Ambos problemas no se pueden resolver en el corto plazo.Sin embargo, es urgente romper el círculo vicioso: alumnos de bajo rendimiento académico ingresando a estudiar pedagogías; malos sueldos cuando egresan; mala docencia cuando ejercen y falta de reconocimiento social que lleva sólo a los alumnos con bajo rendimiento académico –salvo excepciones- a estudiar pedagogía.

Una verdadera revolución cultural en este sector debiera comenzar por, a lo menos, duplicar el sueldo de los actuales maestros de colegios municipales y subvencionados sin fines de lucro, de inmediato y de una sola vez y no por etapas que nunca llegan a cumplirse. Naturalmente este aumento de remuneraciones arrastrará al alza los salarios en los colegios privados y subvencionados debiendo el estado, en el caso de estos últimos, aumentar las subvenciones, sólo si son sin fines de lucro.

El efecto de esta medida será provocar un círculo virtuoso: con mejores expectativas futuras mejores alumnos ingresarán a estudiar pedagogía y mejorará la calidad de la enseñanza cuando estos nuevos estudiantes egresen.

En cuanto al reconocimiento social, no podemos negar la realidad. En Chile, como en muchos países, el reconocimiento social está, la más de las veces, ligado al nivel de vida de las personas y por lo tanto a sus ingresos, tema que se mejoraría sustancialmente con esta propuesta.

La solución planteada tiene un costo no sólo económico. Durante un largo período de tiempo se estará pagando mejores sueldos a profesores de mala calidad, es decir a muchos de los que han egresado de universidades de mala calidad.Este es un costo necesario que el país debe asumir para provocar el cambio de una vez por todas.

Una solución parcial a este problema debiera ser la exigencia a todos los maestros de rendir, cada cierto tiempo, una prueba de suficiencia –al menos de conocimiento de las materias que imparten- haciendo obligatorio, a costo de cada profesor, un periodo de reentrenamiento cuya extensión será función de los resultados de la prueba.Así, los buenos profesores recibirán el 100% del alza de remuneraciones y los que no superen la prueba de suficiencia deberán destinar parte del aumento a costear su propia capacitación.

Existe aún otro problema que es necesario enfrentar.Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía tienen un bajo rendimiento académico previo –por cierto responsabilidad de la baja calidad de la enseñanza recibida antes de ingresar a la universidad- no es menos cierto que en muchas universidades la calidad del cuerpo académico que los formará es también deficiente.

La solución a este problema está muy ligada a la propuesta de establecer estándares mínimos en el proceso de acreditación que hemos planteado, sin éxito, reiteradamente.

Para ello será necesario incluir en dichas modificaciones la obligatoriedad –por lo demás ya existente- de que todas las pedagogías se sometan a un proceso especial de acreditación independiente de la acreditación institucional.

El origen del problema son los malos currículum académicos de los que enseñan pedagogía en muchas universidades.Será necesario establecer mínimos exigentes respecto de estos currículum o bien una prueba nacional de competencia académica.Las carreras de pedagogías que no cumplan con este mínimo o cuyos académicos no aprueben el examen de suficiencia, deberán ser cerradas.Estas medidas, por cierto, se deben aplicar a todas las universidades, sean estatales o privadas porque el problema, por desgracia, es bastante generalizado.

En el origen de la baja calidad académica de quienes forman a los futuros profesores, sin embargo, yace un problema mucho más complejo de resolver.

En muchas instituciones de educación superior es posible observar una situación de endogamia (Véase la RAE: “Actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución.”) que significa que los jóvenes académicos que ingresan han sido formados por los mismos académicos, reproduciéndose así las deficiencias que éstos últimos tienen.

Para enfrentar este problema, los estudios de posgrado de los futuros académicos –particularmente de doctorados- no debiesen cursarse en la misma institución de la cual el alumno egresó sino en otra, en lo posible en el extranjero.

En el caso de las pedagogías, la endogamia es un problema crítico que impide mejorar sustancialmente el nivel de los académicos que forman a los futuros profesores.

La necesidad de mejorar con urgencia el nivel de los que académicos no permite esperar que los egresados culminen sus estudios en el extranjero porque el proceso sería demasiado lento.

Una reciente propuesta del Rector de la Universidad de Chile en orden a traer a Chile un importante número de académicos extranjeros –o repatriar a chilenos- con experiencia y gran nivel académico pareciera ser una vía de solución.

Eso fue, exactamente, lo que Valentín Letelier impulsó, en 1889, al fundarse el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, con la incorporación de un selecto grupo de profesores alemanes, de reconocido nivel académico, lo que provocó inquietud y malestar en los académicos chilenos. La misma resistencia es de esperar hoy a esta propuesta.

La ley establece que las universidades privadas deben ser entidades sin fines de lucro, condición que se explicita en los estatutos de cada una de ellas. En consecuencia, si se prueba que alguna universidad –estrictamente sus socios o controladores- han incurrido en lucro, se verificaría un incumplimiento de sus objetivos estatutarios, primera condición por la cual, según la ley, se debe cancelar su personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una universidad. ¿Habrá pensado el Ministro Beyer en que hará si, como creo que ocurrirá, la justicia dictamina que existe lucro en una o varias universidades?

No pocas personas creen que en la investigación que lleva la fiscalía oriente en torno al caso de Eugenio Díaz se develará si existe o no lucro en algunas universidades. Ello no es así pues los imputados en este caso lo están por cohecho y negociación incompatible. Esta investigación se inició el 19 de enero de 2012 luego que el Contralor General, don Ramiro Mendoza, trasladó a la fiscalía oriente los antecedentes que yo le había entregado el 6 de enero, específicamente el contrato firmado entre una empresa de Eugenio Díaz y el entonces rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga.

Pero existe, además, otra investigación que también es llevada por la fiscalía oriente. El 20 de junio de 2012, los diputados Alejandra Sepúlveda, Cristina Girardi, Mario Venegas y Raúl González, integrantes de la comisión que investigaba el lucro, se reunieron con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. Terminada la reunión el Fiscal declaró que “se ha hecho formalmente una denuncia criminal y como toda denuncia la fiscalía tiene que investigarla con un afán claro y dilucidar si existe un delito penal o no existe delito penal. Lo que sí está claro es que se va a investigar acuciosamente“.

Finalmente, a principios de julio, el caso quedó radicado en la fiscalía oriente y a cargo de los mismo fiscales que llevaban el caso Eugenio Díaz, lo que debe estar en el origen de la confusión.

En el caso Díaz, el 24 de noviembre -10 meses después de iniciada la investigación- fueron detenidos Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, y los ex rectores de la Universidad el Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulen. Si la investigación del caso lucro se ha desarrollado en plazos semejantes, a partir de mayo próximo debería haber novedades.

El Ministro Beyer ha declarado, insistentemente que, en caso de probarse la existencia de lucro en una universidad, no tendría otra alternativa que iniciar el proceso de cancelación de su personalidad jurídica, es decir el cierre de la universidad infractora.

Después de la traumática experiencia vivida por los alumnos, docentes y funcionarios administrativos de la Universidad del Mar –cuyo cierre no se produjo a causa del lucro sino que de su deteriorada situación financiera y baja calidad académica- nadie en su sano juicio podría desear que esta situación se repitiera en otras universidades, menos aún si en ellas la calidad académica no está, por ahora, cuestionada.

En mi opinión, la actitud del Ministro Beyer ha sido en esto sumamente irresponsable.Sentarse a esperar que la justicia dictamine que algunas universidades lucran –y podrían ser varias- no teniendo otra salida que la cancelación de su personalidad jurídica es demencial. Pero, contrariamente a lo que, majaderamente, afirma el Ministro Beyer, el gobierno sí tiene otro camino que, al parecer, no desea transitar.

Una posible solución es que el gobierno, previo acuerdo con la oposición –para que nadie page el costo político- envíe un proyecto de ley, con suma urgencia, que contenga los siguientes conceptos.

1. Se defina el lucro como cualquier beneficio económico que perciban los socios y sus parientes hasta un cierto grado, directa o indirectamente, por sí mismos o por medio de sus empresas, a expensas de la universidad.

2. Se prohíba, explícitamente, cualquier transacción con terceros relacionados.

3. Se otorgue un plazo perentorio, pero razonable, a las universidades privadas para que terminen con sus actuales transacciones relacionadas.

4. Se establezca que cualquier contravención a esta ley se entenderá como un delito de quienes administran las universidades y de los terceros relacionados que se beneficien con ello.

5. Se establezca que, como consecuencia de lo anterior, el delito de lucro no será causal de cancelación de la personalidad jurídica de la universidad infractora.

6. Se establezcan las figuras penales correspondientes y las penas asociadas a cada una de ellas.

7. Se radique el control del cumplimiento de la ley en algún organismo ya existente mientras se aprueba la ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, como por ejemplo la Superintendencia de Valores y Seguros.

Es claro que una ley como la propuesta no podría tener efecto retroactivo, por lo que ella no impediría que la investigación en curso se lleve a término, lo que desde luego considero imprescindible. El único beneficio es que, si se promulga antes de que la justicia dictamine la existencia de lucro en alguna universidad, no será necesario cancelarle su personalidad jurídica.

Por cierto que con esta ley es posible que quienes, en el pasado, han lucrado con las universidades no reciban más sanciones que las que el actual marco jurídico permite el cual pareciera ser limitado. Muchos desearíamos que estas personas fuesen penalizadas y devolvieran los dineros mal habidos pero, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno.

Considero una falta de respeto para con los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y la opinión pública en general, que transcurridos 154 días de investigación, el señor Ministro no considere necesario entregar ninguna explicación por escrito a los hechos denunciados.

El texto del oficio señala que “este Ministerio ha determinado sobreseer la investigación iniciada, por no existir cargo alguno que formular, ni responsabilidad que perseguir…” basado en un “análisis de los antecedentes recabados” pero sin explicitar dicho análisis.

En mi opinión, la respuesta del señor Beyer ofende la inteligencia de la ciudadanía y revela, ya sea una prepotencia inaceptable de parte de la autoridad o una completa ausencia de argumentos para justificar la decisión tomada.

No obstante, el señor Ministro entregó, el día 15 de noviembre, una singular explicación al declarar a los medios de prensa que si bien se detectó un traspaso de fondos sin intereses, “la pregunta que tenemos que evaluar es si detrás de eso hay un perjuicio para la universidad y, por lo tanto, una eventual acción de lucro, pero los antecedentes que nosotros recopilamos en el caso de la Universidad Santo Tomás nos permiten concluir que eso no estaba ocurriendo”, (ver www.emol.com).

¿Es tan difícil entender que si una Universidad presta $ 13.096 millones a empresas relacionadas en pesos, sin reajuste ni intereses, existe, más allá de cualquier duda, una pérdida patrimonial para la universidad equivalente, a lo menos, a la variación del IPC de cada año y que las empresas relacionadas, por el contrario, ganan igual cantidad de dinero?

No se requieren 154 días de investigación para entender la diferencia que existe entre valores nominales y reales en términos monetarios. No se trata, en consecuencia, de un problema de interpretación y menos de investigación, sino de mera cultura general: el evidente perjuicio que sufre quien presta en pesos en lugar de unidades de fomento es comprendido por todos los chilenos.

Los actuales eventos no deben, sin embargo, dejar en el olvido que el señor Ministró declaró, en a lo menos dos ocasiones posteriores al 14 de junio -fecha en que recibió los oficios enviados por la CNA- que no tenía ninguna denuncia concreta respecto del tema del lucro.

Recién el 6 de agosto, cuando hice público en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la existencia de dichos oficios, el Ministro Beyer reconoció haberlos recibido. Tampoco se debe olvidar que los dichos del señor Ministro, negando tener denuncias concretas, coincidieron con la investigación, que en ese mismo momento, llevaba a cabo una Comisión de la Cámara de Diputados respecto del lucro y que una de las universidades denunciadas fue precisamente, la Universidad Santo Tomás.

No soy de las personas que gustan utilizar un lenguaje eufemístico: el señor Ministro Beyer no dijo la verdad a los señores diputados y a la ciudadanía, cuando negó tener denuncias concretas sobre lucro.

Por ello considero que está inhabilitado para continuar ejerciendo un cargo de ministro de Estado. Espero que la Honorable Cámara de Diputados adopte las medidas necesarias respecto de un Ministro que no titubeó en  sembrar dudas respecto de la seriedad del trabajo realizado por esa Corporación y que sigue negando la existencia, pese a las evidencias, de lucro en la Universidad Santo Tomás.