Durante esta semana se han discutido y votado los proyectos de fortalecimiento de la democracia, partidos políticos, reforma a la reforma tributaria y carrera docente. Mientras que la aprobación de otras leyes como la reforma laboral, la que regula la libre competencia y la agenda corta anti-delincuencia quedaron definitivamente para marzo.

El ímpetu legislativo mostrado por el gobierno no ha estado exento de críticas transversales.Diversos parlamentarios han señalado que los tiempos que impone el Ejecutivo, por medio de las urgencias en el Congreso, no permiten un debate que mejoren o corrijan las iniciativas. En consecuencia, se terminan aprobando malos proyectos, con problemas de forma y de fondo. Y al mismo tiempo, quedó en evidencia que el gobierno no fue capaz de ordenar a la Nueva Mayoría en una reforma clave como la laboral.

Con la aprobación de estas reformas y seguir avanzando en el programa, la Presidenta Bachelet y su administración esperan poder mejorar sus bajos niveles de apoyo. Según las últimas encuestas conocidas, la aprobación de la mandataria no supera el 25%.

Pero el gobierno y la propia Bachelet se equivocan si creen que de esa manera aumentará el apoyo ciudadano. En primer lugar, porque el famoso programa se conoció apenas tres semanas antes de la elección presidencial de 2013, por lo que difícilmente tuvo un efecto en una carrera hacia La Moneda que siempre lideró Bachelet.

En segundo lugar, porque la baja aprobación de Bachelet no se explica solamente por el caso Caval (febrero de 2015), sino que fue algo previo. La Presidenta comenzó a bajar en las encuestas durante el segundo semestre de 2014 y lo que hizo el surgimiento del caso Caval, fue sepultar una posible recuperación que se observó a principios de 2015. 

Y, en tercer lugar, porque para los ciudadanos la principal razón por la cual fue elegida como Presidenta es “por la confianza en ella como persona” (54%), seguida a bastante distancia “por su programa de gobierno” (26%) y “por la coalición que ella representa” (11%) (CEP-julio 2014).

Además, en diferentes momentos de su mandato, encuestas del CEP y Plaza Pública-Cadem han reflejado que la gente cree que las reformas impulsadas por el gobierno han sido improvisadas; que no serán eficaces en lograr los objetivos que persiguen; que es necesario más diálogo y gradualidad y que al interior del gobierno y la Nueva Mayoría hay división con respecto al programa. Incluso, ha aumentado el porcentaje que dice que el gobierno debería retirar las reformas y volver a presentar nuevos proyectos.

Así, cuando el entorno familiar y político de la mandataria se vieron involucrados en los casos Caval y SQM, se rompió el vínculo de confianza que la gente tenía con Bachelet y no hubo reforma que pudiera sostener la aprobación de la Presidenta y del gobierno, porque las reformas y el programa también han sido parte del problema. Si a esto le sumamos la aprobación de reformas a la rápida, lo cierto es que esto poco contribuye a mejorar su respaldo.

Aunque, hasta ahora, lo anterior se explica más bien por defectos del rival que por méritos propios. Como sabemos, la presidenta Bachelet tiene una aprobación inferior al 30% y la mayoría de la gente cree que está gobernando peor de lo esperado y que no ha cumplido con las expectativas.

Más encima, en la Nueva Mayoría no han surgido liderazgos que permitan dar continuidad al gobierno actual y su proceso de reformas. Entre las figuras mejor posicionadas en la centro-izquierda, Isabel Allende todavía tiene que demostrar que puede ser una buena carta presidencial, Ricardo Lagos personifica a la antigua Concertación y Marco Enríquez-Ominami tiene que resolver antes el tema de las boletas y el posible financiamiento irregular o ilegal de sus campañas. Todo esto en el contexto de una economía que prácticamente no crece.

Hasta el momento, la oposición no ha logrado capitalizar el mal momento del gobierno, pero aún está a tiempo de hacerlo. El gran desafío del próximo año son las municipales, donde conseguir resultados positivos dependerá de la construcción de tres pilares que se apoyen entre sí: unidad, proyecto político y competitividad electoral.

En primer lugar, buscar la unidad es un  requisito fundamental para llegar al triunfo. Pero no esa unidad mal entendida que esconde las diferencias en lugar de solucionarlas. El camino es seguir sumando nuevos actores a los partidos tradicionales de la Alianza, institucionalizando una nueva coalición política y electoral. Sin embargo, contar con más partidos, movimientos e independientes no puede significar solamente repartir entre más actores los mismos votos de la Alianza, ya que la tarea es ampliar la base electoral.

En segundo lugar, construir un proyecto político para ofrecer a la ciudadanía. Un relato que interprete la realidad política, económica y social de un país que ha sufrido importantes transformaciones en estos 26 años de democracia. Es decir, que sea capaz de convocar a la gran mayoría de los chilenos y que se constituya en una alternativa al proyecto político de la Nueva Mayoría y sus reformas emblemáticas.

Y, en tercer lugar, recuperar la competitividad electoral. La Alianza entre 1999-2010mostró que podía hacer frente a la Concertación, lo cual culminó con la victoria de Piñera. Esto conlleva dejar atrás los resultados de 2012-2013, donde perdió la presidencial, consiguió menos alcaldes y concejales, además de quedar en minoría en el Congreso.

Por ello, no debe tener reparos al enfrentar a un candidato único de la Nueva Mayoría más otras fuerzas de izquierda. En 2012 la Alianza demostró que el mejor escenario para aumentar su número de alcaldes es cuando la competencia se da entre dos candidatos.

En resumen, Chile Vamos necesita unidad para construir un proyecto político que sustente a corto y mediano plazo la competitividad electoral de la nueva coalición. En este caso el orden de los factores sí puede alterar el producto.

Producto de lo anterior se ha abierto nuevamente la discusión sobre la mantención o no del voto voluntario. Aunque el debate contiene elementos de fondo muy relevantes respecto a la distinción del voto como un deber o como un derecho, lo cierto es que volver al voto obligatorio en el actual escenario político sería como esconder la basura bajo la alfombra, o dicho de otra forma, desconocer las principales razones por las cuales no votan los ciudadanos: poco interés en la política y nulo esfuerzo de los políticos para convocar a la gente. 

Aunque el gobierno descartó apoyar esta iniciativa, reemplazar el sistema vigente por uno de voto obligatorio significaría otra reforma más que no contribuye a mejorar los niveles de confianza, como el aumento de parlamentarios, financiamiento público permanente a partidos políticos o limitar las reelecciones pero sin efecto retroactivo. Si bien estas reformas tienen tanto efectos positivos como negativos, la ciudadanía las percibe principalmente como arreglos que la clase política hace en su propio beneficio.Reestablecer el voto obligatorio sería la tormenta perfecta para la crisis de confianza actual.

Además, los niveles de desaprobación hacia los políticos no permiten un cambio de esta naturaleza. Según la encuesta Adimark de junio de este año, el 27% de la población aprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno y el 22% aprueba la labor del gobierno. Como si no fuera suficiente con lo anterior, sólo el 16% aprueba al Senado, el 14% aprueba el desempeño de la Cámara de Diputados, el 18% aprueba a la Nueva Mayoría y el 15% aprueba a la Alianza.

Reestablecer el voto obligatorio sería una muestra más de improvisación política por parte de nuestros congresistas, teniendo en cuenta que recién se implementó el voto voluntario para las elecciones municipales de 2012. También desconocería la evidencia internacional, donde el 86,9% de los países en el mundo y el 82,4% de los miembros de la OCDE tienen voto voluntario según datos de IDEA Internacional, aunque en América del Sur solamente el 41,7% de los países tiene un sistema de este tipo.

La baja participación electoral es un problema importante para la democracia.Pero el voto obligatorio no resolvería el verdadero problema, sino que escondería una realidad política y social que requiere otras soluciones.Pretender llegar a altas cifras de participación electoral, ocultando fenómenos de descontento, malestar o desafección con la política, no parece una medida razonable.    

En este contexto de desconfianza y desprestigio de las instituciones, la peor solución es volver al voto obligatorio. Más que obligar, sigue siendo necesario convencer y motivar a la ciudadanía.

Junto con lo anterior, se evidencia la falta de liderazgos y renovación en la política nacional. El panorama es igual de poco alentador para las dos coaliciones. Respecto a la Alianza, el 12% señala que Sebastián Piñera es actualmente el principal líder de la oposición.Por su parte, en la Nueva Mayoría el listado es encabezado por Rodrigo Peñailillo con apenas el 3,3% de las preferencias.

La oposición tiene un abanico más claro de nombres que buscan posicionarse, como Andrés Allamand, Alberto Espina, Evelyn Matthei y Manuel José Ossandón.En cambio, en la Nueva Mayoría el camino ha sido más empinado. Carolina Tohá y Claudio Orrego no han podido consolidarse, y ahora compiten por este sitial con figuras del gabinete como Rodrigo Peñailillo, mientras que Marco Enríquez-Ominami se mantiene atento a los movimientos.

Para ambas coaliciones es fundamental contar con buenos liderazgos. El oficialismo necesita que el proceso reformista y la implementación del programa lo conduzcan también sus principales figuras, buscando la continuidad en La Moneda. Sin embargo, en estos meses el nivel de tensión ha aumentado ante las críticas y recriminaciones entre sus dirigentes.

Todavía el conflicto no ha escalado internamente al punto de cuestionar el liderazgo de Bachelet como jefa de coalición, pero no tardará en llegar si se mantiene la tendencia negativa en la aprobación presidencial. En este escenario, no hay quien ordene la casa en la Nueva Mayoría.

La Alianza, por su parte, tiene la tarea de re-articularse y ordenarse para enfrentar con éxito las próximas municipales, la probable elección de intendentes y las elección de Cores, diputados, senadores y presidente. Tiempo es lo que menos tiene la Alianza para revertir el adverso momento que vive.

En este contexto de falta de nuevos liderazgos y renovación, los ex presidentes siguen siendo la principal figura del debate político. Aunque no queda claro si esto se debe a que su presencia inhibe el desarrollo de otros liderazgos o si es la falta de nuevos líderes lo que provoca que los ex presidentes vuelvan a escena.

De todas formas, lo concreto es que la política sigue girando en torno a quienes fueron presidentes. Pasó con Ricardo Lagos durante el primer gobierno de Bachelet, luego con la candidatura de Eduardo Frei en 2009 y con la propia mandataria en las elecciones pasadas.

Durante estos años ahora la atención estará puesta en lo que decida o haga Sebastián Piñera, e incluso algunos estarán muy atentos al actuar de Ricardo Lagos.Por lo tanto, el debate continuará centrado en estas figuras.

Ambas victorias apoyadas en un programa que tiene como principal propósito sacar adelante durante el mandato tres grandes reformas: tributaria, educacional y constitucional.

Sin embargo, el Gobierno y la Nueva Mayoría han confundido el inicial amplio apoyo ciudadano para llevar a cabo estas reformas con facilidad para aprobar cada uno de los proyectos presentados.

El nuevo ciclo político se ha entrampado más de la cuenta y algunos hablan, a esta altura, de que comenzó un “segundo tiempo” en las reformas.

No es extraño que la población estuviera de acuerdo con realizar una reforma tributaria, que buscara reducir la desigualdad y cuyos fondos se destinaran principalmente a la reforma educacional, estableciendo la gratuidad para todos los estudiantes a nivel universitario y teniendo como objeto mejorar la calidad de la educación. Es difícil estar en contra de políticas tan bien intencionadas.

Pero el panorama político frente a las reformas ha cambiado, sobre todo cuando aumenta la percepción ciudadana de que todas estas transformaciones no tienen un destino claro, el Estado tendrá un rol excesivo en la vida de las personas, los niveles de apoyo a las reformas emblemáticas bajan, el crecimiento del país es menor al de los últimos años, crece la idea de que la clase media se verá afectada por la reforma tributaria, existe incertidumbre sobre el destino de los colegios particulares subvencionados y cuando en educación de lo que menos se habla es de calidad y de fortalecer la educación pública.

En teoría, el Gobierno pudo haber ocupado la mayoría que tiene en el Congreso para aprobar rápidamente sus reformas, como inicialmente pasó con la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.

Aunque tal camino ya no parece viable, no sólo por evitar las críticas que vendrían desde la Alianza, sino que debido a que al interior de la Nueva Mayoría hay discrepancias importantes respecto a los cambios, la profundidad y velocidad de estos, y la relación con el movimiento estudiantil no es tan fácil como quisieran.

La reciente encuesta del CEP entrega datos clarificadores sobre la forma en que la gente espera que se haga política.

El 61% afirma que el debate sobre asuntos públicos en Chile hoy en día no se está desarrollando bien porque hay muchas peleas y conflictos y el 63% sostiene que le gustaría que se tratara de llegar a acuerdos entre las coaliciones políticas antes de la votación en el Congreso.

Asimismo, el 54% declara que la gente escogió a Michelle Bachelet como Presidenta por la confianza en ella como persona y sólo el 26% por su programa de gobierno.

En conclusión, lo más probable es que el Gobierno finalmente termine aprobando durante este año tanto la reforma educacional como la tributaria.Pero la forma en que lo haga importará mucho.

En este contexto, podemos entender las 56 medidas para los primeros 100 días y la sobrecarga que hemos visto en la agenda legislativa, por parte de la Presidenta Michelle Bachelet y del gobierno actual.

Así también se observa en el mantenimiento del sitio oficial de cumplimiento, en el cual se puede revisar el grado de avance medida por medida con una descripción de cada una de ellas, en un estilo muy similar al implementado por la administración de Piñera, y por el énfasis que se ha colocado comunicacionalmente en los supuestos logros conseguidos.

Sin embargo, el cumplimiento en esta materia deja más sombras que luces.El oficialismo ha aprovechado la mayoría en el Congreso para reducir al mínimo el diálogo con la oposición, sobre todo en la discusión de las principales iniciativas (educación y tributaria), más preocupados de que se aprueben rápidamente las leyes en lugar de buscar buenas reformas.

Además, el alto nivel de cumplimiento de las 56 medidas que señala al Gobierno es engañoso, donde el 35,71% de las medidas no tiene fecha de aplicación real.¿El resto? 32,14% entre 2014 y 2018, el 17,86% está aplicado, el 10,71% durante 2014 y 3,57% más allá de 2018. ¿Se puede hablar de un cumplimiento de casi el 90% con estos tiempos de ejecución?

La mayoría de estas 56 medidas está en la categoría ciudad y territorio (14,3%), seguido de educación y salud con 5 medidas representando cada una el 8,9% del total.

Por otra parte, llama la atención el nulo cumplimiento en los anuncios en materia de pueblos indígenas (4 en total), aunque se señala que para llevarlos a cabo se requiere una consulta previa para conocer la opinión de los pueblos originarios.

Entonces, realizando un análisis más profundo ¿se puede considerar como cumplido un anuncio que establece un plan o agenda nacional para los próximos cuatro años? Si así fuera, ¿cuál es la diferencia entre el programa general de gobierno y las 56 medidas?

Establecer un número de medidas ligadas a un plazo determinado, debería estar más enfocado en resolver problemas inmediatos que replicar el programa de gobierno.

En resumen, estos primeros 100 días se han caracterizado por una intensa y vertiginosa agenda de gobierno, con el objetivo comunicacional de cumplir con las metas señaladas para estos meses.Por lo mismo, la preocupación general es que la ciudadanía vea que se hacen las cosas, pero hay poca atención en la calidad de los anuncios y las consecuencias que las reformas pueden tener.

A diferencia de procesos anteriores, el ambiente se ve favorable para un cambio de este tipo y el gobierno sabe que la clave para su aprobación, además de tener ordenada a su propia coalición, estará en los apoyos que logre en RN, Evopoli, Amplitud e independientes.

Sin embargo, algunos puntos del proyecto merecen ser discutidos en profundidad. En particular, los vinculados al aumento del número de parlamentarios, el costo para el Estado por el incremento y el tipo de competencia que se generaría en el sistema.Las discrepancias que surjan en estas materias harían fracasar el proyecto.

Aumentar el número de parlamentarios es una medida impopular. Sería impresentable que con más escaños a repartir, el nuevo diseño que reagrupa a los distritosactuales no mejore la representación de las fuerzas políticas de menor votación pero igualmente significativas, y que en el fondo terminen eligiendo más parlamentariosde los dos principales bloques políticos.

Por ello, se deben exponer muy bien la justificación de tener 47 puestos más en el Congreso, y por qué no otro número o cupos compensatorios.

Vinculado con lo anterior, es poco razonable creer que un aumento en el número de parlamentarios no conlleva, de alguna forma, un incremento del presupuesto del Estado que se destina al Congreso.No parece recomendable negar lo evidente.

El proyecto apunta también a aumentar la competitividad e incertidumbre y evitar que queden fuera del Congreso candidatos con altos porcentajes de votos. Si bien estos elementos son positivos, algunos efectos no deseados se podrían producir.

Por ejemplo, que el problema ahora sea que candidatos con muy baja votación, y que estén muy lejos de las mayorías, lleguen al Congreso arrastrados por un candidato fuerte, como suele ocurrir con los concejales.

Asimismo, habría que acostumbrarse en este tipo de elecciones a largas listas de candidatos en los distritos y circunscripciones grandes, como también pasa en la elección de concejales, generando desconocimiento y baja identificación en la población.

En definitiva, el desafío y la responsabilidad de nuestras autoridades está en lograr la difícil combinaciónde buenas políticas para el país con apoyo ciudadano a éstas.

Planteado de forma contraria, significa que mientras los jóvenes voten menos que los demás grupos etarios, sus problemas e intereses tendrán poca cabida en el sistema político. A excepción del tema educacional, y principalmente por el efecto que las movilizaciones generan, ningún otro tema vinculado a ellos logra copar las agendas de los medios y políticos.

Según la última encuesta del INJUV, el 80% de los jóvenes no está interesado en la política, el 90% no tiene intención en formar parte de un partido político, sólo la mitad cree que las votaciones son un factor de cambio, pero más del 60% afirma que las redes sociales son una mejor herramienta que el voto para dar a conocer las demandas de la gente.

Además, están más insatisfechos que satisfechos con la democracia, mayoritariamente no se identifican políticamente, tienen bajísimos niveles de confianza en las instituciones, y los clubes deportivos, campañas por internet, y comunidades o grupo virtuales poseen las tasas de mayor participación entre ellos.

Pero que no participen en las formas tradicionales, no significa que se abstengan de hacerlo, sino que prefieren estructuras más horizontales, flexibles, y específicas a la hora de participar.

Del mismo modo, que no tengan interés en la política, no es igual a que no tengan posiciones y definiciones sobre temas políticos, sociales, económicos, medioambientales, o valóricos. Detrás de esto hay lógicas y formas distintas de comprender y ver la política.

Estamos entonces ante la presencia de un enorme desafío que nos plantean los jóvenes de hoy, y que las instituciones tradicionales, como los partidos políticos y el Congreso, no han sabido o no han querido procesar adecuadamente. La pregunta es ¿cómo conciliar la baja participación tradicional con una efectiva representación en el sistema político?

En esta tarea queda claro que no basta con lo que hagan los partidos políticos.Es necesario que otras instituciones como centros de estudios y organizaciones no gubernamentales, se involucren mucho más en las temáticas que les importan y preocupan a los jóvenes.

¿Cómo hacerlo? En primer lugar, creyendo en las capacidades que tienen los jóvenes para liderar los cambios que están experimentando las sociedades.

En segundo término, tendiendo puentes y espacios de diálogo entre los actores políticos y los jóvenes.

Y en tercer lugar, con la convicción de que el trabajo en red, coordinado y colaborativo es la base para lograr los objetivos. En otras palabras, tratar de disminuir las distancias y barreras entre éstos y la denominada “clase política”.

Prestar más y mejor atención a los jóvenes es, sin lugar a dudas, preocuparse del desarrollo de nuestro país a mediano y largo plazo.

Este escenario provoca que Matthei sea la candidata que más riesgos tenga que tomar, tanto para incorporar el voto de la centroderecha como para buscar sumar a los independientes y a quienes no votaron en esta primera vuelta.

En cambio Michelle Bachelet, que no pudo ganar en primera vuelta como la mayoría de las encuestas, analistas, y voceros de la oposición señalaban, enfrenta esta nueva elección tratando de que las piezas del tablero se le desordenen lo menos posible, aunque ya se comienza a apreciar una cierta tensión al interior de la Nueva Mayoría.

Independientemente de las estrategias de las candidatas y los respectivos comandos, el resultado pareciera definido. En este sentido, luego del 15 de diciembre la Alianza tiene que empezar a revisar las causas del posible triunfo de la oposición, y hacerlo de verdad, no como la mayoría de la Concertación que constantemente eludió este debate cuando perdió Eduardo Frei en 2010, refugiándose en los buenos números que marcaba Michelle Bachelet en las encuestas.

Ante una eventual derrota, las responsabilidades son compartidas entre los partidos, directivas, dirigentes, candidatos, e incluso el Gobierno. Desde cualquier punto de vista, es una derrota que un Gobierno con buenas cifras macroeconómicas y de empleo, no pueda dar continuidad a su proyecto político, económico, y social y le termine entregando la banda presidencial a la oposición.

Habrá múltiples lecturas de lo que ocurra en segunda vuelta:que el electorado y el país se izquierdizó; que la baja aprobación del Presidente y del Gobierno influyó en el resultado presidencial; que el sector no estuvo lo suficientemente unido estos 4 años; que el desorden de la centroderecha para tener candidato repercutió negativamente en la elección o que el fenómeno Bachelet escapa al contexto político y el desprestigio de la Concertación.

Cualquiera sea la explicación que prime, revela de buena forma el actual momento del sector, la presentación de 2 candidatos que con anterioridad habían afirmado que se retiraban de la política: Longueira y Matthei.

Entonces, ¿para qué le sirve a la Alianza una segunda vuelta? Para aprovechar este momento sentando las bases de un proyecto político renovado y más amplio, y como una oportunidad de que aparezcan y se consoliden nuevos liderazgos al interior de la centroderecha, que sepan comprender mejor el actual momento social del país, que estén abiertos a consensuar los cambios que la sociedad plantea, y convencidos de que la forma de hacer política no es siempre a través del poder de veto.

En política siempre hay revanchas, y la primera será las elecciones municipales del 2016, en la cual la Alianza ya debiera comenzar a trabajar.

La ventaja que Bachelet tiene en las encuestas de opinión pública esconde profundas debilidades políticas y programáticas.

No sabemos con precisión hasta qué punto la falta de programa revela la falta de acuerdo político entre los actores y partidos al interior de la Nueva Mayoría, donde debe ser difícil dejar satisfechos desde el Partido Comunista, pasando por los ex dirigentes estudiantiles, hasta la Democracia Cristiana.Con el trabajo de las comisiones programáticas finalizado, la propia candidata ha señalado que ahora es ella quien tiene que tomar las decisiones sobre las principales definiciones.

En lo netamente programático, llama la atención el énfasis de la expresidenta por fortalecer el rol del Estado. Por ejemplo, propone para su gobierno tres nuevos ministerios: Cultura y Patrimonio, Mujer, y Asuntos Indígenas, así como la creación de dos universidades públicas regionales y cinco centros de formación técnica públicos regionales y el establecimiento de una AFP estatal, creyendo que más Estado resuelve los problemas de la sociedad.

Más Estado, no significa mejores instituciones para el país.No es que debamos tener un Estado mínimo, sino uno con el tamaño suficiente para enfrentar los retos que plantea la ciudadanía, pero promoviendo la iniciativa, la igualdad de oportunidades, el emprendimiento, y la libertad de todas las personas.Crear más ministerios no es sinónimo de reforzar la institucionalidad.

Si el diagnóstico está errado, es decir, creer en que aumentando el tamaño y rol del Estado se termina con la desigualdad, es lógico que las propuestas no sean las adecuadas.

De hecho, la Encuesta Bicentenario UC-Adimark 2012 refleja que entre diversas afirmaciones la sociedad chilena es más pro mercado que pro Estado, más de acuerdo con un Estado subsidiario que con un Estado benefactor, y más favorable a la eficiencia que a la igualdad, donde en general la mayoría afirma que el Estado tiene que focalizar su esfuerzo en los más pobres.

Aunque también reconoce estar más favor de la protección que del esfuerzo personal, esto no puede traducirse como que los chilenos quieren más Estado en sus vidas.

En la misma línea, en la reciente encuesta CEP las personas señalan que las dos causas más frecuentes de que las personas sean pobres son la falta de educación (52%), y la flojera y la falta de iniciativa (47%), y sólo el 11% afirma que es por malas políticas económicas o por falta de ayuda económica del gobierno.

Asimismo, las tres condiciones más importantes para el éxito económico de las personas son el trabajo responsable (48%), nivel educacional alcanzado (44%), y la iniciativa personal (36%).

Por último, la mayoría se ubica más cerca de la posición de que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas y no en el Estado.

En definitiva, los compromisos llenan de dudas a partidarios y opositores, tanto por la demora en el programa definitivo como por el contenido mismo de las propuestas.

En el fondo, si esos 50 compromisos significan las 50 primeras prioridades de gobierno, es que en realidad no hay ninguna prioridad. El problema de las expectativas con Bachelet ha comenzado.

Esta podría ser la explicación de que en la reciente encuesta del CEP, la ex Presidenta marcara un 64% de evaluación positiva, bajando 11 puntos en relación a diciembre del año pasado, y muy lejos del 85% que tenía cuando comenzó el gobierno de Sebastián Piñera.

Quizás lo único que debería agradecerle Bachelet a la Concertación es que desde el momento en que dejó La Moneda en 2010, le fueron despejando el camino de regreso.

Sin embargo, ante una elección presidencial con el record histórico de candidatos que se presentan, no basta con ganar en primera o segunda vuelta. Es fundamental que la persona que gobierne por los próximos 4 años sea capaz de enfrentar la crisis de representatividad y desconfianza que vive nuestro modelo político. En este sentido, importa mucho con quienes estará en el poder.

La Concertación es una marca desgastada y desprestigiada, que sólo el 17% de la población aprueba la forma como está desarrollando su labor, según la misma encuesta CEP, y que además es menos aprobaba que la coalición oficialista, situación que se ha mantenido desde inicios del actual Gobierno.

Así es difícil construir una mayoría que posibilite los cambios que Bachelet promete, y que enfrente las altas expectativas que parte de la ciudadanía se está haciendo.

Por ello la necesidad del cambio de nombre por Nueva Mayoría, que no es más que la plena inclusión del Partido Comunista a la histórica Concertación. No sólo de forma electoral sino que esencialmente en un pacto político, dejando atrás las omisiones que hizo la Concertación a favor del PC en las elecciones parlamentarias de 2009, o la lista en conjunto del PC con el PPD y el PRSD en las Municipales 2012.

Por todo lo anterior, los doblajes a los que aspira esta Nueva Mayoría son inciertos, partiendo porque hay voto voluntario. Además dependerán de cuánto Bachelet se involucre con su plantilla parlamentaria, con el riesgo de seguir bajando su imagen positiva en los próximos meses, donde una foto entre Michelle Bachelet y Guido Girardi es la mejor campaña posible para Evelyn Matthei.

Asimismo, de los 118 candidatos que presenta la lista Nueva Mayoría a la Cámara de Diputados, 45 de ellos son actualmente diputados, 8 fueron diputados anteriormente por al menos un período, 2 fueron senadores años atrás, hay 5 ex alcaldes, y 12 ex concejales.

De los 45 diputados, José Miguel Ortiz y Sergio Ojeda, ambos de la DC, aspiran a completar 28 años en el Congreso. Si tomamos en cuenta las elecciones para el Congreso hechas en 2009, hay 11 que fueron candidatos a diputado y perdieron, y 2 que fueron como candidatos a senador y también resultaron vencidos.

Asimismo, más de la mitad de aquellos que no son diputados actualmente se han presentado al menos a una elección de distinto tipo.

En resumen, Bachelet enfrenta una elección con amplia ventaja en las encuestas, pero tensionada desde diversos flancos.

Por una parte, la candidatura de Evelyn Matthei y los demás aspirantes a La Moneda, por otro lado, la ciudadanía expectante de que sus anuncios no sean sólo promesas, y también desde la propia Nueva Mayoría, que aspira con ella a volver al poder.

Lo único que queda claro a la luz de las encuestas, es que si resulta vencedora en noviembre o diciembre próximo, lo habrá hecho a pesar de la Concertación.

Ante el inminente triunfo de Bachelet, la DC no tuvo la capacidad de colocar segundo a su candidato. Algo impensado teniendo en cuenta que el partido actualmente posee 9 senadores, 19 diputados, y 56 alcaldes. Ninguna otra colectividad tiene más senadores o alcaldes hoy en día, y en cuanto a diputados solamente la UDI los supera.

La DC tuvo la opción inicial de elegir entre dos diferentes estrategias su papel en las elecciones presidenciales de este año. Por un lado, apoyar explícitamente la candidatura de Bachelet, donde las principales figuras del partido se alinearan detrás de ella pensando en las elecciones de 2017, o por otro lado, competir decididamente frente a la ex Presidenta lo cual consistía en movilizar en todo el país a los simpatizantes, militantes, dirigentes, y líderes del partido para lograr un buen resultado.

El partido optó por la segunda alternativa, por lo que inició un proceso el cual incluyó primarias internas en enero pasado entre Claudio Orrego y la senadora Ximena Rincón, con una participación de alrededor de 56 mil personas. Analizando los números de las primarias del 30 de junio la DC lo hizo mal, pero no por la opción escogida. La principal crítica que se puede hacer es que la mayoría de las autoridades que pertenecen al partido dejaron solo a Orrego. Si iban a competir, tenían que hacerlo de verdad, y eso no se notó.

Orrego en la primaria presidencial de la Nueva Mayoría obtuvo alrededor de 190 mil votos con el 8,9% del total, logrando el tercer lugar en el pacto. Lejos de Michelle Bachelet, quien sacó más de 1 millón y medio de votos que equivalen al 73%, y de Andrés Velasco, quien tuvo más del 13% de las preferencias con 278 mil votos. Fue tan malo el resultado para el candidato de la DC, que incluso Orrego estuvo más cerca del cuarto lugar de José Antonio Gómez con 81 mil votos de diferencia, que de la segunda posición de Velasco quien le sacó 88 mil de ventaja.

Este tercer lugar se puede explicar por el bajo apoyo que tuvo Orrego por parte de quienes tenían cargos de representación popular que son parte de la DC, y que justamente debieron ser la gran fortaleza de su candidatura frente a la carencia de estructura partidaria del independiente Andrés Velasco.

En primer lugar, donde había senadores en ejercicio de la DC, Orrego sacó sólo 1,65% más de votos en relación a las circunscripciones en las cuales no tenía senadores este partido.

Sin embargo, Velasco obtuvo 1,78% más de votos ocupando la misma distinción. Es más, de las 9 circunscripciones con presencia de senadores DC solamente en una Orrego se impuso a Velasco, con la exigua diferencia de 152 votos a favor.

En segundo lugar, donde había diputados en ejercicio de la DC, Orrego consiguió 2,17% menos de votos respecto a los distritos en los cuales no tenía diputados este partido.De los 19 distritos en donde hay un diputado DC, en sólo 5 de éstos logró tener más votos que Velasco, con una diferencia de menos de 1900 votos en total.

Y en tercer lugar, donde había alcaldes en ejercicio de la DC, Orrego obtuvo 3% más de votos en relación a las comunas donde no tenía alcaldes este partido. De las 56 comunas en manos de un alcalde DC, en 30 de éstas Orrego alcanzó más votos que Velasco, con 9 mil votos de diferencia en total.

En definitiva, Velasco la ganó a Orrego en 13 de 15 regiones, en 16 de 19 circunscripciones, en 51 de 60 distritos, y en 230 de 346 comunas del país. Fue un triunfo más que claro.

El bajo aporte en votos de los alcaldes y senadores en ejercicio de la DC, sumado al impacto negativo en votos de los distritos con diputados del mismo partido, ponen en jaque el liderazgo que el partido podría tener a nivel de la coalición, y al mismo tiempo quedan dudas respecto a su futuro.Quienes siendo DC no apoyaron decididamente al candidato de su colectividad, podrían haber cometido un gran error.

En el fondo, el gran problema que podría enfrentar la DC en los próximos años es que antes que ellos mismos se cuestionen su permanencia en el pacto político-electoral de la hoy llamada Nueva Mayoría, sea el resto de los partidos los que vean a la DC como un actor del cual se puede prescindir sin mayores problemas.

Algo que cada vez con mayor frecuencia está ocurriendo, lo cual habría sido impensado en la década de los noventa.