Por décadas la comunidad cultural de nuestro país ha pensado, conversado y debatido acerca de la necesidad de contar con una institucionalidad pública cultural del más alto nivel jerárquico, coherente, articulada y eficaz para abordar y dar respuesta a las urgencias, exigencias, complejidades, desafíos y tensiones de las dimensiones culturales de nuestra humanidad y de la vida en comunidad al extremo sur del mundo.

No ha sido fácil este camino. Hemos debido sortear legítimos o infundados miedos a la inadecuada conducción gubernamental que, en algunos sectores de la comunidad cultural y de la política chilena, suscitaba la creación de un Ministerio.

También, hemos debido convivir, comprender y superar los apegos a las identidades institucionales y las frecuentes  descalificaciones entre personas que laboran en entidades públicas de distintos campos de las artes, las culturas y el patrimonio.  Por cierto, hemos tenido que aprender a dialogar con sincero interés de escucharnos, sabiendo que tenemos que realizar mutuas concesiones para construir respuestas conjuntas.

Hemos vivido significativas experiencias de participación en diversos campos de la gestión pública cultural. Expresión de ello fueron los Cabildos Culturales, convocados por Claudio Di Girólamo, programa nacional  que tuve el honor de coordinar.También lo son los consejos consultivos nacionales y regionales, el Directorio Nacional y los consejos regionales del CNCA.

Relevantes, igualmente, la participación ciudadana en el Consejo de Monumentos Nacionales y en los consejos sectoriales de la Música, Audiovisual, Fomento Lector y Libro. Estas instancias y experiencias de participación nos han marcado a fuego. Sabemos que allí existe un rasgo esencial para una cultura democrática y una accionar del Estado eficaz y eficiente.

En días recientes, luego de un intenso y extenso trabajo de muchos(as), la Presidenta de la República firmó el Mensaje con la Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley para crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y  el Patrimonio. Esta denominación busca expresar el reconocimiento del Estado a nuestra diversidad cultural, incluido el reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios, conforme a la reflexión y propuestas de la Consulta Indígena realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre los meses de Septiembre de 2014, a  Mayo de 2015, en la cual participaron representantes de 2.051 organizaciones indígenas en los 16 encuentros regionales, y 212 representantes en el Encuentro Nacional.

Los principios que se proponen establecer para la aplicación de esta Ley y las tareas del Ministerio, el objeto de esta Secretaría de Estado, sus funciones, las tareas precisas de la Subsecretaría de las Artes, la existencia de una Subsecretaría especializada para el Patrimonio Cultural, las definición, integración y funciones de las instancias de participación ciudadana ( Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio), sus expresiones regionales ( Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio);la  creación del Consejo Asesor de Pueblos Originarios;  la creación de los sistemas de Museos, Bibliotecas y Archivos, el carácter de instituciones patrimoniales nacionales de la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, y los tres museos nacionales, la creación de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, el Fondo del Patrimonio Cultural , y un conjunto de otras materias, son el resultado del diálogo y trabajo, entre otros actores, de las asociaciones de funcionarios de la DIBAM, CNCA y el CMN.

Siempre es posible pensar y debatir acerca de cuáles son los mejores modelos institucionales para abordar los amplios y diversos ámbitos de la vida cultural de las personas y sus comunidades locales, regionales y nacionales.

Sin embargo, estoy profundamente convencida que el no estar de acuerdo con todos los contenidos de la Indicación Sustitutiva que se ha firmado, no autoriza a nadie para impedir que Chile cuente, por fin, con una Secretaría de Estado dedicada a las culturas, las artes y el patrimonio cultural. Menos aún si la indicación contempla aspectos centrales de lo trabajado por años. Y además si la indicación respeta los derechos y garantías laborales de quienes laboran en los servicios públicos involucrados.

Debemos recordar y recordarnos que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se crea para servir a Chile, a sus habitantes y comunidades, a sus culturas.

Es por ello que se proponen en la Ley un conjunto de principios.  El respeto a la diversidad cultural, la democracia cultural y participación ciudadana, el reconocimiento a las identidades territoriales, el reconocimiento cultural de los pueblos originarios, el patrimonio cultural como bien público, el respeto a la libertad y derechos de creación y la valoración social de creadores y cultores, son principios que se constituyen en esenciales para una gobernanza democrática en la gestión pública cultural.

Por todo ello el Estado de Chile- a través del Consejo de Monumentos Nacionales- declaró monumento nacional histórico a este Mercado, reconociendo y visibilizando este bien talquino e invitando a su preservación y valoración social.

Nada de esto fue comprendido por el Alcalde de Talca, Sr. Castro.Pero el Alcalde Castro fue más allá. No sólo no comprendió la relevancia histórica, social y cultural del Mercado de Talca. El Sr. Castro no ha hecho nada por contribuir a la conservación de este monumento nacional.

Pero aún, en estos años no quiso postular y solicitar recursos del Programa de Reconstrucción Patrimonial del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, fondo que apoyó la recuperación de bienes dañados por el terremoto del 27F; tampoco ha solicitado recursos al Fondo de Desarrollo Patrimonial del mismo Consejo de la Cultura.

El Sr. Castro ha podido obtener recursos del Estado para restaurar el Mercado de Talca y no ha querido hacerlo. Por el contrario, dejó en el abandono este patrimonio.

Pero no es la única barbaridad patrimonial del Alcalde. Quiso destruir el edificio de Escuelas Concentradas de Talca, se negó a que fueran declaradas monumento nacional e incluso ya declaradas trató de impedir sus efectos accionando ante tribunales.

Perdió, la Corte le obligó a respetar el carácter patrimonial de este edificio y le sentenció a adoptar las medidas para su recuperación. Han pasado meses y el Alcalde nada hace, a la fecha no ha presentado proyecto alguno al CMN para restaurar el edificio ¿qué dirá si llegara a ocurrir un nuevo siniestro, ahora en las Escuelas Concentradas?

El patrimonio cultural es un bien público. Es un espacio de conocimiento y reconocimiento de las personas y comunidades, de visibilización y dignificación del otro, de (re) construcción de identidades, de (re)creación de sentidos de pertenencia, de articulación de proyectos del futuro, de ejercicio de ciudadanía.

Como nos recordaba Fidel Sepúlveda, el patrimonio “es pasado presente en el presente.Es futuro presente en el presente. Es pasado y futuro como presencia presente en el presente, como universo de bienes tangibles e intangibles memorables (dignos de memoria), perdurables (dignos de permanencia), entrañables (sustentadores de vida y de sentido).”

Entonces, la definición actual de nuestro patrimonio cultural expresa una(s) mirada(s) – más o menos democráticas, complejas, plurales y diversas- sobre nuestro(s) pasado(s), sobre nuestra(s) convivencia(s) como comunidad(es) y país, pero también revela una mirada sobre nosotros(as) hoy y nuestro(s) deseo(s) de futuro, devela y es portador de nuestro(s) proyecto(s) de país, de ciudad, de región, de la comunidad que imaginamos ser.

Por ello es tan relevante que el Alcalde, a pesar de sus gustos o disgustos personales, cumpla lo que imperativamente le obliga la ley 17.288 que en su artículo 8 establece “las autoridades civiles, militares y de carabineros tendrán la obligación de cooperar con el cumplimiento de las funciones y resoluciones que adopte el Consejo, en relación con la conservación, el cuidado y la vigilancia de los Monumentos Nacionales.”

Esta Ley, que debe respetar el Alcalde, establece en su artículo 12º “si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas”.

El Mercado de Talca es propiedad del Municipio de Talca, no es del gobierno regional ni del gobierno central; por ende, el Alcalde- como máxima autoridad del municipio y representante legal de éste, está obligado a conservarlo debidamente.

El edificio Escuelas Concentradas de Talca es del Estado y conferido en comodato al Municipio por el MINEDUC, por tanto como comodatario debe cumplir la obligación de cuidado y conservación.

El citado artículo 12 establece que “la infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 38 de esta ley y de la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública”.

Más adelante, esta misma Ley dispone en su Artículo 38º “el que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”

Entonces, y después de tanta indolencia, omisión e incumplimiento del Alcalde Castro a las obligaciones que le impone la Ley 17.288, lo único esperable y exigible es que el Consejo de Monumentos Nacionales, en virtud del artículo 44 de la Ley 17.288, en cumplimiento de sus atribuciones, deberes y responsabilidades, solicite al tribunal civil competente la aplicación de las multas al Alcalde de Talca, Sr. Castro.

El silencio y falta de acción del Consejo de Monumentos Nacionales ante los Tribunales para sancionar el accionar del Alcalde de Talca sería incomprensible y grave. Por el contrario, la labor diligente del Consejo puede ayudar a proteger a los monumentos nacionales de la bella ciudad de Talca.

Ayer, en el acto de conmemoración del Golpe de Estado y de homenaje a las víctimas realizado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, mientras Nano Stern se acercaba al escenario para compartir su obra, varios asistentes me preguntaron quién era y luego estaban impactados por su calidad artística, lo mismo ocurrió cuando el teclado y la fresca e impactante voz de Pascuala Ilabaca (re) interpretó una obra de Víctor Jara. Solo Cecilia Echenique resultó – felizmente- conocida por (casi) todos(as) los(as) asistentes.

En los cursos de magíster y diplomados de gestión cultural en que imparto clases, suelo preguntar ¿cuál es la música chilena?, y es demasiado frecuente que un 50% de los(as) estudiantes responden que es la música de raíz folclórica.

Chile tiene miles de músicos. Hoy son muchos más que los poetas y escritores.Son jóvenes y adultos, incluso niños(as), creando y reinventando sonidos, textos, obras artísticas que recogen, son portadoras y hablan desde acervos diversos, con lenguajes distintos, que exigen formaciones académicas más o menos rigurosas, algunas conectadas a tradiciones populares que podrían ser definidas como propias, de nuestros pueblos originarios, otras conectadas a movimientos, escuelas y tradiciones de otros tiempos y latitudes, todas conformando una música chilena viva y vital, plural y compleja.

Toda esta creación y producción musical es manifestación y testimonio de la capacidad creadora en esta tierra al sur del mundo, de los sonidos milenario y actuales, de los silencios, de la armonía y desarmonía del mundo y de nosotros mismos, de nuestras emociones más profundas, de nuestra humanidad, de nuestra belleza y crueldad, de nuestros (des) encuentros, de nuestras locuras y pasiones, de nuestras tentaciones , de nuestra precariedad y soledad, de nuestra verdadera condición humana en este territorio geográfico y simbólico al final del mundo, entre la cordillera y el mar, entre desiertos, lluvias y hielos eternos.

Es una música que contiene algo de los olores, sonidos, paisajes, dolores, amores y desamores, historias y esperanzas de nuestra patria de la infancia como decía Gabriela Mistral, que nos hace sentir que estamos en casa cualquiera sea el lugar del mundo donde la escuchemos, y desde la cual queremos cantar, conversar, maravillarnos y conocer a otros seremos humanos del mundo, que es la patria de la humanidad.

En este mes tensionado, adolorido y esperanzado de septiembre, escuchando a Camila Moreno, Cecilia Echenique, Nano Stern y Pascuala Ilabaca, y con el recuerdo de Víctor Jara, Violeta Parra, Luis Advis, y el maestro Peña Hen, le suplico al Senado que haga posible que Chile conozca su música de verdad.

Que hagan lo que ya hace muchos años hacen otros países. El mercado ha mostrado que no es plural. Que no es capaz de visibilizar la diversidad artística y cultural chilena.

La Cámara de diputados de Chile hace años aprobó legislar para exigir que, a lo menos, un 20% de la música difundida por las radioemisoras sea aquella creada o interpretada por chilenos y chilenas. Septiembre es un extraordinario mes para que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado nos informe que ha puesto este Proyecto de Ley en Tabla para decidir y dar su respaldo a esta indispensable Ley.

Hoy lamentablemente, salvo notables excepciones – entre ellas la Radio Cooperativa- las radioemisoras de nuestro país ofrecen un estrecho o nulo espacio para la difusión de la música nacional.

Más aún, muchas veces creadores(as) e intérpretes chilenos(as) son difundidos en las radios porque resulta evidente que la ciudadanía los está escuchando por otros canales o vías.Otras tantas, a pesar de reiterados reconocimientos internacionales y el lugar relevante que ocupan en prestigiados escenarios del mundo, en las radios chilenas estos músicos no existen.

No podemos dejar de considerar el positivo efecto que han tenido legislaciones de cuotas consagradas en países como Argentina, Brasil, Francia y México, entre otros; allí donde se han consagrado espacios para que la ciudadanía pueda conocer a sus músicos y escuchar sus obras, se ha generado una conciencia de valoración de la creación de sus artistas y esas obras han contribuido a conformar nuevos imaginarios, nuevas referencias simbólicas y, también, han contribuido a constituir nuevos elementos identitarios o a reforzar y enriquecer los existentes.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado tiene la palabra.La música chilena espera.

Efectivamente nuestro país requiere que la sociedad y el Estado reconozcan y le den la máxima jerarquía política, institucional y jurídica a la cultura y al desarrollo cultural en toda su pluralidad y diversidad.

Y en nuestro ordenamiento jurídico institucional, al igual que en los demás países de Iberoamérica, ello ocurre cuando es un ministerio el responsable de diseñar, elaborar, ejecutar y evaluar políticas públicas. Sin duda que, un ministerio de la Cultura podrá con mayor relevancia política y cultural contribuir a instalar políticas públicas transversales que den cuenta de la dimensión cultural de nuestra vida personal y colectiva, contribuyendo a nuestro desarrollo integral como individuos, comunidades y país.

Un ministerio de Cultura que reconozca a las personas y comunidades como sujetos culturales y viabilice el ejercicio de los derechos culturales de esas personas y comunidades.

Un ministerio de Cultura pensado desde el reconocimiento a nuestra pluralidad y diversidad cultural, nuestra naturaleza multiétnica, nuestra diversidad geográfica y nuestras realidades e identidades regionales y locales.

Un ministerio de Cultura que efectivamente promueva y sea expresión de la participación ciudadana y no una mera utilización discursiva y distorsionada de una “ciudadanía” supuestamente representativa definida por obligados acuerdos políticos.

Un ministerio de Cultura que, para ser expresión y enriquecerse de la participación ciudadana, cuente con órganos colegiados de decisión sobre políticas públicas y otras materias relevantes, e integrados por personas efectivamente representativas de todo el país, de sus regiones, de sus pueblos originarios, de sus creadores y cultores, del mundo académico, de organizaciones culturales locales, regionales y nacionales, de personas y organizaciones dedicados a los temas patrimoniales en toda su amplitud y diversidad, de gestores culturales, etc.

Un ministerio de la Cultura que, para servir mejor a Chile, articule , fomente y posibilite un diálogo y trabajo mancomunado e interdisciplinario de profesionales y funcionarios públicos en general, desde y hacia los diversos ámbitos de la cultura y que garantice a este personal el respeto a su estatuto jurídico de funcionarios públicos, dé estabilidad, fomente, reconozca y valore sus aportes, contribuya a su perfeccionamiento y profesionalización, y ofrezca mecanismos claros y objetivos de ingreso a la carrera funcionaria.

Un ministerio de Cultura que, desde la profunda comprensión de la estrecha vinculación entre los procesos e instancias de la educación formal y la cultura, contemple desde su creación procedimientos para garantizar un trabajo articulado del Estado en este campo.

Un ministerio de la Cultura que asume la profunda vinculación entre naturaleza y cultura y por ende, se ocupa y preocupa del patrimonio natural y se articula con otros ministerios sectoriales para contribuir a la evaluación de los impactos culturales y desde el punto de vista del patrimonio natural de las políticas públicas sectoriales.

¿Es esto lo que ofrece y propone el Gobierno de Sebastián Piñera y su entonces ministro Cruz Coke? No pues, no es esto.

Lo que se ofrece al país es la creación de un mini ministerio, con un(a) Ministro, una subsecretaría, 15 Secretarías Regionales Ministeriales de Cultura, y un Consejo Nacional de la Cultura y el Patrimonio.

Toda la acción de ejecución de políticas y programas gubernamentales no serán tarea del Ministerio, pues corresponderán a dos servicios públicos descentralizados: Instituto de Fomento de las Artes e Industrias Culturales, y Dirección Nacional del Patrimonio Cultural.

Por cierto, la casi totalidad del personal no estará en el ministerio de Cultura pues integrararán alguno de los dos servicios públicos descentralizados que propone crear y que tendrán su asiento administrativo en el ministerio de Cultura.

Además de ser un ministerio pequeñito y sin capacidad y facultades para “ejecutar políticas y programas”,el órgano colegiado de participación ciudadana denominado CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO es un espacio peligrosamente restrictivo y no participativo.

En efecto, de once miembros sólo cuatro son personas destacadas ” de las áreas de la cultura y del patrimonio”, debiendo una de ellas estar vinculada al patrimonio cultural y otra a las artes e industrias culturales, nombrados por el (la) Presidente(a) de la República, con acuerdo de los 3/5 del senado.

Obviamente un Senado Binominal y un quórum tan alto como éste obligarán a “consensuar” estos cuatro nombres asegurando presencia de Gobierno y Oposición en igualdad de proporción, sin considerar la votación mayoritaria del país y llevará al examen de qué personas “son aceptadas” por el Senado para poder nombrarla. De ahí a la obsecuencia con el poder hay un paso.

En el Consejo propuesto por Piñera no existen representantes o personas representativas de los pueblos originarios; obvio, para el Gobierno de Derecha estos pueblos y sus culturas deben subsumirse en lo que ellos llaman “cultura chilena”.

Tampoco se considera la participación de personas representativas de las culturas y realidades regionales como si bastara para pensar, imaginar y soñar Chile desde Santiago y Valparaíso.

Las organizaciones culturales, en especial aquellas de carácter territorial y patrimonial, tampoco están consideradas en un Consejo que definirá las políticas públicas culturales del país.

Y las universidades públicas y privadas tradicionales son reducidas y tratadas al mismo nivel que cualquier otra universidad privada, debiendo todas ellas proponer dos académicos -uno vinculado a la gestión cultural y otro a las artes- para decisión presidencial. Aquí hay, finalmente, un desprecio a la relevancia histórica y cultural de las universidades que integran el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.

Por cierto, es un Consejo que tampoco se hace cargo de las dimensiones culturales de la realidad e identidad de Género.

Asimismo, es un Proyecto de Ley que omite, invisibiliza y “ningunea” a las expresiones de la cultura popular. Ello junto con reafirmar la vieja noción de identidad chilena como algo único, definido y construido , y no como un proceso histórico que da cuenta de una comunidad viva, heredera de acervos culturales y generando nuevos acervos culturales en diálogo con el mundo y las diversas comunidades que conforman Chile.

En cuanto a la estructura orgánica propuesta por el Mensaje Presidencial, es un Ministerio que deberá instruir para que ejecuten las políticas y diseñen y realicen programas a los dos servicios públicos descentralizados que se crean: uno para el “patrimonio cultural” y otro para “las artes y las industrias culturales”; con personería jurídica y patrimonio propio, con sus propias autoridades y funcionarios.

No se comparten edificios, oficinas, equipos, conocimientos y experiencias. Aquí no hay trabajo mancomunado, interdisciplinario e integral entre programas de desarrollo del arte con iniciativas gubernamentales de ciudadanía y cultura, por ejemplo de ejercicios colectivos de la memoria y definición patrimonial.

Es un proyecto que compartimenta y no articula temáticas y competencias profesionales.Peor aún, puede generar dinámicas de competencia entre los Seremis de Cultura y direcciones regionales del Instituto de Fomento de las Artes y las Industrias Culturales y de la Dirección del Patrimonio Cultural.

En cuanto al personal, todo sigue como hoy, y peor. Los funcionarios que hoy trabajan a contrata en la DIBAM , el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo de Monumentos Nacionales, siguen a contrata; los que están a honorarios, pasarán a honorarios, y los pocos que en el CNCA están en planta pasan en esta condición, al igual que los están en esta condición en la DIBAM.

¿Cómo es posible que, además de mantener la precariedad del empleo actual, el Proyecto pretende que todo el trabajo adicional que se deberá hacer por el Ministerio y por los dos servicios descentralizados se realice con las mismas plantas?

En todo Chile son miles los que creemos que Chile necesita un ministerio de Cultura para contribuir de mejor manera a poner la cultura en el centro del modelo y proyecto de desarrollo de nuestro país. Pero sabemos que el Proyecto del Gobierno es grave y peligrosamente deficitario.

No servirá a Chile en toda su diversidad y riqueza cultural. No permitirá una verdadera participación ciudadana.

Lo bueno del proyecto del Gobierno es que a todos nos pone de acuerdo en una cuestión básica: necesitamos un ministerio de Cultura. Ello es posible y necesario.Pero debe legislarse pensando en que este Ministerio debe reconocer y construirse desde la afirmación y valoración de nuestra pluralidad cultural, diversidad territorial, realidad multiétnica; con profundo respeto a los creadores y cultores, garantizando y promoviendo la efectiva participación ciudadana; con respeto y valoración a nuestras manifestaciones tradicionales y a la cultura(s) popular(es); con integración , interdisciplinariedad y trabajo mancomunado de las diversas disciplinas áreas y ámbitos de la cultura; con reconocimiento, estabilidad y participación de los funcionarios públicos y personal que hoy trabajo en la DIBAM, en el CNCA y el Consejo de Monumentos Nacionales.

El lunes 29 de julio, en el ex Congreso Nacional, algunos creadores, cultores y dirigentes gremiales serán invitados a dar su opinión ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios tienen una gran oportunidad de servir a Chile y a nuestra(s) cultura(s).

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados puede llevar adelante un maravilloso proceso de diálogo y debate en todas y cada una de las regiones, con creadores y cultores, gestores culturales, organizaciones culturales y sociales, universidades, expertos en patrimonio natural y cultural, funcionarios públicos de la DIBAM, CNCA y Consejo de Monumentos Nacionales, municipios, etc. para hacer el mejor ministerio de Cultura para nuestro país.

Lo que no hizo el Gobierno, hoy lo puede hacer la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Una Constitución generada y aprobada por una asamblea constituyente, con integrantes elegidos democráticamente, que efectivamente sea expresión y viabilice el urgente y éticamente impostergable proyecto histórico de democratización y de construcción de bases institucionales, económicas, sociales, educativas y culturales para lograr un desarrollo integral de nuestro país, en armonía y respeto con la naturaleza, y teniendo como finalidad el respeto a la dignidad y derechos humanos, los derechos civiles, sociales y políticos de cada uno y de todos los habitantes, de nuestras comunidades y pueblos de este territorio al sur del mundo

Una nueva Constitución política que de verdad fundamente, posibilite y promueva políticas culturales que sean expresión de una comprensión amplia, compleja y de a de veras de la cultura.

Una Constitución que entienda a la cultura como la forma de vivir, ser y estar de los seres humanos y las comunidades – en un tiempo histórico- en un territorio geográfico y simbólico; que es testimonio material e inmaterial de su capacidad creadora y transformadora y, al mismo tiempo, de una forma de construir y hacer humanidad en relación con la naturaleza; que es heredera de las huellas y memoria luminosa y dolorosa de otras personas y comunidades que le han antecedido, que refleja y fundamenta la visión de mundo, la conciencia de sí y del universo, sus creencias, sus valores y la capacidad de producción simbólica.

Una Constitución, por ende, que reconozca y releve el derecho a la cultura de las personas y las comunidades, como asimismo su calidad de sujetos culturales, creadoras de saberes, conocimientos, de bienes, obras y contenidos de representación simbólica, generadoras de prácticas culturales, de valores y formas de ser, estar y vivir en un territorio físico y simbólico.

Que reconozca y proteja la libertad de creación y expresión de cada uno(a), a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Que reconozca el valor del derecho y deber de memoria colectiva de las personas y comunidades y, por tanto, garantice instancias y mecanismo para los ejercicios de memoria para reescribir los relatos y memorias oficiales, para reconstruir identidades, y para identificar, poner en valor, acrecentar y apropiarse del patrimonio cultural en toda su diversidad, pluralidad y riqueza.

Una Carta fundamental que declare la naturaleza multicultural y multiétnica de Chile, y como una de sus consecuencias respete el derecho a la propia lengua y declare que son lenguas oficiales el castellano, el mapudungun, aymara, rapa nui y de el tratamiento de lenguas reconocidas por el Estado para la relación intercultural a otras lenguas vivas de nuestros pueblos originarios, junto con proteger y promover el conocimiento y valoración de sus culturas.

Una Constitución que valore las manifestaciones populares de las culturas y promueva diálogos interculturales respetuosos.

Una Carta fundamental que reconozca y asuma las dimensiones culturales de las políticas educacionales, comunicacionales, habitacionales, urbanísticas, productivas, de salud, medioambientales, migratorias, etc.

Y en virtud de todo lo anterior, establezca las responsabilidades, el rol y deberes del Estado y detalle las bases para una institucionalidad pública cultural comprensiva de esta visión y definición de lo cultural y que ubique a la cultura como fundamento general y esencial de toda la institucionalidad chilena, estableciendo mecanismos efectivos para acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.

En la Constitución Política del Dictador, aún vigente después de 23 años de recuperada la democracia, se dedica una oración de tres líneas a la cultura, en el numeral 25 del artículo 19°, y limitado al derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, esto es, la propiedad intelectual; y más adelante, cuando menciona la palabra cultura para incluirla como ámbito de preocupación de Gobiernos Regionales y Municipalidades, no les obliga a asumir responsabilidades en el desarrollo cultural y mucho menos a destinar algo de sus recursos a ello.

Nada dice sobre cultura el dictador constituyente cuando garantiza el derecho a la educación; por una parte, como sabemos no garantiza este derecho sino más bien el derecho a elegir el sistema educacional y por la otra, no reconoce la profunda vinculación entre cultura y educación.

Es una Constitución que niega nuestra diversidad y pluralidad cultural, y por el contrario afirma y sanciona el discurso excluyente de la derecha, cual es la supuesta homogeneidad étnica, cultural, religiosa y territorial de Chile.

La Constitución del Dictador fundamenta y pretende consolidar el discurso de una identidad chilena única, creada y constituida de una vez y para siempre; un discurso que nace desde la identificación del ser chileno con lo agrario de la zona central – definido desde un falso mundo rural pues es la invención que hace el dueño de fundo de lo campesino- , de una identificación del ser chileno con la historia gloriosa de lo militar y por tanto la asimilación de lo chileno a sus fuerzas armadas; una identificación del ser chileno con el catolicismo tradicional del siglo XIX y principios del siglo XX.

Simultáneamente, es una Constitución que deja entregado al mercado el destino de creadores y cultores, de las obras y la producción artística, de su difusión y circulación, y por cierto deja también entregado al mercado el acceso de las personas y comunidades a ello.

Es una Carta fundamental que nunca habla del derecho cultural de los habitantes, jamás usa el vocablo “comunidad”, nunca usa la palabra “memoria” y por cierto no dice una palabra sobre el derecho y deber de memoria de las personas y comunidades; y esto es obviamente porque su definición esencia es de memoria oficial construida, como recién lo reitera el Proyecto de Ley anunciado por el Gobierno y que crea el ministerio de Cultura.

Es una Constitución que se funda en un concepto de patrimonio cultural restrictivo, elitista, ilustrado, militar y católico; es una noción que se funda en la valoración del pasado “vivido” por una pequeña parte del país, que silencia la historia y vida del pueblo, y que omite y “ningunea” las manifestaciones populares de nuestra cultura.

Y es por ello que, – más allá del valioso aporte de cientos de profesionales y trabajadores de la cultura en todas las regiones, y de la honestidad y compromiso de creadores e intelectuales que han cumplido en años pasados cargos gubernamentales-, finalmente las políticas públicas culturales han sido y son coherentes, o están restringidas, por la Constitución de la Dictadura, aquella que consagra y da viabilidad histórica al modelo neoliberal de Pinochet y la derecha.

Son políticas subsidiarias y que, en definitiva, instan la inserción de los creadores y cultores en el “mercado” y la validación de las obras, saberes y producciones culturales en ese mercado, con sus códigos.

Son políticas que, inevitablemente, hablan y se ocupan de la “gestión eficiente” de ciertos espacios y de la “circulación” de ciertos bienes culturales.

Son políticas que miran a las personas y a la sociedad – no habla mucho de comunidades- como sujetos de derecho de “acceso al consumo” de bienes culturales, y definen que la creación de los contenidos culturales es una función exclusiva y excluyente de los artistas.

Y lo hace con gran ingenuidad. Ya quisieran los creadores tener las posibilidades reales de generar los contenidos simbólicos que impactan y van conformando el imaginario de la sociedad chilena. Eso en Chile lo hace la televisión.

Por el contrario, abordar los grandes y complejos desafíos del Chile de hoy, con voluntad de ser una sociedad verdaderamente democrática, multicultural y multiétnica, implica pensar una política cultural que se define desde una comprensión antropológica de la cultura, del cómo una comunidad habita un territorio geográfico y simbólico en un tiempo determinado, de una cultura que habla de una cosmovisión, de una cultura que tiene un pasado que no ha pasado como decía Octavio Paz.

Una política que reconoce que cada persona y cada comunidad son sujetos culturales y por ende tiene derechos culturales.

Una política que define como esencial la naturaleza y la relación humana con ella, una relación de respeto, uso y no abuso de aquella.

Una política cultural que reconoce y, por fin asume – lo que aún no ha hecho Chile-, que su historia de los siglos XIX y XX es de negación de sus orígenes étnicos, de negación de su larga historia- historia que no se inicia con la llegada del conquistador español -, de silenciamiento de las culturas populares, y de instalación absoluta de la comprensión de lo cultural desde las lógicas de la Ilustración y de concepciones colonialistas, ajenas, europeizantes del conocimiento y la cultura en general.

Necesitamos pensar políticas públicas que contribuyan en el esfuerzo país de re-mirarse, construir y reconstruir su relato histórico, de reconocerse y valorarse en todas sus culturas, pueblos, etnias y comunidades.

Esto implica darle valor a contenidos y formas ancestrales de conocimiento, implica poner en tensión crítica los conocimientos, prácticas y lenguajes legados por la Colonia y los imperialismos del siglo XX y del neoliberalismo.

Y por cierto implica, insoslayablemente, pensar y crear un nuevo ordenamiento para los medios de comunicación masivos, sobre todo de la televisión chilena  y, en el caso de los medios radiales, valorando el esfuerzo de destacadas emisoras pero , también, asumiendo los complejos procesos de concentración de la propiedad ocurridos los últimos 15 años,  fortalecer los instrumentos que permitan la existencias de una pluralidad de propuestas y el respeto a la diversidad territorial y cultural de Chile.

Sí. Para nuevas políticas culturales, también, es fundamental superar la constitución del Dictador, y generar democráticamente una nueva Carta Fundamental para Chile.

A pesar del respaldo de 6.736 firmas de talquinos(as) a la solicitud presentada por la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Carlos Salinas Lagos, Doña Gladys Núñez, por doña Carmen Herrera en representación de los docentes de la misma Escuela y por el arquitecto Juan Carlos Araya, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales guarda silencio, no resuelve declarar y proteger este inmueble de tanto valor histórico, social, educacional, cultural y urbanístico de la capital de la Región del Maule.

Y este silencio es peligrosamente cómplice de la barbárica amenaza alcaldicia. El Alcalde Sr. Castro, en pleno siglo XXI, como patrón de fundo, avisa que autorizará la demolición del edificio construido como respuesta a la destrucción ocasionada por el terremoto de Chillán del año ’39 , para constituirse en un espacio señero de la educación pública chilena, en especial, de la educación pública talquina.

Las Escuelas Concentradas, ubicadas en el corazón cívico de Talca, han recibido a varias generaciones de talquinos y maulinos y les ha colaborado en el descubrimiento de las letras, los números, la ciencia, la historia, el arte, la literatura; ha sido un espacio prestigiado de aprendizaje democrático, laico, plural y, también, un lugar de encuentro ciudadano y de creación de ciudadanía.

Los seres humanos necesitamos construir sentidos de pertenencia, requerimos reconocernos como personas y como comunidades en determinadas manifestaciones y prácticas culturales, en ciertas formas de mirar el mundo, en una manera de habitar el territorio, construir ciudad, en nuestra habla, sonidos, imágenes, formas de preparar los alimentos, en ciertas formas de celebrar, en los ritos, en los espacios de encuentro, de aprendizaje, en los espacios y formas de vivir la fe, etc. Tenemos el derecho y deber de recordar lo que hemos sido para construir proyectos de futuro.

Las Escuelas Concentradas son parte de la memoria profunda de la comunidad talquina; en ese edificio, en esas aulas y en esos patios se encuentran las huellas de los tatarabuelos(as), bisabuelos(as), abuelos(as), padres, madres, jóvenes y niños(as), y de cientos de maestros(as) que compartieron sus saberes y acompañaron a descubrir conocimientos para crear nuevo conocimiento.

Pero también, este edificio es una referencia arquitectónica y urbanística fundamental de Talca. Lo es más aún después de tanta destrucción causada por el terremoto 27F.

¿Cómo es posible que una autoridad local, con el silencio del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, pueda destruir impunemente otro pedazo de la memoria y el patrimonio talquino?

¿Cómo es posible que un señor, despreciando la historia educacional chilena, ponga una lápida a un edificio y a una institución emblemáticos de nuestra educación pública?

Las Escuelas Concentradas es un presente y un pasado que no ha pasado, como dice Octavio Paz, y en palabras del filólogo y esteta Fidel Sepúlveda, es un lugar “digno de recordar, digno de permanecer, digno de proteger para futuras generaciones”, por eso es patrimonio cultural.

Nada puedo esperar del Alcalde de Talca. Sí puedo y debo esperar una rápida y eficaz respuesta del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. Y lo hago porque ninguna autoridad cultural puede guardar silencio ante la petición de miles de talquinos(as) de que Las Escuelas Concentradas sean declaradas monumento nacional y protegidas como tal.

En el Siglo XX surge, en el contexto de una preocupación internacional por “lo patrimonial” asociado a bienes inmuebles, la Ley de Monumentos Nacionales.

Esta ley 17.288, dictada el año 1925, y modificada el año 1970, significó un gran avance en la comprensión de la responsabilidad del Estado en la protección del patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico. Y en su articulado estableció la facultad del Estado de Declarar Monumentos Nacionales para su valoración, puesta en valor, conservación y conocimiento de la ciudadanía, señalando que podrían ser Monumentos Nacionales “lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales…”, “… los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo”.

La solicitud de Talca, que aún no resuelve el Consejo, es un ejercicio ciudadano del derecho de memoria que reconoce la Ley 17.288, y el CNMN tiene el deber legal de respetar ese ejercicio de memoria.

Cuidado con lo que se dice y se hace en esta materia.

El excesivo amor al Sr. Labbé de las autoridades de la Corporación Cultural, en especial del Gerente General – de absoluta confianza del anterior alcalde-, les está llevando a desconocer la naturaleza, el origen y el objetivo de las corporaciones culturales municipales. Y con ello, a poner en serio riesgo la voluntad futura de los alcaldes y concejos municipales para crear y mantener estas corporaciones, hoy denominadas Asociaciones según la nueva Ley 20.500.

La Corporación Cultural de Providencia, creada el año 1982, al igual que todas las demás corporaciones culturales comunales, fue constituida por voluntad de la máxima autoridad municipal, formalizada mediante decreto alcaldicio. No surgió porque un grupo de amigos y empresas se reunió e invitó al alcalde, y luego le pidió que “pusiera un poco de plata”.

¿Por qué, para qué y cómo participan los municipios en corporaciones culturales como las de Providencia, Ñuñoa y cientos de comunas?

La Constitución Política establece que “la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo” (107, Inc. 1°).

Agrega que la ley orgánica constitucional definirá las formas y modalidades en que participará la comunidad local en las actividades del municipio (107, Inc. 2°). En su inciso 4° establece con claridad la finalidad o misión del municipio: “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.”

Para este propósito, dicho artículo, en el inciso 6° autoriza a los municipios a asociarse entre ellas, y a “constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.”

La Ley 18.695, L.O.C. Sobre Municipalidades, en su artículo 1°, inciso segundo define la naturaleza jurídica de las municipalidades estableciendo que son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar la participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”.

Los artículos 3° y 4° son fundamentales para concluir la responsabilidad y facultad de los municipios en el campo del desarrollo cultural. En su letra c) el artículo 3° dispone como función privativa (exclusiva) del municipio “la promoción del desarrollo comunitario”, y la letra a) del 4° autoriza a las municipales para desarrollar directamente o en conjunto con otros órganos de la administración del estado, funciones relacionadas con la educación y la cultura.

Concordante con estas disposiciones y las normas constitucionales, el artículo 5° autoriza a las municipalidades para “constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura” (letra i) y a “otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones.” (letra g).

El artículo 127 reitera este derecho, facultad y atribución municipal individual o en conjunto con otras municipalidades de “constituir o participar en corporaciones y fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura”.

Agrega que para su constitución y funcionamiento se regirán por las normas del Título XXXIII del Código Civil, sin perjuicio de las normas especiales de la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades.

Y no basta la sola voluntad del Alcalde para crear una corporación cultural municipal.

De conformidad con el artículo 79, el Concejo Municipal debe aprobar la participación municipal en “asociaciones, corporaciones o fundaciones”(letra f), norma reiterada por el inciso segundo del artículo 128 de esta misma Ley.

Además tiene facultades para “elegir, en un solo acto, a los integrantes del directorio que le corresponda designar a la municipalidad en cada corporación o fundación en que tenga participación, cualquiera sea el carácter de ésta o aquélla. Estos directores informarán al concejo acerca de su gestión, como asimismo acerca de la marcha de la corporación o fundación de cuyo directorio formen parte”(artículo 79, letra i) y pueden pedir informes a empresas, corporaciones y fundaciones que reciban subvenciones y aportes municipales (artículo 79, letra j).

Por tanto, es el Concejo el que decide que algunos de sus integrantes o bien personas destacadas de la cultura, de la comunidad local u otros participen en el directorio de la Corporación.

Es ese mismo Concejo el que, al aprobar la creación de la Corporación y sus estatutos, decide que la Corporación tendrá como socios a representantes de la comunidad: juntas de vecinos, uniones comunales, centros culturales, universidades, creadores, cultores, etc. Dicho Concejo busca la participación pero no olvida la naturaleza y origen de esta institución que no es otra que trabajar en la finalidad de contribuir al desarrollo cultural de la comuna, tarea que tiene que cumplir el Municipio directamente o a través de esta Corporación.

El Concejo, asimismo, de acuerdo al artículo 65, debe dar su aprobación al Presupuesto Municipal, incluidas subvenciones a corporaciones y fundaciones; subvenciones y aportes autorizadas jurídicamente por lo dispuesto en el artículo 130.

Junto con ello, el artículo 67 obliga al alcalde a dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes de Abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad, incluido según la letra e) “los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones y fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades”.

Por su parte, y sin perjuicio del derecho del Concejo a pedir informes, las corporaciones y fundaciones de participación municipal deben semestralmente rendir cuenta documentada a la Municipalidad respecto de sus actividades y el uso de los recursos (Art. 130).

En cuanto a la fiscalización de corporaciones (asociaciones) y fundaciones, además de facultades del Concejo y de la Unidad de Control Municipal, tiene competencias la Contraloría General de la República (Art. 134).

Entonces, la Corporación Cultural de Providencia, creada por decisión del Municipio de esa comuna, de conformidad a la Ley, actúa con un presupuesto anual que se financia centralmente con aportes municipales, está sometida a la Constitución Política, a la Ley Orgánica de Municipalidades y a las normas y procedimientos de fiscalización y control del municipio y de la Contraloría General de la República.

Por ello, es evidente que el nuevo Concejo Municipal y la Alcaldesa deben nombrar a quienes les representarán como miembros del Directorio.La Alcaldesa debe presidir dicho Directorio y es la representante legal de la corporación, sin perjuicio de la existencia de un(a) Director(a) o Secretario(a) Ejecutivo(a), a quien se le deleguen ciertas facultades.

El Concejo Municipal, a propuesta de la Alcaldesa, debe aprobar o rechazar las subvenciones y artes que hará a la Corporación y ésta debe rendir cuenta semestral al Concejo, entre otras obligaciones.

La rebelión de las viejas autoridades de la Corporación Cultural de Providencia carece de fundamento jurídico. Carece de legitimidad democrática. Carece de legitimidad cultural y ciudadana.

Aceptar y avalar la rebelión de estas viejas autoridades es éticamente inaceptable pues las nuevas autoridades fueron elegidas en un proceso democrático y su accionar se ajusta al derecho; además, encierra un grave riesgo para la comunidad cultural.

Muchos(as) autoridades edilicias elegidas por sus comunidades dudarán bastante antes de crear una corporación (asociación) cultural municipal y otorgarle recursos. Legítimamente pueden pensar que el día de mañana dicha institución renegará de una cuestión básica: cómo surgieron, para qué surgieron, cómo se eligen sus autoridades y cómo se financian.

Y estoy sorprendida. Lo estoy pues, al contrario de lo informado por la Sra. Krebs, la revista Patrimonio Cultural , creada el año 1995 por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos – DIBAM- por decisión de su entonces directora Marta Cruz-Coke y con la activa participación de la escritora, académica y Premio Nacional de Periodismo Faride Zerán, dedicó no sólo significativas páginas a la reflexión, conocimiento y valoración del patrimonio natural sino que dedicó íntegramente algunas ediciones de la revista a ello.

Asimismo, a lo largo de sus 15 años de existencia, esta publicación abordó muy amplios y diversos temas y problemáticas del patrimonio cultural material e inmaterial; entre otros relevantes el lenguaje, pueblos originarios y patrimonio, el patrimonio fotográfico, industrial, artístico, literario, gastronómico, arquitectónico, gráfico,etc.

Intencionadamente invitó a reflexionar sobre ciudadanía, memoria y patrimonio; ciudad y patrimonio; identidad, territorio y patrimonio; religiosidad y patrimonio; cultura popular y cultura tradicional, saberes, oficios, ritos y prácticas culturales; museos como espacios y testimonios de ejercicios de memoria; arte y patrimonio; el poder y la definición de lo patrimonial como asimismo el patrimonio histórico como manifestación del ejercicio del poder hegemónico en un país, en particular en Chile.

La revista Patrimonio Cultural invitó a debatir en definitiva sobre el concepto tradicional de patrimonio cultural, contribuyendo a complejizar, ampliar y democratizar su definición, promoviendo el respeto y valoración de manifestaciones de la cultura popular y tradicional de nuestro país, reconociendo y estimulando la participación ciudadana en la definición y puesta en valor de lo patrimonial, y reinstalando el patrimonio como espacio e instrumento de (re)construcción de una comunidad imaginada de país.

Esta publicación, sin duda, contribuyó a visibilizar la compleja relación entre los discursos de identidad y “chilenidad” y el concepto del patrimonio cultural hegemónico en la sociedad y el Estado de Chile en los siglos XIX y XX.

La publicación cultural que ha sepultado la Sra. Krebs, abrió y se constituyó en un espacio libertario, plural, democrático, crítico y respetuoso de debate y reflexión cultural.

Y lo hizo constituyéndose en sí misma en un objeto cultural; con una estética muy singular, gran formato, bellas imágenes, uso del blanco y negro, los espacios vacíos y el diseño de textos que comunicaban libertad, y sus provocadoras y atractivas portadas, que de inmediato abrían preguntas, debates y conversaciones. Era una revista creada por una institución del Estado pero no era una revista institucional.

Era una revista financiada por el Estado pero invitaba con absoluta libertad a pensar, dialogar y criticar el propio accionar del Estado.

Este gran esfuerzo de apertura conceptual de lo patrimonial desplegado por la revista Patrimonio Cultural ,sin duda, fue posible por la activa participación en su Comité Editorial de destacados profesionales, académicos e investigadores, y del compromiso de quienes nos correspondió a lo largo de esos 15 años cumplir las funciones de directora de la DIBAM.

En mi caso, agradezco públicamente a quienes cumplieron esta noble tarea, de manera absolutamente gratuita, en el período que fui Directora; me refiero a Ricardo Abuauad, José Bengoa, Marta Cruz Coke, Diamela Eltit, Humberto Giannini, Ramón Griffero, Pedro Güell, Marta Lagos, Pedro Milos, Jorge Montealegre, Micaela Navarrete y Pedro Pablo Zegers.

Al terminar con la revista Patrimonio Cultural y crear una nueva revista, de tamaño carpeta de oficina, con un comité editorial absolutamente institucional pues todos sus integrantes son funcionarios de confianza de la actual Directora, el gobierno de Derecha intenta, pienso, aplastar un debate cultural y político impostergable en torno a lo patrimonial. Intenta terminar con un espacio libertario de reflexión fundamental para una cultura democrática, plural, multicultural y multiétnica.

Por la relevancia de este gesto cultural de la Sra. Krebs imagino que quien tenga el honor de dirigir la DIBAM en un próximo gobierno, deberá realizar el gesto cultural de rescatar y reponer la revista Patrimonio Cultural, y contribuir a que tenga aún mayor impacto social y cultural.

Las críticas de Magdalena Krebs al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, a mi juicio, develan una discrepancia muy profunda que aún existe en nuestra sociedad y en las autoridades que laboran en el campo cultural, respecto de la naturaleza y misión de los museos.

Sus dichos, en definitiva, expresan la reivindicación actual de un sector de la sociedad chilena que históricamente ha tenido la hegemonía del discurso patrimonial y del espacio museístico; un discurso conservador y excluyente.

Es una reivindicación tardía, aparece en el siglo XXI, en un período histórico de grandes tensiones, cuestionamientos y reconceptualizaciones del museo como institución cultural y de lo que debe entenderse por patrimonio cultural.

Es una reivindicación tardía, además, porque surge en un contexto de significativas manifestaciones de reclamo social por una mayor participación ciudadana y democratización de las instituciones para la instalación y desarrollo de un proyecto de país más equitativo, inclusivo, y respetuoso de la diversidad y pluralidad cultural.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) releva y destaca la misión social del museo al declarar que “… es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente”. (Art. 2, Declaración ICOM).

Por su parte, la Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de los países de Iberoamérica realizada en Chile el año 2007, ratifica la Declaración de Ibermuseos de Salvador de Bahía, relevando “ el importante papel de los museos en la salvaguarda del derecho a la apropiación creativa de la memoria y del patrimonio como parte de los derechos socioculturales de todos los ciudadanos Iberoamericanos”, y agrega que comprende “ los museos como prácticas sociales relevantes para el desarrollo compartido, como lugares de representación de la diversidad cultural de los pueblos Iberoamericanos, que comparten en el presente memorias del pasado y que quieren construir juntos otra vía de acceso al futuro, con más justicia, armonía, solidaridad, libertad, paz, dignidad y derechos humanos”.

La Declaración de Salvador de Bahía, suscrita por nuestro país, insta a los estados a adoptar políticas públicas que permitan:

a) “Asegurar que los museos sean territorios de salvaguarda y difusión de valores democráticos y de ciudadanía, colocados a servicio de la sociedad, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento y la manifestación de las identidades, la percepción crítica y reflexiva de la realidad, la producción de conocimientos, la promoción de la dignidad humana y oportunidades de esparcimiento”.

b) “Comprender el proceso museológico como ejercicio de lectura del mundo que posibilita a los sujetos sociales la capacidad de interpretar y transformar la realidad para la construcción de una ciudadanía democrática y cultural, propiciando la participación activa da la comunidad en el diseño de políticas museísticas”.

c) “Garantizar el derecho a la memoria de grupos y movimientos sociales y apoyar acciones de apropiación social del patrimonio y de valorización de los distintos tipos de museos, como museos comunitarios, ecomuseos, museos de territorio, museos locales, museos memoriales (resistencia y derechos humanos) y otros.”

En nuestro país existen alrededor de 250 museos, algunos de ellos pertenecen a entidades universitarias como es el caso del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), otros a instituciones privadas como es el caso del Museo de Arte Precolombino, y la mayoría a municipios.

Los tres principales museos de Chile son públicos e integran la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a los cuales se suman 19 museos regionales y 4 museos especializados.

Los museos nacionales surgen y se consolidan en el siglo 19 y comienzos del siglo 20, respondiendo a la profunda vocación de la elite política, económica, cultural y militar gobernante, acerca de la necesidad de fortalecer el sentido de unidad y pertenencia nacional, y avanzar en el proceso de formación de nuevas generaciones dirigentes.

Este esfuerzo se inscribe en un proyecto más global de construcción de un país unitario, culturalmente homogéneo y socialmente controlado. Desde el discurso público se construye una sola memoria, se relevan ciertos actores sociales y determinadas prácticas sociales, y se priorizan determinados ámbitos y materias desde el punto de vista de la investigación científica y social.

Lo anterior explica la naturaleza marcadamente “institucional” de colecciones y museografías, la uniformidad estética de los museos de arte y su escaso diálogo con nuevas tendencias en el campo de las artes visuales, y el sello coleccionista de museos de historia natural.

Mayoritariamente en nuestros museos, el pueblo y lo popular quedó fuera de su consideración, la multiculturalidad fue omitida, y el discurso de la biodiversidad y ecología para un desarrollo sustentable no existían.

A partir de la década de los 60, algunos museos como el de Bellas Artes, enfrentan el desafío de la comunidad académica y artística para ampliar sus horizontes y en ese contexto se verifican acciones de arte muy significativas. Asimismo, en el Museo Nacional de Historia Natural se impulsan procesos muy relevantes de reconceptualización museológica, en donde la investigación y la relación con la comunidad, en especial los jóvenes, otorgan sentido a la valiosa colección que el Museo preserva.

Es justamente la Directora del MNHN, junto a otros profesionales, los que despliegan un esfuerzo con efectos hasta hoy en el campo de los museos; me refiero al encuentro y declaración de la Mesa de Santiago. Ya en 1965 se había conformado el ICOM Chile lo cual por cierto tiene grandes implicancias en este proceso de renovación teórica y de las prácticas museísticas.

Solo a fines de los ’90, en nuestro país los museos adquieren una mayor presencia en el imaginario colectivo y en el discurso público como un espacio cultural relevante, y justamente la DIBAM – en especial la Subdirección de Museos- ha tenido un rol decisivo en este proceso. Museos comprendidos, por cierto, como instituciones que:

a) recogen, valoran y difunden la memoria plural y diversa de nuestro país;

b) investigan, conservan y difunden parte significativa de nuestro patrimonio natural y cultural, el cual es diverso y plural;

c) hablan desde la afirmación de nuestros orígenes precolombinos, que no silencian la complejidad, violencia y discriminaciones que hemos vivido en nuestra corta o larga historia;

d) tienen como centro establecer la dinámica de comunicación que permita un encuentro íntegro de cada persona con los objetos contextualizados, y no el culto a los objetos de la colección;

e) museos de arte que, junto con conservar y difundir colecciones, son un actor fundamental en el necesario proceso de reflexión artística y de divulgación de propuestas actuales.

El que exista un Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos en Chile hoy es expresión de esta nueva e indispensable comprensión de la misión y naturaleza del museo como espacio de visibilización de la memoria luminosa y dolorosa de la sociedad chilena, como espacio de ejercicio del derecho y deber de memoria que tiene cada ser humano y cada comunidad, como espacio cultural que contribuye a conocer y reconocerse en un relato histórico más complejo y plural del país, como una instancia de educación para el respeto a la vida, integridad y dignidad de las personas, y aprendizaje para un compromiso profundo de todas y cada una de las personas con los derechos humanos, como institución que contribuye al proyecto democrático de convivencia.

La directora de la Dibam no puede obviar que es un imperativo intelectual, ético y social comprender y trabajar con un concepto profundo, integral, complejo e inclusivo de patrimonio cultural; esto es, asumir en toda su envergadura que constituyen patrimonio cultural una diversidad de bienes, oficios, prácticas y representaciones simbólicas.

Ojalá este Museo no hubiera sido necesario. Pero las violaciones a los derechos humanos existieron, no como excesos, si no como una política sistemática de la dictadura militar.

Y por ello existe este Museo, iniciativa en la que la Dibam aportó con su valiosa experiencia y calificación profesional. Existe como espacio de ejercicio del derecho y deber de memoria, para educar en el respeto a la vida y dignidad de cada ser humano, como reconocimiento y reparación de parte del daño a las víctimas y sus familias.

Sinceramente invito a Magdalena a intentar con humildad a comprender esta cuestión esencial.

Poco después sorprendidos le vimos y escuchamos en televisión o le leímos en diarios de circulación nacional: sorprendidos pues en vez de invitarnos a visitar la Feria Internacional del Libro de Santiago nos desalentaba, destacando algunas insuficiencias que él identificaba en su programa cultural.

Soy una asidua visitante de FILSA y debo confesar que sus declaraciones me hicieron dudar bastante sobre concurrir o no a la Estación Mapocho; finalmente fui y aproveché de comprar libros, además de asistir a algunas actividades programadas.

Y también ahora estoy profundamente sorprendida e impactada por el Sr. Infante. Lo cierto es que no debiera sorprenderme desde el día en que me retiró el saludo, aparentemente por los resultados de la segunda etapa del programa Maletín Literario, etapa en la cual las postulaciones de empresas de propiedad de Arturo Infante no ganaron la licitación.

Debo reconocer que fue doloroso vivir la experiencia de enojo conmigo de éste y otros dos importantes gerentes de editoriales que operan también en Chile.

Fue doloroso porque les conocía por años, habíamos estado juntos en el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y cuando cumplí labores como gerente corporativa de la Cámara y me habían manifestado su alegría por mi llegada a la DIBAM.

Pero en fin, por el Maletín Literario el actual presidente de la Cámara Chilena del Libro y otros editores no me saludaron más y menos aún me invitaron a sus cenas anuales.

Duermo tranquila sabiendo que nada hice, ni nada nunca haré para modificar resultados de licitaciones.

No debiera sorprenderme digo, pero me sorprendo con la reciente decisión del presidente Infante. El día 23 de diciembre, un día antes de la navidad, les comunicó el despido a María Isabel Morillas y dos profesionales más que laboran en la Cámara.

Así, sin más, después de trabajar 13 años como gerente de PROLIBRO, sociedad de la Cámara, se despide a una profesional fundamental en el desarrollo de FILSA y se le indica como causal “Necesidades de Funcionamiento de la Empresa”, sin perjuicio de contratar sólo días después a otra persona para realizar exactamente las mismas funciones que cumplía la profesional despedida.

Entonces, alguien no leyó bien el Código del Trabajo o simplemente no comprende lo que lee y, tarde o temprano, la ley tendrá que interpretarse bien.

El temor al despido, la tristeza y desilusión se han instalado a fondo en los profesionales y trabajadores de la Cámara Chilena del Libro. ¿Quién será despedido en los próximos días?, ¿serán también despedidos todos quienes vienen trabajando por años y que naturalmente fueron contratados cuando Infante no era presidente pero sí era director? No se sabe, todo puede ser.

Todo puede ocurrir después de despedir sin razón a María Isabel Morillas, una mujer y profesional de lujo con la cual tuve el privilegio de trabajar casi cuatro años en esa institución gremial, y que tan lealmente ha velado por el desarrollo de la industria editorial en Chile y por el fortalecimiento de FILSA.

Una mujer creativa, eficiente, veraz, honesta, eficaz, y con gran don para generar vínculos de afecto y colaboración en el mundo cultural.

Todo puede ocurrir después de la decisión del Sr. Infante de suspender la Feria del Libro del Parque Forestal, tan valorada por el público y los socios de la Cámara.

Sinceramente espero, por el bien de la Cámara Chilena del Libro, que los(as) socios(as) – incluidos los que votaron por Arturo Infante- manifiesten su disconformidad con estas graves decisiones que ponen en riesgo FILSA y otros valiosos programas de su asociación.

Cientos de funcionarios despedidos el 2010 y el Directorio guardó silencio.

Murió Galia Díaz en el accidente del Archipiélago de Juan Fernández, funcionaria que había denunciado un reiterado acoso laboral y el Directorio no dijo nada.

¿Qué ocurre allí que explica el inexplicable silencio del órgano colegiado del CNCA?

Súper simple y sencillo. De once integrantes del Directorio Nacional, sólo dos – además del Ministro- son creadores; cuatro directores son funcionarios de confianza política del Gobierno y cinco de ellos claramente se identifican con la derecha gobernante; a lo menos tres directores – sin contar los funcionarios de gobierno- están vinculados a la empresa privada.

Saque la cuenta usted. ¿Cuándo así el Directorio iba a decir algo contra el Ministro por tanto autoritarismo en su gestión?

Pero, ¿cómo ocurrió esto? Simple. Se legisló mal. Un servicio público descentralizado como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, creativamente y a buena hora incluyó un órgano colegiado de definición de políticas.

Sin embargo, por la obsesiva lógica de “gobernar en consenso con la derecha” y no imaginando que la Derecha sería Gobierno, se legisló – a propuesta del Gobierno de la época- una composición que casi elimina la presencia de creadores y cultores, da preferencias a las instituciones, releva la presencia del mundo privado, incluyendo a universidades privadas. Allí se encuentra una concepción privatizadora e “ilustrada” de la cultura, miedosa de la “subversión” de los creadores y descalificadora de la “cultura popular”.

Asumo mi cuota de responsabilidad en este curioso engendro, aun cuando no estaba en el Gobierno en esa época, y espero que con humildad lo hagan otros personeros del Gobierno del Presidente Lagos.

Creo que es imperioso que toda la oposición reconozca su profundo error en esta materia.

Y es indispensable que los creadores y cultores exijan en el futuro las necesarias reformas legales para dotar a este Directorio de una verdadera y plural representación de los diversos mundos creadores y culturales de nuestro país.

No tengo dudas que un directorio integrado por una mayoría de creadores y cultores habría levantado la voz públicamente para exigir un trato digno a los trabajadores del Consejo, habría intervenido para impedir tantos despidos y habría reclamado en contra de tanta ineficiencia en la gestión de los fondos públicos.

Y como los plazos de término de postulación fijados en principio para septiembre de este año concluían y demasiados creadores y gestores no habían podido postular, el ministro Cruz Coke – inventando que hay muchos interesados- ha prorrogado en reiteradas oportunidades el plazo de cierre de las postulaciones a Octubre, luego a Noviembre y ahora al 02 de Diciembre.

Lo que el ministro ha ocultado es que es un ineficiente. Sí, él y su equipo político. Llegó, al igual que su Presidente Piñera, diciendo que ellos eran eficientes y nos enseñarían cómo debía gobernarse. Pero ahora sabemos que los “eficientes” son ineptos. Ni siquiera se la han podido con concursos de fondos públicos, con larga experiencia de gestión pública.

Hasta un programa computacional les ha quedado grande.

Y peor aún. El ministro Cruz Coke resolvió que sólo los que supieran usar computadores e Internet podrían postular a los Fondos de Financiamiento Cultural creados con recursos de todos los chilenos y pensados para el desarrollo cultural del conjunto de nuestro país.

En efecto, este ministro de derecha resolvió – pasando por sobre la Constitución Política que garantiza igualdad ante la Ley y sanciona los actos administrativos contrarios a ello- que serían excluidos de los concursos públicos todos los creadores, cultores y organizaciones culturales que a lo largo y ancho de Chile trabajan por la cultura, pero que no tienen acceso a Internet o bien no saben usar procedimientos on line de postulaciones.

Por esta decisión arbitraria del ministro Cruz Coke serán miles de valiosos artistas y organizaciones los que perderán la posibilidad de recibir aportes del Estado y será Chile entero el que perderá sus aportes.

¿Hasta cuándo será necesario que el ministro destruya lo creado con tanto esfuerzo y por tantos creadores y cultores, para que diga algo y tome medidas el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y Artes?

Es legítimo pensar que si este Directorio no ha dicho nada es porque comparte las decisiones ministeriales. Si no es así, señores y señoras directores: les escuchamos.