Este nivel de ingreso, es un indicador de “exportación” muy difundido para mostrar los avances socioeconómicos del país, ya que lo sitúa muy cerca de lo que en términos económicos se denomina “país desarrollado”. Es decir, una cifra que representa un nivel de renta que es para sentirse orgullosos de vivir en Chile.

Y no es para menos, ya que en términos de moneda nacional US$ 16.172 per cápita anual, significa que el ingreso mensual promedio de cada chileno es de 674 mil pesos y de una familia de cuatro personas es de 2,7 millones al mes.

Sin embargo, es evidente que este promedio es tan diferente de la realidad, que sólo refleja que algunas personas tienen un nivel de renta tan alto, que elevan el ingreso del resto a ese cociente.

Con un ingreso familiar de 2,7 millones, todas las familias del país habitarían viviendas de más de UF 2.500, pagarían sin problemas colegios privados, tendrían un buen plan en Isapres, contarían con automóvil y un buen equipamiento en el hogar; además muchas familias serían propietarias de una segunda vivienda para recreación.

La realidad de la mayoría es diferente.

Según las cifras de CASEN 2009 ajustadas a hoy, sí se divide el total de los hogares del país en cinco grupos iguales, de menor a mayor nivel de renta, se obtiene que el primer grupo (el más pobre) obtiene un ingreso de $135.000, es decir sólo el 5% de la cifra entregada por el FMI.

El segundo grupo, cuenta con un ingreso de $341.000 (la mayoría de los programas sociales benefician hasta éste grupo de familias).

En el tercer grupo el ingreso obtenido es de $545.530; en el cuarto es de $911.360 y en el último grupo, sus ingresos van desde un mínimo de $1.225.000 a más de 60 millones, y por supuesto, dentro de este grupo está el 5% de las familias chilenas con rentas similares o superiores al ingreso per cápita señalado por el FMI.

Este 5% de la población –integrado por las personas que toman las decisiones- es el que durante todos estos años ha alabado los avances macroeconómicos, emocionándose y sintiendo afinidad con ellos. Para el restante 95% escuchar por ejemplo, que el ingreso per cápita es de US$ 16.172, es sólo un ruido de los noticiarios.

En definitiva, mientras un 5% de la población aplaude las cifras macroeconómicas, el 95% de los chilenos se ha estado sumando a las protestas en las calles.

Sin embargo, no deja de causar asombro conocer que hoy en el siglo XXI, exista una especie de “apartheid” en algunos sectores acomodados de la capital, donde se prohíbe que las nanas se bañen en las piscinas o caminen sin uniforme por las veredas de algunos condominios.

También ha sido sorprendente mirar las imágenes de la TV donde una joven madre, residente en uno de esos condominios, se preguntaba “¿Te imaginai acá en el condominio a todas las nanas caminando para afuera, todos los obreros caminando por la calle, y tus hijos ahí en bicicleta?”

Esta situación ha causado asombro en la opinión pública, porque muchos sentían que el país había progresado en términos de tolerancia, exclusión y libertad; en definitiva se pensó que vivíamos en un país progresivamente más moderno. Pero no era así, a pesar de la serie de tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos que se han suscrito en las últimas décadas.

La modernidad sólo existía en el imaginario de algunas personas, porque lo acontecido en Chicureo no es un hecho puntual, o conductas excéntricas de personas adineradas; en realidad es una manifestación visible de problemas de fondo en la estructura social y convivencia nacional.

Lo sorprendente, es que ha sido el propio Estado uno de los causantes de este problema social.

Una de las políticas públicas que han contribuido a trizar al país y su territorio promoviendo de manera radical la discriminación, fue el Programa de Erradicación de Campamentos, iniciado el año 1977 e implementado con mucha fuerza durante la década del “80, que implicó trasladar cerca de 30.000 familias pobres que habitaban comunas acomodadas para esconderlas en sectores rurales de la Pintana, San Bernardo y Puente Alto, creando verdaderos mega-ghettos de personas en situación de pobreza, sin ningún soporte de servicios (consultorios, escuelas, locomoción, trabajo, etc.) y rompiendo los vínculos y redes comunitarias que tenían en sus comunas de origen.

Se convirtieron así en familias prácticamente abandonadas más allá de la periferia de la ciudad, generando enormes problemas de desintegración social.

En la otra cara de la moneda, en las comunas más acomodadas, las familias adineradas nunca más debieron convivir con familias pobres, sólo mantuvieron relaciones contractuales con algunos de sus miembros (la nana, el jardinero, el maestro), quienes debían viajar enormes distancias desde sectores prácticamente desconocidos para sus empleadores.

En definitiva, los ricos nunca más vieron que los pobres también constituyen familias, que aman mucho a los hijos, y que sus afectos, angustias y preocupaciones son universales y no son diferentes a las de ellos.

En ese escenario las personas que hoy tienen entre 30 o 35 años, que han vivido durante toda su vida en comunas acomodadas, donde hace décadas sólo habitan familias muy similares entre sí, los pobres les generan una enorme desconfianza, que se expresa en episodios casi anecdóticos, como el temor de que sus hijos se bañen en las piscinas o caminen junto a ellos; más aún cuando todos los días la televisión relaciona la delincuencia con la pobreza.

En definitiva, no castiguemos a la Sra. Pérez de Chicureo, su visión es, en gran parte, resultado de un Chile trizado por el efecto de políticas públicas discriminatorias.

Asimismo, el informe hace notar que este costo ha aumentado en un 123% en los últimos diez años. Ello, sin considerar los recursos asociados a las secuelas psicológicas, de salud y de ausentismo laboral para las víctimas de delitos, que si se sumaran aumentarían aún más estas cifras.

Estos recursos reflejan principalmente que el país cuenta hoy con más cárceles, más gendarmes, más carabineros, más policías de investigaciones, más fiscales y más guardias privados. Todos, aspectos definidos como necesarios para entregar seguridad a la población.

Paradójicamente, este incremento en los recursos no ha estado asociado con una disminución de la delincuencia. Por el contrario, según la Fundación Paz Ciudadana durante el año 2011 un 38% de las familias chilenas fueron objeto de acciones delictuales, cifra que es un 7% mayor que hace una década (Encuesta de Victimización).

Frente a lo señalado, la pregunta es ¿qué efectos hubiera tenido si los US$ 4.478 millones, se hubieran invertido anualmente en mejorar la equidad social del país?

Por ejemplo, estos recursos alcanzarían para construir anualmente 56.000 viviendas de UF 2.000 para familias de escasos recursos (construyendo “Hogares” como dice el Alcalde Ossandón), o  financiar la universidad gratuita a más de 1 millón de estudiantes, o incrementar la subvención escolar a $100.000 mensuales beneficiando a casi 4 millones de niños(as); o mejorar significativamente la infraestructura comunal (en áreas verdes, clubes deportivos, recreación).

Es decir, ¿si durante varios años este tipo de inversiones se hubieran realizado en el país tendríamos menos delincuencia?  La respuesta es sí.

En definitiva, es iluso esperar que disminuyan las cifras de delincuencia, si el país mantiene una desigualdad por décadas, que ha afectado a varias generaciones, y cuyas características más evidentes son que el 10% de la población más rica tiene ingresos 46 veces más altos que el del 10% más pobre (MIDEPLAN), o la amplia inequidad que se observa entre comunas, entre barrios, entre viviendas, o las diferencias abismantes de los servicios de salud y educación que se entregan.

Esta situación que últimamente se hace cada vez más inaceptable, genera el riesgo —también cada vez mayor— de que la población perciba, con cierta aceptación, determinadas acciones delictuales, como un mecanismo de distribución del ingreso.

Por ejemplo, los robos a cajeros automáticos, o a los supermercados, o a camiones distribuidores en poblaciones, son cada vez menos sancionados en el imaginario colectivo de los chilenos. Lo cual con el tiempo puede extenderse o escalar otros ámbitos, como ocupaciones o tomas a la “segunda vivienda”, o a parcelas de agrado, etc.

Es decir, las desigualdades sociales no afectan sólo a los grupos con menos recursos, sino a toda la sociedad y con el tiempo pueden socavar la Institucionalidad.

En definitiva, sin corregir la actual inequidad, el país requerirá contar continuamente con más y más recursos para mantener el “orden” y seguir “enfrentando la delincuencia”. Lo cual será continuar tapando el sol con un dedo.

Es claro que el Ejecutivo jamás pronosticó este tipo de demandas, por lo que su respuesta ha sido confusa y vacilante, generando una caída insospechada a su popularidad.

La lógica del conglomerado de gobierno era profundizar aún más el modelo neoliberal, el cual ya se había profundizado en los gobiernos de la Concertación sin mayor inconveniente.

Por tanto “quién mejor para administrar y perfeccionar este modelo que sus propios creadores”.

Así, su política en el plano social era continuar con nuevos y diversos subsidios, pero mejorando “la competencia” de los prestadores privados y la focalización en los usuarios.

En el plano económico, aumentar los espacios de participación de la empresa privada, promoviendo el emprendimiento, la inversión extranjera y minimizando las regulaciones a su iniciativa; y por supuesto en un marco de protección férrea al orden público.

En definitiva, ningún intelectual del grupo Tantauco, o personero del segundo piso de La Moneda, pensó en algún momento, que la ciudadanía quería cambiar el Modelo, ya que sus indicadores presentaban una economía en crecimiento y un aumento del consumo en los habitantes del país, ¿acaso, no es eso felicidad?

A dos años de terminar el Gobierno, el ejecutivo no tiene mucho espacio de maniobra, ya que además de no saber cómo efectuar un cambio al modelo, se dice que no está en su ADN hacerlo; por tanto sólo le queda asemejar su accionar a las políticas desarrolladas por la Concertación, diseñando iniciativas tendientes a “suavizar el modelo”, pero introduciendo una pequeña pero significativa innovación: “la letra chica”.

En este escenario “con más de lo mismo”, es de suponer que las demandas ciudadanas se ampliarán hacia otros ámbitos y aumentaran en profundidad.

Así, además del tema educacional que seguirá en alza, se cuestionará la lógica individualista y mercantil del modelo previsional (AFP), del modelo de salud (ISAPRES), del transporte público (administrado por privados), las carreteras concesionadas, entre otros. Por tanto, es esperable que continúen las manifestaciones ciudadanas, con “marchas por la Alameda”, los “paros” llamados por diversos sectores y el “caceroleo nocturno”, hasta los últimos días del actual Gobierno.

Pero la oposición -es decir, la Concertación, o la Concertación con otro nombre-, que cuenta con amplias posibilidades de ser el próximo Gobierno ¿está preparada para realizar un cambio al Modelo?

En otros términos ¿está preparada para establecer una hegemonía pública o estatal en áreas como la educación y sus diferentes niveles; en la Gran Minería del cobre; en la salud; en la previsión; en el transporte; el agua; la electricidad; entre otros?

¿Está preparada para fijar el precio a los consumos básicos de la población?

¿Está preparada para crear empresas del Estado que sean “de punta” y abastezcan al mercado nacional y de países vecinos?

Es decir, un plan que permita a la ciudadanía recuperar el modelo existente antes de Pinochet, donde el Estado era el actor principal en las prestaciones sociales y en el bienestar de la población.

Ello, porque si se analiza lo central del discurso que se exclama en todas las demandas de la ciudadanía hoy, y que estará presente en las próximas, será en definitiva eso; tal vez con otra denominación, otra retorica, pero en lo central será construir de manera participativa el modelo que una vez tuvo Chile. Algunos intelectuales dirán que ese modelo fracasó, aludiendo a múltiples causas y estadísticas. Pero lo que siente la ciudadanía es que nunca fracasó, sino que se lo arrebataron.

Ahora bien, si la oposición no está preparada para satisfacer este tipo de demandas, es mejor que no sea el próximo Gobierno y que continúe la derecha gobernado, ya que sin propuestas en la línea descrita, la ciudadanía hundirá y desprestigiará por muchos años a la coalición que se instale nuevamente en el sillón presidencial.

Las respuestas que se han difundido a estas preguntas apuntan a aspectos tales como: “se avanzó en la medida de lo posible considerando la fragilidad de la democracia recién alcanzada” o “la oposición a los gobiernos de la Concertación no habría apoyado iniciativas en esa línea”. Siendo ciertos estos argumentos, la presente columna plantea una respuesta complementaria.

El argumento en cuestión considera al menos dos partes.

El primero es visualizar el contexto histórico en que asumió el primer Gobierno de la Concertación; donde un aspecto relevante a considerar, es que el año 1990 estuvo precedido por el término del socialismo en los países de la órbita soviética, hecho que impregnó todos los acontecimientos de la época y cuyos hechos visibles fueron la instalación de la Perestroika en la URRS durante el año 1987 y la caída del muro de Berlín a fines de 1989.

Es decir, meses antes que volviera la democracia y asumiera la Concertación en Chile, en el mundo se observaba como triunfaba el capitalismo por sobre el socialismo, o lo que es similar, el mercado “derrotaba al Estado”.

Así, se construía un ambiente ideológico que impregnaba a todos los sectores y que acuñaba como discurso “el mercado lo hace mejor que el Estado…o sino miren lo que pasó en los países socialistas…”, discurso que se fue instalando con fuerza en el imaginario colectivo de las personas, e incluso en un importante segmento de de la izquierda chilena, de la denominada “izquierda renovada” grupo que abrazó sin escrúpulos las leyes del mercado.

De hecho uno de los libros recurrentes en la intelectualidad chilena era “El fin de la historia…” de F. Fuyama, cuya tesis planteó la hegemonía del capitalismo por siempre.

En este escenario, un gobierno nuevo, elegido democráticamente después de 17 años con sólo el 55% de la votación, difícilmente asumiría devolverle al Estado servicios sociales que habían sido traspasados al sector privado, ya que los medios de comunicación, los círculos intelectuales y los “economistas expertos” proponían una línea contraria, haciéndose parte del discurso que desprestigiaba al Estado.

Lo anterior estuvo un largo período en boga, donde más que asumir el Estado acciones o servicios hacia la ciudadanía, el gobierno continuó implementando iniciativas de traspaso de servicios estatales al sector privado, siguiendo la misma línea de lo que hacían los países emergentes en todo el mundo.

Sin embargo, esta tendencia ideológica -que corría por las venas de la mayoría de la ciudadanía-, se empezó a desplomar el año 2007 con la crisis financiera de Estados Unidos (USA) y de Europa, denominada “crisis subprime”, donde el mercado financiero sin regulaciones, prácticamente hizo quebrar las economías de los principales países desarrollados, afectando a todo el planeta, y donde se tuvo que recurrir al Estado de cada país para que inyectara grandes cantidades de recursos a la economía, a fin de salvarla de una eventual bancarrota.

Es decir, el péndulo regresaba a su otra posición, desprestigiando al mercado y valorando el rol del Estado como motor del bienestar de las personas. En este sentido, no es casualidad que recién el año 2008 la Concertación, en el Gobierno de Michelle Bachelet, iniciara políticas donde el Estado asumía mayor protagonismo.

Hoy la crisis financiera en los países desarrollados no ha finalizado, por lo que el desprestigio del mercado como proveedor de servicios sociales ha continuado y se ha profundizado, acuñando en el inconsciente colectivo el discurso “…en las prestaciones sociales el Estado lo hace mejor que el mercado”. En consecuencia, hoy es fácil abrazar discursos y propuestas dirigidos a devolver al Estado los servicios sociales. Antes no lo era.

Un segundo argumento refiere a la situación de riqueza del país, ya que el año 1990 las arcas fiscales no contaban con reservas de divisas, ni mucho menos, sólo existían deudas (un 44,8% del PIB era la deuda pública de Chile); ello es claro cuando se recuerda que el recién instalado Gobierno de la Concertación tuvo que efectuar un “pacto social” con la oposición para abordar un aumento de impuestos que permitiera incrementar en algo los recursos de las precarias prestaciones de salud y educación.

Es decir, el país no tenía recursos para proponer “Más Estado”, situación que duró muchos años, vinculada al exiguo precio del cobre, que hasta el año 2003 tuvo un valor menor a un dólar la libra; por lo cual si los gobiernos concertacioncitas se proponían efectuar nuevas obras debía ser con la participación del sector privado, ya que las posibilidades de invertir del Estado eran en extremo estrechas, más aún con una política fiscal que mantenía férreamente los equilibrios macroeconómicos.

Por ello, las carreteras o autopistas, aeropuertos, recintos penitenciarios, etc., se hicieron con la inversión del sector privado. En consecuencia, aunque la Concertación hubiera querido traspasar servicios sociales que administraban los privados hacia el Estado, difícilmente hubiera podido.

Sin embargo la situación de estrechez cambió drásticamente el año el año 2006, cuando el precio de la libra de cobre se empinó sobre los tres dólares, y prosiguió aumentando, lo cual permitió obtener reservas de divisas y engrosar las arcas fiscales a niveles nunca antes vistos. De hecho, ese año con Michelle Bachelet como presidenta, se empieza a prescindir del sector privado en la inversión de bienes públicos.

En definitiva, hoy es fácil pensar y proponer Más Estado, ya que existe un “viento ideológico que sopla en esa dirección” y también están los recursos para hacerlo, aspectos que no existieron en los Gobiernos de la Concertación.

Más aún, hoy se puede proponer sin timidez “más Estado de verdad”, es decir, no sólo incrementando su rol regulador con más superintendencias, o aumentando las subvenciones para que la ciudadanía reciba prestaciones del sector privado, sino con un Estado que entregue servicios a la ciudadanía directamente.

A la luz de las cifras que muestran las últimas encuestas de opinión pública, sobre la evaluación que la ciudadanía otorga al desempeño del Gobierno y a la oposición, estas declaraciones pueden parecer ciertas; sin embargo analizada la información en profundidad, el argumento se desvanece.

En efecto, los resultados de los principales centros de estudio muestran que durante este periodo presidencial, ha caído tanto el Ejecutivo -de un 44 a un 26%, según la CEP, y desde un 56 a un 22%, de acuerdo a la CERC- pero también la aprobación al desempeño de la oposición, que cayó de un 26 a un 16% y de un 33 a un 11%, respectivamente.

Pero lo que no se ha analizado es que durante todo el periodo democrático, -desde Aylwin a hoy-, la aprobación al desempeño de la oposición nunca ha superado la aprobación al Gobierno.

En todos los sondeos realizados por CERC Y CEP ha existido una distancia a favor del Gobierno de turno bastante amplia. Más aún, las cifras muestran que cuando ha aumentado la aprobación al Gobierno ha aumentado la aprobación de la oposición y viceversa, cuando ha disminuido la aprobación al Gobierno ha bajado la aprobación a la oposición.

Por ejemplo, durante el período de Ricardo Lagos, entre el julio de 2000 y septiembre de 2001, la aprobación al desempeño gobierno bajó de 67% a 53% y –paralelamente-  la oposición disminuyó de 36% a 21%.

De igual manera, entre septiembre de 2004 y octubre de 2005 la aprobación al gobierno de Lagos aumentó de un 56% a un 71%, y la oposición de un 15% a un 23%. Similares episodios se observan en los períodos de Eduardo Frei, Michelle Bachelet, y como ya fue señalado, en el de Sebastián Piñera.

Lo anterior permite acotar que  el descontento con el Gobierno nunca se ha traspasado de forma directa hacia una mayor aprobación por “el desempeño de la oposición”; sino por el contrario, este descontento misteriosamente “acarrea” un descontento con la oposición.

Por tanto, según la tendencia histórica, son esperables las cifras que muestran hoy los sondeos respecto al grado de aprobación con el “desempeño de la oposición”.

Un segundo aspecto, es que la ciudadanía tiene muy claro como evaluar al Gobierno; contrastando sus promesas con lo realizado, y sabiendo que en un régimen presidencialista como el chileno, son decisiones del Gobierno las que permiten mejorar (o empeorar) la calidad de vida de las personas.

Por el contrario, la ciudadanía no tiene muy claro ¿qué es un buen desempeño de la oposición?, ya que no es la oposición la que corta las cintas en las inauguraciones, o la que determina el monto de los recursos para los programas sociales, o la que define la prioridad a los proyectos de ley.

Tampoco es la oposición la que realiza el discurso del 21 de mayo, o la que inaugura la parada militar; es decir, en un marco político como el chileno la oposición se invisibiliza en el imaginario de la ciudadanía como “hacedor de cosas”, y por tanto su comportamiento es difícil de evaluar. Así, una baja en la aprobación al Gobierno indexa a todo el mundo político, incluido el invisible desempeño de la oposición.

En consecuencia, es inconducente bajar el perfil a la escasa aprobación del Gobierno, señalando que es superior a la que tiene la oposición en las encuestas.

A mayor argumento, cabe recordar, que en octubre de 2009 -según la encuesta CEP- el conglomerado opositor de la época tenía una aprobación de un 27%, y en diciembre de ese año esa oposición ganó la elección presidencial.