Como todas las causas que han involucrado la defensa de nuestro territorio y soberanía se han tomado posiciones de Estado en las cuales las diversas fuerzas políticas y poderes del Estado se alinean tras una postura oficial de defensa única de la Nación y esta no es la excepción.

En este sentido los parlamentarios e integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores hemos sido activos defensores de la argumentación chilena y es así que reafirmamos la postura de Chile: creemos en la intangibilidad de los tratados y se lo hemos hecho saber a todos los parlamentos de la región en otras naciones.

Chile tiene suscrito con Bolivia un Tratado del año 1904 que fija los límites, y ese Tratado fue ratificado por los gobiernos y por los parlamentos de ambos países de manera soberana, voluntaria y libre, después de 20 años de que haya tenido lugar el conflicto entre Bolivia, Chile y Perú. Por tanto para nosotros, y considero que para ellos debiera ser igual, de validar estos tratados en tiempos de paz, con legislación acorde y sin la presión del conflicto original.

En este escenario es que reafirmamos y respaldamos la decisión del Gobierno de Chile ante la Corte de La Haya de reclamar la impugnación de la competencia de esa instancia que se crea en 1948 posterior a la firma del tratado de 1904.

El Pacto de Bogotá en el artículo sexto, establece claramente que el tratado suscrito con anterioridad, no puede ser objeto de dicho cuestionamiento y en consecuencia, para ser visto por la Corte de La Haya.

Nosotros hemos honrado el compromiso con Bolivia en dar acceso al mar. Hemos ayudado en el espíritu que somos parte de Latinoamérica y nuestras naciones deben crecer en conjunto y es por eso que hemos ayudado permanentemente a Bolivia a tener acceso libre al mar, pero sin soberanía.

En ese sentido, de los países que no tienen costa en el mundo, Bolivia es el que tiene mayores derechos para acceder al mar. No de manera soberana, pero sí con una amplia gama de herramientas que permite a ese pueblo poder transitar y tener actividad comercial con amplias ventajas.

Existe autonomía, aduanera tanto en los puertos de Arica y Antofagasta; hay derecho de las cargas bolivianas a permanecer almacenadas por largos plazos. Existe almacenamiento gratuito en los puertos de Arica y Antofagasta hasta por un año para importaciones y 60 días para exportaciones. Hay tarifas preferenciales para el uso del muelle, ya que el valor de tarifa fija es de 0,85 dólares por tonelada, cifra muy distinta a la que deben pagar las cargas chilenas en nuestros propios puertos. Existen tarifas preferenciales para el almacenamiento de cargas peligrosas, hay exención impositiva para la carga en tránsito, entre otros aspectos e incluso el oleoducto Sica Sica- Arica. Por tanto hay un libre tránsito que como país hemos respetado y fomentado.

Si bien Bolivia no ha tenido un acceso soberano, pero ha tenido acceso libre al mar, y para esos efectos Chile ha invertido muchos recursos. Al año, Chile destina por sobre 80 millones de dólares a honrar los tratados y los compromisos con Bolivia; y desde ese punto de vista, Bolivia tiene acceso al mar, lo que no tiene es un acceso soberano al mismo.

Considero que podemos seguir avanzando en muchos de estos temas internacionales con Bolivia, podremos avanzar en otras materia de integración. Debemos ver los derechos sociales que deben ir adquiriendo los inmigrantes que vienen a trabajar a Chile, podemos seguir retomando una agenda que contenga otros temas, pero lamentablemente la demanda ha enturbiado cualquier posibilidad de desarrollo de las relaciones de nuestros pueblos. Sin embargo confiamos en que esto pueda cambiar.

Recordemos que durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tuvimos una agenda de 13 puntos que avanzó, pero que se vio estancada. Somos países que mantenemos límites bien definidos con nuestros vecinos, nadie nos pude reclamar lo contrario y es por eso que más vale trabajar una agenda de desarrollo entre ambos países, sin postergación, que entrar en un juicio que durará un buen tiempo y que mantendrá la desconfianza entre dos naciones que tienen todo para poder crecer en conjunto en el marco de Estados amigos apegados al derecho internacional y a la cooperación.

En lo que hemos trabajado con el gobierno, creo que se está en condiciones de introducir perfeccionamientos al proyecto para poder incorporar más voluntades a la aprobación de esta iniciativa de ley y de esa forma generar un acuerdo que nos permita tener un sistema tributario que recaude más y de manera más equitativa.

Por lo mismo, yo aspiro y espero, y esto desde la política más que como presidente de la Comisión, que esta reforma sea aprobada con votos de parlamentarios más allá de la Nueva Mayoría.

No tengo dudas que se trata de la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos 25 años, y pienso que busca poder modificar el sistema tributario para poder financiar más bienes públicos como salud, educación, infraestructura o mejoramiento de las pensiones.

Perseguir la equidad tributaria ha sido un punto que ha complicado a cierto sector, pero para mí es una señal importante que a quienes les ha ido mejor en Chile, y a quienes hoy la ley les permite contribuir proporcionalmente menos a la hora de pagar impuestos, sean quienes permitan recaudar más recursos, pues se busca revertir lo anterior.

Yo quiero US$ 8.200 millones en régimen, pero los quiero de manera más equitativa, porque el sistema actual tributario chileno tiene su origen en un país distinto, el de 1984 con la crisis de deuda externa; un desempleo formal e informal del 30%; en que no había inversión, en que el gobierno no tenía financiamiento por que no le prestaban plata.

El Chile del 84 les dijo a los empresarios: “usted tuvo una utilidad de $ 3, reinviértala, postergue el pago de los impuestos, porque quiero generar actividad”.

Ese sistema buscó fomentar la inversión, pero los sistemas tributarios, a mi juicio, no están para eso para eso deben existir otros instrumentos apoyados desde el Estado para conseguir ese objetivo.

El efecto principal de un sistema tributario es recaudar y, además, le pedimos que recaude equitativamente. Por eso apoyamos la idea de tener un sistema en base a utilidades devengadas y no pagar impuestos en base a utilidades retiradas.

Esa es parte del corazón de la reforma y como lo hemos dicho la equidad tributaria es clave.

También es muy importante resaltar el espacio de dialogo en que se transformó la Comisión de Hacienda, ya que muchas veces entre titulares y la premura de la instantaneidad de la información se pierde la seriedad del debate con la que asistieron y expusieron los invitados, como asimismo con la gran participación de los integrantes de dicha instancia legislativa.

El primer desafío que nos planteó nuestra candidata, fue la construcción de un programa que tuviera como base una amplia participación social por medio de diagnóstico, ideas y propuestas que puedan enriquecer lo que ella nos planteó: cambiar las bases del modelo chileno.

Es así que uno de los principales ejes ha sido enfrentar el tema de la desigualdad, pero no sólo se quedó en el diagnóstico, sino que también nos señaló los cambios estructurales que debemos realizar para conseguir esos objetivos.

Una reforma educacional, una reforma tributaria y una Nueva Constitución, nacida en democracia con una amplia participación, validada por la ciudadanía y en el marco legal que corresponda.

El segundo desafío fue tener elecciones primarias en el marco de la creación de una Nueva Mayoría que respeto de forma republicana y aceptó los resultados colocando a casi todos los postulantes a trabajar de manera directa para el triunfo de la oposición.

El resultado de ese trabajo se reflejó en la victoria que se logró en la primera vuelta: diputados, senadores, consejeros regionales y en la presidencial.

Nuestra candidata nos pidió que recorriéramos Chile y así lo hicimos. Es por esos que las regiones tienen un lugar importante en el programa y han dicho con mucha fuerza que debe existir más descentralización y se debe otorgar poder para que las regiones puedan decidir de manera directa.

También hemos destacado que se acabó un ciclo político social y es por eso que ahora nuestro desafío, luego de ganar la elección, es comenzar a proyectarse para los próximos 8 o 12 años, ya que muchas de las demandas que hoy se platean deberán ser implementadas en más de una administración y a eso debemos abocarnos y ser muy claros en explicar a la ciudadanía estos temas.

Este periodo electoral estuvo marcado por la campaña del terror orquestada desde La Moneda con ministros despreocupando sus obligaciones para atacar a nuestra candidata.

Nosotros nos hemos dedicado a poner ideas, propuestas y la candidatura del gobierno jamás defendió su programa, sino que se dedicó a criticar de manera reiterada el programa de gobierno de la Nueva Mayoría abusando de sus atribuciones y sus declaraciones.

La mejor demostración de esto fue cuando el Ministro Larroulet acusó que el programa de gobierno de nuestra candidata estaba afectando la inversión.

La afirmación fue rechazada por los analistas internacionales ya que la desaceleración del país se viene dando mucho antes que se entregara el programa de gobierno.Ni siquiera la candidata de la derecha pudo sostener esta afirmación y un organismo autónomo como el Banco Central ya había clarificado las causas de la desaceleración.

A partir del lunes tendremos una nueva presidenta electa. Es por eso que a partir de ese día nos dedicaremos a trabajar en cumplir con el programa de gobierno que la ciudadanía ampliamente ha respaldado y que junto a ellos deberemos construir una gran alianza que nos permita destrabar ls nudos de la desigualdad que hoy afectan a nuestro país.

Este es un proceso en el que intervienen los tres poderes del Estado: el Poder Judicial elabora una quina con nombres. Esta propuesta llega al gobierno y el Ejecutivo selecciona uno de ellos.Luego, la envía al Senado, para que apruebe o rechace la iniciativa del ejecutivo.

De esta forma se busca comprometer y buscar una visión mucho más amplia del tipo de justicia que queremos y quienes deben ser los integrantes del máximo tribunal y que a mi juicio debieran ajustarse a una mirada común que como sociedad tenemos de lo que debe ser la justicia.

Cuando un mandatario decide y envía un nombre está mandando una señal acerca del tipo de justicia que quiere para el desarrollo de la Nación y esa nominación significa que va a interpretar y defender de la mejor manera para Chile el tipo de justicia que queremos para el país como un órgano de última instancia.

En el pasado, hemos podido observar procedimientos complejos y nombramientos que han tensado la discusión nacional. El último fue el de la ministra Gloria Ana Chevesich.

Por una parte, algunos tenían la argumentación que ella contaba con los méritos para conformar el máximo tribunal por su buen desempeño en las causas que le tocó investigar, incluida la denominada Mop Gate.

Otros estimamos, que sin desmerecer esos antecedentes incluido el citado caso, había otros fallos de esa ministra que nos dejaban dudas respecto al tipo de justicia que queremos para Chile.

Ella en un fallo dividido, argumentó que Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, tenía irreprochable conducta anterior, mientras que los otros dos ministros de la Corte de Apelaciones pensaron de manera distinta.Esto no significa que algunos jueces tengan la razón y otros no, lo que si demuestra es que dentro del poder judicial existen diversas visiones sobre la administración de la justicia.

Lo que corresponde al Senado es pronunciarse sobre qué tipo de ministros queremos para la Corte Suprema. No hay buenos ni malos jueces, hay ministros que tienen visiones distintas y frente a eso nosotros nos pronunciamos, en base a los fallos que han dictado.

Es por eso que frente al anuncio realizado por el Presidente estamos frente al mismo dilema que con el nombramiento anterior. Esto no tiene que ver con el nombre del juez que se nomine sino con el tipo de impronta y representación que queremos darle al máximo tribunal.

Frente a esto es que le hemos solicitado al Presidente de la República un gesto de coherencia con los dichos que el mismo ha realizado a propósito del recuerdo de los 40 años del golpe militar.Simbolizando en los tres gestos que hizo el mandatario.

En primer lugar, habló de “cómplices pasivos,” como una crítica directa a aquellos civiles que participaron en el gobierno durante la dictadura. En segundo lugar, defendió el voto por el No y lo contrarrestó con la votación de la candidata de la Alianza que votó por el Sí, y en tercer lugar, tuvo la oportunidad de cerrar el penal Cordillera para trasladar a los condenados a Punta Peuco.

Estos tres hitos fueron una clara demostración a favor de los derechos humanos.

Es por eso que muchos esperábamos y aún estamos dispuestos a que el Presidente Piñera pueda nombrar a otro integrante de la quina, una persona que hizo mucho por los derechos humanos en plena Dictadura y sufrió buena parte de la crítica de la derecha y los “cómplices pasivos” por su actuar en esta materia.

Con todos estos antecedentes y este largo septiembre que tuvimos, muchos esperamos que exista consecuencia y aún está a tiempo el Presidente de cambiar su decisión y para eso contará con todo nuestro apoyo para poder levantar ese veto que le tienen impuesto los “cómplices pasivos” al Juez Carlos Cerda para evitar que un magistrado que tiene una gran trayectoria en defensa de los derechos humanos llegue a la Suprema.

Vimos las disputas por declarar o no la alerta sanitaria con la crisis sanitaria que se evidencia a simple vista en las calles del puerto. Pero mientras ello ocurre, las toneladas de basura continúan esparcidas en cerros, quebradas y plan de la ciudad, sin que se hayan tomado reales medidas de emergencia.

No quiero cargar la mano a autoridades locales respecto a un conflicto nacional que no ha sabido ser manejado de manera correcta por el actual Gobierno.

Es increíble la ineficacia del autollamado “gobierno de los mejores” para abordar las legítimas demandas y movilizaciones de actores sociales y trabajadores. Una ineficacia que ha perjudicado a todos los chilenos, como ocurriera anteriormente con el paro del Registro Civil y ahora con el de funcionarios municipales.

Sin embargo, resulta inconcebible que una ciudad que vive del turismo no tenga planes de contingencia para situaciones que ya han ocurrido anteriormente en esta fecha, donde se acostumbra a movilizar el sector municipal.

Más aún, resulta grave que no se contemple esta situación en víspera de verano, fecha en que lamentablemente nuestra ciudad, acostumbra a ser víctima de incendios forestales producto del mal manejo de limpieza en quebradas.

Esta “crisis de la basura” nos debiera llevar a generar un plan estratégico que busque soluciones de fondo al drama que desde hace años vive la ciudad en el tema de aseo y limpieza.Un plan que involucre esfuerzos compartidos entre autoridades, vecinos, comercio y establecimientos educacionales.

Por lo pronto, hago un llamado al Gobierno central para que no sea tozudo y negocie con los trabajadores municipales, en conciencia de que somos millones los chilenos expuestos a una situación de emergencia, situación que incluso pudiera perturbar el normal desarrollo del próximo plebiscito.

El candidato independiente, al no poder llevar compañero de lista, hubiera quedado en desventaja frente a los candidatos nuestros y la derecha podría haber obtenido un doblaje. Por lo mismo es que algunos líderes derechistas recienten este acuerdo.

En esta ocasión los partidos de La Nueva Mayoría hicieron un análisis sano y correcto. El perder un diputado “nuestro”, para muchos políticos de mi sector, resultaba sumamente complejo.

En política y más aún, con el sistema electoral vigente, un parlamentario puede marcar diferencias mayores respecto a la carta de navegación del país.Basta ver lo que ocurre en la vereda del frente, donde al bloque de gobierno le ha costado tanto ponerse de acuerdo en la conformación de su plantilla parlamentaria.

Por lo anterior, es que subrayo lo importante y simbólico de este acuerdo logrado en pos del candidato independiente de Revolución Democrática.

Y es que los partidos políticos escucharon la solicitud de nuestra candidata. Michelle Bachelet desde su regreso al país, solicitó a nuestro sector trabajar para tener una mayoría en el parlamento, pero también para que esa mayoría, sea diversa y represente a los diversos grupos que hoy nos piden sumarse a la construcción de un país más horizontal y democrático.

El llamado de nuestra candidata fue escuchado y atendido. La Nueva Mayoría incluirá en la papeleta parlamentaria de noviembre próximo los nombres de Camila Vallejo, Karol Cariola, e Iván Fuentes, nombres emblemáticos del movimiento social de los últimos tres años o de otros como Eduardo Vergara que aportó a colocar en perspectiva la políticas de drogas en el país en consonancia con lo que ocurre en el resto del continente.

Pero también se amplían las fronteras a candidatos independientes como Giorgio Jackson. Y se amplía sin condiciones ni exigencias. Sabemos que Giorgio y su movimiento político tienen grandes y legítimas dudas respecto a lo que esta nueva mayoría pueda ir construyendo.

También sabemos que nos tocará navegar en una corriente de críticas e incredulidad respecto a lo que nuestra candidatura propone en su carta de navegación. En esta hoja de ruta aparecen cambios de fondo al modelo de desarrollo del país.

Por lo mismo es que fuerzas políticas y sociales diversas pasan a ser importantes, porque los cambios de fondo no se lograrán sólo en un periodo presidencial.Los cambios de fondo que el país requiere, se lograrán en un proceso de mediano plazo de 8 a 12 años donde diversos actores políticos y sociales, están llamados a asumir liderazgos y responsabilidades.

Esta próxima elección será la más ideologizada que nos ha tocado vivir desde 1989.Y en buena hora que así sea. Las demandas del Chile actual han movido culturalmente al país hacia agendas más progresistas.

Sin embargo, lo que hay que tener muy claro es que la voz de la ciudadanía hoy se escucha más fuerte y los problemas se deben enfrentar y no postergar. Por lo mismo es que la derecha se preocupará de defender sus intereses y que no se muevan las bases del modelo ya que de esa forma continúa protegiendo a una minoría.

Desde el retorno a la democracia se han presentado más de 10 proyectos de ley, entre mociones y Mensajes del Ejecutivo, destinados a permitir el ejercicio de este derecho de los chilenos en el extranjero. Ninguno de ellos logró pasar las trabas del sistema político.

El sistema binominal y los altos quórums de aprobación exigidos para modificar la ley electoral han sido un obstáculo para hacer posible este derecho.

Por prejuicio, la derecha chilena se ha negado durante muchos años a reconocer el derecho a voto en el exterior sin condiciones.

Pretendieron imponer distinciones discriminatorias entre los compatriotas en el extranjero, exigiendo la existencia de “vínculos” con el país tales como viajes frecuentes y prolongados a Chile, cuestión insostenible para quienes tienen menos recursos, poseen trabajos rígidos o se encuentran estudiando en el extranjero. Todos ellos son ciudadanos, al igual que quienes viven actualmente en Chile.

Hoy, al parecer habría consenso en que tales condiciones son ilegítimas y que lo único que corresponde es efectuar una inscripción especial para efectos operativos.

En efecto, el Presidente Sebastián Piñera señaló que apoyaría el voto exterior sin más condiciones que la inscripción en Consulados y Embajadas. ¿Qué ha hecho el Presidente para concretar su promesa? Nada. ¿En qué queda la promesa de campaña y de todos los 21 de mayo de Piñera?

El voto de los chilenos en el extranjero podría destrabarse fácilmente si los deseos del Presidente fueran sinceros y su coalición no obstaculizara su compromiso.

Un grupo de parlamentarios, presentaron hace tres semanas un proyecto de reforma en los mismos términos planteados por el Presidente (Boletín N° 9004-07), cobrándole la palabra y buscando concretar a la brevedad esta deuda con los ciudadanos chilenos que residen en el exterior: éstos podrían votar con la sóla inscripción en Consulados y Embajadas. Hasta el momento, el Presidente no ha manifestado su apoyo a dicho proyecto ni ha enfatizado en este tema para los meses restantes de su Gobierno.

Para permitir la votación de los chilenos en el extranjero bastaría efectuar una modificación a la Ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones Electorales y Servicio Electoral, pero el Presidente se niega a ingresar con urgencia un proyecto en los términos de su promesa.

Es más, actualmente se discute en el Congreso una modificación al SERVEL que regula la actualización de los padrones electorales y el Gobierno tiene interés en aprobarla antes de las elecciones de noviembre ¿Por qué no ha impulsado el voto de los chilenos en el exterior como parte de estas modificaciones?

Todos queremos voto sin condiciones y habría acuerdo para sacar un proyecto de ese tipo adelante a la brevedad, pero sin la iniciativa del Gobierno no es posible avanzar en este sentido.

Durante este año distintas organizaciones y grupos de chilenos en el extranjero se han manifestado en forma masiva para tener la posibilidad de ejercer su sufragio en las próximas elecciones de noviembre.

En las redes sociales podemos ser testigos de miles de chilenos atentos día a día a las noticias de Chile e insistiendo en que se respeten sus derechos como ciudadanos.

Es así como en mayo pasado chilenos en más de 150 ciudades en 35 países salieron a mostrar su descontento y exigir la implementación de este derecho bajo el lema “Haz tu voto volar”, en este empeño están Francisco Fuentealba y Oscar Vivallo, desde Alemania, Valeria Lubbert en EEUU y Sergio Saavedra en Australia quienes iniciaron una campaña para conversar con los senadores y que se comprometan en una votación a favor de los chilenos en el extranjero.

La larga postergación del voto de los chilenos en el exterior deja al descubierto las fallas del sistema democrático: la mayoría quiere que este derecho se concrete, pero exigencias de altos quórums hacen imposible su materialización en un Congreso donde una minoría tiene poder de veto y donde existe una iniciativa exclusiva en materias de ley desproporcionada en poder del Presidente.

A esto se suma un sistema binominal que permite la sobrerepresentación de sectores conservadores de la sociedad que aún temen a una democracia participativa.

Después de todo, el voto de los chilenos en el extranjero no favorece a ningún sector político determinado como prejuiciosamente se cree, sino que es una demanda por más democracia para Chile. Para todos, porque es justo.

Los compatriotas afuera están atentos a lo que sucede en Chile y esperando que el Presidente Sebastián Piñera cumpla su promesa para poder votar en las próximas elecciones.

Por lo mismo,  el apoyo que el Partido Comunista de Chile otorgó a nuestra candidata a las primarias, es sumamente importante.Conocemos el papel que ha cumplido en la historia de Chile el Partido Comunista, especialmente en su lucha por defender la dignidad de los trabajadores.Pero también sabemos lo importante que resultan hoy para el país, los nuevos liderazgos del PC, como a la vez el que otros dirigentes jóvenes han demostrado en estos años.

Para quienes consideramos los principios del progresismo y la democracia como ejes para la superación de las desigualdades en el país, pensamos que es una muy buena noticia que el PC coincida con nosotros en construir una nueva mayoría social y política.

Los esfuerzos que se han hecho para romper el binominal y de esa forma poder incorporar al parlamento a diputados de esa colectividad, no ha sido fácil y en su mayoría ha sido a costo de que otras personas puedan ceder sus legítimas intenciones de llegar al parlamento. La trayectoria del PC en la historia de Chile es innegable y era una verdadera injusticia que producto del sistema binominal no tuvieran representantes en el parlamento, quedando excluidos del sistema democrático.

Ahora más que nunca nos sentimos animados y comprometidos a embarcarnos en un proceso que supera los cuatro años de un mandato presidencial, pues nos hemos puesto como tarea generar reformas de fondo, y muchas de ellas requieren de mayor tiempo para su ejecución.

Por lo mismo es que acá, más que hablar de una candidatura, hablamos de un proyecto amplio y con un desarrollo en el tiempo que nos lleve a cambiar las bases del desarrollo como nos ha invitado Michelle Bachelet.

Nuestro país en los próximos años debe enfrentar nuevos desafíos, superar la desigualdad será uno de ellos por eso esperamos que, al igual que el Partido Comunista, otras fuerzas se incorporen a este proceso.

Conocemos muy bien los temores y prejuicios que muchos tienen con el trabajo que se realizó en los últimos 20 años. Por eso es que hoy los invitamos a construir esta nueva mayoría y para eso lo importante es que podamos contar con esas energías que hoy aportan desde las redes sociales y la calle, ya que debemos tener la fuerza que nos permita generar los cambios que hoy los ciudadanos le exigen a la clase política.

Esto implica un llamado a participar de un proceso que nos permita trabajar por un país distinto al que conocemos hasta ahora. Un país más horizontal y menos vertical. Un país más dialogante y menos autoritario. Un país que se construya desde lo local a lo global. Un país llamado a generar un cambio cultural, de mentalidad, que nos permita terminar con la enorme desigualdad que hoy nos aqueja y rescatar la legitimidad de nuestras instituciones.

Para que este proceso pueda desarrollarse, debemos conseguir una mayoría en el parlamento, pues los cambios estructurales se disputarán en esa instancia. No solo bastará con una mayoría, esta también deberá ser diversa.

Una mayoría que represente a los diversos sectores políticos que hoy son discriminados por el sistema binominal. Por eso es que la candidata Michelle Bachelet ha pedido abrir la puerta para que las próximas primarias de la oposición sean inclusivas, alegres y lo más participativas.

El proceso de cambio al que nos convoca nuestra candidata es un proceso que requerirá más de un periodo presidencial. En esto hay que ser realistas y honestos.

Generar cambios de fondo en el sistema tributario, avanzar hacia la gratuidad universal en la educación, obtener una nueva Constitución, entre otros temas país por los que trabajaremos, nos tomará tiempo y cuatro años no serán suficientes.

Por lo mismo es que hoy requerimos de diversos actores políticos, sociales y ciudadanos. Porque nuestro trabajo no terminará en los próximos cuatro años de gobierno y por lo mismo es que requeriremos de sus energías para continuar cada una de las reformas estructurales a desarrollar.

Los cambios por lo que trabajaremos quizás nos tomen dos o tres periodos presidenciales y parlamentarios. Para ello se hace imperativo sumar a una nueva mayoría joven y dispuesta a protagonizar este proceso por un nuevo Chile. Una nueva mayoría interesada en entrar a la cancha y participar de un partido en el que se necesitarán nuevos jugadores.

Sabemos que muchos miran con escepticismo y desconfianza los anuncios. También sabemos que muchos desconfían de los sistemas de participación democrática establecidos. A ellos les queremos convocar. A ese sector de chilenos jóvenes, influyentes, que hoy se manifiestan desinteresados en la política.

No para obtener sus votos o acallar sus críticas, sino para motivar su participación desde los espacios que mejor les parezcan, pero remando todos para un mismo lado; para el de un país más justo, democrático y con igualdad. Un Chile que nunca más diga que “no está ni ahí” a la hora de construir futuro.

Esta nueva transición política y económica que se avecina deberá hacerse con ciudadanos y jóvenes. Con alegría y creatividad. Con la mirada puesta en un país que se desarrolle en armonía con el medio ambiente, igualdad, respeto a la diversidad y fraternidad.

Nos esforzaremos por demostrar que nuestro trabajo irá en esa dirección. Nos esforzaremos por ganar vuestra credibilidad y sumarles a este nuevo proceso.

Las deudas que existen con el pueblo mapuche son históricas, no tienen que ver con compromisos puntuales, sino que son una serie de situaciones y hechos que han acrecentado la desconfianza de las comunidades en su relación con el Estado de Chile. En palabras del pueblo Mapuche lo definen como un largo listado de incumplimientos. Esta relación de desconfianza partió desde el mismo momento en el que se determinó unilateralmente que se anexara el territorio mapuche al Estado chileno.Desde una perspectiva histórica, esto no es menor, ya que ese es el punto de origen de las injusticias y de los posteriores conflictos.

El pueblo mapuche ha sido muy digno en mantener vigentes sus demandas por la recuperación de territorios por cientos de años. Y así como existen muchas comunidades que han logrado de manera pacífica volver a habitar sus tierras ancestrales, hay otro número de comunidades que considera que eso no es suficiente y que se debe avanzar incluso en generar un estado autónomo para el pueblo mapuche, radicalizando los mecanismos de presión.

Por otra parte, el Gobierno de Chile enfrenta la crisis actual buscando reafirmar su postura frente a la opinión pública, antes de elaborar soluciones de largo plazo.Resulta curioso que solo horas después de ocurrido el fallecimiento del matrimonio Luchsinger-Mackay, instalara el concepto de que era un atentado terrorista, enviara más carabineros a la zona y que incluso amenazara con decretar un estado de excepción para hacer frente a la violencia en la zona. El resultado de ello, es que hoy la violencia en la Araucanía no ha disminuido y la posibilidad de llegar acuerdo entre las partes se ve lejana.

Los esfuerzos se deben enfocar en lograr construir una convivencia armónica, para ello el Estado y la ciudadanía debe respetar la cosmovisión del pueblo mapuche. Y que mejor forma de hacerlo que dentro de los planes educacionales de los colegios, donde se enseñara de manera obligatoria las costumbres, tradiciones y valores de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros niños y jóvenes que miren de manera distinta al pueblo mapuche si desde pequeños le enseñan en historia sobre la “pacificación de la Araucanía”?

Un cambio cultural profundo, debe ir aparejado desde ya con el desarrollo y manejo de las áreas de productividad que permita a toda una región avanzar y no solo a un grupo minoritario de empresarios.

En el ámbito político no se ha observado una real intención de buscar soluciones a nivel del sistema que nos rige como nación. Por ejemplo, reactivar la ley que reconozca su condición de pueblo dentro de nuestra Constitución es un primer paso. Una nueva institucionalidad para los pueblos originarios también es parte de lo que debemos hacer. Repensar la aplicación de la ley antiterrorista, que más bien se ha utilizado como una ley anti mapuche.

En materia de seguridad, el Estado tiene que poner todos sus esfuerzos en prevenir las acciones violentas contra los agricultores,pero igualmente, terminar con los allanamientos a las comunidades. Esto último, -a partir de la información que hemos conocido- violentan a los propios mapuches muchas veces de manera injusta y con graves consecuencias para mujeres y niños. Aquí claramente el camino no es seguir repitiendo los mismos errores del pasado militarizando la zona, sino que buscar nuevas soluciones de carácter político que permitan dar una señal clara que el Estado de Chile quiere tener un nuevo trato con sus pueblos originarios.

Sin embargo, el pueblo mapuche siente desconfianza del Estado de Chile, tanto de éste gobierno, como de los anteriores. Solo cabe recordar la mediática mesa de diálogo que se instaló en el cerro Ñielol en Temuco el 2010 y que nadie nunca supo qué resultado tuvo. O lo que sucedió hace menos de un mes cuando se aprobó la Ley de Pesca pasando a llevar el Convenio 169 , sin tomar en cuenta la palabra de los pueblos ancestrales.

Claramente hoy no basta con llegar a la Araucanía con un paquete de becas y de beneficios productivos o asistencialistas, llenar de carabineros e incluso militares –como algunos proponen- eso es no entender el desafío histórico y social que estamos viviendo.

Un nuevo trato con el pueblo mapuche comienza cuando el Estado de manera unilateral de señales de querer avanzar en construir paz y justicia en la Araucanía. Cuando tome el convencimiento de que para acabar con la violencia, se necesita construir un país igualitario, sin discriminación y orgulloso de sus pueblos originarios.

Sin embargo, a la luz de los hechos, debemos sacar lecciones de lo positivo y lo negativo que realizamos durante el año que se está acabando para poder proyectar un 2013 donde la política debe estar a la altura de las demandas que con fuerza emergen continuamente de la ciudadanía.

Como oposición, hubo dos hechos que marcaron diametralmente la forma en la actuamos como colectivo y enfrentamos los desafíos y procesamos nuestras diferencias: la reforma tributaria y la ley de pesca.

En el caso de la reforma tributaria, como oposición, creamos la “Comisión de Reforma Tributaria” que no sólo integró a expertos de los partidos, sino que impulsó un diálogo ciudadano donde distintas organizaciones (la Fech, ex funcionarios del servicio de impuestos internos, la CUT, expertos tributarias, etc.) aportaron sus conocimientos.

Fue así, como se llegó al acuerdo de que cualquier propuesta debía cumplir con cuatro condiciones básicas. Primero recaudar más plata para hacer frente a la gran demanda de bienes y servicios de la ciudadanía; segundo aumentar la carga tributaria de manera que quienes tienen más aporten más a las arcas fiscales; tercero, tender a una mayor simplicidad del sistema que permita a los contribuyentes comprender la forma de cumplir con sus obligaciones tributarias y a la autoridad facilitar su fiscalización y cuarto, fomentar un desarrollo sustentable, donde quienes contaminan y dañan el medio ambiente paguen por el mal que le hacen a la sociedad.

Ahora, en el caso de la discusión de la Ley de Pesca sucedió algo totalmente distinto.

Porque a pesar de que la oposición cuenta con mayoría en el Senado, senadores de la DC y e PS, decidieron unilateralmente buscar un acuerdo con el gobierno para entregar un privilegio a grupos económicos.

Puesto que la ley estableció que si las empresas industriales de pesca cumplen la legislación, sus licencias —y sus cuotas— se renuevan hasta el infinito, para siempre.

Así les transferimos recursos valorados en cientos de millones de dólares directamente a sus balances, regalándole un 85% de la cuota de pesca, que si alguna vez queremos recuperar, tendremos que expropiar y pagarle por lo que hasta antes de la ley era de todos los chilenos.

Esto dos ejemplos, nos demuestran que lo que realizamos el 2012 tuvo luces y sombras. Considero que no debemos pensar en categorías absolutistas, ya que no nos permiten comprender, diferenciar y rescatar lo bueno y lo malo del período que estamos cerrando.

La forma en cómo llevamos adelante la propuesta de reforma tributaria, es lo que debe marcar nuestra manera de actuar en política, porque Chile y sus ciudadanos cambiaron, y hoy no solo están más informados acerca de lo que hacen sus autoridades, sino que los presionan y exigen compromiso y consecuencia.

Por eso, hago un llamado a la Oposición, para que el 2013 seamos capaces de entregarle a los chilenos un programa de transformaciones estructurales, que integre las visiones de todos los partidos políticos y los movimientos ciudadanos, basado en los valores de la igualdad, la justicia, la honestidad y el respeto, para construir un país donde todos sientan que reciben lo que merecen por el esfuerzo realizado.

Cabe preguntarse ¿por qué cargos tan relevantes como estos simplemente se renovaron por secretaría entre las cuatro paredes del Senado?

La historia muestra que en octubre del 2009, se aprobó la ley que establece la elección directa de los Cores , que hasta hace poco eran elegidos de manera indirecta por los concejales de las comunas; sin embargo, el Gobierno actual simplemente no quiso ponerle urgencia a la norma que establecería el mecanismo de elección directa por el cual se debían elegir y que tendría que haber sido implementado en las recientes elecciones municipales.

La decisión del Gobierno de no abrir nuevos espacios de participación democrática, obligó al Senado a plantear soluciones que permitieran tener consejos regionales provisorios, en espera de un proyecto de ley para julio del próximo año, que determine el sistema de elección directa.

El acuerdo de los partidos de gobierno con la DC y el PS, desestimó los valores de la democracia y la participación, porque simplemente optó por renovar automáticamente a los Core en sus cargos.

Soy un convencido que las leyes deben estar basadas en principios y valores. Es por ello que junto a otros senadores fui autor de dos indicaciones. Primero con el senador Eugenio Tuma que apuntaba a que los concejales de las regiones que asumieron su función el 5 de diciembre del 2012 eligieran nuevos consejeros regionales hasta el 2014. Para nosotros, si bien no nos gusta el actual sistema de elección indirecta, consideramos que la solución que planteamos es sustancialmente más democrática y representativa que renovarlos por secretaría.Sin embargo, esta idea fue rechazada.

La segunda indicación fue con la senadora Lily Pérez. Solicitamos que en el caso de las nuevas provincias que se han creado, como es Marga Marga en la Región de Valparaíso , sean los concejos comunales de esas provincias quienes elijan a sus Consejeros Regionales. De lo contrario corren riesgo que sus comunas pasen a un segundo plano en la entrega de recursos por no tener representantes que puedan defender los intereses comunales en el Consejo Regional. Como era de esperarse, esto también fue rechazado.

Las decisiones por las cuales se configuró este acuerdo UDI-RN y DC-PS, pueden ser de las más diversas especulaciones, pero resulta curioso que para los partidos que concurrieron a este acuerdo, producto de las votaciones obtenidas en las municipales del 2012 implicaba poder elegir una menor cantidades de Cores. Pero más allá de esto, lo que está claro es que este proyecto no tiene nada que ver con la elección directa de los consejos regionales, sino de prorrogar en un año el mandato de los actuales.

Muy pocas veces tenemos la oportunidad como parlamento de demostrar clara y nítidamente a la ciudadanía que queremos que se incorporen en las decisiones regionales por medio de su participación y su voto.

Eso es justamente lo que se busca con la elección directa de los Cores. Un espacio de democracia real y efectiva que permita a la población elegir a las personas que van a decidir en qué proyectos se van a gastar los recursos y cual es el tipo de región que se desea habitar.