millones de hectáreas en poder del grupo Matte y Angelini para la explotación forestal, que degrada el territorio destruyendo la biodiversidad del ecosistema que es sagrado para la vida mapuche.

Tampoco habrá paz mientras existan latifundistas propietarios de fundos de miles de hectáreas en territorio ancestral mapuche, siendo que las comunidades aledañas, verdaderos dueños de esos fundos, cuentan con pedazos de tierra que no les permiten vivir dignamente.

No nos engañemos, el conflicto con parceleros menores sólo es un derivado de que la solución del problema esté condicionada al mercado de tierras, y a que los grandes propietarios cuentan con suficiente respaldo como para negarse a vender fundos que hace tiempo debieran haber sido expropiados.

Todo lo demás que se anuncia en el programa, puede ser muy bueno y necesario, pero no tendrá efecto alguno para la paz en La Araucanía.

(1)¿Exagerado? Sí, si es que se compara con las escasas 170 mil hectáreas que se han comprado para restituir a comunidades mapuche durante los últimos 20 años. No, si se compara con las 2 millones de hectáreas que en los años anteriores adquirieron el grupo Matte y Angelini en la zona. Es cosa de mirar gobiernos como el de Chavez en Venezuela, que en pocos años traspasó 2 millones de hectáreas; el de Morales en Bolivia, donde el número asciende a varios millones de hectáreas (se discute la cifra); o actualmente Honduras, donde sólo este año se han traspasado cerca de 800 mil hectáreas.

Resulta que llegó una banda de salteadores a vivir a esa ciudad y vio que la familia le daba poco uso al auto, así es que decidieron quitárselo para un negocio más rentable.Un día, a vista y paciencia de todo el barrio, los atacaron armados, con extrema violencia, y les robaron el auto.

Para hacerlo, asesinaron a uno de los hermanos, violaron una de las hermanas, e incendiaron la casa de la familia.

Como la familia reclamaba frente al juez, la banda de salteadores se puso de acuerdo con otra banda de salteadores para venderles el auto, muy por debajo de su precio real .

¿Qué debía hacer el juez de esa ciudad?Encarcelar a ambos grupos de salteadores, a unos por robo con violencia, asesinato, violación e incendio.Al otro por asociación ilícita y receptación.

Pero el juez dijo que no podía hacer nada, y que el segundo grupo era legítimo dueño del auto.Resulta además que los salteadores usaron el auto para hacer fletes, y en eso lo hacían recorrer todos los días largos trechos por caminos en muy mal estado.

El auto día a día se desgastaba mientras los salteadores se enriquecían con este lucrativo negocio.La familia que anteriormente fue dueña reclamaba por esto, pues le tenían cariño al auto, y esto llegó a ser una nueva fuente de conflicto.

Entonces llegó a la ciudad otro juez.

Este juez decretó un “sistema de certificación” para que los salteadores den un buen uso al auto: debían manejarlo con cuidado, no hacer más de 20 viajes por día, no sobrecargarlo de peso, no pasar a altas horas de la noche manejando a toda velocidad por fuera de la casa de los antiguos dueños.

También estableció que los salteadores en lo posible debían contratar a los antiguos dueños para lavar el auto, para repararlo cuando estaba en pana, e incluso como choferes. Con este sello de certificación, los salteadores lograrían acceder a nuevos mercados, realizando viajes internacionales.

Algunos de los hermanos aceptaron los trabajos que proveían los salteadores, pues de lo contrario debían migrar de la ciudad, que tenía una alta tasa de cesantía.Además estaban muy empobrecidos.Otros, confiaban que a través de ese trabajo estarían más cerca del auto, para en algún momento poder recuperarlo.

Otros de los hermanos, sin embargo, decidieron no trabajar para los salteadores, sino que en las noches lograban de vez en cuando sacarlo a dar una vuelta y hacer un flete por propia cuenta.Ellos declararon el auto “en recuperación”.

Los salteadores reclamaron por este uso que daban los antiguos dueños al auto.Amenazaron con despedir al que lavaba el auto, al chofer y al mecánico, y demandaron a los rebeldes por “usurpación”.Al que lavaba el auto lo empezaron a llevar gratis, para que no se uniera a los rebeldes, con lo que éste llegó a pensar que los salteadores eran buenas personas.

Aquí sí que el juez primero dijo que podía hacer algo, y encarceló al hermano rebelde, lo que asustó al resto de los hermanos, que por necesidad seguían trabajando para los salteadores.

Pues bien, ¿les parece absurda esa historia?

Somos testigos de ella todos los días en Territorio Mapuche.

El auto, por ejemplo, es el Fundo Labranza, en la Comuna de Tirua. Forestal Mininco lo compró a bajo precio en dictadura sabiendo que era robado y reclamado por comunidades mapuche.El negocio de los fletes que deteriora el auto es la industria maderera y la celulosa.

El juez primero son los tribunales del Estado de Chile, que en vez de encarcelar a los salteadores, pretende encarcelar a los peñi que quieren sembrar el fundo.

El juez segundo es la Empresa Certificadora Internacional Rainforest Alliance (www.rainforest-alliance.org), que en estos días anda visitando las comunidades mapuche preguntando sobre las “buenas prácticas” de Forestal Mininco en el territorio robado.

Si los auditores de la Empresa Certificadora fueran este miércoles 9 de octubre al Tribunal de Cañete, serían testigos del juicio por “usurpación”, en el que Forestal Mininco pretende encarcelar a un grupo de mapuche que tiene la osadía de dejar de trabajar para la empresa y querer recuperar sus tierras.

No podemos quedarnos callados frente a la injusticia.

Nota del autor : invitamos a las personas conscientes de lo que ocurre en territorio mapuche, a escribir a ggutierrez@ra.org, de la empresa certificadora internacional, para intentar explicar la situación que viven nuestros hermanos.

Voy a la pregunta directa: Sr/a candidato/a ¿Restituirá usted las tierras a los mapuche?

Ya me parece estar escuchando… “Bueno… el problema mapuche es tan complejo, no podemos reducirlo a…”

Para justificar la pregunta, recurro a la demanda número uno que hicieron las comunidades que suscribieron el ADI al Presidente Piñera, es decir, “las dialogantes”.

“ Una amplia protección y recuperación con solución urgente de las demandas de tierra de todas nuestras comunidades, tierra que sostienen indebidamente las forestales y particulares, que por su larga espera ya se hace insoportable y empieza a generar por distintos lados serios conflictos de recuperación por la vía de los hechos que son de público conocimiento” .(1)

Vamos ahora por un mecanismo concreto, y ahora sí que ponemos en aprietos al candidato/a.

En octubre del 2013 (un mes antes de las elecciones) se cumplirán 10 años del Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.

(“Es tan largo ese documento… le debería haber pedido a mi asesor que me hiciera un resumen”)

El esfuerzo de la Comisión convocada por Ricardo Lagos tras las fuertes movilizaciones de 1999-2001 sería, se suponía, el inicio de la paz para el conflicto territorial en La Araucanía. 5 años después el Comisionado Presidencial de Michelle Bachelet volvía a publicar el documento, en el marco de la política “Reconocer”.

El informe tiene 2 partes: por un lado la revisión histórica y a continuación las propuestas concretas.

(“Ya, por aquí la sacamos, hablamos de historia y terminamos contando una anécdota”).

Pero centrémonos en las propuestas, sr/a candidato/a, y vamos a una en particular, que nos parece la central para lograr la paz social en La Araucanía: la llamada Corporación de Reparación.

(“¿Corporación de qué?”)

La Comisión de Lagos fundamentaba la necesidad de esta Corporación en que “entregar los reclamos de tierras de los pueblos y comunidades indígenas al tiempo –esperando que el olvido las sepulte– constituiría un error que alentaría conflictos frecuentes y permanentes”. Por otro lado “a los actuales propietarios de esas tierras nada puede serles personalmente reprochado y por lo mismo el costo de la reparación no debe recaer en ellos sino en el conjunto de la comunidad nacional, pues no estamos aquí en presencia de un problema bilateral entre particulares, sino de un problema público que posee profundas raíces históricas”.

(“Chuta, ojalá que no me pregunten con cuánto Arauco y Mininco me están apoyando en la campaña”).

La Comisión, por lo tanto, planteaba que “se favorezca la conciliación y, por tanto, se promuevan acuerdos transaccionales entre los interesados. Sin embargo, no habiendo tal acuerdo, es opinión de la Comisión que debe procederse a la expropiación de las tierras correspondientes, para lo cual, una vez concluido el trabajo de la Corporación, deberá redactarse una ley expropiatoria que establezca la expropiación de qué predios será considerada de utilidad pública o de interés nacional… los actuales propietarios se verán íntegramente compensados con cargo a rentas generales”.

(“¿Reforma Agraria? ¿Allende?”)

Así, hace 10 años, la Comisión de Ricardo Lagos se proponía “acabar en un plazo prudente –dos años– con la incertidumbre que actualmente pesa sobre los títulos del sector”.

El Informe fue recibido por Ricardo Lagos en pomposa liturgia, y sus recomendaciones archivadas. Muchas gracias.

10 años después propongamos desempolvar esa propuesta, dado que todo sigue igual, pero con 10 años más de rabia acumulada, 2 mapuches más muertos, 1 carabinero y 2 agricultores, el último hace menos de una semana.

Ante un ataque de encapuchados a una familia en Lautaro, un frustrado agricultor da un ultimátum al gobierno: “tienen 24 horas para encarcelarlos o empieza la cacería”. Y la opinión pública, sin avanzar mucho, se pone en la disyuntiva de estar de parte de unos o de otros.El Diputado Germán Becker pide al gobierno ni más ni menos que declarar estado de sitio.

Jorge Retamal, Director Nacional de Conadi, plantea que la institucionalidad vigente “no da el ancho” para solucionar el conflicto territorial. El Gobierno constata que entre 1994 y 2009 los precios de los terrenos en disputa aumentaron 826% (Libertad y Desarrollo, 2010).

De los candidatos, sobre la restitución territorial el único que ha hablado abiertamente es Franco Parisi, quien propone que “hay que decirles que eso ya es del pasado”. Propone “hablar con las comunidades y decirles, mire, yo les voy a dar un negocio nuevo… tú no puedes seguir con recetas añejas a problemas nuevos porque el mundo cambió, nosotros necesitamos que se integren… ellos quieren las tierras pero es porque crecieron con eso, pero hay que decirles mire, venga, administre esto y después puede comprar todas las tierras que quiera”.

Ximena Rincón no ha hecho una propuesta concreta. La Senadora DC ha planteado la creación de un Parlamento Indígena, basándose en que esto fue propuesto por la Comisión del 2003, pero no se ha referido a la propuesta de una Corporación de Reparación, de la misma Comisión.

Laurence Golborne no ha hecho declaraciones en general sobre el tema mapuche, pero su posición quedó clara al contestarle al longko Eric Vargas Quinchamán, frente a la privatización de aguas, que “usted lo que tiene que hacer es conseguirse los votos para que lo nombren parlamentario, esa es la forma en una democracia, la democracia obliga a que usted deje gobernar”.

Allamand, Velasco y Orrego al referirse al tema se han quedado en vaguedades.

¿Y Bachelet? #HablemosEnMarzo.

Dejo la propuesta a los candidatos, a ver si se atreven: ¿Mapuchicemos las próximas elecciones, o usted pretende seguir administrando el conflicto por cuatro años?

(1) “Resumen Demanda de las Comunidades Mapuche. En Relación a la Creación del Área de Desarrollo Indígena en la Comuna de Ercilla”, en Consejo Nacional de Conadi, 29 de Agosto de 2012.

Antes de eso, recordemos que por esta misma causa judicial, durante la huelga de hambre del 2011, los senadores Jaime Quintana (PPD), Soledad Alvear y Andrés Zaldivar (DC), José Antonio Gómez (PR) y Hernán Larraín (UDI) plantearon el indulto para Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical.

Sin duda que ésta sería una solución razonable antes de que esta huelga recién iniciada pase a mayores. Veamos.

Creo que resulta evidente para cualquiera que haya seguido con detención las causas judiciales mapuche en los últimos 10 años, que la huelga de hambre del Bicentenario marcó un giro no sólo en el rol del Poder Ejecutivo –el Gobierno de turno– como parte querellante en las causas, sino en las resoluciones de los jueces.

Sin embargo el proceso fue gradual, y me parece que ese es el motivo por el cual los dirigentes de la CAM están presos. Otros piensan que hubo una voluntad política explícita por dejar preso a un dirigente en concreto: Héctor Llaitul.

En las últimas semanas hemos visto salir absueltos a una decena de comuneros de Temucuicui y José Guiñón en el Caso Peaje Quino, que se desmoronó en tribunales después de que el gobierno le quitó el piso a la fiscalía en su acusación por ley antiterrorista.

También vimos que 4 comuneros de Wente Wingkul Mapu, tras 2 meses de huelga de hambre, recibieron de la Corte Suprema resoluciones judiciales que, en el caso de 2 de ellos, les evitaron 10 injustos años de cárcel.

Pero Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, teniendo motivos tan razonables como los comuneros que han ido quedando libres, están condenados a altas penas. Y es que en el “Caso Cañete”, el primero tras la huelga del 2010, las cosas fueron distintas. Recordemos.

Llaitul, Llanquileo, Huillical y Huenuche fueron absueltos por la justicia militar, lo que fue confirmado por una Corte de Apelaciones, y luego condenados por la misma causa en otro tribunal.

En el tribunal civil (Cañete) el rol del ministerio del Interior como querellante fue sumamente ambiguo, pues avaló que todo el juicio oral fuera con ley antiterrorista, y pidió que sólo al final del juicio se recalificara como delitos comunes. Lo que se obtuvo así fue “pruebas” acordes a la ley antiterrorista (que baja mucho el estándar probatorio) pero una condena por delito común. La Corte Suprema sólo rebajó las condenas, que de todas maneras son desproporcionadas.

Respecto a este juicio, la exigencia de la huelga de hambre actual es que se repare el hecho de haberlos juzgado dos veces, lo que permitiría rebajar la condena de Llanquileo, Huillical y Huenuche de 8 a 4 años, y la de Héctor Llaitul de 15 a 11 años.

Recordemos que la CAM nunca negó el hecho de que en Octubre de 2008 hubo un enfrentamiento en Puerto Choque, entre comuneros que reclaman el derecho a la autodefensa en su territorio y las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Pero se plantea que a través de mecanismos judiciales torcidos se dirigió un proceso -en el que hubo 14 absueltos y otras líneas de investigación desechadas arbitrariamente- para condenar a los dirigentes emblemáticos de la Coordinadora Arauco Malleco. Es necesario decir que durante el proceso judicial, El Mercurio difundía la opinión del Instituto Libertad y Desarrollo de que la conflictividad en territorio mapuche disminuiría si se encarcelaba a Héctor Llaitul.

No podemos dejar de decir que el Estado de Chile tiene una nueva oportunidad para dejar de “administrar” este conflicto a través de distintos órganos, y que es el Gobierno el que debe liderar los pasos para una solución, en la línea de:

1. Recuperar para las comunidades los territorios mapuche que en su gran mayoría se encuentran en manos de las forestales Arauco y Mininco.

2. Promover con urgencia -y para ello alinear a quienes en su sector político se opondrán- una ley de amnistía o un indulto a los presos por este conflicto territorial.

Nos parece que todo intento de diálogo por parte de algún organismo del Estado u oficina del Gobierno, por bien intencionado que sea, no llegará a buen puerto sin estos dos puntos, porque no se hace cargo de la demanda principal del movimiento, y no repara el daño causado con la criminalización de esta demanda.

Tarde o temprano un gobierno de turno tendrá que tener el valor de caminar en esa dirección.

Pero la nueva ley es necesaria. Ya en 2003 la OIM planteaba que “Chile nunca ha tenido políticas claras de migración. Estas han sido más bien producto de coyunturas sociales y han estado marcadas, según se desprende de documentos oficiales, por consideraciones racistas que tenían como fin dotar al país de una estructura cultural, social y económica superior”.(1)

El paradigma tradicional chileno respecto a la inmigración es que ésta debe ser selectiva según el principio del “beneficio nacional”.(2)

Así, la Ley de Colonización de 1845 se inserta en el esquema “civilizador” de las élites. El “interés nacional” era poblar territorios y algo así como “mejorar la raza” a través de la selección de europeos.

A partir de mediados del siglo XX, con las leyes y decretos de los años 40 y 50, esta política de atraer inmigración para colonizar, convivió con la de permitir otros inmigrantes, pero bajo requisitos raciales, “morales” y económicos. Es interesante ver cómo las políticas de migración son reflejo fiel de los estrechos paradigmas culturales dominantes. Pero la realidad superó la estrechez, y la migración espontánea e informal, por distintos cauces, siempre fue mayor a la planificada.

Desde 1975 la migración está normada bajo el Decreto Ley 1.094 del dictador Pinochet.Este decreto responde también a su contexto: el objetivo principal es mantener a Chile en cuarentena respecto al cáncer marxista internacional. Así, varios de los artículos del decreto refieren a la prohibición de ingreso de determinados extranjeros por motivos de “seguridad nacional”.

Los gobiernos de la Concertación propiciaron medidas y modificaciones para una mayor apertura, intentando responder a la oleada inmigratoria, principalmente de peruanos por motivos laborales.

Sin embargo, habría que decir que la integración humana fue quedando muy atrás, respecto de la integración económica propiciada a través de los Tratados de Libre Comercio. Se acentuó el liberalismo en distintos ámbitos, pero sin reconocer y promover, como plantea el PNUD respecto a la libertad, que la movilidad o desplazamiento humano por el mundo es parte del ejercicio de esa libertad.

En el gobierno de Bachelet destacan el instructivo presidencial para coordinar interministerialmente el tema, bajo el lema “Chile, país de acogida”, y el amplio proceso de regularización que se llevó a cabo. Sin embargo quedó pendiente sacar una nueva ley.

Los analistas concuerdan en que lo fundamental durante la Concertación fue asumir compromisos internacionales, especialmente en 2005 la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

Se destaca en la Convención que los Estados deben asegurar los derechos humanos de todos los habitantes que viven en el país, independientemente de su situación de regularidad o irregularidad. Esto implica no sólo un discurso de apertura, sino eficiencia para eliminar todas las trabas burocráticas y económicas, los incentivos mal diseñados –por ejemplo la Visa sujeta a contrato, que fomenta el abuso patronal–, y las ignorancias de funcionarios públicos, que hasta hoy impiden en Chile que los derechos sociales (educación, salud, previsión) y laborales se ejerzan de manera efectiva.

Por otro lado, si bien la Convención no afecta el derecho de cada Estado a establecer los criterios para la admisión de trabajadores migratorios y sus familiares (Art.79), se plantea que es necesario que los Estados colaboren entre sí, en la promoción de condiciones equitativas y dignas para el fenómeno internacional de la migración.

Más aún, se dice que “se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate” (Art.64,2).

En resumen, como principios fundamentales para la nueva ley de migración, quisiéramos destacar una de las recomendaciones de la OIM a las que refiere el Informe “Conocer para Legislar…” de la Cepal:

“Una buena política migratoria no puede hacer caso omiso al contexto de globalización que tiene lugar en el campo de la economía, la política y la cultura, así como tampoco puede descuidar el respeto de los derechos básicos que protegen a los migrantes.”(3)

Nos parece que el modo tradicional de enfrentar la migración (el beneficio nacional o la seguridad nacional), es del todo insuficiente, propio de una mentalidad provinciana y estrecha del Chile que no queremos. En el siglo XXI, nuestros legisladores deben estar a la altura de los grandes desafíos mundiales, especialmente en temas de tal magnitud e importancia. Creemos que el camino de apertura promovido por la Presidenta Michelle Bachelet debe ser profundizado.

1.Organización Internacional para las Migraciones (OIM=: “Las migraciones internacionales: análisis y perspectivas para una política migratoria”, 2003.
2. Cfr. Cano, Soffia y Martínez: “Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio”. Cepal, 2009.
3.Cano et al, op. Cit. p.57

En el caso Mendoza Collío, la Corte Marcial avala que el actuar fue en “legítima defensa”, argumentando que el carabinero, estando solo, fue emboscado por un grupo de mapuches armados. Recordemos que testigos relatan que, entrando el Gope a desalojar el fundo, persiguen un largo trecho a los comuneros mientras estos arrancan.

El peritaje de la PDI muestra que el balazo a Mendoza Collío entró por la espalda, y que los perdigones que tenía el chaleco del carabinero, fueron disparados sin que él lo tuviera puesto. Es decir, se hizo un montaje para que pareciera legítima defensa.

Quienes valoramos la institución sólida que es Carabineros de Chile, no podemos, frente a estos hechos, sino pedirle al parlamento que deje fuera de jurisdicción de la justicia militar, los hechos en que están involucrados civiles como víctimas. Tal proyecto de ley fue ingresado en 2007.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además del relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales, a propósito de casos por todo el continente, reiteradamente han manifestado que es fundamental en una democracia que los delitos cometidos por personal militar contra civiles, sean juzgados por tribunales civiles, aunque estos hayan ocurrido en actos de servicio.

En su informe 53/01 la CIDH plantea que “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidas”.

El tema es común en las débiles democracias de nuestro continente, herencias de gobiernos dictatoriales.

La Corte Interamericana en los casos La Cantuta vs Perú ( 2006), Almonacid Arellano y otros vs Chile (2006), Durand y Ugarte vs Perú (2000), Las Palmeras vs Colombia (2001), Masacre la Rochela vs Colombia (2007), Escué Zapata vs Colombia (2007), y Zambrano Vélez y otros vs Ecuador (2007) ha señalado que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar se debe restringir a “delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos del orden militar”.

Los bienes jurídicos militares, se ha señalado, “son esencialmente diferentes de otros bienes jurídicos protegidos por la legislación penal ordinaria, por ejemplo la vida, la integridad, la libertad sexual”, etc.

Por ende, los hechos que atentan contra aquellos (por ejemplo el asesinato, las lesiones, la violación, etc.) no pueden considerarse delitos militares.En cambio una deserción, por ejemplo, sí afecta la función propiamente militar(1) .

Destaca en ese sentido la sentencia 0012-2006/PI/TC del Tribunal Constitucional de Perú, en que se declara que la jurisdicción militar tiene el sentido restringido de mantener el orden y disciplina al interior de las FFAA. Bolivia ha incorporado en su legislación la definición de bienes jurídicos militares.

En el Caso Palomara Iribarne vs Chile (2005), la Corte además agrega que los delitos propios de la justicia militar son aquellos que se realizan con ocasión de funciones de defensa y seguridad exterior del Estado, y constata que la jurisdicción penal militar en tiempos de paz ha tendido a desaparecer en los Estados democráticos.

El informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, de la Comisión de Derechos Humanos, destaca que en caso de subsistir alguna forma de justicia militar, uno de los puntos a respetarse es que siempre debe declararse incompetente si entre las víctimas hay civiles. En contextos de transición desde dictaduras a democracias, jueces de Bolivia, Guatemala, Colombia y Perú han seguido esa recomendación.

Carabineros de Chile es una institución sólida, queremos repetirlo. Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de ella. Pero debemos poner todos nuestros esfuerzos por dignificarla y no seguirla mancillando. La impunidad no enaltece.

Así también, creemos que el Gobierno de Chile y el Parlamento deben dar pronta solución a la demanda territorial del movimiento mapuche, en vez de criminalizar y judicializar la misma. Todos queremos paz. Pero la paz es fruto de la justicia. Por lo mismo nos preguntamos ¿qué podemos decir a los jóvenes mapuche para que sigan creyendo en el camino del diálogo? No tenemos más respuesta que exigir justicia para promover la paz.

(1)Informe citado en “¿Comandante Supremo? La ausencia de Control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón”. Centro de DDHH Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. México, 2009. p.97 Las otras informaciones de jurisprudencia internacional sobre el tema usadas en esta columna, están tomadas del mismo informe.

Co autores de este artículo son :Fernando Díaz SVD, Pablo Castro SJ, Carlos Bresciani SJ, Juan E Fuenzalida SJ, Pablo González SJ.

Es un lugar de solidaridad donde se encuentran hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, una gringa y un chileno; algunos como migrantes y otros como voluntarios.

Todos los que entramos aquí soñamos un continente americano donde los blancos, indígenas, mestizos y negros podamos vivir como hermanos, sin policías migratorias que te digan dónde puedes o no puedes trabajar, según el color de tu piel, el acento con que hablas o el lugar donde naciste.

Sin pasaporte ni visa, como cantábamos en los 90 sobre los espaldas mojadas. Dicho en palabras del economista Andrés Velasco: “donde los liberales permitan que circule la fuerza de trabajo, tal como quieren que circule el capital”.

Tenemos un cuaderno en el albergue donde los que quieran pueden dejar su testimonio escrito. Quiero compartirles un breve texto de Carlos Sánchez, hermano evangélico, el cual corregí en lo formal, no en el contenido que es textual.

Soy Carlos, de Honduras, y no hay mejor lugar en dónde dejar parte de este sueño americano, que hablando en este texto, para entender un poco más la historia de la que puedes estar siendo tú también.

Soñar, diría yo, es el empuje del alma a la superficie de la vida. Es la única manera de mantener en la superficie todo tipo de anhelo. Es por eso que ser inmigrante, más que una aventura, es una daga clavada en el corazón, puesto que estar fuera de casa y de los tuyos, podría ser uno de los gritos más infortunados que deja el silencio.

Se sale por vivir un poco mejor, pero es más que soñar. Es empezar una pesadilla sin necesidad de soñar.

No sé por qué la humanidad se empeña en hacerles la vida imposible a otros.Nosotros mismos hemos hecho fronteras, dividimos las tierras, separamos los colores, etc.

La humanidad ha inventado todo tipo de cosas, pero ha dejado a un lado el verdadero significado de la vida de otros. Estamos tan ocupados, que los niños no suelen ser la máxima prioridad de estas cosas. La gente emigra, sale de estas tierras y a quién le importa. El pobre no se hizo más que para ser un número más, visto sin importancia y despojado de derechos. Carlos Sánchez. Tierra Blanca, Veracruz, México. 30 de Junio 2012.

Comparto este texto de Carlos con la esperanza de que hermanos peruanos, colombianos o haitianos, que llegan por cientos a Chile, que viven en diminutas piezas de empleada doméstica en el pueblito llamado Las Condes, o hacinados en Meiggs, General Velásquez y Toro Mazote, encuentren un corazón hospitalario en los chilenos, como se jactaban Los Huasos Quincheros.

Colombia, Haití y Honduras están viviendo situaciones de crisis humanitaria de esas que estamos acostumbrados a creer que sólo se dan en África. Países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay podrían ser destino para muchos refugiados si ensancháramos un poquito más el corazón.

La vulnerabilidad de los cientos de ciudadanos centroamericanos, la gran mayoría de ellos hondureños, que viajan en el techo del tren “La Bestia” o también llamado “el tren de la muerte”, cruzando todo México rumbo al sueño americano, es realmente asombrosa.“Aquí empieza el infierno” ha dicho el P. Flor María Rigoni, del albergue Belén de Tapachula.

El secuestro de migrantes es un negocio a gran escala y eso es lo que lo hace muy lucrativo, además de fácil. Para las bandas de crimen organizado en México es algo muy sencillo secuestrar migrantes y amenazar por teléfono a sus familias. Como la gran mayoría de ellos están indocumentados, no habrá quién los busque, ni autoridad que se haga responsable.

Los migrantes no son una “especie protegida”. Aquellos que no tienen quién pague algunos pesos por su vida, simplemente son asesinados, y en algunos casos obligados a “trabajar” también ellos como secuestradores y asesinos de compatriotas.

No se sabe cuántos centroamericanos han muerto en México. El P. Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, ha llamado insistentemente a que los organismos estatales tengan mecanismos para defender a los migrantes, y también, por honestidad y respeto, abrir las decenas de fosas comunes que se han encontrado en Chiapas, Veracruz, Oaxaca.

Además, plantea, es fundamental que México lidere un plan integral para hacer de los lugares de origen un lugar posible para vivir y prosperar.

En los albergues que reciben centenares de centroamericanos todos los días, los relatos de asaltos, violaciones y secuestros son tan comunes como los de extorsión por parte de las policías. También los coyotes que cobran por ser guías en este peligroso trayecto, muchas veces resultan ser operadores de las bandas del crimen. La indefensión es total, y en el tren lo único que sirve es rezar y mantenerse alerta.

A diario también escuchamos los relatos de los que caen y son mutilados al tratar de subir al tren, o los que se quedan dormidos sin amarrarse en el techo y se caen, o los que se lanzan abajo escapando de la policía migratoria, o de secuestradores y asaltantes. No son pocos los que terminan entregándose a “la migra”, exhaustos y aterrados por lo visto y vivido.

Los motivos más habituales que expresan que los llevaron a salir de su tierra: juntar dinero para comprar un terreno y una casa, la violencia de las pandillas en Honduras, la falta de oportunidades, las expectativas de una vida mejor.

Se trata de un verdadero desangramiento de Honduras. ¿Cuántos logran llegar a los Estados Unidos? ¿Cuántos mueren en el camino? No sé si acaso la última asamblea de la ONU se haya hecho estas preguntas.

Llegan a los albergues hambrientos, insolados y deshidratados, con los pies heridos de tanto caminar, habiendo ya perdido la suela de los zapatos, pidiendo un poco de comida, agua o un par de calcetas o zapatos para seguir su viaje.

La mayoría tiene menos de 25 años. No son pocos los menores de edad, incluso niños pequeños. Son muy respetuosos. A pesar de ser cientos los que pasan todos los días, mantienen orden y limpieza.

En algunos pueblos son un apoyo a la economía de los pobres, que se acercan a las vías a vender agua o comida. También es asombrosa la solidaridad de muchos que los auxilian gratis.

En otros lugares ha habido reclamos y amenazas de los vecinos a los albergues, por la interrupción de la rutina que provocan.

Después de un plato de comida, un baño y un par de horas de descanso siguen su camino. Agradecidos de Dios por seguir vivos, haber comido y tener fuerza para seguir adelante.

Cinco días después eran secuestrados y asesinados otros cuatro profesionales de la información en el mismo Estado. En los últimos 10 años van 15 periodistas asesinados violentamente en Veracruz. Sólo el periódico Notiver cuenta en el último año con cinco mártires.

En julio del año pasado, tras el asesinato de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, el procurador Reynaldo Escobar justificaba los atentados contra periodistas poniendo bajo sospecha al gremio, al plantear que las muertes podrían tener relación con posibles nexos de periodistas con el narcotráfico.

Se pidió la destitución del procurador, que ya había hecho polémica por la detención de usuarios de redes sociales, pero ésta no fue efectiva sino hasta octubre, tras la fuerte ola de violencia que dejó un centenar de muertos. Actualmente va de candidato a diputado.

Veracruz es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, y eso justifica las habituales renuncias de reporteros que cubren las secciones policiacas. Habituales, como en todo México, son las denuncias de nexos entre la dirigencia priista del Estado, los grupos criminales que se disputan el territorio (en Veracruz se trata de Los Zetas y el cartel del Golfo) y las policías.

La desconfianza en las autoridades para acabar con el crimen organizado es total. La organización Artículo 19 (que toma su nombre del artículo de la Declaración Universal de DDHH referido a la libertad de prensa) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) atribuían la mitad de los ataques a la prensa en México durante 2010… ¡A las mismas autoridades! Desde el año 2000 se estiman en más de 80 los periodistas asesinados en todo el país.

Y es que con los cambios culturales y tecnológicos que hemos experimentado, tal vez es hoy el periodismo quién está llamado a ejercer en América Latina el incómodo rol para los poderosos que ejercían los curas en los años de la Teología de la Liberación.

Toda nuestra admiración para los periodistas comprometidos con la verdad, especialmente la verdad que no nos gusta escuchar, y que se toman su trabajo con la responsabilidad de quienes pueden dar voz a los que no tienen voz, a los silenciados de siempre, a los asesinados anónimos, a los persistentemente explotados y discriminados de toda esta sufrida tierra mestiza e indígena.

Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el caso por la muerte de Hugo Albornoz, efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales caído en un confuso incidente en el interior de la comunidad mapuche Wente Wingkul Mapu.

La tragedia que hoy enluta a la familia Albornoz fue totalmente evitable. El fiscal Luis Chamorro dijo que se había producido en una emboscada en el camino, saliendo de la comunidad donde habían realizado el allanamiento.

Sin embargo el peritaje realizado por la PDI el martes pasado respaldó la versión de la comunidad, de que el carabinero había caído en el patio de una vivienda y no en el camino.

El werken Daniel Melinao, que no se encontraba en la comunidad ese día, pidió una investigación objetiva, apuntando a la posibilidad de que la bala que mató a Albornoz hubiera salido del arma de otro carabinero. La comunidad abrió sus puertas a la PDI, mostrando transparencia y pidiendo transparencia.

No estamos en condiciones de plantear una u otra versión, pero sí parece evidente que el fiscal Chamorro, que estuvo a cargo del operativo, y que alega ser víctima de una emboscada, no puede ser quien esté a cargo ahora de investigar lo que ocurrió en ese mismo operativo. No se puede ser supuesta víctima, testigo y persecutor de un delito a la vez.

Sin embargo, el fiscal regional Francisco Ljubetic confirmó a su subordinado Chamorro en la investigación.

El tema de fondo es que desde hace años el ministerio del Interior respalda fuertemente cualquier procedimiento de la fiscalía, sin atender al derecho a un debido proceso, porque la represión policial y la criminalización han sido la respuesta a un movimiento mapuche que levanta justas demandas de restitución territorial, que afectan en su mayoría a dos de los grupos económicos más grandes del país: el grupo Angelini y el grupo Matte.

El Estado de Chile en su conjunto se pone al servicio de los intereses de las grandes empresas forestales. Y es que, como reconoció públicamente un diputado UDI hace pocos días, las grandes empresas forestales financian a todos los partidos políticos.

El parlamento y el poder ejecutivo son interlocutores de los ricos. En cambio, para los pobres, la represión y la criminalización. El poder judicial y las fuerzas policiales son el modo de hacer política en territorio mapuche.

Es por eso que, como ya se dio cuenta la familia del joven que quedó detenido en Collipulli después de ese allanamiento, la justicia no está siendo confiable para los mapuche.

Esa familia, evangélica, ni siquiera participa del proceso de recuperación territorial.

Hoy en la mañana me confesaban: “Ya no confiamos en nadie. Nosotros dejamos que carabineros entraran a nuestra casa, porque el que nada hace nada teme, pero ya no más. Nosotros nunca nos metemos en nada, nunca pensamos que nos iba a pasar algo así”.

Otra familia me planteaba que “para nosotros nunca llegó la democracia, la democracia a territorio mapuche va a llegar cuando se vayan las forestales que nos invadieron con la dictadura”.

Estas han sido las palabras del alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, para referirse a un vecino que, desde un edificio, disparó un balín de acero a un manifestante durante una jornada de protesta.

Las personas nos abanderizamos y perdemos objetividad, juzgamos desde lo que conocemos y tenemos en el corazón. A todos nos pasa. Quisiera establecer una comparación con otros hechos de violencia que han obtenido la condena transversal de la clase política chilena: la violencia política de algunas facciones del movimiento mapuche.

Trate de hacer el ejercicio de leer como si fuera primera vez que le contaran la historia, para poder sopesar proporciones y sacar usted mismo sus propias conclusiones.

Un Pueblo invadido militarmente por los abuelos de nuestros abuelos: exterminio genocida, violaciones de mujeres, incendios de viviendas y ocupación por la fuerza. No fue hace mucho tiempo. Todavía uno puede estremecerse escuchando viejos traspasando a sus nietos estas historias que sufrieron sus propios abuelos.

Pasaron cuatro generaciones completas en que los empobrecidos mapuche, luchando contra la miseria más absoluta y la depresión colectiva, clamaron majaderamente a la justicia wingka por resarcimiento legal, antes de saturarse de impotencia.

La violencia estatal volvió a aparecer en la dictadura, cuando se revirtió el proceso de reforma agraria con cerca de 100 detenidos desaparecidos del movimiento mapuche, incendios en las viviendas de los que ocupaban los fundos, un centro de tortura en el lago Lleu-lleu y la entrega de las tierras a las actuales forestales Mininco y Arauco. Muchos de los actuales dirigentes fueron niños maltratados por esa violencia.

Con el retorno a la democracia se retoman las movilizaciones, la represión estatal y después de años de movimiento algunas facciones, en 1997 comienzan ataques incendiarios contra el capital de las forestales, nunca contra personas.

A la par de la ley antiterrorista vimos un paso más: las quemas de casas patronales y de veraneo. Por supuesto uno como cristiano, seguidor del que nos mandó poner la otra mejilla, nunca podría avalar o justificar tales situaciones. Los alcaldes y líderes mapuche, que han vivido la misma historia, han tenido palabras para sus hermanos mapuche como las del alcalde de Santiago.

Los asesinatos de Lemún, Catrileo y Mendoza hacen que algunos miembros de comunidades lleguen a plantear que, frente a los contingentes policiales que disparan subametralladoras, tienen derecho a responder.

En un enfrentamiento en una comunidad, precisamente en lo que fue un campo de tortura en dictadura, un fiscal escoltado con fuerzas especiales resulta herido. Cuatro mapuche son condenados a 8 y 13 años de cárcel en un juicio ruin que no logró esclarecer objetivamente su participación.

La condena a los actos violentos del movimiento mapuche ha sido transversal. Nunca un matiz de parte de la clase política wingka. En cambio ahora, frente a un vecino de la Alameda saturado por las marchas en su barrio, consideramos normal que el alcalde se apresure a justificar.

Sólo quise volver a contar esta historia, repetida una y otra vez majaderamente, para que usted pueda comparar maneras de juzgar qué entendemos por “saturación e impotencia” a la hora de justificar o castigar acciones violentas en nuestro país, según cómo nos abanderizamos.

Jesús siempre propuso poner la otra mejilla, pero no desde la comodidad del observador externo sino desde la solidaridad entre los que sufren la violencia.