Sin embargo, la Comisión tiene un pecado de origen, sufre de una grave falla de inclusión.Nadie en la comisión representa el sentir de los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien es cierto Soledad Ovando tiene gran conocimiento del sector, como proveedora de servicios, es funcionaria de una empresa del Estado, no es empresaria.

Los que creemos en la inclusión, sabemos que no hay políticas públicas exitosas que hayan sido hechas a espaldas de la opinión y propuestas de los actores y  beneficiarios de las mismas. Por muy bien intencionadas que sean. Es grotesco hablar en Chile de aumento de productividad sin poner el foco precisamente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Además de las razones que todos conocen- que aportan cerca del 70% del empleo y representan más del 95% de las unidades económicas- su participación en el  PIB, inferior al 10%, explica flagrantemente que es justo allí donde se encuentran los principales yacimientos de productividad potencial del país.

Un trabajador medio de las grandes empresas es 14 veces más productivo en ventas que un trabajador de la pequeña empresa.  El desafío, obviamente, no es quitarle los patines a las grandes empresas, por el contario que los tengan cada vez mejores, sino ponerle patines a las PyME, pero patines pertinentes  a su realidad.

Algunos datos reales: en Chile hay 400.000 empresas que tienen 5 o menos trabajadores formales. En dichas empresas normalmente trabajan al menos dos familiares del o la empresario. ¿Sindicato?, ¿Huelga?, ¿Reemplazo durante la huelga? Claramente los principales problemas abordados por la Reforma Laboral son irrelevantes para la gran mayoría de las  PyME.

Estas empresas no tienen contador interno ¿50 beneficios tributarios? 14 bis, 14 PyME, 33 de la renta, 27 bis, contabilidad simplificada, sueldo patronal, ley19.518,  gasto rechazado, contingencia tributaria, IVA diferido, PPM, etc. ¿Puede alguien en su sano juicio pensar que esos son instrumentos tributarios que mejoran la productividad de las PyME? ¿Puede alguien explicar cómo la Reforma Tributaria aprobada fue pro-PyME?

Sin duda las PyME existen pero su imagen real ha estado muy debilitada en la mente de quienes han diseñado las políticas de productividad, sean autoridades de gobierno o del Congreso. Por ello que esta omisión de representantes de las PyME en la Comisión de Productividad no puede ser vista como un error casual, sino parte de la ceguera histórica que nuestro país ha tenido en la materia.

Lo asombroso es que todavía existen sociedades donde algunas de esas prácticas perduran a vista y paciencia de las autoridades. Esto no quiere decir que todos los empleadores sean unos explotadores inhumanos e inmisericordes, sino que la mayoría de ellos han “aprovechado la oportunidad” de contratar trabajo al menor costo posible.

Esta observación histórica del comportamiento humano justifica por sí sola la existencia de normas laborales y sanciones para quienes las incumplen.

Sin embargo el legislador, obnubilado por las leyes de mercado y transversalidad de la justicia ha tendido a hacer una norma laboral común para trabajadores de grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

Ese error de aplicabilidad de principios lo ha llevado a construir normas que siendo válidas y aplicables en las grandes empresas son de utópica aplicación en las micro, pequeñas y medianas empresas, quedando estos trabajadores y empleadores desprotegidos y a merced del abuso de la contraparte.

El argumento aberrante que se emplea para meter a todos los trabajadores en el mismo saco es que una legislación diferenciada crearía trabajadores de primera y segunda clase. La consecuencia de tal purismo teórico es que los trabajadores de micro y pequeñas empresas no quedan, de hecho,  protegidos por la mayor parte de las normativas vigentes.

Una pequeña dosis de realismo para quienes están participando en la nueva legislación y para aquellos que no han concurrido a modificar la vigente para las PyME.

Situación 1

a) Más de 400.000 empresas formales en Chile (más del 50%) tienen 5 o menos trabajadores

b) Parte de esos trabajadores, a veces todos, son familiares, amigos cercanos o vecinos del propietario.

Consecuencia de la situación 1: ¿Qué sentido tiene para estas empresas y sus trabajadores las principales modificaciones que se están acordando al Código del Trabajo?

A saber: características de la negociación colectiva, titularidad sindical, extensión de los beneficios de la negociación colectiva hacia los trabajadores no sindicalizados, fin del reemplazo de trabajadores en huelga, pisos mínimos de negociación, etcétera.

En primer lugar el 95% de las empresas en Chile no tienen sindicato, en segundo lugar solo un 7% de los trabajadores está sindicalizado. Es claro que las condiciones de los trabajadores de las pequeñas empresas no son buenas, pero ¿en que ayudan estas modificaciones? ¿No será en el caso de las PyME más aplicable una legislación laboral basada en la asociación entre empleador y trabajador que una basada en la confrontación?

Situación 2

a) Por razones obvias las  400.000 con 5 o menos trabajadores  no tienen jefe de personal, ni gerente de personal, ni gerente de administración y finanzas, ni contador interno.

b) Los empresarios no conocen las normas laborales, ni las tecnicalidades jurídicas de un contrato de trabajo o de una carta de despido, o del cálculo de la indemnización, ni de la necesidad de cambiar el contrato de trabajo cada vez que hay modificaciones del horario de trabajo, etc. Además, seguramente no llegarán a conocer las 125 indicaciones al Código del Trabajo que se están discutiendo en el Congreso Nacional.

c) Las pequeñas empresas, por su escaso poder de presión, suelen estar a merced de sus proveedores para la entrega de materias primas. Como no disponen de stocks,  la falta de materias primas obliga a paralizar las faenas y devolver los trabajadores a sus hogares, que son llamados nuevamente cuando las materias primas llegan y se puede reiniciar el proceso productivo, en un horario distinto al estipulado en el contrato de trabajo.

d) Los trabajadores de pequeña empresa suelen quedarse en la empresa para jugar una pichanga, un asado el sábado, después del término del trabajo, vulnerando el código del trabajo:si el trabajador firmó la salida no puede estar en la empresa. Si está en la empresa, debe ser en el horario de trabajo establecido en el contrato.

Consecuencia de la situación 2. La Dirección del Trabajo tiene argumentos para clausurar o multar severamente al 90% de las PyME, porque la legislación vigente NO SE HA HECHO CARGO  de que las PyME son pequeñas empresas y no ha buscado instrumentos de protección al trabajador “aplicables a la realidad de la PyME”.

Situación 3.  Una pequeña empresa que tiene 2 trabajadores durante 10 años y debe despedir a uno de ellos, el costo de indemnización equivale a la planilla de remuneraciones de 7 o más meses. ¿Qué posibilidad real tiene esa pequeña empresa de disponer proporcionalmente de ese monto en caja para pagar esa indemnización?

Consecuencia de la Situación 3. Sólo un  10% de los trabajadores en Chile recibe el 100% de la indemnización por años de servicio que establece la ley. El resto no la recibe o llega a acuerdos por montos muy inferiores. El fondo de indemnización para los trabajadores de PyME debiera funcionar de una manera similar al de las empleadas de casa particular, con un ahorro forzoso pagado mes a mes por el empleador.

Situación 4. De 600.000 microempresas y 200.000 pequeñas que existen en el país sólo 8 microempresas y 381 pequeñas, negociaron colectivamente durante 2013. ¿Quiere decir que los trabajadores de pequeña empresa son más sumisos, menos  capaces de organizarse, y que los propietarios de PyME utilizan más las prácticas antisindicales?, obviamente no. Lo que pasa es que la legislación laboral chilena ignora la “realidad” de las PyME.

A un 70% de los trabajadores de nuestro país no se les protege mejor  ni mejorando la negociación colectiva, ni evitando el reemplazo durante la huelga, ni prohibiendo que se extiendan los beneficios solo a los sindicalizados, etc., sino a través de una mejor comprensión de la relación empresa-trabajador que se da en las PyME .

La letra chica de la mayor parte de las leyes y normas asume que los empresarios son propietarios de una gran empresa con varios gerentes, jefes de personal, contador, asesor tributario, asesor jurídico, especialista en riesgos, etc. Por otra parte asume que los trabajadores están todos sindicalizados y hacen valer sus derechos a través de la negociación colectiva. Ambos supuestos totalmente incorrectos.

La realidad muestra que las empresas concebidas con las características antes reseñadas, aunque muy importantes macroeconómicamente, aportan menos del 30% del empleo y son menos del 5% del total de las unidades económicas. Por otra parte, el 70% de los trabajadores tienen una realidad laboral no cubierta por el código del trabajo. En efecto, no tienen ni sindicato, ni negociación colectiva, ni derecho a huelga, no se les paga la indemnización por años de servicio, no se capacitan, no cumplen los horarios establecidos en el contrato, etc.

El Estado, a la hora de legislar y aplicar la ley, ha asumido que todas las Empresas – sean micro, pequeñas, medianas o grandes – son iguales. Y cuando por momentos se da cuenta que no es así, introduce tímidas correcciones de parche. La consecuencia inevitable de esta negligente conducta es que la legislación vigente discrimina negativamente en contra de las empresas de menor tamaño o PyME y crea ventajas competitivas para las grandes empresas públicas y privadas, ventajas que no debieran existir para que el mercado funcione como asignador eficiente de los recursos.

Sería largo enumerar los múltiples ejemplos que demuestran lo anterior. El Estado, al tratar de manera igual lo que por su propia naturaleza es desigual, además de causar inequidad, induce a la ineficiencia de los mercados. La Reforma Tributaria y el consiguiente Protocolo de acuerdo no es la excepción de lo anterior.

La Reforma Tributaria tiene como objetivo recaudar los recursos adicionales que el Estado necesita para las profundas reformas que se requieren en educación, las que en términos generales fueron aprobadas por la mayoría de los votantes en la última elección presidencial.

Por ello, parece un despropósito el que algunas autoridades quieran presentar el actual proyecto de reforma tributaria como pro-PyME. Tampoco pareció muy serio que los principales detractores del proyecto hubiesen querido sacar las castañas con la mano de la PyME para hacer sus críticas. Finalmente se firmó un Protocolo de acuerdo y la mayor parte de las PyME quedaron donde mismo, ignoradas.

Sin duda el elemento más controversial de la reforma fue el impacto sobre la PyME de la eliminación del FUT; sin embargo, sólo un 6% de los $250 mil millones que se espera recaudar por esta medida provienen de micro y pequeñas empresas y otro 6% de la mediana empresa. De hecho la recaudación provendrá en un 38% de las normalmente esotéricas y elusivas sociedades de inversión y un 50% de la gran empresa. ¿No resulta un poco absurdo poner a la PyME como la gran afectada por la eliminación del FUT? Algunos especialistas han señalado una PyME se verá afectada sólo si su empresario hace un retiro anual por sobre $75 millones.

A la gran mayoría de la PyME tampoco le afecta el aumento de la tasa impositiva del 20% al 25%, ahora al 27% producto del Protocolo. Como ha de saber el país, las PyME destinan en promedio cerca del 70% de sus ingresos al pago de remuneraciones; si a eso se le suman los costos de producción y de ventas y gastos administrativos, las ganancias resultantes no dan para muchas utilidades, por ende menos del 10% de la PyME paga normalmente impuesto a la renta.

Buenas y Malas Noticias.

La reforma tributaria trae buenas y malas noticias para la PyME. Entre las buenas se encuentran la depreciación automática, la posibilidad de depreciar activos fijos comprados de segunda mano y la ampliación de la recuperación inmediata del 8% del valor de los activos comprados y el Protocolo corrigió el problema de las boletas de supermercados.

Entre las malas noticias del Protocolo está la reposición de la anacrónica ley de timbres y estampillas. ¿Que justifica que hoy, con la tecnología disponible, esos sectores tengan ese privilegio?

Sin embargo, la peor noticia que la Reforma Tributaria y el Protocolo traen para la PyME es que el sistema tributario chileno sigue sin darse cuenta que hay 700.000 empresas formales que tienen 5 ó menos trabajadores (¿podrían tener un gerente de Finanzas y/o un contador interno?) y que, por lo tanto, no tienen ni la estructura ni la capacidad para entender y aplicar la compleja institucionalidad tributaria en su beneficio.

No tienen ninguna posibilidad de evaluar si acogerse al 14 bis, al 14 ter (ahora 14 PyME, ¡uf…que avance!) o al 14 quater, o si le conviene acogerse al 27bis o al 33 de la renta, o si dado su nivel de pérdidas le conviene utilizar gastos rechazados o aumentarse el sueldo de él y su familiares que trabajan con él, o si tributariamente le conviene financiarse con leasing o con crédito, acogerse o no a la Ley 19.749 (MEF), a la ley Nº 18.985 del sueldo empresarial, si acogerse a renta presunta, si utilizar contabilidad simplificada, y como utilizar la ley 19.518 de capacitación, si le conviene hacer operaciones de leasing o de lease-back, etc. etc.

En definitiva, la peor noticia de la reforma tributaria para la PyME es que el Estado mantiene una estructura tributaria absurda e innecesariamente compleja para ellas. Tan compleja que sólo un 3% de las PyME se acoge a alguno de los cerca de 50 beneficios tributarios que se han creado para favorecerlas.

Al parecer el Estado concluye que el 93% de los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas son tan altruistas y generosos y le tienen tan poco apego a las utilidades que prefieren pagar impuestos y no acogerse a la mayoría de los beneficios tributarios que “generosamente” el Estado ha puesto a su disposición. Más allá de la ironía, es innegable que el Estado ha fallado en hacerse cargo que “el conjunto” de la fronda tributaria criolla es demasiado compleja e ineficiente para las empresas pequeñas.

A lo anterior se añade un hecho aún más grave, la tremenda inequidad de la actual carga tributaria para las PyME en comparación a las empresas más grandes, que no reiteraremos en este artículo. Ver el artículo de esta misma sección, PyME y equidad Tributaria.

Firmado el acuerdo de Protocolo, posiblemente sea el momento de anunciar una verdadera Reforma Tributaria Pro-PyME en la que el Estado demuestre que finalmente se da cuenta que las PyME son pequeñas empresas, que han estado muy cerca de las autoridades en el discurso, pero muy lejos de la cabeza y del corazón de los dirigentes políticos y económicos chilenos, estén en el gobierno o en la oposición.

No tiene sentido seguir poniendo nuevos parches en una institucionalidad que abruma a las PyME y no les permite acceder a los parches puestos anteriormente.

Es necesario diseñar una Reforma Tributaria pro-MiPyME, sin complejos, como lo han hecho la mayor parte de los países desarrollados.

Nada hizo el proyecto de ley por corregir la actual fronda tributaria que permite que solo un 3% de las pequeñas empresas accedan a más de uno de los cerca de 50 beneficios tributarios pro- PyME que nuestro creativo Estado ha ido diseñando a lo largo de los años.

Es curioso que el Estado, antes de crear un nuevo subsidio o beneficio tributario, o corregir los anteriores, no se haya dado el trabajo de evaluar el grado de utilización de los beneficios existentes, ni se haya preocupado por conocer las verdaderas razones del bajo uso de muchos de ellos.

Al parecer ha sido conveniente para el Estado concluir que la casi totalidad de los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas son tan altruistas y generosos y le tienen tan poco apego a las utilidades que prefieren pagar impuestos y no acogerse a la mayoría de los beneficios tributarios que “generosamente” el Estado ha puesto a su disposición.

Más allá de la ironía, es innegable que el Estado ha fallado en hacerse cargo que “el conjunto” de la fronda tributaria criolla es demasiado compleja e ineficiente para las empresas pequeñas.

A lo anterior se añade un hecho aún más grave, la tremenda inequidad de la actual carga tributaria para las PyME en comparación a las empresas más grandes. A continuación se señalan algunos de los muchos ejemplos.

Patentes Municipales. Las patentes Municipales se calculan como un 5 por mil anual del capital propio de la empresa, pero la ley contiene varias inequidades.

a) Establece un mínimo de 1 UTM anual. Hay cientos de miles de empresas pequeñas que tienen un capital propio inferior a un millón de pesos y por ende son obligadas a pagar más del 5 por mil anual.

b) Establece un máximo de 8.000 UTM, es decir hay cientos de grandes empresas que pagan menos del 5 por mil anual. Como titulaba un periódico hace unos meses “importantes firmas de retail, supermercados y farmacias pagan incluso $50 como patente a los municipios… irrisorio si se compara con los casi $36.000 semestrales que debe cancelar un puesto de sopaipillas”.(sic)

c) Permite que se rebaje del capital propio, y por ende el pago de la patente, las inversiones en otras empresas que paguen patente. De las casi 900.000 empresas pequeñas formales y activas sabemos que son muy pocas las que tienen inversiones en otras empresas, por lo que no es muy difícil darse cuenta que este “procedimiento tributario” beneficia casi exclusivamente a las grandes corporaciones que tienen varias empresas con inversiones cruzadas entre sí.

Algunos especialistas han calculado que eliminar esta inequidad le permitiría al Estado recaudar cerca de un 25% del total de la recaudación que aspira conseguir con toda la reforma tributaria.

Multas, reajustes e intereses por retraso en el pago de impuestos.Aunque los reajustes e intereses son proporcionales al monto, hay una serie de multas que son iguales para una microempresa (normalmente pequeños montos de retraso) que para que para una gran empresa (normalmente grandes montos de retraso comprometidos).

Por ejemplo hay varias infracciones que tienen una multa que va entre 1 Unidad Tributaria Mensual-UTM y una Unidad Tributaria Anual-UTA: el retardo u omisión en la presentación de declaraciones; el que maliciosamente confeccione, venda o facilite guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito; la no exhibición de libros de contabilidad; el no llevar contabilidad o los libros auxiliares exigidos; el no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, notas de débito, notas de crédito, etc.

Lo curioso es que el Artículo 107 establece que las sanciones se aplicarán tomando en consideración la calidad de reincidente en infracción de la misma especie y otras infracciones semejantes; el grado de cultura del infractor; el conocimiento de la obligación legal infringida; el perjuicio fiscal que pudiere derivarse de la infracción; la cooperación que el infractor preste para esclarecer su situación; el grado de negligencia o el dolo que hubiere mediado, y otros antecedentes análogos.

En ninguna parte instruye al fiscalizador para establecer la multa en función del tamaño de la empresa, ya sea por su capital propio, o del promedio de sus ventas, u otra fórmula que haga que efectivamente la ley sea pareja. Porque si el legislador hace leyes que para unos es proporcionalmente muy “barato” incumplir y para otros “extremadamente caro”, en realidad lo que hace la ley es castigar más fuerte a los que menos tienen.

Lo curioso es que el Estado “sabe” que la ley pareja no solo es dura sino que es inequitativa, porque para algunas multas ya ha establecido un máximo en función del capital propio de la empresa sancionada.

Por ejemplo la pérdida o inutilización no fortuita de los libros de contabilidad se sanciona con multa entre 1 UTM y 20 UTA, la que no podrá exceder de 15% del capital propio.

¿Por qué no se fija el criterio de proporcionalidad del tamaño de la empresa infractora para establecer todas las multas?

La falla común de las agendas anteriores es que han sido un conjunto de medidas acordadas por el gobierno de turno ante sí o con el concurso del sector privado, en las que se trata de integrar voluntariosamente a instituciones que no tienen entre si ninguna relación de dependencia, por ende no hay autoridad que pueda realmente dar cuenta al país del avance ni de la eficiencia del uso de los recursos, sino sólo para hacer los anuncios.

No es posible diseñar, implementar, corregir y evaluar los resultados de un programa en 4 años. Por ello, mientras no haya una institucionalidad de Estado de largo plazo (y no solo del gobierno de turno) es difícil tener expectativas altas.

En el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet se anunciaron 10 programas similares en el ámbito de fomento productivo, innovación y PyME, que paso a enumerar, con el número de medidas que contenía cada uno de ellos, entre paréntesis.

“Programa de Gobierno 2006 – 2010” (6), “Plan primeros 100 días” (6), “Pacto Pyme” (27), “Mensaje Presidencial” del 2006 (5), Plan de Emprendimiento (72), Plan Chile Compite(15), Compromiso Chile Emprende Contigo(21), más tres programas de Medidas de Apoyo a la Crisis (20). Un total de 172 medidas.

Es difícil evaluar la pertinencia del nuevo paquete de medidas sin conocer si las anteriores se ejecutaron, si se evaluaron y cuál fue el beneficio producido por ellas.En términos agregados parece que el impacto no fue mucho, el diagnóstico de los problemas de la PyME, la innovación y el emprendimiento parece no haber cambiado demasiado.

Dado esa proliferación de medidas es difícil ser muy entusiasta con la nueva lista anunciada, por muy ingeniosa y comprometida que sea. Cuesta creer que “AHORA SI” se eliminarán las barreras a la competitividad de las pequeñas empresas. No parece posible resolver los nudos estructurales que afectan al emprendimiento, la innovación y la PyME en Chile si no se les enfrenta con estrategias de Estado, en vez de productos del gobierno de turno.

La nueva Agenda anunciada podría pasar sin pena ni gloria si no se le agregan 5 elementos.

a) La fuerza política para proponer un rediseño de la institucionalidad pública que atiende al sector: integrar, aunque sea parcialmente, la fronda institucional de 9 ministerios y cerca de 30 instituciones independientes y sus presupuestos; lograr que al menos presupuestariamente dependan todas ellas de una autoridad que da cuenta al país de la situación de la PyME en términos de empleo, exportaciones, productividad, regionalización, competitividad, aporte al PIB.

b) Focalización de los programas e instrumentos en segmentos homogéneos regionales y sectoriales de empresas.

c) Evaluación y estudio de impacto independiente de instrumentos y programas.

d) Eliminación de los lomos de toro para las PyME y el emprendimiento que existen en la institucionalidad y normativa productiva del país.

e) Fortalecimiento de los gremios de PyME y emprendedores. Las cúpulas empresariales suelen influir en las decisiones del país muchísimo más que el PIB que generan. Por el contrario los gremios de PyME tienen un peso casi insignificante si se compara con el 70% del empleo que proveen, por ello es necesario apoyar a los gremios para que la mirada de la PyME sea escuchada y tomada en consideración.

Ninguna de estas medidas requiere una gran cantidad de recursos adicionales, incluso pueden liberar recursos, pero requieren de una tremenda voluntad política y de mucha pericia gubernativa para ser implementadas.

Si no hacemos lo anterior, es muy probable que el próximo gobierno también diseñe su propia Agenda de Productividad y así sucesivamente los gobiernos que vengan, sin cambiar esencialmente las condiciones que frenan e impiden la productividad y competitividad de la PyME y que de paso inciden negativamente sobre la vulnerabilidad del 70% del empleo que ofrecen.

Se debe recordar que hoy en día existen más de 200 instrumentos de fomento productivo para las PyME, y cerca de 50 beneficios e incentivos tributarios y que hay más de 500.000 empresas que tienen 5, o menos trabajadores.¿Cuántas empresas logran informarse y tener acceso a cada uno esos instrumentos? Lo que se necesita son menos instrumentos que sean más flexibles a las necesidades de las PyME atendidas.

El anuncio de la creación de 50 Centros de Desarrollo Empresarial parece ir en la dirección correcta. Habría que aclarar si son 50 Centros adicionales a los creados en el gobierno que recién termina o corresponden a un nuevo tipo de Centros de Desarrollo Empresarial. Si ese es el caso se debería aclarar cuál es el destino de los ya existentes, que a nivel de anuncio se ven muy similares.

Algunas de las medidas de apoyo financiero requieren ser profundizadas o reevaluadas.

Capitalización de BancoEstado. No obstante su espectacular desarrollo en el área de microempresas, el BancoEstado es hoy en día prácticamente un monopolio del microcrédito, lo que ha inhibido el desarrollo de esa industria, lo que no es bueno en el mediano y largo plazo para las microempresas. No sería conveniente que avance en convertirse además en un monopolio de crédito a la PyME.

Sería mucho mejor para la industria que el BancoEstado pase a cumplir un rol de segundo o tercer piso, que utiliza incentivos bien diseñados para promover el desarrollo del mercado financiero a la MiPyME.

Fondo de Garantía Pequeños Empresarios. No es suficiente aumentar el capital del FOGAPE, también se deben corregir las deficiencias que han demostrado estudios independientes en que la gran mayoría de las operaciones van solo a las más grandes de las PyME, se duplican garantías (los bancos le solicitan al empresario garantías adicionales a las que da el Estado, encareciendo innecesariamente el crédito), los bancos usan al FOGAPE sólo para respaldar sus operaciones más riesgosas, etc.)

Banca Mujer Emprendedora. Aunque en muchas materias el sesgo de género corrige errores, no está demostrado que haya una discriminación contra las mujeres en la otorgación de microcréditos; su presencia en ese mercado es mayoritaria.

Aunque las medidas van encaminadas a fortalecer a la PyME, no es bueno seguir fijando la vista solo en los próximos 3-4 años. El 70% del empleo requiere propuestas perdurables y de Estado.

Por el lado positivo se observa que la sociedad chilena ha comenzado a tomar conciencia de la relevancia de este sector para el desarrollo del país, en particular por su gravitante impacto en empleo e inigualable rol en la generación de equidad económica, social y territorial, en una economía de mercado.

Las PyME, más del 95% de las empresas formales, además de generar cerca del 70% del empleo se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional en forma muy similar a la población, convirtiéndose en un elemento clave a la hora de implementarse políticas destinadas a mejorar la equidad y revertir la mala distribución del ingreso de nuestra economía.

A partir de la década del noventa, el Estado ha ido crecientemente disponiendo de mayores recursos y nuevos instrumentos que buscan atacar las principales dificultades del sector.

Se destinan cerca de 1.500 millones de dólares anualmente en decenas de programas para estos efectos. No obstante, la efectividad es incierta. Al menos no hay estudios disponibles que prueben el impacto de los mismos.

Las PyME sigue aportando el 70% del empleo y produciendo menos del 20% de las ventas, lo que refleja su abismante menor productividad en relación a la gran empresa. Ahí radica exactamente el problema nacional.Producto de su mayor eficiencia y tecnologías de punta las grandes empresas, a pesar de su crecimiento, en su conjunto no han mostrado ninguna capacidad para absorber mano de obra.

Nos encontramos entonces con un país dual: por una parte 15.000 empresas grandes, la mayoría de ellas globalizadas y altamente competitivas a nivel internacional pero que generan sólo un 30% del empleo, y que han sido incapaces de absorber su proporción en los nuevos contingentes laborales.

Por otra parte cerca de 900.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que a pesar que en su conjunto ofrecen el 70% del empleo aportan sólo el 21,3 % de las ventas. Hay grandes excepciones de PyME altamente competitivas y eficientes, sin embargo una golondrina no hace un verano y son sólo eso, encomiables excepciones.

En ese contexto, y si siguen así las cosas, parece difícil plantear que Chile pueda volver a crecer a las tasas que creció en los años 90.¿Cómo el 30% del empleo puede empujar a través de su mayor productividad, al 70% restante que hoy día tiene una productividad en ventas 14 veces inferior?

Sería necio desconocer los avances de las PyME en acceso al sistema financiero, repactación de deudas financieras y previsionales, acceso a tecnologías de información y en menor medida de capacitación, innovación y encadenamiento productivo; pero los instrumentos y recursos públicos para fomento productivo se han cuadruplicado en los últimos veinte años, y los resultados obtenidos no muestran una simetría con el esfuerzo realizado.

Después de casi dos décadas de cientos de programas ”innovativos”, el diagnóstico de las carencias del sector no ha cambiado mucho: dificultad para acceder a los mercados de recursos, financieros, de bienes y de servicios ya sean públicos o privados, trabajadores poco capacitados, con menor productividad, etc.

La última campaña presidencial fue una mala noticia para el millón y medio de PyMEs y sus casi cuatro millones de trabajadores. A pesar de la proliferación de candidatos, sus programas fueron mucho menos específicos con respecto a las PyME que en campañas presidenciales anteriores.

La PyME estuvo ausente de los debates. Esta debilidad podría convertirse en una oportunidad si, a falta de un programa específico de gobierno en la materia, el gobierno, en conjunto con el Congreso y los actores gremiales de la PyME dedican los próximos 4 años a establecer una política de estado para la PyME, que por fin este sector deje de depender del interés circunstancial del gobierno de turno, para convertirse en una preocupación del Estado de Chile.

Política de Estado que incluya, rediseño de la institucionalidad pública que atiende al sector, focalización en segmentos homogéneos regionales y sectoriales de empresas, evaluación crítica de los instrumentos, fortalecimiento de los gremios.

¿Por qué es necesaria una Política de Estado? El diseño institucional de Chile ha considerado casi siempre la existencia de un solo tipo de empresas.El legislador, cualquiera haya sido su signo político, ha tenido en mente a una gran empresa, con contador, jefe de personal, abogado, con un sindicato, etc. Sin embargo esa es la realidad de menos del 5% las empresas y del 30% de los trabajadores.

Son cientos los ejemplos de discriminación negativa en contra de las pequeñas empresas y sus trabajadores producto de esta barbarie analítica y exclusión implícita por parte del Estado. Al no entender las características y necesidades distintivas de las PyME ha tratado en forma igual lo que es intrínsecamente desigual.

La ley pareja no ha sido justa ni adecuada para las PyME, ni para el país. Esas diferencias las han entendido hace décadas los principales países desarrollados y tienen legislaciones diferenciadoras.Han entendido que las PyME no son grandes empresas atrofiadas, sino una estructura estabilizadora del tejido productivo con sus propias características positivas y negativas.

No se trata de perjudicar a las grandes empresas para proteger PyMEs ineficientes; una Política de Estado en la materia supone reconocer que el tejido productivo está compuesto por distintos tipos de agentes empresariales, cada uno con su rol, características y necesidades.

Eso supone una revisión crítica a buena parte de la legislación laboral, previsional, tributaria, comercial y financiera del país.Sin una Política de Estado y sin focalización, buena parte de los recursos que el Estado ha destinado a la PyME son capturados por otro tipo de empresas.

Reforma de la Institucionalidad Pública. Actualmente existen en el Estado, cerca de 30 agencias dedicadas al fomento productivo, las que dependen de 9 ministerios distintos y ofrecen a las PyME más de 200 instrumentos diferentes.

¿Existe alguna posibilidad que un empresario PyME medio con 5 trabajadores tenga el tiempo y las competencias para evaluar cuál de esos 200 instrumentos mejor sirven a su empresa? Seguramente no.

Especialmente si cada una de las 30 agencias conoce solo sus productos y desconoce la oferta del resto de la institucionalidad. Por otra parte las agencias carecen de flexibilidad para adecuar los instrumentos a las estrategias de desarrollo sectorial o local.

Es necesario unificar esa institucionalidad fragmentada y con escasa coordinación, y dotarla de recursos e instrumentos de impacto medible sobre sub-segmentos específicos de empresas y adaptables a las realidades de los distintos territorios.

Focalizar adecuadamente. El Estado, cuyos recursos serán siempre escasos, requiere priorizar sus inversiones en fomento productivo. Así como las políticas sociales deben llegar a los ciudadanos que más necesitan del apoyo del Estado, sin “castigar” a los que se esfuerzan por satisfacer sus propias necesidades, en el caso de las PyME es preciso determinar los programas más eficientes para incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

El método prueba-error seguido por el Estado, agravado por la inconsistencia dinámica típica de la política y los cambios de gobiernos, termina por dilapidar los recursos, a pesar de ser crecientes.

Desgraciadamente el Estado ha sido poco diligente y ha decidido meter en un mismo saco llamado PyME a empresas extremadamente heterogéneas en ventas, empleo, capital, sectores productivos y cultura empresarial. La falta de focalización de los programas ha sido la regla y no la excepción.

Por ejemplo, los instrumentos deberían guardar relación con las características del sector específico al que se quiere atender. Las necesidades de capital de trabajo de un apicultor son distintas a las de un mayorista de frutas y hortalizas, o de un fabricante de juguetes ya que sus ciclos productivos y de ventas son diferentes ¿Por qué los instrumentos financieros que ofrece el Estado ignoran esas diferencias?

Fortalecimiento de las Asociaciones Gremiales. Es necesario que el punto de vista y mirada de la micro y pequeña empresa sea escuchado y tomado en consideración tanto por las distintas instancias de gobierno como del mundo privado.

Sin embargo la mayor parte de las asociaciones de PyME y microempresas son débiles, en recursos y miembros activos, por lo que la voz de sus dirigentes suele ser ignorada por las autoridades y los medios de comunicación. Una mayor participación de las PyME en el diseño de políticas públicas seguramente colaborará en equidad y en un mejor funcionamiento de los mercados.

Estos cuatro elementos pueden ser los pilares de una política de Estado hacia la PyME, que de manera urgente requiere mejor inversión pública, no necesariamente más inversión pública.

El gobierno que se inicia ha establecido sus prioridades políticas y financieras, y las PyME no parecen estar entre ellas. El diseño de una política de Estado para las PyME no trae aparejados gastos y podría liberar recursos desde la burocracia estatal a la prestación de servicios a la PyME, focalizándolos y permitiendo que el Estado, vía evaluaciones de impacto, aprenda qué cosas se están haciendo bien y cuáles mal.

Sería positivo que los actores y representantes del sector le pidan al gobierno que se inicia, liderazgo y recursos mejor invertidos por sobre nuevos recursos y programas para el sector.

El modelo de crecimiento basado principalmente en solventes políticas macro parece haber llegado a su fin.

La mayoría de los economistas hablan hoy día de la necesidad de mejorar la productividad total de los factores, la que guarda más relación con la productividad que resulta de innovación, creatividad y emprendimiento que con el flujo de inversión financiera neta.

Está suficientemente demostrado que el desarrollo del capital humano-KH, es la antesala necesaria a una población más creativa, innovativa y emprendedora.

Para todos es claro que una reforma educacional ahora, aunque necesaria y urgente, llegará atrasada en 20 años a la generación del KH que Chile necesita hoy.

Las necesidades de capital humano en el corto y mediano plazo no alcanzan a ser suplidas con los egresados del inequitativo, e ineficiente para la mayoría, sistema educacional actual.

El país debe entonces buscar como instalar competencias asociadas a la creatividad, innovación y emprendimiento entre los 8 millones de personas que hoy ya se integraron al sistema productivo.

La mayoría de los macroeconomistas que acompañan a Evelyn y Michelle todavía no dan pruebas de haber entendido que en Chile no hay un mercado de trabajo homogéneo.

Al menos las políticas públicas que han promovido han sido dirigidas indistintamente para todos los trabajadores, las que han terminado favoreciendo a los trabajadores más calificados, que trabajan en grandes empresas, y que pertenecen a los segmentos menos vulnerables del mercado de trabajo.

Los instrumentos del SENCE, el seguro de desempleo, la mayoría del articulado del código del trabajo, la negociación colectiva, la ley de subcontratación, Ley Bustos, indemnización por años de servicio, etc., son tristes pruebas de ello.

Lo que esos economistas fallan en considerar es que en Chile hay 3,5 millones de trabajadores que trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas o que son trabajadores por cuenta propia, que representan cerca del 70% del empleo privado y que han quedado al margen de la mayor parte de los instrumentos diseñados en los últimos años.

Esto debido a que la institucionalidad y sus autoridades no se hicieron cargo que los trabajadores y empresarios PyME viven una relación de trabajo distinta a la de la gran empresa. ¿Quiere Chile seguir marginando a esos 3,5 millones de trabajadores y considerarlos la generación perdida del camino al desarrollo?

Evelyn y Michelle tienen un pasado que las acusa. Al parecer inspiradas por los macroeconomistas seguidores del “ladrillo”, una como ministra del Trabajo y otra como Presidenta de la Republica, apoyaron medidas que no reconocieron la heterogeneidad del mercado laboral, en especial en lo que respecta a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Las medidas paliativas que impulsaron son escandalosamente insuficientes en relación a las fallas en la institucionalidad del mercado del trabajo señaladas precedentemente.

Las PyME y sus trabajadores esperan propuestas que se hagan cargo de la heterogeneidad laboral, de la situación desmedrada de las PyME frente a los abusos de posición dominante y prácticas de colusión de algunas grandes empresas

Así como,  frente a un mercado de factores para el desarrollo empresarial que todavía no ha asumido que la pequeña empresa no es una empresa atrofiada, sino una empresa que normalmente no tiene el tamaño “que le exige en la práctica” ser cliente o beneficiario de los distintos instrumentos que necesita para su competitividad: créditos, garantía, capacitación, asesoría, TICs, contabilidad, impuestos, servicios legales-financieros-contables-tributarios, subsidios, instrumentos de fomento, etcétera.

Evelyn y Michelle: 3,5 millones de trabajadores están esperando.

Ha causado conmoción pública la sanción que recibieron los ejecutivos involucrados en la colusión de las farmacias. Sus decisiones afectaron a miles de personas enfermas, a quienes se les manipuló para que pagaran demás por los remedios que necesitaban, algunos de los cuales eran asuntos de vida o muerte.

La sanción dictaminaba, “deben asistir a un curso de ética”. El ordenamiento jurídico permite que haya un abismo moralmente devastador entre la gravedad de la acción criminal y la sanción recibida por los ejecutivos involucrados.

Esto hiere gravemente el alma de Chile, ya tan deteriorada por tantos hechos como la ley de pesca, la aprobación de ciertas centrales eléctricas, los casos La Polar y Agrosuper-Freirina, y varios otros casos de corrupción.

Los liberales siguen creyendo que el libre mercado, con pequeñas, ojala  mínimas correcciones, es el principal baluarte que se debe defender y han dejado morir, sin ninguna compunción a miles de pequeñas farmacias a manos de 3 grandes actores, que controlan el 80% del mercado en unidades y el 93% del mercado en ventas.

Estas tres cadenas no han competido lealmente, ni frente a los consumidores (ha habido ya dos grandes casos de colusión sancionados por los tribunales), ni frente a sus proveedores (caso de los productos genéricos), ni mucho menos frente a sus competidores ( guerras de precios), hasta que los dejan fuera del mercado. Una vez que el pequeño competidor sale del mercado, los precios han vuelto a los niveles anteriores.

Las tres cadenas de farmacias que existen en nuestro país están integradas verticalmente a través de distintas empresas que importan, fabrican, hacen distribución mayorista y al retail de fármacos, además de hacer intermediación financiera a través de sus propias tarjetas de crédito.

Incluso están integradas con centros médicos, y los bonos y beneficios que manejan los visitadores médicos, lleva la colusión hasta las mismas consultas de los facultativos.¿Dónde está el mercado?

Hace dos décadas había en Chile más de dos mil farmacias independientes, hoy sobreviven poco más de 400, la mayoría de las cuales han acumulado pérdidas en los últimos años y están a punto de quebrar.

¿Ha ganado Chile con la desaparición de más de 2000 farmacias?, creo que no.

¿No es consustancial a la libre competencia el promover que haya varios competidores en cada mercado?

¿No tiene la institucionalidad vigente nada mejor que unos “Cursitos de Ética” para proteger a los consumidores y los competidores más débiles de los abusos de posiciones dominantes de unos pocos actores que concentran y absorben toda la cadena desde la investigación, producción, distribución mayorista y retail e incluso con la provisión de los servicios asociados a la salud?

¿No podrían los parlamentarios haberse esforzado un poco más con las leyes que protegen al consumidor y a los pequeños competidores? La triste conclusión de esta historia es que ha habido solo un ganador con la libre competencia en la industria farmacéutica y de la salud: los dueños de las grandes cadenas de farmacias.

Si esto es escandalosamente cierto y nuestra institucionalidad es insuficiente para asegurar el comportamiento de los agentes en la industria de la salud, el bien público más preciado después de la educación, ¿a qué estamos expuestos entonces en los otros mercados (no mercados)?

Parece que debemos parar un rato y mandar a toda nuestra institucionalidad de la libre competencia, y sus actores y a los autores de las legislaciones respectivas a tomar un curso de ética.

En los últimos 20 años han reducido a la mitad su participación en el PIB, (desde un 33% a menos de un 10%) y son marginales en las exportaciones (menos del 3%); no obstante, su participación en el empleo se ha mantenido en torno al 70%: 7 de cada 10 trabajadores (y votantes) siguen dependiendo de una PyME.

La pérdida de productividad de estas empresas es una muy buena explicación de la mala distribución del ingreso en nuestro país.

Es bueno recordar que en el caso de las PyME, y de acuerdo a un estudio del INE, estas destinan en promedio, un 50 % de sus ingresos netos a remuneraciones (porcentaje que aumenta a 70% en el caso de las microempresas) y un 50% a remunerar al capital.

La media nacional, incluyendo a las grandes empresas, es 40% a remuneraciones y 60% a capital. Lo que demuestra que la proporción que las PyME destinan a remuneraciones es muy superior a lo que hacen las grandes empresas.

Un aumento por parejo de los impuestos a las empresas tendrá por ende un impacto mucho más negativo sobre los empleos de micro y pequeñas empresas que del resto.

Bachelet debe acordarse de que antes de asumir su presidencia se comprometió a implementar 27 medidas a favor de la PyME, al firmar el Pacto PyME en conjunto con los otros tres candidatos a la presidencia de aquella época.

Su gobierno cumplió con 2 de esas medidas y avanzó marginalmente en otras 6.

De esas 27 promesas de campaña, otras dos fueron resueltas por el gobierno actual. El resto sigue sin siquiera estudiarse.

Este anuncio de Bachelet es una mala señal para las PyME y sus trabajadores. Si antes cumplió menos del 25% de sus promesas al sector y ahora anuncia una medida que puede ser aniquilante para las PyME, sin excluirlas expresamente, significa que ella y sus asesores todavía no aquilatan la importancia de las PyME para el desarrollo de Chile y los votos que están detrás.

Al salir de Algarrobo demoré más de 50 minuto en llegar al peaje. Ese trayecto toma normalmente 10 minutos, el taco comenzaba a 3 kilómetros de Algarrobo.

Lamenté mi mala suerte, seguramente hubo un accidente. Rogué que no hubiese lesionados. Viajaba a una hora en que hasta hoy, había sido un éxito por lo rápido, la hora de almuerzo.

No obstante mi resignación se tornó en indignación al darme cuenta que la única razón del taco era que la plaza de peaje no estaba funcionando a toda su capacidad hacia Santiago y que las dos ventanillas hacia Algarrobo estaban abiertas, pero sin clientes.

Comencé a preguntarme, ¿Quién paga la cuenta de esa ineficiencia? Mayor contaminación y mayor consumo de combustible por desplazarse a bajas velocidades, llegar atrasado, perder vuelos, conductores malhumorados, etc. ¿Quién nos devuelve la calidad de vida perdida?

¿Y que pierde la concesionaria?, nada, porque estamos obligados a usar ese camino para volver, no tenemos escapatoria. ¿Qué instancia o quien estableció una relación tan desequilibrada?

¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para reconquistar el poder y no seguir siendo una manada de consumidores avasallados por proveedores ineficientes?

1. Un alto porcentaje de las FORTUNE 500, las empresas con mayores ventas de EEUU, no existían hace 20 años. Esas empresas generan 10 millones de empleos, una cifra nada despreciable. Posiblemente eso hace que algunas instituciones públicas chilenas hayan destinado parte importante de sus escasos recursos a “darle el palo al gato” y apoyar con ahínco la creación de empresas gacelas, con la ilusión de lograr una FORTUNE 500 en pocos años.

2. Cada cierto tiempo se imponen modas en la administración de empresas; lo fue calidad total, desarrollo organizacional, planificación estratégica, CRM, balance score card, etc.

Los últimos años ha sido el turno de la innovación. Es bueno saber que las anteriores “modas” no han sido nunca reemplazadas, sino levemente desplazadas por la nuevas tendencias, y cada una de ellas sigue “vivita y coleando”, aportando a entender la complejidad, claramente no-mono variable, de la competitividad de las empresas.

Pero algunas instituciones públicas han tenido dificultad para entender la innovación como UNO de los aspectos de la competitividad, incluso durante años pretendieron que la innovación estaba más cerca del fomento a la investigación de potenciales candidatos al premio NOBEL de ciencias, que al aumento de la productividad y competitividad de las empresas. Importar un viejo telar desde Brujas no era un proyecto atendible, aunque aumentara al doble la productividad de un grupo de artesanos con buen mercado.

3. Hace algunos meses el INE publicó que en el último año las únicas empresas que habían “creado empleo” eran Pyme. Las grandes empresas por el contrario, “destruyeron empleo”, es decir disminuyeron el número de trabajadores.

4. Cerca de 300.000 empresas chilenas, formales y activas, (pagan IVA) declaran anualmente que su empleo es cero (0), ni siquiera su dueño se declara como trabajador, lo cual es un contra sentido.

Si la empresa vende, alguien vendió o produjo el bien o servicio vendido; no puede haber venta sin un trabajador, aunque sea un día al año. Por lo tanto es un hecho que esas empresas tienen empleo, pero es informal, lo cual acarrea una serie de problemas sobre el sistema previsional y de salud público.

5. “El mundo está al borde de una Gran Depresión como la de los años 30”, anunció recientemente la Directora del FMI, Christine Lagarde. “Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial no son demasiado prometedoras en estos momentos, sino más bien lúgubres,” agregó.

Es claro que Chile, en términos económicos, es todo lo contrario a una isla. Más del 60% de nuestras exportaciones dependen de 3 productos en los cuales somos “tomadores de precios” impuestos por los mercados internacionales.

La demanda de esos productos depende del crecimiento del resto del mundo, especialmente nuestros principales mercados de destino: China, Japón y la UE; China y Japón se desaceleran, y algunos países de la UE han anunciado recesión.

Nuestras exportaciones de manufactura, generadoras de empleo, son marginales. El riesgo de aumento del desempleo está cerca, el compromiso de crear 1.000.000 de empleos en cuatro años se aleja.

6. Facundo Cabral escribió una hermosa canción “La vida es ahora mismo”.

Parafraseando a Cabral, “el empleo es ahora mismo”. Las medidas a favor del empleo no pueden basarse en darle “el palo al gato” en una empresa gacela que en pocos años genere miles de empleos, es demasiado riesgoso y de largo plazo.

Tampoco se pueden basar solamente en que algunas pocas empresas logren ser más innovativas. La innovación no es suficiente para la productividad y competitividad.

Tampoco es realista basar los planes de empleo en las grandes empresas. Cuando el país tenía una tasa de crecimiento sobre el 6% las grandes empresas destruyeron empleo, ¿Qué se puede esperar de ellas, en términos de empleo, con tasas de crecimiento bastante inferiores, como está previsto?

7. Estamos a la espera de los nuevos planes de empleo para una economía que está mostrando síntomas de desaceleración. No pueden quedar fuera de esos planes las 300.000 empresas que tienen empleo informal. No solo empleos formales se pierden en periodos de desaceleración.

Una manera de afianzar el empleo es “fomentando la formalización de empleos informales”; por otra parte las políticas de empleo deben considerar muy especialmente las 740.000 pequeñas empresas que generan el 70% del empleo, del empleo actual y su potencial de crecimiento.

Por el contrario, las grandes empresas en el mismo periodo diminuyeron su fuerza laboral.

Al respecto cabe hacerse tres preguntas:

¿Es una sorpresa?

¿Es bueno para Chile?

¿Qué hacer con esa información?

1. NO es una sorpresa. Si se analiza con cierta detención la composición del sistema productivo nacional no puede haber sorpresa: quienes se sorprenden tienen una idea muy vaga de como está estructurada la fuerza laboral en Chile.

Estas cifras demuestran que aquellos políticos y economistas  que han apostado a que la PyME es una distorsión pasajera de nuestra realidad económica y que hay que dejarlas totalmente entregadas a “la ley de la sobrevivencia del más fuerte del mercado” están PROFUNDAMENTE  equivocados.

2. NO es bueno para Chile. Si el aumento del empleo en la PyME estuviese aparejado con un aumento de su participación en el PIB, o al menos a mayor participación en  las exportaciones, podríamos tener una leve esperanza, pero no es así.

Sistemáticamente en los últimos años las PyME han disminuido su participación en el PIB, con lo cual un porcentaje cada vez más grande de los trabajadores se reparte una parte cada vez más pequeña de la torta de los ingresos nacionales.

¿A dónde nos conduce eso? Con seguridad a empeorar los ya malos indicadores de distribución del ingreso de nuestro país.

No es suficiente que en un estudio anterior el INE haya demostrado que la proporción de la renta que las PyME dedican a remuneraciones sea más del doble que en las grandes empresas.

Las PyME, sus trabajadores y empresarios se han empobrecido relativamente en Chile en los últimos años, y no es siempre porque sean ineficientes; muchas veces su menor competitividad se debe al abuso de posiciones dominantes de algunas grandes empresas (incluido el Estado) que le compran productos o que venden materias primas y servicios en condiciones y precios inexplicablemente arbitrarios, e inconvenientes para el desarrollo nacional.

¿Qué gana Chile cuando una gran empresa se financia con el crédito de sus pequeños proveedores, los que deben pagar tres y cuatro veces de interés?

¿Qué gana Chile cuando un pequeño productor debe pagar dos y tres veces por las materias primas por “economías de escala” exigidas por los grandes compradores e imposibles de explicar desde los costos?

Ambas situaciones tienen el mismo corolario, las PyME chilenas se hacen ineficientes por fallas en el mercado y son reemplazadas por proveedores de Asia.

Los consumidores por un tiempo tendrán acceso a productos más baratos, pero en el mediano plazo ¿quién les da trabajo a esas personas para que puedan consumir?

A diferencia de las economías desarrolladas, Chile ha sido incapaz de establecer un mercado de servicios de desarrollo comercial y empresarial “pensado” en las características y realidad de los distintos tipos de PyME.

El “aparente mercado existente” está estimulado casi exclusivamente por oferentes cuya principal motivación es “cobrar” incentivos e instrumentos de fomento mal diseñados por el Estado.

La industria de la capacitación financiada con recursos del Estado, el mercado financiero, buena parte de los instrumentos de fomento, entre otros, muestran incapacidad o al menos indolencia por fortalecer la productividad y competitividad de las PyME.

Por su parte los oferentes se conforman con “colocar” productos y servicios y ganar su participación o “cumplir sus metas” en la pasada.

3. NO sé qué hacer, pero intuyo que el principal problema que ha tenido el desarrollo de la PyME en Chile ha sido la falta de liderazgo.

La mayor parte de los responsables desde la Corfo, el ministerio de Economía, SERCOTEC y el resto de las instituciones de fomento se han conformado, ya sea con administrar su feudo de poder para no perderlo, o con “establecer su impronta” a través de un nuevo producto colocado al lado de los 200 que ya existen.

Tampoco ha habido liderazgo desde los débiles gremios que reúnen a las PyME, los que tienden a gastar más tiempo en la resolución de sus peleas intestinas que en ponerse de acuerdo para direccionar el gremio hacia resultados posibles.

¿Para qué necesitamos liderazgo?

a) Para tejer un diagnóstico, aunque sea parcialmente, compartido por los actores.

b) Para integrar las divisiones, departamentos e instituciones de 9 ministerios que dictan políticas y diseñan instrumentos “autónomamente” para la PyME  y juntar las 30 instituciones especializadas distintas en tres o cuatro (con bastante ahorro para el erario nacional).

c) Para simplificar la relación de la PyME con el Estado y la institucionalidad de fomento; la gran mayoría de las PyME tienen menos de 5 trabajadores, por ende no tienen ninguna posibilidad de saber cuál de los 200 instrumentos que ofrecen 30 instituciones aisladas le sirve más. Si no alcanza el liderazgo para juntarlas, al menos que sirva para coordinarlas férreamente.

d) Para proveer soluciones integrales. Los problemas de las empresas son complejos, tienen una parte de financiamiento, otra de innovación, otra de capacitación, otra de mercados, etc.

Sin embargo los proveedores de soluciones financiados por el Estado son especialistas.

Ninguna de ellas es capaz o está en condiciones de atender una necesidad integral.

e) Reconocer que no se pueden seguir haciendo políticas comunes para las 740.000 PyME formales, porque son muy heterogéneas.

Desde el punto de vista de la políticas públicas hay varios tipos de PyME  y Chile no debiera arriesgar a que pase con la PyME como en educación, que por no reconocer a tiempo la diferencia entre tipos de educación y entre tipos de beneficiarios de la educación, el país está entrampado en una discusión donde cada interlocutor tiene su propia función objetivo, pero nadie pareciera tener a todo Chile en su ideario.