Efectivamente, se ha planteado una falsa disyuntiva para enfrentar un debate, diseño y ejecución de una política pública sobre el aborto, la cual es vista desde la perspectiva de los derechos de género o desde la perspectiva de la salud pública. La realidad del aborto en Chile implica ambas perspectivas y otras tantas.

Sin duda es un problema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en cuanto afecta su autonomía y capacidad para autodeterminar conductas que tiene sanción penal, pero también tiene un enfoque sanitario por cuanto constituye el más masivo procedimiento sanitario clandestino con riesgos que están relacionados directamente al nivel de vulnerabilidad socio-económico de las mujeres involucradas.

Todo lo anterior bajo el debate de la vida y la conceptualización de la persona humana, la dignidad y la distinción entre la ética y la ley.

El proyecto de ley presentado por el gobierno sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo —el cual comparto y apoyo— si bien está limitado a excepcionalísimas situaciones, ha abierto un debate mucho más amplio sobre el aborto. Enfrentar dicho debate es un imperativo ético que no podemos esquivar.

De hecho, por cada día que debatimos sobre el aborto se producen entre 36 y 411 abortos al día, dependiendo de la fuente o estudio que utilicemos para acercarnos a la cifra negra de abortos en Chile. Muchos de ellos en condiciones que ponen en peligro la vida y la integridad de las mujeres involucradas, con un indicador claro: a mayor vulnerabilidad socio-económica mayor riesgo de la vida e integridad de la mujer.

Los 13.000 abortos al año —por utilizar la cifra más moderada— nos exigen una intervención directa sobre el problema independiente de la posición filosófica o política sobre el aborto.

En lo personal, y en términos generales, soy contrario a la práctica del aborto por profundas convicciones personales, pero tengo serias dudas sobre el momento del inicio de la vida como persona humana que ni la filosofía ni la ciencia médica me han dado las herramientas para responder.

Pero el debate que pretendo instalar no lo quiero plantear desde dicho eje de convicciones, sino desde el eje de las políticas públicas que tienen que responder a un problema central: los 13.000 (o 150.000) abortos al año en Chile.

Si bien todos plantean el problema, el conjunto de la sociedad chilena y el Estado establecen un statu quo para enfrentarlo. Actualmente existe una norma que penaliza el aborto, que, y conforme a esa norma, existirían entre doscientos mil y dos millones de “delincuentes” por la participación, en distintos grados, en la ejecución de dichas figuras penales, con acciones no prescritas y sin ninguna política pública seria que pretenda directamente bajar las cifras negras de aborto.

Es en este punto donde se abre un nuevo eje del debate, para bajar las cifras de aborto en Chile se requiere una batería de medidas que comience por la despenalización del aborto.

Ninguna política pública que tenga por objetivo bajar las cifras negras del aborto en Chile puede comenzar con la amenaza y poder coercitivo del Estado de meter en la cárcel a la mujer embarazada que pretende interrumpir su embarazo. En forma paralela se deben trabajar propuestas que apoyen a las mujeres que bajo ciertas condiciones de riesgo o vulnerabilidad se plantean la posibilidad del aborto.

En tal sentido iniciativas como un proyecto de ley de Apoyo Integral al Embarazo Vulnerable impulsado por un grupo de diputados parecen ser la vía adecuada para enfrentar de forma integral el grave problema de las cifras negras de aborto en Chile. Pero dichas políticas públicas no se pueden desarrollar con una “espada de Damocles” sobre las cabezas de las mujeres con un embarazo vulnerable.

Es una falacia cuando se pretenden argumentar que manteniendo penalizada la conducta del aborto se está protegiendo la vida del que está por nacer, por cuanto está demostrado estadísticamente que las acciones penales ejercidas para perseguir dichas conductas son ínfimas y la cantidad de sancionados son aun menores.

Para ser coherente con la propuesta de mantener el aborto como figura penal deberían proponer una serie de medidas (como fiscalías especiales, jueces de dedicación exclusiva, departamentos policiales dedicados al tema, entre otros) dado el gran volumen de abortos producidos al año.

La pena en el aborto es una figura decorativa desde la perspectiva de la política pública (tomando un concepto amplio de política pública), pero fuertemente intimidatoria para mantener un sistema clandestino de aborto con un fuerte componente de discriminación social y económica en la población chilena.

Como demócrata cristiano participaré en el VI Congreso Nacional del PDC, este es un debate que necesariamente tenemos que dar los militantes de los partidos políticos que juegan un rol insustituible dentro del Estado chileno, pero con verdadera participación de las mujeres en dicho debate.

Desde la perspectiva humanista cristiana tenemos que desarrollar una propuesta que recoja, por una parte, conceptos como la misericordia y la compasión (una de las fuentes del humanismo cristiano lo constituye la filosofía cristiana, donde se han desarrollado dichos conceptos), y por otra parte, la realidad de que la sanción penal del aborto no cumple ninguna de las funciones que debe cumplir la pena, no se está protegiendo el bien jurídico presente en la figura del aborto y constituye una norma socialmente discriminatoria (la realidad es otra de las fuentes del pensamiento humanista cristiano).

La perspectiva de la despenalización del aborto y su regulación es un debate abierto en la sociedad chilena, la realidad de la inmensa cantidad de abortos clandestinos es un imperativo ético a la acción, la respuesta de un pensamiento humanista cristiano que supere una respuesta simple de un articulado del Código Penal es un desafío del humanismo cristiano del siglo XXI.

En primer término, es políticamente impresentable que asuma Jorge Pizarro como presidente del PDC después del cuestionamiento suscitado por las facturas emitidas por una empresa relacionada con sus hijos, supuestamente falsas, según información de SOQUIMICH y Servicio de Impuestos Internos. Una cosa es la presunción de inocencia que solamente puede ser rota por una resolución judicial y otra es el escenario político que hace poco prudente que asuma el senador Pizarro el rol del presidente de un partido político en cuya gestión tendrá que dar permanentemente explicaciones y declaraciones sobre la veracidad de documentos contables. Lo anterior produciría un enorme daño a la DC.

En segundo término, convocar a una Junta Nacional del PDC para resolver la crisis institucional y proponer alternativas de solución para la grave situación que vive el país y el partido.

En tercer término, en dicha Junta Nacional se debe elegir una directiva nacional colegiada y transitoria que asuma algunas tareas políticas específicas: un plan de superación de la crisis generada por el financiamiento de la actividad política que se base en una nueva institucionalidad, sin ningún rasgo de impunidad y que fortalezca la democracia; la implementación inmediata del VI Congreso Nacional del PDC donde definamos nuestra carta de navegación y acuerdos obligatorios para todas y todos los militantes DC independiente del rol que estén cumpliendo; un proceso de refichaje de la militancia que transparente la verdadera fuerza de las bases políticas de la DC.

En cuarto término, se debe convocar a elecciones para una fecha a determinar pero que no debería sobrepasar de noviembre de 2015.

En quinto término, colocar a la Democracia Cristiana en la vanguardia de la superación de la crisis política a través de una propuesta de cambio de la Constitución Política mediante una Asamblea Constituyente participativa y democrática.

Para lo anterior se debe convocar a un gran acuerdo nacional – desde RN hasta el PC – que establezca los procedimientos, mecanismos y metodología de una Asamblea Constituyente como el único instrumento ordenado y legitimado de superación de la actual institucionalidad gravemente dañada y repudiada por la ciudadanía.

Estos son algunos de los criterios de trabajo para construir un acuerdo marco al interior de la Democracia Cristiana y desarrollar una propuesta que supere la grave situación política motivada por el financiamiento irregular de la actividad política. La última palabra la tienen las bases de la DC.

Que peor ejercicio de proceso político es comenzar una fase final de renovación de directiva nacional de un partido político en pleno febrero. Los dirigentes políticos y sociales de bases sabemos que en Chile febrero es “mes muerto” sobre todo para realizar procesos participativos. Pareciera que la elección de directiva nacional de la DC fuera sólo un ejercicio de entrevistas y reportajes en los grandes medios de comunicación social y no un debate en foros y asambleas de las distintas comunas y regiones del país.

Como me señalaron en mi comuna ¿Quién fue el genio al que se le ocurrió comenzar en pleno febrero el proceso electoral?

La elección anterior tuvo un formato similar y demostró que, hasta la primera semana de marzo, no había mucho debate interno, sino más bien escaramuzas mediáticas a través de los medios reservados a unos pocos.

En dicho marco algunos connotados dirigentes de la DC han llamado a la unidad o lista de consenso saltándose un aspecto no menor ¿Unidad o consenso en torno a qué postulados?

Dicho trabajo de unidad se desarrolla en algunas reuniones, en casas de Vitacura y oficinas de Valparaíso principalmente, y el principal diálogo se produce en torno a temas de nombres y sobre todo al nombre que encabeza la lista.

Pero como no se trata de quedar en la mera crítica, van algunos planteamientos que hemos desarrollado desde el Movimiento Refundación PDC.

La próxima elección de directiva nacional del PDC no es una elección de nombre sino de tesis políticas. Nuestra tesis es generar un gran frente amplio interno por un partido popular, nacional y de vanguardia. Partido de vanguardia que recoja la tradición y ADN de la DC chilena en torno a las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas que permitan la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con la participación de todas y todos.

Por tal motivo, la primera definición de la DC debe ser colocar a este instrumento de transformación social en la construcción de una nueva Constitución Política a través de un procedimiento de una Asamblea Constituyente democrática y participativa. Nuestra tradición de un partido comprometido con la participación comunitaria y ciudadano nos obliga a liderar dicho proceso.

Nuestra principal matriz conceptual para la elaboración de una nueva Constitución Política está en la doctrina internacional de los derechos humanos, no tan sólo en los de primera generación (derechos políticos y civiles), sino que los de segunda generación (derechos sociales, económicos y culturales) que nos diferencian de la derecha chilena y de diversos sectores liberales del país y los de tercera generación (solidaridad, paz y ecológicos) que nos colocan en la vanguardia de los contenidos constitucionales de un marco teórico de los derechos humanos.

Planteamos que las grandes tareas políticas del Partido deben priorizarse en torno a temas que generen las políticas públicas que permitan la renacionalización del cobre, la recuperación de nuestros recursos naturales (recuérdese especialmente el litio y el agua), el término de las AFP estableciendo un verdadero sistema previsional solidario, el cambio del Código del Trabajo, a partir de la agenda laboral que estará en el tapete durante todo el año 2015, una verdadera igualdad de género, una descentralización del país y la creación de un poder comunitario, entre otros temas. ¿Habrá consenso en dichos temas entre las distintas candidaturas a directiva nacional?

Modernizar el Partido pasa por realzar la fuerza territorial de las alicaídas y desprotegidas comunas y regiones, donde debiese centrarse el debate interno, debate que ha estado ausente en las bases partidarias que tiene que conformarse con leer los diarios para saber del diálogo del proceso interno.

En tal sentido es importante aprovechar las TICs (principalmente las redes sociales) para generar un debate de contenidos.

En relación al gobierno de Michelle Bachelet se debe ser claro y preciso en cuanto a un leal apoyo al conjunto de transformaciones incorporadas en su programa de gobierno y comprometidas de cara al pueblo chileno. La DC debe encausar dichas transformaciones y no ser el freno de mano a dichos procesos.

En tal sentido la Nueva Mayoría debe ser la plataforma política para construir una coalición política que reúna a las grandes mayorías nacionales y convoque a la unidad social y política del pueblo chileno.

Por todo lo anterior, se transforma en un imperativo ético la realización del VI Congreso Nacional del PDC ¿Cómo lo desarrollamos? Es un debate que debe desarrollarse desde las bases partidarias. Lo importante es que sus acuerdos no sólo deben ser una carta de navegación, también deben ser vinculantes a todo militante que tenga cargo de representación por la Democracia Cristiana, es decir, que nuestros parlamentarios u otros puedan ser sancionados en nuestras instancias partidarias por no respetar los acuerdos de las bases.Estos son algunos de los componentes a debatir para recién comenzar a hablar de unidad al interior de la DC, de lo contrario el supuesto consenso o unidad será solamente de una oligarquía al interior de la Democracia Cristiana ¡Sólo hay una forma de permanecer unidos, cual es, avanzar unidos!

Uno de los pilares es reformar todo el sistema de negociación colectiva, donde un componente básico es el derecho a huelga, derecho que fue consolidándose en Chile durante décadas del siglo XX y el cual fue fuertemente atrofiado en la reforma laboral impulsada por la dictadura militar, atrofia que no se había asumido ni solucionado hasta la presentación de la Agenda Laboral de la actual gestión.

En efecto, para la Organización Internacional del Trabajo OIT, el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los/as trabajadores/as y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. La OIT ha dejado claro que es un derecho, que adopta criterios muy restrictivos para limitarlo en casos excepcionales y su limitación o/y obstrucción corresponde a una práctica antisindical.

En nuestro país, entre los acuerdos del V Congreso Ideológico del PDC, se encuentra la resolución que señala que “es esencial garantizar constitucional y legalmente el derecho efectivo a la huelga, eliminando todo obstáculo que impida el libre ejercicio de la misma, tal como la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga.”

En el voto político promovido por el Movimiento Refundación PDC planteábamos “un Nuevo Código del Trabajo que considere y garantice la participación de los/as trabajadores/as – públicos y privados – de todos los sectores de la economía nacional en la negociación colectiva […] y la eliminación del remplazo de las y los trabajadores después de 15 días de huelga legal”. Debate planteado permanentemente en las Juntas Nacionales del PDC.

El programa de gobierno de Michelle Bachelet señalaba que las normas laborales sobre la huelga en Chile constituyen un incumplimiento del Convenio OIT n° 87 sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, ratificado por el Congreso Nacional. Es decir, ha sido un debate presente en distintos frentes políticos.

¿Cómo viene el proyecto de ley del Gobierno de Bachelet en lo referente al derecho efectivo a la huelga?

Sin duda tiene presente las observaciones de la OIT, que cuestiona la legislación chilena, que limita el ejercicio del derecho a huelga entre otros aspectos el reemplazo de los trabajadores en huelga bajo ciertas condiciones.

El proyecto de reforma plantea como objetivo restablecer el equilibrio de las partes (trabajador y empleador) en el proceso de negociación colectiva, reconoce que la legislación chilena contempla una figura que hace ineficaz el derecho de huelga “al otorgar la facultad al empleador de reemplazar a los trabajadores durante el ejercicio de huelga” como asimismo, permitir el “descuelgue” individual.

El proyecto afirma el objetivo de que la huelga sea un instrumento eficaz planteando que “se eliminará la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga” reforma legal que está en concordancia con la última jurisprudencia de la Corte Suprema.

Así el proyecto recoge el principio general planteado por la OIT de prohibir el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga.

Pero el debate legislativo tendrá que poner especial cuidado en el análisis de las normas que limitan el ejercicio del derecho a huelga. En efecto, el punto a debatir dice relación con los llamados “servicios esenciales” constituyendo la excepción al ejercicio del derecho a huelga.

La determinación que hace el proyecto de ley de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga es mucho más amplia que las definiciones de la OIT sobre la materia.

Desglosemos la norma. Mientras la OIT plantea como una de las excepciones al derecho a huelga la de los trabajadores de los servicios esenciales, que en forma estricta, son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, el proyecto de ley plantea que no podrán declarar la huelga los trabajadores – entre otras causales – que atiendan servicios de utilidad pública, que causen grave daño a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Conceptos todos ajenos a los estándares internacionales definidos por la OIT.

La calificación de estos servicios esenciales queda en manos de la autoridad administrativa, pudiendo intervenir hasta el ministerio de Defensa con el ya añejo argumento de que “causen grave daño a la seguridad nacional”, concepto que esperábamos fuera superado en nuestro ordenamiento jurídico. Además, se establece todo un procedimiento que judicializaría dicha calificación. Faltando así a lo señalado por la OIT de que “al tratarse de una excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva”.

Sin duda la Agenda Laboral impulsada por el Gobierno constituye un enorme avance en materia de derecho de huelga, volviéndose a establecer una simetría en la negociación, al proponer un ejercicio efectivo de dicho derecho por parte de los/as trabajadores/as, pero las excepciones planteadas en el proyecto de ley deberán adecuarse a los casos de “los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término” conforme lo ha señalado majaderamente la OIT.

Una de las principales resoluciones dice relación con el sistema de seguridad social y su particular componente de las AFPs. Ya señalábamos en otra columna que “el modelo de AFP en Chile es muy peculiar, es el único negocio donde el dueño del capital – los trabajadores y trabajadoras – no tienen ninguna facultad de gestión o control sobre el negocio.Es decir, más de siete millones de dueños de uno de los capitales más grandes del país no pueden nombrar a las personas que administran dicho capital, ni tampoco le pueden fijar pautas de trabajo.”

Ya en el V Congreso Ideológico y Programático del PDC proponíamos “crear un sistema de pensiones público de reparto, solidario y sin fines de lucro; y establecer un segundo piso provisional administrado por corporaciones sin fines de lucro o por las actuales AFP, a las cuales no se puede incorporar bancos ni compañías de seguro. Por otra parte, debe crearse una AFP del Estado, con las mismas normas que las demás AFP.”

Además, se añadía que “en este nuevo sistema debe ser obligatorio el aporte patronal y debe haber participación de trabajadores y empleadores en los directorios de las AFP.

En cuanto al financiamiento, el Estado debe hacerse cargo de las cotizaciones del aporte patronal en el caso de las cooperativas pequeñas y medianas y de las micro y pequeñas empresas. En cualquier caso, habrá prohibición para que las AFP participen en la elección de directores de empresas donde ellas tengan inversiones y tendrán la obligación de invertir los recursos de los fondos provisionales en el país.”

Sin duda constituye un buen piso para el debate actual del VI Congreso Nacional del PDC, pero es la oportunidad de ser claros con los principios básicos de la seguridad social moderna, como lo son la universalidad, la solidaridad, la integralidad y la participación, todos conceptos muy ajenos al sistema de AFP.

Las AFPs son instrumentos fracasados para los fines de la seguridad social y es solo un buen negocio para los grandes grupos económicos, que están detrás de la administración y gestión de estas empresas.

La Democracia Cristiana tiene que definir con claridad su posición de terminar con el sistema de AFP, donde la idea de una AFP estatal ya no es posible, ni siquiera, como medida transitoria.

En tal sentido se tiene que actuar con la fuerza y convicción con que actuó el maestro Jesús, expulsando a los mercaderes del templo.Los delegados de las bases tiene que señalar claramente que la propuesta del PDC es el remplazo del sistema individual de capitalización previsional por uno solidario que permita una jubilación decente para cada uno/a de los/as trabajadores/as, que considere los principios de solidaridad, riesgos compartidos y financiamiento colectivo que forman la esencia de la seguridad social retomando los principios básicos de los sistemas de seguridad social promovidos por la OIT, como la solidaridad, la cobertura, la equidad de género y la representación de los asegurados.

La invitación es que, a partir de los acuerdos del VI Congreso Nacional del PDC, pongamos fin al sistema de AFPs en Chile.

Para lo anterior es imprescindible y necesario que las bases partidarias se preparen para ser delegados y delegadas a dicho Congreso.En tal sentido, puedo afirmar que dicho congreso partidario será uno de los factores que pondrá fin al sistema de AFPs en Chile.

Hace 15 años atrás, en este encuentro de diversos sectores progresistas, que fue organizado por el Taller de Convergencia Progresista – taller surgido de un café entre Osvaldo Aravena, Gloria Fuentes y quien suscribe – nos comprometíamos a fijar ciertos “criterios convocantes” de un discurso progresista al interior de la Democracia Cristiana, criterios que debían ser enriquecidos, profundizados y complementados junto a un proceso participativo y de consolidación de un movimiento progresista.

El término “progresista” al interior de la DC siempre ha tenido un cuestionamiento ontológico y semántico, pero finalmente nos permitía identificarnos y reconocernos al interior del Partido.

Es así que, en las conclusiones de dicho encuentro, ya reconocíamos -en el modelo de desarrollo vigente en Chile – un sistema que tendía a la concentración de poder y la exclusión, principalmente emanado desde el poder económico y la injusta distribución del poder político.

Declarábamos que lo anterior se traducía en la atomización de las decisiones, en pequeños espacios públicos y cúpulas políticas, lo cual constituía un obstáculo primordial en la construcción de un Chile justo y democrático, y generaba debilitamiento de las facultades de la sociedad civil para crear y participar.

Diagnóstico totalmente vigente en el Chile actual.

En ese verano insistíamos que “nos sentimos disconformes con el modelo económico y social que predomina en el mundo contemporáneo y en nuestro país.Que el neoliberalismo no constituye, ni remotamente, una respuesta humanista cristiana a la persona de hoy”.

Conscientes de que no bastaba la simple declaración de intenciones veíamos al PDC como “un instrumento de transformación social y de acción política, heredero de una vocación por el cambio que inspiró a nuestros fundadores y que nuestro compromiso es para que sea un instrumento eficaz de cambio social, reafirmando la ética general del respeto irrestricto de los derechos humanos, ya que en estos valores converge la acción política”.

¿Cuál es la importancia de traer a colación dichos recuerdos y declaraciones?

Soy un convencido de que se debe colocar a la Democracia Cristiana al servicio de las grandes transformaciones que se vienen. Debemos ser un partido de vanguardia, popular y nacional como lo declaró nuestro último Congreso Ideológico y Programático.

Debemos ser un actor convocante en la consolidación de una nueva mayoría social y política que construya un nuevo modelo de desarrollo humano con la participación de todas y todos.

Es el esfuerzo que hemos intentado desde el Movimiento Refundación PDC, donde hemos tratado de impulsardichos postulados en la acción política y en nuestras declaraciones de los últimos cuatro años, y que continuaremos porfiadamente en dicha senda.

Pero ¿cuáles son los nuevos escenarios y desafíos que se abren para lograr esto?

En primer término, que los demócratas cristianos que estamos por estas definiciones coordinemos un frente amplio interno que recoja dichas propuestas.Son miles las personas y equipos que podemos autoconvocarnos para semejante tarea.

Que al igual que las y los camaradas que nos juntamos en Peñaflor hace 15 años “comprometemos nuestras voluntades a generar las condiciones para un proceso participativo, de carácter nacional y de madurez política en torno a una convergencia progresista, aplicando un estilo de trabajo y mecanismos de comunicación acordes con nuestros principios, por sobre intereses y legítimas ambiciones personales”.

Por último, que persistentemente – y al igual que el llamado de 15 años atrás –reconozcamos que “este documento de reflexión y de confrontación de ideas invita a concluir compromisos claros y explícitos, de manera tal que la voz que emane desde la localidad de Peñaflor se irradie por todos los rincones del país, gritando que aquí estamos para no quedarnos conformes con el país en que vivimos, para no quedarnos conformes con nuestra propia conducta, para no quedarnos conformes con lo establecido, para sólo conformarnos en la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria.”

Fue editado por la Corporación 3 y 4 Álamos, en el contexto de un proyecto que persigue mantener viva la memoria histórica de las atrocidades cometidas en dicho lugar de la comuna de San Joaquín, sitio de memoria histórica que pretende transformarse en un parque por la paz y la memoria.

Más que un libro, es un esfuerzo por mantener un patrimonio intangible que pretende recuperar y conservar valiosos testimonios que – de lo contrario – el tiempo se llevaría como polvo del olvido. Es una tarea inagotable mantener viva la memoria histórica de los terribles hechos de violaciones sistemática y permanente a los derechos humanos cometidas a miles de hermanos y hermanas que pasaron por las barracas de 3 y 4 Álamos.

El libro recoge el testimonio de una serie de personas que estuvieron y/o conocieron la tortura en dichas dependencias y su lectura nos señala en forma explícita y evidente algunas ideas fuerzas a tener presente.

Recorriendo sus líneas uno puede comprender y valorizar la importancia de la memoria histórica, que en palabras de Rubén Roca,  una sociedad civilizada como la chilena no debe darle la espalda al pasado ni a la verdad. Debe ser capaz de mirar cara a cara los acontecimientos sin temor a los reflejos.

Los esfuerzos de la “Corporación 3 y 4 Álamos” deben ser respaldados por las principales autoridades en la materia y por todos los chilenos que creen en valores tales como la generosidad y la tolerancia para lograr hacer de Chile, de una vez por todas, una Nación donde prevalezcan la justicia, la libertad y el respeto de los derechos humanos como baluartes de la prosperidad del conjunto de su población.

Entre las hojas del libro encontramos la importancia de la lucha permanente, reflejadas en el testimonio de Samuel Houston quien nos relata uno de mis hermanos, con algunos de sus compañeros de Partido que ya estaban exiliados en Inglaterra, me había conseguido una visa y una beca para estudiar en una universidad en ese país. Leí las cartas que me habían enviado, escritas algunas en español otras en inglés, donde me hacían estos ofrecimientos solidarios. No lo pensé mucho.Al cabo de un par de días había tomado la decisión de no salir al exilio.La pelea había que darla en Chile.

La lectura del libro nos dará una clara visión de la justicia,  Ernestina Alarcón, nos cuenta que el recurso de amparo presentado en la Corte de Apelaciones, no tuvo respuesta del ministerio del Interior, y en cada organismo que se preguntó siempre se nos dijo “José Campusano, no está detenido”. Sabiendo que lo habían sacado desde la casa frente a su familia, la Justicia nada decía. Era un contubernio entre el Poder Judicial y el Gobierno cívico-militar. Los Tribunales de ese momento que no acogieron los recursos de amparo son responsables de los crímenes de muchas personas inocentes.

Pero el concepto que más se repite, a lo largo de las palabras esculpidas en el libro, es el de la solidaridad, reflejada en los recuerdos de Carlos González quien nos dice, jamás olvidaré la mitad de una marraqueta, que me pasó en los cajones de la Villa Grimaldi, un compañero que nunca supe quién fue. Tampoco olvidaré los miles de gestos de solidaridad y compañerismo de cada uno de las presas y presos del Campo de Prisioneros Políticos de 3 y 4 Álamos, o de la pluma de Hugo Behm quien nos expone que lo fundamental desde el punto de vista de la solidaridad es que todos estos bienes son comunes, absolutamente todos. Al obrero y al campesino les traen muy pocas cosas, pero con igual cariño que para aquél que, por tener más, le traían sencillamente más.

Concepto de solidaridad que reitera un vecino de 3 y 4 Álamos, Luis “Lito” Donoso, quien recuerda que la solidaridad fue una forma de resistencia, de rebelarnos y ser profundamente consecuentes con los compañeros y compañeras, sin pensar o meditar alguna vez si estas acciones ponían en riesgo nuestras vidas. Los dictadores jamás pensaron que sus acciones, sus traiciones, sus despiadados tratamientos nos fueron haciendo fuertes y dispuestos a combatirlos durante el tiempo que fuera necesario.

Después de la lectura del libro “Yo también estuve en 3 y 4 Álamos” uno tiene el derecho a preguntarse por las verdaderas causas de tanto dolor, a preguntarse la razón de la existencia de una sistemática violación a los derechos humanos, a indagar las profundas causas de la tortura y el asesinato.

Si bien estos fenómenos son multicausales, hay una causa cuya reflexión quiero compartir, cual es la existencia de una oligarquía que ve amenazado sus intereses oligárquicos. En efecto, cuando una oligarquía ve tambalear sus más esenciales intereses, partiendo por el control sobre el poder, es capaz de promover y avalar una brutal violación de los derechos humanos como mecanismo, precisamente, de control del poder.

Es un debate que dejo abierto.

De ahí la importancia de los testimonio recogidos en el libro que comento.

De ahí la importancia en una permanente defensa y promoción de los derechos humanos.

De ahí la importancia de la memoria histórica.

El libro termina con una proclama, ¡Nada está olvidado, nadie está olvidado!

Que nada está olvidado es un llamado a la justicia, a mantener viva la memoria histórica de las atrocidades de la dictadura, y a transformarlo en procesos educativos y trasmitirlo a las nuevas generaciones.

Que nadie está olvidado es colocar en el centro del debate y la acción de la defensa y promoción de los derechos humanos a su componente más preciado, la persona humana.

Nota del autor: el libro “Yo también estuve en 3 y 4 Álamos” puede ser adquirido, para su difusión, con el Director de la Corporación 3 y 4 Álamos señor Ernesto Lagos.elagosrobles@gmail.com

A pesar de experiencias exitosas y participativas que registra la historia de Chile en el desarrollo comunitario (recuérdese el mutualismo de la primera mitad del siglo XX), no fue hasta la década del 60 – en el gobierno de Frei Montalva –que se incorpora en distintas políticas públicas de la época, principalmente a través de la Promoción Popular, la cual recoge una experiencia ya desarrollada por los actores comunitarios, pero que le da un marco de protección y promoción reimpulsando su participación.

Comprender el contrapunto que se puede hacer entre participación comunitaria y participación ciudadana es vital en este debate.

Mientras la primera apela a una visión de la persona integrada en diversas redes de aspiraciones, intereses y sueños que solamente pueden desarrollarse a partir de una concepción de persona humana comprendiendo su individualidad pero a partir de una vida con los semejantes (recordemos en estas fechas de Navidad la enseñanza del amor al prójimo que nos deja el maestro Jesús), la segunda lo hace a la participación del individuo frente al Estado con un conjunto de derechos y deberes que se explican en función de ser parte de la polis, ciudad o nación.

La participación ciudadana se desarrolla principalmente a partir de la Revolución Francesa, la participación comunitaria se arraiga en lo más ancestral de la civilización humana, con manifestaciones que nuestros pueblos indígenas han logrado mantener y que el cristianismo ha desarrollado como expresión filosófica y política.

En la actualidad, en una sociedad fuertemente individualizada, el desarrollo comunitario se tiene que revalorizar como una lucha quijotesca, donde lo frágil y perecedero de la organización comunitaria no es más que el resultado de un modelo neoliberal que lo ahoga – como Cronos devorando a sus hijos – por el miedo a ser reemplazado, y de un Estado carente de verdaderas y profundas políticas públicas que promuevan lo comunitario.

Frente a lo anterior, se debe valorizar fuertemente el impulso y fuerza que han tomado las movilizaciones sociales durante el gobierno de la derecha.

Es así que una profunda explicación de los movimientos sociales, que asumen un rol protagónico desde el año 2011 en Chile, se explica mejor desde la concepción del poder comunitario más que desde el ejercicio de una ciudadanía.

Es en este contexto que se empieza a desarrollar un poder comunitario en contraposición a un poder desarrollado en una sociedad de mercado que pretende mercantilizar todas las esferas de la vida.

Si pensamos al poder mismo como una capacidad transformadora o conservadora de la realidad, desde una perspectiva relacional, el poder comunitario es la verdadera antípoda de la oligarquización, pues una de la esencia de lo comunitario es la distribución – la más amplia y extensa – de un poder asociado a los verdaderos forjadores de su propio destino.

En un momento histórico de un estadio de participación constituyente, donde volvemos a discutir las bases sobre la cual queremos construir un nuevo modelo de desarrollo para Chile, debemos incorporar fuertemente el componente de lo comunitario.

No se puede reconstruir un concepto de “lo público” sin incorporar lo comunitario como un pilar fundamental de las grandes transformaciones que se avecinan.

La Constitución Política de 1980 tiene un mecanismo de reforma constitucional que no contempla la Asamblea Constituyente y limita el plebiscito a casos o cuestiones en que hay desacuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional, después de un procedimiento que exige altos quorum para reformar el texto constitucional (dos tercios y tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio dependiendo del capítulo a reformar).

A pesar de lo anterior, en Chile se está abriendo una vía institucional para destrabar el tema de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Vía institucional que requiere una permanente y creciente movilización de los actores sociales y políticos que impulsan la Asamblea Constituyente.

Dicha vía es la Consulta Ciudadana que puede ser convocada por la Presidencia de la República a través de un Decreto Supremo (propuesta del profesor Atria) pero que en la actualidad tiene el serio inconveniente de la “Toma de Razón” que debe hacer la Controlaría General de la República, lo cual finalmente puede trabar una contienda de competencia.

Incluso se ha declarado la procedencia de la acción de protección en materias relacionadas con la toma de razón. En fin, la propuesta del profesor Atria puede terminar judicializando la convocatoria o trabándola entre la Controlaría General de la República, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Congreso Nacional.

Pero el nuevo escenario político que se está abriendo a partir del 17 de noviembre plantea una posibilidad concreta de convocar a una Consulta Ciudadana, cual es, la incorporación de un nuevo numeral al artículo 32 de la Constitución Política, el cual establece las atribuciones especiales del Presidente de la República, y que puede añadírsele un numeral que señale: “21° Convocar a consultas ciudadanas sobre materias de interés nacional”.

Una modificación de esa naturaleza requiere de 72 diputados y 23 senadores, lo cual es políticamente posible con el escenario abierto por los senadores Bianchi y Horvath y a la espera de lo que definan los tribunales electorales en el Distrito 56.

Recordemos que el programa de Bachelet tiene un compromiso de elaborar una nueva Constitución Política en un proceso democrático, institucional y participativo, donde el proceso institucional lo define sobre la base de que todas las autoridades deben tener una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo.

Coincidente con una propuesta de Consulta Ciudadana por una Asamblea Constituyente el compromiso del gobierno de Bachelet es en torno a que “la Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios [reforma constitucional, por ejemplo] que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio [la consulta ciudadana sería un cauce] y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet, 2014 – 2018).

La consulta ciudadana no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico, está establecida en una serie de organismos público, en las más variadas materias, como por ejemplo en materia ambiental, mejoramiento de la gestión pública, en el ámbito municipal y paradojalmente no está regulada para los grandes asuntos de interés nacional.

La consulta ciudadana tiene el inconveniente de que no es vinculante como un plebiscito – el cual requiere de 80 diputados y 26 senadores para establecerlo como mecanismo que permita reformar la Constitución Política – pero es una potente herramienta para cambiar los ejes del poder en una materia tan trascendente como es el poder constituyente presente en la soberanía de una Nación.

Debería consultársele a la ciudadanía dos cosas básicas: si quiere una Nueva Constitución y cuál sería el mecanismo para hacerlo.

Todo lo anterior tiene que desarrollarse en un marco de movilización de los diversos actores sociales y políticos con una alta participación ciudadana, rompiendo los cercos del inmovilismo institucional.

En tal sentido, lo fundamental debe ser el hecho de generar una movilización social y una voluntad política mayoritaria por esta vía, u otra similar, que permita establecer una Asamblea Constituyente en Chile.

Debo aclarar que fui parte de los 620 profesionales y técnicos que aportamos en la elaboración de este programa de gobierno de la Nueva Mayoría, colaborando específicamente en la Comisión de Trabajo sobre Derechos Humanos.

Entrando en materia, en el programa de gobierno 2014–2018 se asume un compromiso categórico con el reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos, incorporando los de segunda y tercera generación en la propuesta de una Nueva Constitución, asegurando que dicho texto debe reconocer “el máximo valor” a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y enunciando un decálogo básico a considerar por el nuevo poder constituyente que elaborará el texto constitucional a través de un proceso democrático, con criterios que permitan la expresión de la real voluntad popular y en forma participativa.

Así, se plantea incorporar una norma de interpretación, de rango constitucional, de primacía de los tratados y convenciones sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y la ratificación del conjunto de tratados de derechos humanos del sistema de la ONU y la OEA que se encuentren pendientes.

También se propone establecer, en forma expresa y con rango constitucional, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como asimismo que no sean susceptibles de amnistía ni indulto de cualquier naturaleza.

Se consideran propuestas específicas de verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Permítanme destacar solo algunos:

a. Impulsar medidas legales y administrativas que impidan la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

b. Solicitar jueces de dedicación exclusiva para los juicios por graves violaciones a los derechos humanos, asignando recursos especiales para estos efectos.

c. Fortalecer, con la designación de recursos humanos, tecnológicos y materiales a las unidades especializadas en derechos humanos del Servicio Médico legal, Policía de Investigaciones y ministerio del Interior.

d. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de las víctimas de los crímenes de la dictadura.

e. Establecer un organismo público permanente que se haga cargo de todo lo relacionado con la reparación a las víctimas de crímenes de la dictadura de Pinochet.

En el plano legislativo se plantea una profunda reforma a la justicia militar, una reforma a la ley antiterrorista, adecuándola a los estándares internacionales sobre derechos humanos, y el establecimiento de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las sentencias internacionales en lo que respecta a estas materias.

Entre las propuestas para reformar la institucionalidad, el fundamento principal y eje articulador del Estado lo constituyen los derechos humanos, especialmente frente a cualquier política pública que adopte el próximo Gobierno, planteándose una política de Estado explícita e integral de Derechos Humanos.

Lo anterior se puede graficar en la propuesta de revisar la situación del periodo para ser conocidos los archivos judiciales sobre violación a los derechos humanos.

Se resalta un potente compromiso en la creación de la Subsecretaria de los Derechos Humanos en un Ministerio que pasará a denominarse de Justicia y Derechos Humanos. También se considera la presencia en regiones del INDH y la creación del Ombudsman o Defensoría del Pueblo.

Finalmente se plantea una mirada de futuro con nuevos desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos.

Ejemplo de lo anterior lo constituye el diseño de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, desde la educación parvularia hasta la Educación Superior, la incorporación de las TICs, el desarrollo de material y estrategias didácticas y el incentivo a la investigación académica.

Se propone actualizar la malla curricular y los protocolos de actuación de las escuelas matrices y/o academias de las FFAA, Carabineros y Policía de Investigaciones, en todo lo relativo a la formación en contenidos sobre derechos humanos.

En lo referente a la Memoria Histórica, se plantea un programa nacional de recuperación y conservación de los diversos testimonios, recuperando todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos durante la dictadura (inmediatamente se me viene a la memoria 3 y 4 Álamos en la comuna de San Joaquín) velando por su mantención básica y permanente y desarrollando estrategias que permitan vincular dichos sitios con las nuevas generaciones.

En un país que ha vuelto a despertar con la movilización social, se plantea una nueva regularización que consagre verdaderamente el derecho a reunión. Consecuente con lo anterior, deberán adecuarse los protocolos y prácticas de las fuerzas policiales a estándares internacionales sobre derechos humanos.

Estos son solamente algunas de las propuestas y componentes del programa de Michelle Bachelet sobre los Derechos Humanos, que se encuentran explícitos e implícitos en todo su programa de gobierno y que dan cuenta de una centralidad, como un sistema integral de promoción y protección de los derechos humanos.

Se hace necesario un debate público sobre el trabajo infantil que abarque ciertas aristas tales como su conceptualización, el hecho de si se permitirán ciertas actividades laborales de niños y niñas y, de ser afirmativa dicha cuestión, responder bajo qué requisitos y medidas de protección sería permisible, además de considerar qué sucede con los ingresos generados por dichos niños/as en el desarrollo de su actividad.Por ejemplo, niños o niñas artistas, deportistas u otro talento que implique la generación de recursos financieros.

Otra consideración a tener presente dice relación con la volatilidad temporal del grupo etario del cual estamos hablando. En efecto, sin perjuicio de los 107.000 niños y niñas que al año 2003 trabajaban en condiciones inaceptables en Chile, conforme a un estudio de la época, actualmente esas personas son en su gran mayoría adultos o adolescentes entre 15 y 18 años con un tratamiento – por parte del ordenamiento jurídico – distinto a la problemática del trabajo infantil.

Lo anterior demuestra la urgencia de la protección normativa y de la aplicación de políticas públicas sobre el problema del trabajo infantil, pues el grupo vulnerable a quien afecta – los menores de 15 años – es un grupo humano que, por razones obvias, rápidamente sale de dicha categoría, donde los daños permanentes de su situación se mantendrán por el resto de sus vidas.

Se debe tener presente que en la configuración del estatuto jurídico que regula el trabajo infantil y en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas sobre erradicación y prevención del trabajo infantil, estamos tratando con niños y niñas como sujetos de derechos plenos, integrales, complejos y peculiares y no sobre objetos de aplicación de medidas de intervención pública.

La problemática del trabajo infantil está muy asociada al modelo de sociedad que estamos construyendo. Tal vez sea una de las temáticas sociales más sensibles en cuanto a constituir un reflejo de la sociedad en la cual vivimos.

La existencia del trabajo infantil, sus características, la magnitud en la cual está presente, la forma en que los demás ciudadanos/as la vemos y toleramos, dice relación con una visión de la comunidad – y sobre la niñez en particular – que hace exteriorizar nuestra visión de mundo comunitariamente compartida.

Uno de los aspectos fundamentales en el plano cultural, social y económico dice relación con la sensibilización de la sociedad chilena sobre el trabajo infantil, donde campañas masivas e ingeniosas sobre el tema deben incorporar no solamente los casos de las peores formas de trabajo infantil (prostitución, tráfico de drogas, entre otros) sino que sensibilizar el tema frente a ciertas formas invisibles de trabajo infantil para la sociedad (trabajo doméstico por ejemplo).

Dentro de las políticas a desarrollar para la erradicación de la pobreza en nuestro país, se debe tener especial preocupación en su etapa de diseño e implementación, de incorporar la variable del trabajo infantil entre sus componentes.

Pero no todo trabajo infantil se explica por las condiciones de vulnerabilidad económica, también operan factores culturales impuestos por el modelo de sociedad, el cual es impulsado por los medios de comunicación de masas.

Así tenemos un conjunto de niños y niñas que sin tener mayores necesidades de subsistencia, se vuelcan al trabajo infantil por el deseo inculcado por el medio social y/o su entorno cotidiano, de acceder a bienes y servicios suntuarios, de lujos o simplemente de moda, que sus familias no están en condiciones de proveer.

De la complejidad que implica enfrentar el trabajo infantil se concluye un desafío mayor, cual es, el comprender que cualquier reforma, política, programa o campaña en contra del trabajo infantil debe considerar el modelo de sociedad que estamos presentando mediante un bombardeo permanente de estímulos contradictorios a los niños, niñas y sus familias.

Por un lado, le planteamos los inconvenientes y daños que genera el trabajo infantil y, por otro, les lanzamos estímulos que los llevan a realizar actividades laborales en busca del beneficio lucrativo directo que conlleva dicha actividad al propio niño o niña o al hogar en el cual está inserto.

Un campo a desarrollar es el de la participación comunitaria de los niños y niñas, que permite invertir el tiempo de ocio en un tiempo de adquisición de valores asociados a la vida comunitaria y desarrollo personal de los niños/as, que es una de las justificaciones para iniciar a los menores en el trabajo infantil.

Experiencias de Juntas de Vecinos Infantiles y de organizaciones de voluntariado de niños/as generan un insumo de experiencias particulares que pueden plasmarse en un programa de participación en la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos, entre los cuales está el derecho del niño o niña a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Columna basada en las conclusiones de la Tesis de Sánchez Jorquera, Leonel. 2012. Vulnerabilidad de los menores de 15 años en sus relaciones jurídico laborales en Chile. Santiago, Chile. Universidad de Chile – Facultad de Derecho. http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/113866

En tal sentido, un grupo de DC – con representatividad transversal – apoya el “Manifiesto. Plebiscito por una Nueva Constitución” cuya propuesta central es “movilizar al país en torno a una reforma constitucional que permita un plebiscito, en el cual el pueblo se manifieste respecto del cambio o la mantención de la actual Constitución”.

En el caso que el resultado sea favorable al cambio, deberá dictarse una ley que convoque a una instancia, una Asamblea Constituyente nos parece la más adecuada, garantizando su representatividad social, cultural, regional, política, étnica y de género, para la redacción de una nueva Constitución.

El Manifiesto plantea que “quienes participen en ésta no debieran postularse en las siguientes elecciones de representación popular. La nueva Constitución deberá ser ratificada por la ciudadanía en un nuevo referéndum.”

Entre los firmantes se encuentran personas que integran el Movimiento Refundación PDC, que a través de diferentes vocerías ha planteado dicha tesis en las elecciones internas de marzo del presente año.

También suscriben el actual Vicepresidente Nacional Fuad Chaín, los ex Diputados Andrés Palma e Ignacio Balbontín, el actual Diputado Gabriel Ascencio, el Vicepresidente de la CUT Nolberto Díaz, el actual alcalde de La Reina Raúl Donckaster, las consejeras nacionales Myriam Verdugo y Anita Quiroga y diversos presidentes comunales y miembros de la Junta Nacional.

En la práctica, se pretende llevar el debate a la máxima instancia partidaria donde se plantea que la Junta Nacional de la Falange “se pronuncie en torno a la propuesta de que el PDC apoye, impulse y promueva una Nueva Constitución Política a través de medios democráticos y legítimos, como puede ser una Asamblea Constituyente, en base a los principios de legitimidad, justicia social, solidaridad, participación y democracia, como asimismo el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional corregido y la supresión de los altos quorum para aprobar y modificar los diversos cuerpos legales”.

También se hace un llamado a “todos/as los militantes, adherentes y simpatizantes de la Democracia Cristiana a adherir al “Manifiesto. Plebiscito por una Nueva Constitución” por correo electrónico a nueva.republica2013@gmail.com y a difundir su contenido.

Finalmente, se invita “a todas y todos los demócratas cristianos a impulsar una propuesta política que promueva una Nueva Constitución a través de medios democráticos y legítimos – como puede ser una Asamblea Constituyente – a coordinarnos y a generar acciones concretas entorno a dicha propuesta”.

Nota del autor. El texto completo se encuentra en: http://www.peticiones24.com/a/53209.