Sin duda muchas de las conquistas en derechos ciudadanos de las mujeres en Chile obedecen a contextos de oportunidad y no a transformaciones consistentes de la sociedad chilena.  Julieta Kirkwood ya advertía sobre la necesidad de no caer en el entusiasmo de la excepcionalidad para analizar los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, sino que analizarlos en su dimensión de proceso histórico, cultural, social y político.

Sin duda es un avance tener por segunda vez a una mujer presidenta y contar con una presidenta del Senado por primera vez.  Sin embargo a la hora de analizar la autonomía política de las mujeres en Chile, estas excepcionalidades no dan cuenta de la situación real que vivimos las chilenas en la toma de decisiones sobre cómo organizamos y normamos a nuestra comunidad política.  

Frente al espejismo democrático de estos “saltos”, la discusión sobre aborto en Chile y las distinciones que han intentado instalar medios de comunicación, algunos barones de la política y partidos políticos conservadores, nos recuerda que en este tema los “saltos” hoy no están permitidos.

La dictadura lo dejó muy claro borrando el Código Sanitario que existió durante el año 1931 y 1989, en que el derecho penal chileno definía la interrupción no punible del embarazo por razones terapéuticas como “la terminación del embarazo antes de que el feto sea viable con el propósito de salvar la vida de la madre o salvaguardar su salud”.  Los dispositivos de control del sistema socio-político funcionan a la perfección, clausurando cualquier posibilidad de “salto”.

Porque cuando hablamos de aborto desafiamos, con el solo enunciar la palabra, a los sistemas de dominación imperantes hoy en día: al capitalismo y al patriarcado.  Cuando hablamos de aborto -quienes hablamos desde el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y con un Estado que garantice este derecho en condiciones de seguridad y dignidad-  hablamos y exponemos públicamente lo que provoca en las mujeres la explotación de nuestros cuerpos y las indignantes condiciones de desigualdad en las que siguen millones de chilenas.

Cuando hablamos de aborto, hablamos de un tema primordial en lo que respecta a la desigualdad de género y de clase. Porque nos referimos a concepciones que la sociedad elabora simbólicamente sobre los cuerpos de las mujeres. Mujeres que no son idénticas, son contextualizadas por su historia, su clase, su estatus.

La pregunta es entonces, ¿estamos como sociedad preparados para normar una nueva concepción sobre el cuerpo de las mujeres a la hora de determinar sus comportamientos sexuales y reproductivos?

¿Estamos en disposición de avanzar de un Estado que sólo ofrece a las mujeres continuar forzadamente un embarazo, bajo la amenaza constante del castigo penal, legitimando la coerción de toda la institucionalidad penal y policial avocada a la investigación de delitos, a un Estado que garantiza la dignidad y vida de las mujeres en el marco de la convención internacional de los DDHH de las Mujeres?

Hay algo que está claro, no nos permitirán y tampoco es estratégico avanzar con “un salto” en este tema.  Es urgente avanzar, pero es imperativo garantizar que no existirá retroceso.

La buena noticia es que existe un mayoritario respaldo ciudadano a reformas legales que garanticen los derechos de las mujeres. De acuerdo a la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de vida en Chile (Corporación Humanas, 2014) la mayoría de las mujeres siguen a favor de interrumpir un embarazo en ciertos casos. Un 79,2% cuando corre riesgo la vida de la mujer, un 74,2% está de acuerdo en caso de inviabilidad fetal y un 72,9% si el embarazo es resultado de una violación.

La encuesta también muestra que las chilenas mayoritariamente están en contra de que se las criminalice por abortar.  Hoy, organizaciones de mujeres y feministas levantamos la consigna “decido y soy libre” para poner en la agenda pública y político institucional la necesidad de legislar sobre aborto.

Por otro lado existe un acuerdo político de la coalición gobernante -que se expresa en un programa de gobierno y en una agenda de género- que establece el límite del derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos en lo terapéutico y en tres causales: riesgo de la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

Estamos en un momento de definiciones, la pregunta es qué camino seguirán los actores políticos que hoy toman las decisiones en el parlamento. ¿El camino de limitar la autonomía de las mujeres en estas tres causales o el camino del derecho internacional de los derechos humano de las mujeres en el mundo?  Queda la pregunta para el debate. 

Sin embargo es importante considerar que la despenalización del aborto es una demanda que diversos organismos internacionales de derechos humanos han realizado al Estado de Chile desde 1999 a la fecha y en forma reiterada. Se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos (en 1999 y 2007), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 2004), el Comité de Derechos del Niño (en 2007) y el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en 1999, en 2006 y en 2012).

En un almuerzo de camaradería, Cristián expresó lo que todos y todas quienes lo conocemos sabemos que piensa y por lo que ha luchado en sus 30 años de activismo social: “Queremos más democracia, queremos una nueva Constitución, queremos renacionalizar el cobre, el agua, que es el deseo del movimiento social, una nueva Constitución, pero eso no va a ser posible si no hay un movimiento, un pueblo activo”.

La noticia fue publicada en El Mercurio (fecha 17 de septiembre 2014, Cuerpo C página 4), un diario que todos conocemos por su carácter sedicioso y fáctico para operar.

Desde mi pensamiento más básico pensé que esto era una operación política contra el liderazgo de Cristián, pero dándole una vuelta al hecho estoy convencida que la acción de El Mercurio y sus aliados es más profunda y preocupante.

¿Qué hace que las palabras de Cristián Cuevas sean noticia en El Mercurio? ¿A qué le teme El Mercurio y quienes lo leen como un referente de comportamiento?

Cristián indica que las transformaciones por las que hoy estamos transitando no sólo requieren de la voluntad política que existe hoy de parte del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Se necesita además de un pueblo activo, de una ciudadanía movilizada y con poder para presionar por estas transformaciones.

Llama la atención que El Mercurio no haga noticia cuando otras autoridades publican columnas de opinión, cartas al director, realizan puerta a puerta, etc., como acciones de incidencia política, que buscan sensibilizar a las y los ciudadanos y/o neutralizar a quienes operan fácticamente contra los procesos de transformación que hoy muchos estamos empujando.

Lo que irrita al matutino y su gente, es el poder que tiene el pueblo movilizado, ese poder que logró desligitimar la política de los acuerdos, la política de la cocina.

Porque El Mercurio sabe que el y sus aliados pueden actuar en la antigua política y pueden ser los cocineros, así como también sabe que jamás podrá entrar en la política democrática que se construye en las calles, en las asambleas de estudiantes, de los sindicatos, del pueblo activo… allí donde líderes sociales y políticos como Cristián Cuevas han construido una legitimidad a través de su lucha histórica por un Chile más democrático.

Asumiendo que los contextos son muy importantes para analizar los femicidios en cada territorio, es imposible no recordar las lecturas que he realizado sobre las asesinadas en Ciudad de Juárez. Cientos de mujeres mexicanas salen de sus hogares o lugares de trabajo y son sometidas a abusos que las llevan hasta la muerte. Sus cuerpos son dejados en lugares eriazos con los signos de la violencia más brutal que pudo vivir una mujer en los últimos minutos de su vida.

La estrategia de los agresores es clara frente a las marcas que dejan en los cuerpos de las mujeres, de las que abusan en todo el mundo. Cada marca es un registro que el agresor deja a la mujer que desafió al patriarcado.

Cada marca es un mensaje que busca disciplinar no sólo a la mujer agredida, sino que también a todas aquellas que están empujando los cambios hacia una sociedad donde la violencia contra las mujeres es un hecho inaceptable.

Cada marca busca deshumanizar a las mujeres y cosificarlas como indica el especialista en violencia basada en género, Miguel Lorente.

Por todo lo anterior, el cuerpo de Paola Vega, desnudo, con marcas y dejado bajo un colchón en un sitio eriazo, es la muestra que el agresor abusó y dejó en ese lugar una cosa y no a la mujer, profesora, amiga, hija que todos buscaron intensamente hasta el día domingo 11 de mayo.

¿Qué debemos hacer para detener la violencia contra las mujeres, para cambiar los comportamientos, actitudes e ideas que el agresor construye y ejecuta sobre las mujeres?

Nuestro país ha avanzado en lo que respecta a la atención y protección de la vida de las mujeres. Sin duda los centros de la mujer y las casas de acogida son una respuesta a aquellas mujeres que han tomado la decisión de romper con la relación de abuso.Es una salida importante, pero no sin problemas en su ejecución.

Son múltiples las descoordinaciones que día a día presenciamos de un sistema, donde no todos los actores han comprendido que el actuar oportuno, puede salvar la vida de una mujer.

El sistema cojea porque hay una falta de capacidades en muchos de estos actores.Muchos de ellos siguen operando con supuestos patriarcales y son incapaces de adentrase en el modelo mental con el que operan los agresores. Porque seamos claros, quien define cómo abusar, dónde abusar y cuándo abusar a las mujeres es siempre el agresor apoyado por contextos de impunidad.

Urge que en Chile los actores estatales, que se relacionan con esta problemática comprendan de una vez por todas lo que están enfrentando.

Por otro lado, es urgente abordar de raíz esta problemática.Es decir, contar con un Plan Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que contribuya a construir relaciones de respeto y reconocimiento entre hombres y mujeres desde que son niños y niñas. Debemos erradicar el machismo propiciando la construcción de múltiples y nuevos repertorios del ser hombre y mujer, donde el “ser abusador” no tenga cabida.

Nuevamente aquí son muchos los actores llamados al diseño, implementación coordinada y evaluación de un Plan que tiene este gran desafío.

Tengo la secreta esperanza que estamos en presencia de un Gobierno más sensible a esta problemática y que esta vez, las organizaciones de mujeres que históricamente han trabajado en estos temas –muchas de ellas en condiciones económicas y políticas precarias- estarán entre estos actores y en todas las instancias de la ejecución de la política.

Porque frente al horror que nos impone cotidianamente el femicida y la impunidad en la que hoy ejecutan sus abusos, debemos actuar todos quienes podemos aportar en la construcción de una sociedad libre de violencia basada en género.

¿Hasta cuándo deberemos soportar que se nos diga que la denuncia es la solución a los femicidios que van en escalada en Chile, cuando este país no tiene un sistema de protección integral efectivo y eficiente para las víctimas?

¿Hasta cuándo seguiremos escuchando en los medios de comunicación que los criminales, asesinos de mujeres, las matan porque perdieron el control y los celos los cegaron, cuando lo que en realidad pasó, es producto de una historia de violencia, de repetidas acciones de sometimiento a una mujer que termina con su muerte?

¿Hasta cuándo veremos a las mujeres salir de tribunales, luego de una denuncia, con papeles en sus manos que indican que sus agresores no pueden acercarse a ellas, cargadas de una sensación de desamparo frente a un Estado obligado internacionalmente a proteger su vida y que no lo hace en su debido momento?

¿Cuándo, quienes administran la justicia, entenderán que frente a cada causa de violencia intrafamiliar que ven, tienen en sus manos la vida de una mujer y las de sus hijos?

¿Hasta cuándo continuarán haciéndonos creer, que la política pública en violencia contra las mujeres es efectiva y eficiente, si nos siguen matando y con una alevosía descarnada que sólo muestra el contexto  de impunidad en el que actúan los agresores?

¿Cuándo será el día que quienes diseñan la política pública para parar la violencia contra las mujeres, la harán escuchando a las víctimas y entendiendo que los contextos en los que viven las mujeres son sustantivos y condicionan el carácter de la violencia y los riesgos a los que se enfrentan ellas día a día?

¿Cuándo entenderán que la prevención es la herramienta que permitirá que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Que es fundamental para la transformación cultural, específicamente de las desiguales relaciones de poder entre los sexos, que son las que se sustenta esta problemática?

¿Qué debemos hacer para que los agentes auxiliares de justicia comprendan que una denuncia, es un mensaje directo al agresor y que él no quiere escuchar: esto no va más, tú ya no tienes “privilegios” sobre mí, por ende un hombre que está dispuesto a ejercer más violencia para seguir sosteniendo la relación de sometimiento con la denunciante lo que incluye su muerte?

¿Hasta cuándo seguiremos siendo testigos de fiscales y jueces que renuncian a la investigación de una causa de violencia contra una mujer, y no comprenden que esta es fundamental en el proceso de reparación de la víctima?

¿Hasta cuándo continuaremos soportando que se nos diga que la violencia contra las mujeres para ser delito, debe mostrar ser constitutiva de maltrato habitual, cuando quienes la viven saben que es un delito permanente… incluso cuando “no se ve” “no se escucha”… porque la violencia se siente siempre?

¿Cuánto más deberemos esperar para que la legislación que debe prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer, se ajuste a los parámetros internacionales de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres?

¿Cuántas muertas más seguiremos contando, porque si bien la violencia contra las mujeres no es un tema de números, lamentablemente los números sí importan?

¿Cuántas mujeres asesinadas más? 39 son las asesinadas según SERNAM en el marco de la restringida Ley de Femicidio, 54 según la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?

Esto ha tenido como consecuencia inmediata que los partidos políticos, sin exclusión, han comenzado la carrera presidencial y han volcado la discusión a nombres e ideas para un posible programa. Ideas por cierto, que poco tienen que ver con un trabajo territorial, comunitario, necesario hoy en día para conocer las necesidades de las y los ciudadanos.

A quienes nos ocupa y preocupa mejorar la calidad de la política, por ende de nuestra democracia nos incomoda… más bien nos indigna la tozudez de la clase política. Pocos, por no decir ni uno, de quienes conducen estos partidos, se ha hecho cargo de cuál es el sentido que movilizó a millones de chilenos y chilenas a no votar.

Queda claro en este comportamiento, que a la clase política no le interesa genuinamente recomponer el necesario vínculo que debe existir entre lo social y lo político. Su reflexión es: independientemente de las marchas, del llamado a no votar, de las tomas, etc., ¡igual ganamos!

En este aire triunfalista no se ve por ningún lado la apuesta por co-construir con la ciudadanía el proyecto de transformación social y política que lo social –diverso y con cuerpos distintos- ha pedido a gritos estos últimos dos años. Esta diversidad que exige un nuevo marco institucional que permita refundar nuestra democracia.

¿Es tanta la ceguera cognitiva de los partidos políticos que los hace incapaz de ponerse en el lugar de quienes decidieron no votar? ¿Es tanta la ceguera cognitiva de los partidos de oposición que son incapaces de ponerse en el lugar de quienes sí votamos?

Espero que esa ceguera cognitiva dure poco, porque quienes votamos este domingo no permitiremos que disciplinen, en especial a las mujeres, que optaron por campañas ciudadanas y prometieron gobiernos locales de carácter social y ciudadano

Nos han pasado varios goles, tiraron a la basura el proyecto de Gobierno ciudadano de la primera mujer presidenta de Chile. Ello les significó perder las elecciones presidenciales. Volvieron un trasto el proceso de construcción que las y los trabajadores habían comenzado para democratizar la CUT, con acuerdos políticos que los tiene co-gobernando la central, veremos qué consecuencias tendrá esto.

Mi madre, una dueña de casa, de esas despreciadas no sólo por el Coronel, me dijo:¿Tienes claro que si Maya, Josefa y Carolina no hacen el gobierno ciudadano que prometieron en sus candidaturas, no tendremos a Bachelet de vuelta?

En breves palabras mi querida madre me dijo dos cuestiones que me dejaron “arriba de la lámpara” como diría un viejo amigo: ¿tienes claro que si estas mujeres que prometieron recomponer el vínculo entre lo social y lo político y mostrar que la democracia también es participativa, las mujeres no podremos conducir el proyecto de transformación social y política sea Bachelet o cualquiera otra que lo intente? ¿Tienes claro que estos aires triunfalistas serán el argumento para disciplinar a estas mujeres?

Mi único consuelo es que al menos las mujeres organizadas estaremos atentas, alertas y vigilantes frente a cualquier dispositivo de disciplinamiento que vuelva a las alcaldesas a las prácticas fracasadas y añejas de hacer gobierno. Junto con ello decirles que tienen en nosotras aliadas críticas, que frente a tanta complacencia, es fundamental.

Pareciera ser algo insólita e inexplicable la disputa por llegar a ocupar la presidencia de la CUT. Una organización debilitada por quienes la han conducido y la han vuelto un brazo más del empresariado en Chile.Pero quienes comprendemos que luchar por otro Chile Posible y por el derecho básico a tener derechos, pasa por fortalecer a su multisindical, la disputa se justifica claramente y no da lo mismo quién conduzca a esta organización.

Según datos de la Fundación Sol, en Chile sólo un 40% (3.049.259) de las personas registradas como ocupadas en la NENE –Nueva Encuesta Nacional de Empleo-, correspondientes al trimestre febrero-abril 2012, presentan un empleo protegido, vale decir, con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo.

Si además se observa el ingreso, se obtiene que el 76.8% del empleo asalariado no está protegido y/o no supera un ingreso mensual de 300.000 (Fundación Sol, Febrero 2012)

Cristián Cuevas representa a un poco más de 30.000 trabajadores(as) afiliados a la Confederación de Trabajadores(as) del Cobre. Desde su constitución en el 2007, la CTC ha luchado por igualdad de derechos para trabajadores(as) tercerizados de la minería, estableciendo alianzas con otros sindicatos, confederaciones y federaciones que viven la precariedad en el mundo del trabajo remunerado.

Es decir, representa por mandato y él mismo se reconoce, por su quehacer sindical cotidiano, en la fuerza laboral desprotegida, subempleada, subordinada independiente y con sueldos indignos del país.

Pareciera una obviedad que quien debiera estar a la cabeza de la multisindical chilena debiera ser quien representa a las nuevas contradicciones del mundo del trabajo y quien se reconoce entre las y los precarizados. Al contrario, el partido de los trabajadores define a otra persona para liderar la lista y conducir a la CUT.

Resulta evidente a todas luces, que quienes dicen celebrar 100 años al lado de los que luchan, no ven lo que las y los chilenos vemos en Cristián Cuevas: un dirigente social que ha dado muestras concretas que la lucha no es sólo por más derechos, sino que impulsa con otros actores y actrices –de manera transversal- la construcción de un proyecto político para la transformación social y política donde las y los trabajadores recuperen su vocación de poder y le digan al mundo que la soberanía de los recursos naturales es del pueblo de Chile.

Algunos dirán que ya es tarde para provocar cambios en las instancias partidarias y sociales que permitan que Cuevas llegue a la presidencia de la CUT en agosto de este año.Personalmente creo que no.

Pienso que las malas decisiones que hoy están a la vista, son expresión de una derrota estratégica que la izquierda vivió en 1973 y que no le permiten abordar la historia y la contingencia con más arrojo.

Nuestra tarea es de largo aliento, apostamos por fortalecer la democracia desde abajo y territorialmente; muy lejos de aquellos que facilitan acuerdos tácticos que fortalecen a fuerzas específicas y en términos numéricos.

Yo al menos estoy entre las y los que creen que si no es hoy, tendrá que ser mañana, porque finalmente serán los procesos sociales los que determinarán el fin de las decisiones a puertas cerradas.

En la última encuesta Adimark, la ministra Evelyn Matthei tiene una aprobación de un 74% del 96% de los/as encuestados que dicen conocerla, mientras que a la ministra Carolina Schmidt le  aprueba su gestión un 78% de un 59% de los encuestados que la ubican.

A simple vista y análisis Matthei debiera estar por las nubes, sin embargo, el maquillaje de Schmidt -que bien merecería un Oscar a esta altura- captura la atención de la agenda de los medios.

Algunos analistas han caído rendidos frente a este 78%, e incluso los más susceptibles al maquillaje de un repatriarcalizado SERNAM dicen que se debe a políticas pro igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Qué lejos está SERNAM de generar este tipo de política hoy en día, aplaudiendo y promoviendo el trabajo precario en las mujeres, generando leyes truchas que hacen a las mujeres renunciar a derechos laborales (que por sí son irrenunciables), contribuyendo con campañas a imaginarios discriminatorios y que despojan de poder a las mujeres que han debido disputar históricamente sus cuerpos con el patriarcado e instituciones funcionales a el, como el Estado y las Iglesias.

¿Qué dirían Elena Caffarena, Olga Poblete, Julieta Kirkwood de este tipo de análisis que ven la lucha por la emancipación de las mujeres en simples maquillajes marketeros de la derecha?

Si bien la hipocresía y el cinismo ya no son elementos preciados en las prácticas políticas (nunca habíamos escuchado a líderes de un movimiento decirle en su cara a una senadora designada que no tenía legitimidad para sentarse en una mesa a dialogar sobre una problemática determinada) muchos políticos lo siguen considerando valioso en su actividad.

Por otro lado, aquellos que se manifiestan honestamente desde sus intereses, son peligrosos y nadie quisiera cabalgar en sus caballos salvajes. Porque un caballo salvaje es chúcaro, no recibe órdenes, si hablara y opinara contra alguna acción de su “líder” jamás se desdeciría, etc.

Matthei cometió el error de abrir la puerta y legitimar algunas de las múltiples razones que tenemos las mujeres a la hora de decidir la interrupción de un embarazo, zafando absolutamente los marcos interpretativos de su colectividad conservadora y clerical.

Podría haber optado por no dar la discusión, no mostrarse favorable a las mujeres, sin embargo “dijo cosas que no debía, quedando fuera del alcance” de la UDI.

Ohhh Evelyn, “…You’re dangerous, ‘cos you’re honest… You’re dangerous, ‘cos you (don’t) know what you want…”. Y sí que sabes lo que quieres, pero otros/as no están dispuestos a dártelo…

Muy diferente es lo realizado por la ministra Carolina Schmidt quien celebra con frenesí la aprobación de un proyecto de Ley del Día del no nacido, que claramente le da la espalda a las mujeres y les niega su legítima autonomía sobre las decisiones que pueden tomar sobre sus cuerpos.

Sin embargo esta acción la hace merecedora de un apoyo potente de su colectividad política, por ende de los medios de comunicación que bailan al ritmo de ésta.

Sin ganas de hacer una apología a una mujer de derecha, ni menos de reconocer en ella el ideario emancipatorio de la izquierda -en particular el socialista para las mujeres y los hombres- debo reconocer que si hay alguien que junto a Karla Rubilar entendió algunos elementos básicos para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, fue Matthei.

Who’s gonna ride your wild horses, Evelyn… dudo honestamente que la derecha chilena lo quiera… prefieren levantar becerros de oro, antes que reconocer que la gente reconoce tu trabajo, tu honestidad de clase (aunque clasista) y de género (aunque limitada).

Uno de estos es la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer Belem do Para, que define la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, describiéndola como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En el caso de Chile la respuesta institucional, en acciones, medidas, leyes y/o políticas públicas se concentra mayormente en la violencia que se produce en las relaciones afectivas de pareja en el marco de lo intrafamiliar.

Si bien ninguna sociedad actual ha logrado erradicarla, se identifican prácticas y logros más promisorios en aquellas en que la respuesta institucional y legal expresa una comprensión de la violencia contra las mujeres como un problema de subordinación y discriminación de género, orientando las estrategias para su abordaje en la perspectiva de realización de los derechos humanos de manera integral y efectiva y sin sesgos socioeconómicos de focalización.

El Estado Chileno está en deuda con la vida de las mujeres. Si bien hoy SERNAM cuenta con un Plan de Acción para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (Septiembre del 2011 a Agosto del 2012), la perspectiva de abordaje muestra déficits importantes.

Basta analizar el Eje de Prevención y Promoción, específicamente la Campaña Publicitaria comprometida y en ejecución, para constatar el enfoque erróneo con el que se actúa frente a una problemática social que impide el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.

La campaña busca contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres violentando a los agresores, es decir ignorando que al violentar al patriarcado y quienes lo comportan en sus acciones, sólo lo refuerzan y exacerban.

Por otro lado, llaman a denunciar a las mujeres y celebran el aumento de un 10% de las mismas, muy a pesar de los graves problemas de implementación que presenta la Ley 20.066, con consecuencias nefastas en las respuestas efectivas que el Estado Chileno debe dar a las mujeres para garantizar su salud integral y sus vidas.

Las cifras muestran una alta judicialización de las causas VIF, sin embargo se evidencia que las salidas judiciales muestran números crecientes en suspensión condicional, y números decrecientes respecto de sentencias definitivas.

Lo esperable para un delito en el que el factor riesgo es crucial, es un tratamiento igualitario al que se entrega a los otros, dado que las salidas judiciales, además del factor control, deben garantizar una adecuada protección para las víctimas.

La suspensión condicional del procedimiento es la forma más común de término de las causas de violencia intrafamiliar. En esta salida alternativa, basta el acuerdo entre el fiscal y el imputado, no siendo necesario el consentimiento de la víctima. Por otro lado el Ministerio Público se libera de la obligación de investigar.

La solución que da la justicia a la víctima no responde a sus necesidades de protección y reparación. Por ejemplo, la investigación, que debe ser inmediata y exhaustiva no lo es generalmente. Lamentablemente muchos/as fiscales, la convierten en una mera formalidad, la investigación falla, afectando todo el proceso judicial. Esto sólo conduce a obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, procesar y castigar a los responsables.

¿Cómo puede explicar el sistema judicial, que la intervención de sus diferentes actores, tenga como resultado una alta cifra de suspensiones y un bajísimo número de sentencias?

¿Cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos preventivos de protección frente a la violencia contra las mujeres?

Podría suponerse que “el agobio de fiscales y funcionarios” y un planta deficiente para la cantidad de causas varias ingresadas año a año -a decir del Fiscal Nacional Sabas Chahúan- explicarían este problema. Presumo además que el trabajo de capacitación en violencia de género, a los agentes que implementan la Ley 20.066 está siendo deficiente, por ende la percepción que los agentes judiciales tienen sobre la violencia doméstica pudiese estar persistiendo en ideas erróneas, pero comunes a una sociedad machista: es un asunto privado o y/o de baja prioridad.

Estamos en presencia de un Gobierno que llama a denunciar los casos de violencia contra las mujeres y además las emplaza a cumplir con las medidas cautelares, poniendo la responsabilidad en ellas, desatendiendo que uno de los actores fundamentales en garantizar su seguridad y sus vidas está con las manos y la conciencia atadas.

Necesitamos un giro de perspectiva del tratamiento de la problemática. Además se requiere de presupuestos gruesos que permitan hacer capacitaciones in situ, que tengan como objetivo especializar a más fiscales y defensores en violencia doméstica –sí a defensores también para evitar opiniones como las transmitidas por el Defensor Regional del Maule en su columna de opinión en el Diario El Centro de Talca el día 15 de noviembre. También se requiere aumentar la planta de los/as fiscales.

En definitiva necesitamos a un Estado que invierta más y de mejor manera, recursos en prevención, protección, atención y reparación frente a casos de violencia doméstica.

Un Estado que muestre entender el problema y sus consecuencias desfavorables para la vida de las mujeres, su entorno y la democracia.

Sin embargo, el problema persiste y cada cierto tiempo debemos lamentar la muerte de una mujer en manos de su (ex) pareja.

Dependiendo del actor que se ocupa en afrontarla y/o prevenirla, los avances, estancamientos y retrocesos en medidas, políticas y/o acciones específicas son distintos y algunos francamente preocupantes.

Las organizaciones de mujeres y feministas -entre tanta política de consenso- lograron levantar una institucionalidad de género que fuera garantizando los derechos ciudadanos y humanos de las mujeres chilenas.

Desde su instalación hace dos décadas, SERNAM tuvo una respuesta a la violencia contra las mujeres desde distintos frentes: Prevención, Atención, Protección y Sanción.

La complejidad de la problemática significó que el avance efectivo en la erradicación de la violencia fuera más lento de lo que las mujeres requeríamos, pero nunca vimos retrocesos tan feroces en la manera de comunicar la problemática, como ahora.

No fue una negociación fácil llegar a convencer a todos-as que la violencia contra las mujeres es un delito y en muchos casos constitutivo de tortura.

Inicialmente en el año 1994, se logró instalar en la legislación chilena que la violencia era una falta a la convivencia humana.

El concierto internacional de derechos humanos de las mujeres llevaba años transmitiendo que este acto es un delito y grave.

Finalmente, en el año 2005, se logra reponer la demanda y situar que la violencia contra la mujer es un delito y merece sanciones como tal.

Recuerdo que un día, en mis traslados matutinos al trabajo, todos-as quienes íbamos en la micro sentimos una discusión fuerte… comencé a acercarme porque presumía que era una escena de violencia doméstica.

“No soportaré más tus abusos, tus maltratos, tus golpes… no me hagas callar…no me da miedo que me amenaces con patearme en la casa… ya no te tengo miedo”… el hombre insistía en callarla y hacer que ella lo mirara…

Le dije a la mujer: “me bajo en Plaza Italia, si quieres te bajas conmigo. También puedo ir donde tu vayas”…

El hombre me toma el brazo, me mira y me dice: “Ud. no se meta, esto es privado”… “me meto, porque esto es un delito flagrante… acaso Ud. no sabe que en Chile el hombre que maltrata a una Mujer es un delincuente…. ¡¡¡¡Ud. señor es un delincuente!!!!”

Para mi sorpresa, la micro entera me apoyó y comenzó a gritarle delincuente… pero nunca maricón… quienes íbamos en la micro teníamos clara conciencia que lo que estábamos presenciando era un delito y no una mariconada.

Era un delito incluso distinto a otro, porque restituir el daño del robo de un anillo o un collar es relativamente fácil, pero reponer la vida, la integralidad y salud de las mujeres es una tarea gigantesca y en caso de muerte algo imposible.

Es por eso, que irrita y preocupa el cómo, un poder del Estado, está comunicando esta problemática.

A SERNAM le corresponde garantizar los derechos de las mujeres y no cometer y promover actos homofóbicos como la “Campaña Maricón 2.0”.

No se puede prevenir la violencia contra un grupo, discriminando a otro por su condición sexual o cualquier otra razón.

Experimentamos un retroceso atroz y con consecuencias nefastas para la toma de conciencia en muchas mujeres que aún no reconocen tener un derecho básico: el vivir una vida libre de violencia, con un Estado que garantiza sus vidas e integralidad física y psicológica respecto de un delito que deja huellas invisibles para muchos-as, pero difíciles de borrar para quienes la viven.

El lenguaje construye realidades.

La realidad en estos casos es una sola y su construcción no debe responder al marco interpretativo de ningún grupo y sus intereses.

La violencia contra la mujer es un delito y el hombre que la ejerce es un delincuente, no un Maricón.

La explicación es sencilla, el/la sujeto del hecho, eran personajes del mundo de la farándula y del fútbol chilensis.

Más allá que todo acto de violencia contra la mujer es condenable, es doblemente censurable la re-victimización que viven muchas mujeres por parte de los medios de comunicación.

La forma en que la mayoría de la prensa escrita, radial y televisiva trata la violencia contra las mujeres es absolutamente inadecuada.

El relato que se construye está cargado de imaginarios tradicionales de cómo pensar a las mujeres y la violencia que éstas viven.  Contribuyendo con ello, a obstaculizar el proceso de reparación que una mujer víctima de violencia por parte de su (ex)pareja, requiere vivir.

Porque sin reparación real, las sobrevivientes de violencia doméstica no pueden ejercer plenamente su derecho a una vida digna y con respeto a la que todos/as tenemos derecho.

Para el caso en análisis, el levantamiento de la información es aún más complejo, porque se suma una “idea de mujer” del mundo farandulero que busca problemas, abusos y/o maltrato de parte de otros/as.

Es importante aclarar a los-as periodistas y editores-as que la violencia contra las mujeres se cimienta en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Siempre es una relación de abuso de poder.

Ninguna mujer quiere y busca ser abusada y/o maltratada por el hombre amado, querido y/o deseado.

Frases como las siguientes no aportan en la investigación del caso, ni en la reparación de la víctima y victimario: “Cóctel peligroso de farándula y fútbol”… “Esta señorita hace ruido…con ella hay explosiones (…) no hay relaciones normales con ella”.

Estas frases más bien naturalizan un hecho a todas luces social y cultural.  Es decir, que como sociedad podríamos cambiar, prevenir y/o condenar.

Decir que farándula y fútbol son un cóctel peligroso es dar por sentado, que en esa relación siempre habrá abuso de poder y maltrato hacia las mujeres.

Decir que la joven abusada es explosiva y que con ella no se tienen relaciones normales, es suponer que el problema es personal, psicológico y no social y sociológico como lo es la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, se dijo en múltiples ocasiones en los matinales de la TV que este era un caso de “Violencia Intrafamiliar”.  Lamentablemente NO lo es.  La Ley 20.066 es muy clara en quienes son sujetos de esta norma:

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar (Art. 5, Ley 20.066)

Si bien existirá un proceso judicial que sancione al agresor, la sentencia no será por violencia contra las mujeres y no quedará constancia del maltrato habitual a la que fue sometida la joven probablemente, por ende la sanción no corresponderá al hecho delictual cometido.

Por otro lado, todos los organismos públicos que operan para garantizar la protección y restauración de las mujeres víctimas de violencia de sus (ex) parejas, no tienen como sujeto de sus políticas a esta joven.  Porque lo que mandata a estos organismos es la Ley, que excluye a las relaciones de pareja entre los/as jóvenes.

Las recomendaciones para los medios son sencillas.  Hay varios manuales para comunicadores/as, periodistas y medios de comunicación sobre cómo tratar la violencia contra las mujeres. ¡Úsenlos!

Es necesario también que colaboren –a través de la difusión y correcta construcción del relato- con las organizaciones de mujeres y de jóvenes que buscan ampliar los/as sujetos de la Ley 20.066.

Decir que es una injusticia que el agresor no sea condenado por el delito que cometió es fundamental.  Incluso para la reparación de la víctima.  Indicar que Chile está en deuda con tratados y convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, al no incluir las relaciones de pareja entre los/as jóvenes.

Todas estas sugerencias son para construir la prensa responsable que los/as chilenos/as deseamos y merecemos tener.

“No abandonaremos el sueño de construir una Patria libre, grande y justa y haremos realidad el desafío de una sociedad de oportunidades para todos, una sociedad de seguridades para todos y una sociedad de valores para todos”.

Suponía que para construir una “auténtica sociedad de seguridades” era fundamental ocuparse de:

a) La situación económica que afecta a la mayoría de los chilenos –la que a juicio de ellos se vio agravada en los últimos años “por un debilitamiento en la capacidad de crecimiento y generación de puestos de trabajo de la economía chilena”;

b) Trabajo, principal preocupación de los chilenos; y

c) Mayor cobertura y calidad en educación, en la salud, en la previsión social y en la vivienda.

En efecto, un Estado que se asume benefactor transmite seguridad a quienes componen una determinada sociedad. Pero esta puede convertirse en una sensación transitoria, cuando el discurso no va acompañado de señales, léase políticas concretas, coherentes y consistentes con lo meramente declarado.

Tal es el caso del anunciado Postnatal de 6 meses.  En el discurso, aparentemente era una política pública que ampliaba derechos a las mujeres trabajadoras, cualquiera fuera su condición contractual.

Sin embargo, cuando una iba al proyecto enviado al Congreso, se encontraba con algo muy distinto, muy confuso y que terminaba por hacernos retroceder en derechos, cuestión que va contra toda convención y/o tratado internacional de derechos humanos de las mujeres.

Era un proyecto cargado de prejuicios en torno a la participación laboral femenina y con una clara intención de legitimar los trabajos “inestables, no formales, indecentes” a los que “debemos” aspirar las mujeres.

Muy contraria a la labor histórica de las organizaciones de mujeres que han intentado –mediante un sin número de estrategias- de mostrar que: no es más caro contratar a una mujer que a un hombre; que las mujeres valoran sus trabajos remunerados tanto como o más que el trabajo de cuidado de sus hijos-as y otras personas dependientes; y que nos merecemos trabajos estables, con contrato, con iguales remuneraciones que los hombres, con las mismas oportunidades de desarrollo y ocupación de cargos de poder, etc.

Finalmente era un proyecto que no se hacia cargo de la discriminación histórica que han experimentado las mujeres a partir del mandato socio-cultural que las piensa como las únicas y principales responsables del cuidado de los-as hijos-as y de lo doméstico.

Las consecuencias de este tipo de acciones son feroces y se pueden visualizar en distintos planos: en lo personal, las mujeres nos sentimos engañadas y violentadas institucionalmente.  En lo colectivo discriminadas y vulnerables frente a un Gobierno que busca quitarnos derechos.

La conclusión es obvia.  Frente a la promesa y/o sueño de una sociedad de seguridad para todos, la realidad de la acción gubernamental nos golpea y nos hace sentir engañadas, violentadas, discriminadas y vulnerables, en síntesis INSEGURAS.

Seguramente el segundo piso de La Moneda se preguntará cómo reponerse frente al 56% de la población chilena que dice que el Presidente Piñera le genera poca o nada de confianza, y que es poco o nada creíble (57%).

La respuesta no está en la política de los acuerdos, donde los derechos de las mujeres siempre fueron moneda de cambio “transables” por otros temas que no podían esperar.

La respuesta está en hacernos sentir más seguras, ¿cómo? Ni un paso atrás en lo conquistado y mil pasos más por más derechos y oportunidades.