La invocación de la transparencia como una de las principales (o la única) herramientas para el combate contra la corrupción, tráfico de influencias y arbitrariedades de la élite política y empresarial genera una unanimidad sospechosa.

Para algunos pensadores y filósofos políticos de la actualidad (Comas, 2013; Byung-Chul Han, 2013) la transparencia se ha posesionado como el único criterio de legitimación del actual modelo. Dicha unanimidad es el éxito del modelo de democracia liberal generándose un verdadero espejismo que confunde a la ciudadanía haciéndonos creer que ya vemos todo.

La transparencia es un pilar necesario para el fortalecimiento de la democracia pero insuficiente. Más transparencia no implica autoridades e instituciones más democráticas. Convencernos de que la transparencia es sinónimo de democracia es encandilarse con el espejismo y juego de luces para legitimar lo que hay sin hacer cambios sustanciales.

El “dogma de la transparencia” es invocado en todo ámbito -sin reparo alguno- y con los medios de (des)información como principales aliados. Todo el mundo quiere ser transparente traspasando la esfera de lo público a lo privado y viceversa. Las redes sociales son el principal mecanismo para “transparentar”: donde estoy, qué estoy haciendo, qué opino con respecto a cualquier cosa, cómo se preparó la comida que tengo en frente y hasta los bancos utilizan la transparencia como gancho publicitario.

En el ámbito de la función pública la transparencia es, claro está, un requisito para controlar cómo se desempeña ésta. Todo ciudadano tiene el “derecho” de pedirle a las autoridades (electas o no) rendición de cuentas de su gestión –accountability- para que, en el caso de una mala gestión, pedir las excusas y responsabilidades pertinentes, pero sin tener mayores mecanismos de sanción real (al menos con el actual modelo de Cuentas Públicas)

No obstante al valor que se desprende de lo anterior, la transparencia no se considera un requisito previo para la participación política activa, sino un medio posterior de legitimación pasiva de las autoridades e instituciones, es decir, la ciudadanía es “invitada” con posterioridad a las decisiones ya consumadas por la élite para asentar con la cabeza y legitimar su accionar.

Desde el modelo chileno de democracia representativa, la ciudadanía es un espectador de un reality show que otros protagonizan. Se disfruta del pasivo derecho de aprobar o rechazar en bloque las decisiones ya tomadas. La transparencia sólo aumenta la capacidad y la información de la sociedad para censurar decisiones que ya han sido zanjadas por la misma élite y no para participar mejor en aquellos procesos.

Dicho modelo de democracia a la chilensis nos hace creer que “legitimar” las autoridades e instituciones sólo pasa por reducir y/o eliminar su opacidad. Se va configurando lo que existe hoy: una ciudadanía excesivamente reactiva, sancionadora y censora teniendo como principal herramienta el bulling virtual y un afán voyerista sin más, algo tremendamente beneficioso para las élites del poder ya que -sin importar si gozan de buena o mala fama- ellos permanecen incólumes tomando decisiones que repercuten en la vida cotidiana de todos.

No se puede aspirar a otro modelo de democracia creyendo que con más transparencia (y nada más que eso) se resolverá esta crisis. La ciudadanía ha de ser parte activa en la toma de decisiones y no sólo un mero control posterior.

Una crisis de tamaña proporción como la nuestra requiere que surjan los verdaderos demócratas, aquellos que ven en la participación activa de la ciudadanía la principal forma para re tejer confianzas.

La transparencia por si sola genera un modelo democrático cojo e hipócrita que no “renuncia” a sus adictivas cuotas de poder.

El principal mecanismo para legitimar autoridades, instituciones y decisiones es la deliberación colectiva (Habermas, 1986), es decir, que en la discusión de los asuntos de interés público participen todos los involucrados, en especial los históricamente marginados.

Por ello es muy importante que, junto con el trabajo que ya está haciendo la Comisión Asesora Presidencial en estas materias, se revisen seriamente los distintos mecanismos de participación ciudadana existentes y dotar de poder real para la toma de decisiones, en especial la nueva ley de participación ciudadana en la gestión pública (20.500).

La crisis actual no se resolverá abriendo las cortinas y limpiando los vidrios sucios para que los ciudadanos veamos mejor hacia adentro sino abriendo las puertas de par en par para que las personas  y organizaciones entren y se sienten a la mesa de la toma de decisiones.              

Todos creen tener la solución para que el país de el esperado gran salto.

Desfilan a través de los medios de comunicación conceptos potentes pero ambiguos: desarrollo, crecimiento, justicia, igualdad, participación, etc.Todos creen darle al blanco, apuntarle a aquello que los otros no supieron cómo. Pero bien sabemos que son más fáciles las palabras que los hechos, la buena (o estratégica) intención que la praxis coherente y real.

Dentro de los temas que no se han trabajado lo suficiente – según mi parecer- es el enraizado mal de la burocratitis (o en términos positivos se entiende como modernización del Estado).

Este mal versa de la habitualidad de prácticas burocráticas, es decir, cuando la burocracia se hace hábito, está metido profundamente en el adn chilensis, cuando se hace cultura.

La palabra burocracia – según la Real Academia de la lengua española- tiene tres acepciones.

La primera como conjunto de normas y trámites necesarios para gestionar algo; la segunda como complicación y lentitud excesiva en la realización de estas gestiones y la tercera como administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

En el Chile del siglo XXI, la burocratitis es un mal que está profundamente injertado en nuestra cultura. Lo vemos en todas partes, es como un verdadero virus que se expande sin límites y que irrumpe en todos los ámbitos y lugares. El Estado y las instituciones (tanto públicas como privadas) son espacios privilegiados para la incubación de este mal y son los más marginados y excluidos los que más lo sufren.

La burocratitis es la máxima expresión de cómo dichas instituciones se ríen y humillan a los ciudadanos de a pie.

Algunos dirán que son los procedimientos propios de un Estado de derecho, que son acciones necesarias para que las cosas resulten mejor bajo el amparo de la ley. Dirán que tal o cual cosa no se puede realizar de inmediato porque hay un artículo que lo impide o que no está de acuerdo a la ley, que ellos no pueden hacer nada, que esto los sobrepasa y que lo verán con el jefe de turno.

Y se demoran los procesos y pasan de horas a días, de días a meses, de meses a años y todo demora… y la gente común y corriente sigue esperando. Y sus anhelos y necesidades descansan olvidados en las oficinas de funcionarios alejados de la realidad. No son más que un montón de papeles a la espera de ser firmados o timbrados.

Esta semana hemos tenido ejemplos emblemáticos de cuánto mal hace la burocratitis.

Familias de campamentos de Maipú que llevan años dándole consistencia a sus sueños de vivienda propia, de barrio digno que les ha implicado trabajo y organización, deben esperar y esperar que el estado, de una vez, asuma que es el Estado, con mayúscula. Que no es un participante más de un baile que compromete a familias y privados con afán de lucro.

Por otro lado, vimos cómo apoderados de una pequeña localidad de la comuna de Osorno llamada Pichil tuvieron que tomarse durante varios días la escuela rural donde estudian sus hijos dado que la municipalidad de Osorno les quitó el transporte escolar por razones administrativas.

El alcalde decía a un noticiario que no podía seguir financiando el transporte dado que éste pasaba recogiendo niños por la comuna vecina situación que no estaba permitida según los fondos que el MINEDUC les otorgaba.

Aunque usted no lo crea, esta es la máxima expresión del mal de la burocratitis.

Ante todo lo anterior cabe señalar que el Estado debe recordar siempre que tiene por finalidad proteger, defender y promover a las personas, en particular a los más excluidos, a los que siempre han esperado. No sólo dedicarse a arbitrar en conflictos o tensiones entre particulares.

Cuando los temas son tan sensibles y urgentes, tales como la educación, la salud y la vivienda, el Estado no puede ser uno más, debe ser protagonista, ese es su rol.

Más aún cuando por tonteras se impide que familias que viven en situación de extrema necesidad accedan a su vivienda que poseen por derecho o que niños no puedan estudiar por el poco criterio del alcalde de turno o de un funcionario más preocupado de artículos muertos que de servir a su comunidad.

Esperamos que en estos tiempos de promesas y de creatividad se recuerden los candidatos y candidatas que los mismos de siempre están esperando – como siempre- pero que la paciencia – tarde o temprano- también se agota.

Hace unos días vimos a la vocera de la ACES, Eloísa González junto a parte de su gente irrumpir mediáticamente el INJUV para contrarrestar la campaña “Yo voto” promovida por esa institución convocando a los jóvenes a votar. Por otra parte –y respondiendo a la acción y convocatoria de este grupo de estudiantes secundarios- un grupo de 45 dirigentes y ex dirigentes universitarios llamaban a profundizar y mejorar nuestra democracia esta vez por los medios convencionales del ejercicio electoral.

Esta más que sabido que el tema está candente. Los analistas políticos y, en menor medida, el ciudadano de a pie, tratan de leer qué es lo que está en juego en estas elecciones. Aparecen como telón de fondo las elecciones presidenciales del próximo año y el nerviosismo de las autoridades por la puesta en práctica de cómo recibe la ciudadanía la inscripción automática y el voto voluntario.

Todos estos acontecimientos suscitan en mí varias reflexiones de las cuales paso a detallar sólo dos.

En primer lugar, el nerviosismo de las autoridades deja entrever lo alejados que están del común de las personas, del ciudadano anónimo que vive su vida sin más y para qué decir de los jóvenes y sus búsquedas y anhelos. Nada nuevo. Esto está más que sabido y así lo demuestran los numerosos estudios y encuestas que tienen por el piso a las autoridades políticas y a las instituciones.

No debieran estar tan nerviosos si efectivamente consideraran que los ciudadanos de este país están debidamente formados como ciudadanos con sentido democrático. Ante todo esto queda de manifiesto que el Estado –en su rol de formador de sujetos activos con conciencia de sus derechos y responsabilidades- saca nota roja.

En los curriculums educacionales brillan por su ausencia cursos que fomenten la educación ciudadana, el sentido de responsabilidad cívica, la conciencia democrática, la gestación de estudiantes con pensamiento crítico comprometido. Hace un tiempo, Danae Mlynarz -columnista de cooperativa.cl- publicaba un excelente escrito que se titulaba “¿Inscripción automática, pero sin clases de educación cívica, quién entiende esto?” y que hacía mención precisamente a ello.

El mismo Estado a través de sus autoridades insisten y convocan a la ciudadanía –en especial a los jóvenes- pero no está cumpliendo su rol formador situación que es gravísima ya que no son temáticas que se den en la persona humana así como así, sin más, sino que deben formarse desde temprana edad.

Y en segundo lugar, me quedo con la tensión que despierta la acción de Eloísa y la ACES.

Estoy muy de acuerdo con el sentido que hay detrás de este llamado –o el que yo creo que hay- a saber, que la clase política y el actual sistema de representación en Chile han quedado más que cortos y es urgente modificarlo seriamente y no continuar “enchulándolo” como se ha hecho hasta hoy.

La democracia chilena debe dar un gran salto de madurez y cambio de enfoque. Las movilizaciones del año pasado y las del que está en curso, gritaban más participación en la gestión pública, en los asuntos que nos competen a todas y todos. Ya no basta con vivir cada cierto tiempo procesos electorales que nos dejan con la “sensación” democrática pero que son sólo una parte. Ya no basta con elegir nuestros representantes sino que es preciso favorecer la participación real de los ciudadanos.

En esto estoy seguro que desde ambas partes –llamado de la ACES y del INJUV- estarían más que de acuerdo. Todos claman por participación pero ¿qué entienden cada uno por participar?

He ahí el dilema: votar o no votar.

Ante esta disyuntiva mi opción siempre será votar. Y más aún en lo que está en juego en estas elecciones, que no son cualquiera, son las elecciones municipales, en donde se juega el rumbo del gobierno local, donde se lanzan las fichas para ver quién, cómo y con quiénes se dirigirá y animará la vida de las comunas.

Aquí hay un problema que veo subyacente: la ciudadanía no sabe bien en qué consiste y cuáles son las funciones de la municipalidad como gobiernos locales. Las municipalidades son quienes aterrizan las políticas públicas al territorio, son quienes han de contribuir que las políticas sociales efectivamente contribuyan para erradicar la pobreza y las brechas de escandalosa desigualdad. Son el órgano de administración del Estado a los cuales más recurren los más empobrecidos del país y un funcionario mediocre o negligente es –nos guste o no- representante último del Estado.

Las municipalidades han de ser espacios participativos y transparentes de verdad y no sólo para los tiempos de campaña. Es su deber promover el desarrollo comunitario y la organización social además de proteger los espacios públicos para que sean verdaderos espacios de encuentro entre los vecinos.

No puede dar lo mismo quien es la cabeza de un comuna porque es de vital importancia para todo lo anterior (formación ciudadana y conciencia democrática) que estas personas sean idóneas y no verdaderos déspotas o populistas negligentes que viven pendientes de su propio ego a costa de las necesidades de los vecinos.

No puede dar lo mismo que sigan los mismos de siempre anclados a sus sillones alcaldicios engordando sus vanidades.

No puede dar lo mismo que en muchas comunas se vivan verdaderas mafias que operan a través del miedo o del clientelismo o que sean dirigidas por figurillas de farándula que les “bajó” su vocación al altruismo.

Porque no quiero que Renca siga creyendo que “la lleva” y destinando fondos municipales en tonteras o porque se perpetúen las autoridades de Pedro Aguirre Cerda, La Pintana, Providencia, Las Condes, Viña del mar, y tantas otras más sin una mayor oposición que la de los comandos del contrincante.

Porque no quiero que muchos concejales vean una oportunidad de negocio ocupar un puesto en los consejos municipales donde se decide el futuro de la comuna o utilicen parte de su tiempo libre en uno u otro “asunto público”.

Por eso, y muchas razones más, ante el dilema “votar o no votar” en estas municipales decido, con total conciencia, VOTAR.

Al momento de enfrentar los resultados de una encuesta, se podría pensar en cómo ese indicador pudo haber sido otro. Problemas en la medición, aproximaciones metodológicas diferentes, incluso errores humanos pueden llevar a extraer interpretaciones de un determinado valor numérico que no son tal.

Seguramente lo descrito anteriormente es lo que les pasó a muchos con la encuesta CASEN o con el fin de las listas de espera AUGE.

Sin una guía que oriente el cómo se obtuvieron esos datos (como por ejemplo el aumento de la felicidad de la población, o la disminución en pobreza, en el caso de la CASEN) las conclusiones extraídas desde esos resultados pueden ser altamente cuestionables. Sin embargo, creo este no es el punto donde hay que profundizar el análisis.

El gobierno actual – que ejerce el rol de protección y promoción de la sociedad- señala con ruidos estridentes cómo los indicadores y porcentajes los avalan en su gestión.

Disminuye la pobreza, aumenta la felicidad, el crecimiento económico se dispara, las listas de espera AUGE desaparecen de la realidad hospitalaria, los subsidios y bonos se entregan a la población como si realmente el mundo terminara en diciembre del presente. Si incluso la escasa aprobación que tiene nuestro Presidente sigue siendo menos importante que el escaso apoyo que las encuestas muestran de la oposición.

Nos encontramos en un momento de la sociedad donde toda decisión se justifica desde la lógica de los indicadores y porcentajes.

Si el SIMCE sube 2 o 3 puntos nos encontramos frente a un sistema educativo que mejora su calidad, sin cuestionarnos mayormente cómo se desarrollan las clases en el aula; si el porcentaje de consumo de los chilenos aumenta, nos vanagloriamos de nuestra buena economía, sin pensar en las condiciones de crédito muchas veces abusivas de las cuáles muchos son víctimas. Es decir, los números, lo cuantitativo, permiten sentirnos un país que va en una autopista hacia el desarrollo.

No obstante a lo anterior esto sólo muestra lo irresponsable que se puede llegar a ser.

En este minuto el gobierno muestra caras sonrientes con los últimos números: según los datos otorgados por la encuesta CASEN la pobreza disminuye en 0,7 puntos porcentuales (Gobierno Informa, 2012) en relación a la medición anterior, sin entrar en el debate sobre la fidelidad de estos indicadores lo que nos debiera tranquilizar es que el ser pobre parece que poco a poco será un tema del pasado de nuestra realidad país.

Otra muestra de todo aquello es la asignación de subsidios habitacionales a familias del primer quintil de ingreso. Hemos venido observando -al menos mediáticamente- un notable aumento en la entrega de estos subsidios indicando que el déficit habitacional chileno disminuye a pasos agigantados. Pero con eso no es posible quedar contentos, pues se mantiene el voucher a cobrar, es decir, un subsidio asignado no es más que una “promesa” del Estado a cumplir ya que aún no existe ninguna vivienda donde vivir y el subsidio podría llegar a expirar.

La responsabilidad en medir las problemáticas de la sociedad deviene finalmente en una irresponsabilidad, en este caso del Estado, para hacerles frente.

Sólo en estos dos ejes temáticos (pobreza y déficit habitacional) es posible notar lo anterior.

La pobreza debe seguir siendo un tema de contingencia nacional. El hecho de que disminuya la pobreza y aumenten las transferencias (bonos) no nos indica que la crudeza que enfrentan un sinfín de familias en nuestro país haya disminuido; son personas excluidas del desarrollo, pero dentro del porcentaje de los aventajados.

Si se quiere ser responsable, que no se caiga en el anuncio fácil y excesivamente mediático.

Basta de ser irresponsables, hay que ser responsables en cómo se diagnostican las problemáticas o progresos de nuestro país. Pero sobre todo, ser responsables en asumir que los números son sólo eso, un indicador que muchas veces hace perder las proporciones y que puede llevar a una pasividad preocupante.

No es la intención de este escrito plantear un escenario sombrío, nuestro país efectivamente se desarrolla, pero no debemos perder la capacidad crítica respecto de nuestro entorno, no debemos escondernos en los porcentajes.

La pobreza y la exclusión social deben seguir siendo la primera prioridad aunque sea sólo del 1%; la educación siempre debe ser reflexionada en pro de una mejora aunque la prueba PISA alcance sus mayores índices; la vivienda debe ser un problema de corte nacional incluso cuando todos los subsidios entregados se materializan en una vivienda digna, pues así – y sólo así- podríamos llegar a considerar que somos mucho más felices que años atrás.

A través de los medios de comunicación la opinión pública ha sido testigo de una verdadera fiebre por las primarias (las internas del mundo de la concertación, la emblemática de oposición al alcalde Labbé en Providencia, etc.), sin embargo los datos reales demuestran que un bajo porcentaje de los posibles votantes de una comuna elige a esos candidatos.

También hemos visto cómo los partidos políticos han utilizado figuras públicas presidenciables (el caso de la municipalidad de Pencahue con el ministro Golborne o la ex presidenta Bachelet en muchas comunas) para posicionar candidatos desconocidos para los vecinos. Estas prácticas se verán acentuadas en la medida que nos vayamos acercando al día de las elecciones.

Ante todos estos hechos se encienden las alarmas.

Se hace urgente, que en tiempos previos a una elección municipal, exista un debate serio y responsable sobre el lugar que ocupan las municipalidades en nuestra democracia.

Algunas preguntas para despertar el debate.

¿Son efectivamente las municipalidades el gobierno local?

¿Son autónomas del gobierno central? ¿Cómo ejercen los alcaldes su rol de autoridad?

¿Cómo es la calidad de la participación ciudadana en estas?

¿La gestión municipal es eficaz? ¿Cuál es el grado de representación de los alcaldes de su comuna y sus vecinos?

Hay una premisa que es clave a considerar: las elecciones municipales y el rol que ejerce el gobierno local, no son lo mismo para todos los sectores de la población.

Mientras para algunos es una decisión de aseo y ornato, mantención de áreas verdes y pago de patentes, para la mayoría de la población se decide el espacio donde se desarrollan las políticas públicas y sus propias oportunidades de desarrollo. Por lo mismo la institución pública que los más pobres consideran más cercana son las municipalidades.

Paradójicamente estos sectores donde el rol del municipio se vislumbra como más relevante, son los que cuentan con peores instalaciones, presupuestos y mayores grados de saturación debido a la alta demanda. No se puede culpar a tal o cual municipalidad por su desempeño sino que, más bien, hay una estructura estatal que no confía en el gobierno local y su autonomía.

Por otra parte, al despertar preguntas para un debate, es clave la figura de la autoridad municipal.

No da lo mismo si el alcalde de turno ejerce su liderazgo cual “patrón de fundo” considerando a los vecinos y ciudadanos como meros clientes que hay que estar sosegando con “cajitas de mercadería” que, comúnmente, se reparten en su mayoría en tiempos de elección.

O si el alcalde efectivamente se sabe representante y animador de la organización comunitaria, estableciendo equipos de trabajo que forman ciudadanía y responsabilidad real por el bien común, sabiendo que su función busca potenciar que la tarea de una comuna fraterna, justa y digna no depende exclusivamente de él sino de toda la comunidad.

Por lo mismo, invitamos a todos aquellos que tienen la intención de presentarse a candidatos por cualquier comuna, a considerar la opinión pública, la ciudadanía y su comunidad local como verdaderos ciudadanos sujetos de derechos y responsabilidades y no como meros clientes o votos que se pueden comprar con regalos absurdos o haciendo espectáculos con el personaje del reality de turno o del mundo de la farándula.

Es preciso – y aún estamos a tiempo- que le subamos el nivel a la elección municipal y que hagamos de este proceso un verdadero acto democrático en vistas de pensar y re pensar, si fuese necesario, porqué la municipalidad puede y debe ser una verdadera escuela formadora de ciudadanía.

Por último, cabe señalar que, si bien este artículo deja entrever una mirada más bien crítica y con sesgos de pesimismo por cómo opera el mundo municipal, hay que destacar que muchas municipalidades funcionan de manera ejemplar siendo en muchos casos instituciones heroicas, es decir, no se puede seguir la premisa de que donde hay más financiamiento hay mejor gestión, sino que muchas veces tiene que ver con el espíritu que anima su compromiso social y público.

En ningún caso el objetivo de nuestra reflexión es menospreciar el trabajo cotidiano y silencioso de las municipalidades sino invitar a un cuestionamiento sobre el sentido de nuestras instituciones para mejorar de esta manera el servicio que las mismas prestan a la comunidad entera.

Las autoridades de turno desfilan con el rostro compungido por la Posta central para darles el pésame a sus padres y su hermana. El Movilh lo llora, sus familiares, amigos y vecinos lo lloran.

Vendrán las reflexiones más duras que pedirán cadena perpetua para los involucrados en esta verdadera matanza, contra ellos se lanzaran los dardos más duros clamando justicia.

Ellos son quienes deben pagar por semejante atrocidad. Lo más probable es que así sea.

Esos jóvenes idiotizados por una secta alienada serán los culpables pues ELLOS LO MATARON.

Pero bien sabemos que la cosa no es tan clara ni fácil.

A Daniel Zamudio lo mataron los mismos de siempre. Lo mataron hace meses atrás en la tramitación de una ley anti discriminación. Lo mataron los ultra conservadores de siempre.

Lo mataron aquellos que siempre se oponen y se opondrán a que nuestro país sea justo, verdaderamente justo y no escandalosamente desigual.

A Daniel Zamudio lo mataron los mismos que mataron el día 07 de noviembre mediante un escopetazo por la espalda a Alex Lemún. Lo mataron los mismos que asesinaron el día 03 de Enero de 2008 por otro disparo por la espalda a Matía Catrileo. Lo mataron los mismos que dispararon a quemarropa contra Jaime Mendoza Collío. Lo mataron los que durante años han financiado matonajes contra estos jóvenes mapuche que velan por justicia en su tierra, justicia para su gente.

A Daniel Zamudio lo mataron los mismos que la noche del 25 de agosto del año recién pasado asesinaron a Manuel Gutiérrez – adolescente de 16 años- en el contexto de las movilizaciones en apoyo a la demanda estudiantil.

Y la historia se repite una y otra vez. Los asesinos de siempre se esconderán en sus fueros parlamentarios, en sus autos blindados, en sus estrecheces que impiden que el desarrollo del país efectivamente alcance para todos.

A Daniel Zamudio lo mataron los grupos que se niegan a perder sus cuotas de poder  y renunciar a su status quo, aquellos que concientemente perpetúan la indiferencia y las estructuras que generan miseria.

Lo asesinaron todos aquellos que se oponen a vivir en una sociedad diferente, que les provoca pavor la diferencia.

Lo mataron los miembros de iglesias ultra conservadoras que prefieren proteger más sus estrechos intereses que la vida real de las personas. Lo asesinaron aquellos que creen que tienen el cielo asegurado por intentar salvar un cigoto mientras impiden que las empleadas paseen libremente por sus mansiones construidas con injusticia e indiferencia.

A Daniel Zamudio lo asesinaron quienes se oponen a subir el sueldo mínimo y que suben indiscriminadamente el costo de la vida de las personas. Lo mataron los mismos que se niegan tercamente a transformar el sistema binominal que genera una democracia de papel lustre. Los mismos que creen que no es necesaria una reforma tributaria o los que consideran una aberración hablar de legislar por sueldos máximos para los peces gordos.

Lo mataron todos aquellos que consideran lícito intervenir policialmente poblaciones como La Legua, la Yungay, la Pincoya, la José María Caro, la Bandera, etc. Aquellos que consideran que se pueden violar a diestra y siniestra los derechos humanos en vistas de sus cifras irreales y del “dios del orden y de la seguridad”. Aquellos que creen que la injusticia y la desigualdad se soluciona construyendo más cárceles.

Sí, esos son, fueron y serán quienes mataron y continuarán matando a todos los Daniel Zamudio, Alex Lemún, Jaime Mendoza, Manuel Gutiérrez y tantas y tantos aniquilados de manera silenciosa por una sociedad que se ha acostumbrado a la desigualdad, la injusticia y la indiferencia como parte de la cultura.

Claro está que la teoría de la autorregulación del mercado es absolutamente falsa y que la avaricia y el deseo de poseer y ganar más y más no tienen techo para los ambiciosos de poder y dinero.

Hasta los seguidores más abiertos del dios lucro se han dado cuenta de que debe haber más y mayor regulación por parte del Estado y de los consumidores, si lo que se quiere salvaguardar es la libre competencia que no veje los marcos legales, ni los derechos básicos de las personas.

Ante estas noticias – y, como siempre, pareciendo llegar tarde– aparece la clase política, escandalizada ante semejantes atropellos, y buscando “con cara de velocidad”, medidas sobre cómo hacer frente a este tipo de estructuras que posibilitan y perpetúan la usura y la injusticia por parte de los ricos y poderosos en contra de quienes no están en su posición.

El presidente de la República anunció hace un par de días la creación de una comisión de expertos que lo asesorarán a él y al ministro de Economía para tomar decisiones en vista de modernizar los marcos legales para evitar posibles colusiones y abusos de las empresas.

A la comisión se le da un plazo de 6 meses para entregar una propuesta al ejecutivo con el propósito de que la libre competencia sea respetada.

Ante esto, uno podría decir: ¡qué bueno, el presidente vela por los intereses de la mayoría de los chilenos para impedir los abusos de las grandes empresas!

Pero, por favor, ¡dejen de jodernos!

Esto de las comisiones como la gran garantía de los esfuerzos para generar cambios ante las situaciones de injusticia y abusos que aquejan a nuestra sociedad, más que darme una señal de tranquilidad, hace que me surjan innumerables dudas respecto del paradigma de solución que esconde el recurso hipertrofiado de la comisión. Me provoca una honda – y ya conocida – indignación.

Una y otra vez, la clase política y dirigente de este país llega tarde a todos los problemas.

Lo que ayer fueron las farmacias, el transporte, las multitiendas, etc. hoy son las empresas ligadas a la producción avícola (¡y le faltaban pollos a nuestra cazuela!).

Día a día siguen palpitando vigentes el tema educacional, el de la salud y la vivienda, y el ejecutivo sigue creyendo que solucionará los problemas llamando y financiando a un grupo de selectos ingenieros expertos para entregarles propuestas para “hacerle frente” – al menos, momentáneamente- a ese problema en particular.

Esto, evidencia que el “comisionismo” es muletilla que surge de una ponderación pobre y superficial de los problemas que enfrentamos como sociedad, y manifiesta la inexistente voluntad política para reformas estructurales legales que construyan la sociedad que todos parecemos desear, pero que “curiosamente” se nos escurre entre los dedos como una mera utopía día a día.

Nuestras clases dirigentes se han convertido en meros “expertos” ataja penales que no van a ninguna solución de fondo, estructural, el verdadero “chilean way”. Es la costumbre de actuar en crisis, para y por la crisis, pero no para sanear las raíces de hitos sólo sintomáticos en una sociedad que vive a diario los males de la injusticia y los abusos más descarados.

Cada vez más, se convierte en un hábito la creación de comisiones inoperantes financiadas por fondos del Estado para elaborar propuestas que el gobierno de turno y los parlamentarios no están dispuestos a escuchar ni a ejecutar en serio.

¿Comisión de qué? ¿Para qué? , es lo que me preguntaba un poblador de la zona sur de Santiago al informarle sobre las declaraciones del Presidente respecto a la colusión de las empresas avícolas.

Y ¿dónde están nuestros parlamentarios que no son capaces de darse cuenta de estos problemas, de anticiparse a los posibles conflictos o estallidos sociales? Y después se lamentan de que haya violencia en la calle o que la calidad de vida – a pesar del crecimiento económico- no haya aumentado ni un céntimo.

¿Dónde está nuestra clase política para que se atreva radicalmente a proponer su opinión respecto de tantos abusos y eleve propuestas concretas sobre todos los temas que a la ciudadanía le importan?

No es un favor que ellos hacen al pueblo, es su deber ser capaces de visualizar las injusticias y anticiparse a los estallidos para luego – junto a la ciudadanía de a pie u organizada- elaborar planes concretos y reales en vista de mejorar real y honestamente la vida de las personas a las cuales ellos y ellas representan.

Nada de andar llamando a comisiones de expertos de ínfimos círculos que vengan de afuera a “hacerles la pega” o a “vender humo” sino que ellos son quienes deben hacerse cargo y, con valentía, representar a quienes confiaron en ellos y no los intereses de unos pocos que buscan engordar su avaricia y deseo de poder.

Sin embargo, es posible constatar que en nuestra sociedad la participación ciudadana lucha por habitar un escenario de dobles discursos: por un lado, se aboga por ella desde el Estado y la sociedad civil y, por otro, hay una fuerte tendencia de las autoridades a silenciar los conflictos sociales apelando a discursos de unidad, en una ansiedad por generar consensos que supuestamente disolverán las tensiones, mas parecen corresponder a las clásicas soluciones “parche” que tanto desdeñamos.

Todos hablan de participación, pero es evidente que cada uno piensa y proyecta las posibilidades fácticas de dicha participación desde marcos interpretativos muy diferentes.

La participación es un derecho connatural a la democracia y es deber del Estado promoverla y garantizarla a como dé lugar.

Mientras más participativo y democrático sean tanto el sistema político como el modo de organizarse de la sociedad, mejores condiciones habrá para la construcción de sociedades más justas y fraternas.

Por lo mismo, es fundamental que todas las estrategias que se ideen para enfrentar problemas a nivel público – los que atañen a todas y a todos-, sean diseñadas y ejecutadas con la mayor cantidad de actores posibles.

Más aún, cuando se tratan de sustanciales problemáticas como las relativas al derecho a la educación, el derecho a la salud, a un trabajo digno, a una vivienda digna, etc., las que se suscitan desde un plano vital fundamental y de supuesto interés común para todos los actores sociales, es sólo razonable y justo pensar que la tendencia debe apuntar a procesos de resolución eminentemente participativos, lo que quiere decir no impuestos o meramente consultivos para los miembros de la comunidad que no están en el poder.

Dentro de poco tiempo, se promulgará la nueva política de vivienda que otorga subsidios para las familias más pobres de nuestro país.

Hasta hoy, funciona el Fondo Solidario de vivienda que opera con especial énfasis en que las familias tienen que organizarse como comité para acceder al beneficio. Por esto, si en la actualidad alguien desease, de manera individual, acceder a estos fondos, no podría, pues está conminado a organizarse en comunidad, soñar su barrio y trabajar por la dignidad de éste con todos sus vecinos.

Pero esto no continuará así en el marco de la nueva política de vivienda, pues ésta no resguarda un principio de trabajo comunitario en el diseño de sus procesos de postulación a los beneficios, pasando a ser sólo optativo el trabajo comunitario para poder optar a los mismos. Se hace el énfasis en la libertad de “elección” de las familias para buscar cómo y dónde se quiere ir pero cabe señalar que esto no significa verdadera participación ni inclusión social real.

Pero, ¿Cuál es el problema de todo esto?

Primero, que esto último es un decreto presidencial y no una ley que sea debatida -al menos- por los parlamentarios. Me parece que algo que incide tanto en la vida de las personas – en este caso, de las personas más pobres del país- como resulta ser el proceso de optar a la vivienda definitiva y a la construcción de un barrio, debiera asegurar debate y reflexión de los distintos actores que se ven involucrados en el mismo.

Con todo esto, quisiera apuntar a que ésta no puede ser una decisión que se tome entre cuatro paredes o entre conversaciones con los amigos del ministerio, porque es fundamental que participen en ella las personas involucradas, es decir, las familias que son sujetos de este derecho.

Uno podría preguntarse, ¿le interesa al Estado que este grupo humano históricamente vulnerado en sus derechos sea un ciudadano activo?

¿No será que se prefiere mantener al casi 20% de la población “quietecita” como meros beneficiarios de sus apoyos financieros?

¿Por qué no diseñar procesos que resulten de base participativos, donde los ciudadanos a los que representan supuestamente quienes están en el poder sean verdaderos sujetos de derechos, activos protagonistas de las necesarias actualizaciones de las políticas públicas que los involucran directamente?

Un elemento indispensable para intentar acabar con nuestras escandalosas desigualdades y la vergonzosa exclusión de los más pobres es la PARTICIPACIÓN REAL, es decir, que ellos mismos sean protagonistas de la elaboración y ejecución de aquellas políticas que tanto tendrán que ver con ellos y con aspectos esenciales de sus vidas.

Basta ya de programas analgésicos que no promueven ni transforman la sociedad desde sus más profundas heridas.

Ciudadano es todo aquel que puede intervenir en la sociedad y produce efectos en esta, es aquel que se considera igual a todos y tan dueño de la sociedad como cualquier otro.

Por ello es urgente que toda política pública tenga un radical cambio de enfoque, que pase de la acción puntual donde hay un grupo que es beneficiario pasivo a un enfoque centrado en los derechos que tienen las personas para ser actores relevantes de su vida, de las decisiones y de la sociedad toda.

Es tiempo de que estas políticas dejen de buscar números para programas de gobierno y que fomenten, de manera seria y responsable, que aquellas personas que histórica y estructuralmente han sido discriminados sean protagonistas de su nueva realidad.

Si llegan a sus manos, notarán que las convocatorias para ambos acontecimientos son literalmente muy distintas.

La primera invita a un momento de oración, cantos, rezos de rosario, de encuentro entre católicos en tiempos difíciles para la Iglesia, de recibir el apoyo de obispos y autoridades.

La segunda, por su parte, hace la invitación a manifestarse para dejar de ver y sufrir injusticias que lamentablemente se han institucionalizado en nuestra sociedad, tal como se ha podido constatar en la enorme brecha en el acceso a educación y salud de calidad en nuestro país.

Y es que la usura resulta indignante para gran parte de la población, la que se siente llamada a luchar por un mundo más justo para todas y todos.

En el marco de las convocatorias citadas, hace sentido rescatar las palabras de la ciudadanía, respecto de la confianza que se deposita en las instituciones en nuestro país.

En este punto, la recientemente socializada Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales, arroja cifras claras:

La totalidad de las instituciones sufre bajas considerables en sus índices de confiabilidad, siendo la Iglesia Católica la más afectada con una caída de más de un 18% en este punto.

Es en este contexto que se suscita la pregunta por los motivos de esa enorme baja: ¿será por los conocidos casos de encubrimiento a los abusos sexuales y de poder realizados por sacerdotes o habrá elementos de fondo que la ciudadanía ha comenzado a percibir como inaceptables dentro de la Iglesia (y a las iglesias)?

Las cifras que arrojan las encuestas son el síntoma de una profunda crisis, por lo que debemos acostumbrarnos a no dejar que sus “datos duros” nos limiten a desarrollar una reflexión superficial sobre los fenómenos sociales que nos aquejan, los que poseen su propia radicalidad.

Los números podrán llamar nuestra atención, pero no podemos transformarlos en nuestro indicador primero y último de la realidad que nos rodea, tal como parece acostumbrar el gobierno actual.

La ciudadanía de a pie considera que las Iglesias – en especial la Católica- han dejado mucho que desear en el último tiempo y que se les ve muy alejadas de la realidad.

Si bien existen en la Iglesia discursos como el del Arzobispo Ezzati que titulan de “escandalosa desigualdad” la fragmentación social en la que viven los chilenos, es preciso hacer gestos concretos de trabajar por remediarlo.

Si algo nos indigna, no podemos quedarnos en el ámbito del mero discurso y de las cifras esperando cambiarlo: debemos actuar con determinación en pos de la justicia social.

Ante un sistema educacional de pésima calidad y que hace años viene “robando a dos manos” a muchos chilenos, las Iglesias han permanecido en un cómplice silencio de este hecho “escandaloso”, y esto es porque conforman prácticamente el 70% de los sostenedores tanto a nivel básico-medio como universitario en nuestro país.

Claramente, esto se tradujo en la pomposa declaración de las mejores intenciones respecto de la justicia en la educación, mas no hubo aporte alguno a nivel de gestos concretos, de propuestas de solución al problema que hoy aqueja a Chile.

Recapitulo.

Este sábado habrán dos convocatorias: una expresará “la alegría de ser católicos” mediante variados ritos, y la otra congregará a aquellos “necios” (al modo de Jesús, el torturado-crucificado-resucitado) que buscan una tierra más humana en solidaridad con los excluidos de siempre.

Esta ya naturalizada oposición no debe dejar de asombrarnos, para preguntarnos qué significa realmente ser cristianos en nuestra sociedad.

Para terminar, una pequeña anécdota muy ilustradora respecto de la reflexión que he querido presentar:

Hace un tiempo entrevistaron a Don Samuel Ruiz (obispo mexicano del estado de Chiapas recientemente fallecido). La periodista le habló durante mucho rato de la situación de Chiapas, de lo que sufría el pueblo chiapaneco, de la injusticia y de cómo el pueblo indígena se organizaba para transformar la realidad.

En un momento la periodista le dice: “muy bien Don Samuel ahora hablemos de la Iglesia”, a lo que Don Samuel le responde con la típica picardía mexicana: “¿Cómo no hemos estado hablando de ella todo este rato?”  “No - le dice la periodista – sino que hemos estado hablando del movimiento social en Chiapas”.

Don Samuel la mira con ternura y le dice: “Bueno eso es precisamente, lo que le pasa al pueblo más pobre, le pasa a la Iglesia. Sólo cuando nos unimos para transformar las situaciones de injusticia que hay en el mundo es cuando somos realmente seguidores de Jesús y de su evangelio que es buenas noticias para los pobres y humillados, que es liberación para los insignificantes”.

Esto demarca una fuerte fragmentación social, cuya prolongación en el tiempo es avivada por la escasa educación en la diversidad como un valor social fundante.

Todo esto resuena en mi memoria al recordar la suspicacia que mostró hace un tiempo atrás un amigo extranjero, sorprendido por el hecho de que dentro de nuestros códigos sociales habituales se encontrara el requerimiento de mencionar, cada vez que se conoce a una nueva persona, tanto su apellido como su escuela o colegio de proveniencia.

Ciertamente, sólo se puede hallar en esa costumbre una especie de radiografía social que busca discriminar al otro, ya sea positiva o negativamente, pues los datos del apellido y de la casa de estudios de origen constituyen casi con toda seguridad, en nuestro país, un plano de proyección futura del círculo social donde cada persona podrá construir su vida profesional y personal.

Esto sin duda reafirma la convicción de que hemos ido creando un país que culturalmente vive en la profunda segregación de “el otro diverso”, porque este otro eminentemente “distinto” es identificado como un polo de oposición social, cultural o religioso.

La diferencia es, pues, un dato de discriminación negativa en nuestra sociedad, y todo el sistema educacional –y el sistema valórico implícito en éste- contribuyen a que este sea un mecanismo inquebrantable, donde los pertenecientes a un “polo” o al otro, prácticamente puedan vivir su vida entera sin jamás encontrarse.

Otro hecho que perpetúa esta dinámica de exclusión del otro, se observa a nivel familiar en que cada padre suele preferir educar a sus hijos, desde pequeños, entre iguales según su “colonia” no sólo fáctica, sino simbólica, de pertenencia.

Con esto es evidente que educar en la diversidad no parece ser un valor que se acostumbre privilegiar al momento de educar a nuestros hijos.

Para qué hablar de la segregación urbana donde los más ricos de este país -al menos en la capital- van escapando de las masas populares que llegan a sus barrios “exclusivos” (y ciertamente “excluyentes”), cometido que cuenta cada vez con sistemas más sofisticados de carreteras de acceso al barrio residencial remoto donde se instalan los acomodados.

De este modo, se garantiza que no haya lugar para un encuentro cotidiano real entre ricos y pobres, pues cada clase tiene su barrio, y la única relación que se da entre uno y otro está en la prestación de servicios domésticos (asesoras del hogar, jardineros, constructores, etc.).

Ante esto es fácil colegir que tanto el sistema de valores segregantes como el propio diseño arquitectónico de las ciudades están ahí para promover y perpetuar la desigualdad y la inmovilidad social, lo que resulta verdaderamente escandaloso.

En este momento, en el que se ha posicionado con urgencia el debate sobre la posibilidad de una educación igualitaria y de calidad en Chile, es fundamental que reflexionemos sobre el rol garante que tiene el Estado ante este tema básico, para poder ordenar nuestras demandas en medio de un sentimiento de descontento generalizado.

Es necesario pedir la garantía del no-lucro en la educación, pero también es necesario demandar la garantía de una educación en la diversidad, en un sistema que no siga consagrando la segregación como base de nuestra sociedad.

Por esto, parece preciso poner el énfasis de nuestras exigencias en una educación pública (al menos en la pre básica y básica) como espacio que posibilite el encuentro entre miembros de distintas realidades sociales, para dejar de perpetuar la homogenización de los grupos sociales, sino que cada persona pueda hacer la experiencia de lo diverso e ir humanizándose y enriqueciéndose en ella.

Sólo así podremos dejar de escandalizarnos con la fragmentación social y, sobretodo, dejar de tenerle miedo al que es distinto por el solo hecho de serlo.

Así, nuestros modelos educativos dejarán de aplastar la diversidad natural a la vida, para así imitar la sana multiplicidad de seres y formas que conlleva el hecho de ser humanos.