Creo que la solución en materia de licitaciones pesqueras planteada por el gobierno y respaldada por algunos parlamentarios es justamente eso, gatopardista, aparenta ser una solución que romperá los monopolios, cuando en realidad todo lo que hacen es consolidar la situación actual.

¿Porque son importantes las licitaciones? Repasemos lo básico. Los peces están en el mar, se pueden pescar. Si se pesca demasiado, no se logran reproducir a tiempo, amenazando el recurso. Se puede pescar, pero hasta ciertos límites, y esos límites son las cuotas pesqueras.

La cuota global es el total de toneladas anuales que se pueden pescar de una especie en particular. Las cuotas individuales son los máximos que permito a cada uno pescar.

La primera definición es cuanto de la cuota global dejo a los artesanales y cuanto a los industriales. Luego defino, de la cuota industrial, cuanto le asigno a cada industrial. La cuestión es cómo, bajo qué procedimiento, asigno entre los distintos industriales estos permisos.

Lo que se ha hecho hasta ahora es dar continuidad a aquellos que ya contaban con estas cuotas. “Reconocer derechos históricos” se señala. Se supone que lo que antes era bueno, lo sigue siendo. Y se supone que esas cuotas son una suerte de derecho adquirido, inviolable, para el industrial. Honestamente, esto se asemeja mucho a las encomiendas coloniales, principal base en que se sustentaba la aristocracia criolla y que tiene repercusiones hasta el día de hoy en la inequidad de la estructura social chilena.

Hasta el minuto, tal como se encuentra el proyecto de ley de pesca, lo que se va a hacer en Chile en buena parte es reconocer eso.

Se establecen unas licencias Tipo A, asignadas directamente a los que ya tenían, y vienen teniendo desde siempre. Por 20 años, pero renovables de forma casi automática, o sea que en realidad son a 40, 60, 80 años, etc. En otras palabras, son cuotas perpetuas. El industrial sólo puede perder la licencia si realmente comete barbaridades de varios tipos.De otra forma la tiene asegurada de por vida.

Pero luego, viene el gatopardo. Señala que se van a licitar unas pequeñas fracciones de la cuota industrial, si la pesquería llega nivel igual o superior al 90 % de su rendimiento máximo sostenible (RMS, máximo de toneladas anuales que se pueden pescar sin afectar sostenibilidad del recurso). Con esto, se dice, cuidan ambientalmente el recurso, porque sólo se van a licitar pesquerías que se encuentren sanas, sostenibles.

En realidad, con esto se asegura que nunca haya licitaciones. Primero, nada tiene que ver el RMS con la forma en que asigno las cuotas individuales. El RMS ayuda a establecer la cuota global. El mecanismo en virtud del cual dicha cuota se subdivide entre los distintos industriales es una cuestión completamente diferente.

Al mezclar ambos temas (RMS y licitaciones) se da la apariencia de ser “ambientalmente amigable”, cuando en realidad se están poniendo condiciones que nunca se van a cumplir y, por ende, nunca habrá licitaciones. El gatopardo.

Segundo, es ambientalmente contraproducente, un incentivo perverso. Quienes tienen cuotas en la pesquería involucrada, se van a encargar de que, sobrexplotando, nunca se llegue a ese 90% del RMS. Se puede dañar el recurso con este incentivo.

Si se designa solo a los que ya tienen, me aseguro de que nada cambie. Si se licita, ingresan nuevos actores, se introduce competencia donde hoy es solo rentismo, pongo los incentivos para que se hagan las cosas bien.

Rompo los monopolios aumentando la eficiencia del mercado. Todo esto repercute en la mesa de millones de chilenos de clase media y de menores recursos, que tienen poco o nada acceso a pescado. Solo 7 kg al año, en un contexto de obesidad infantil y enfermedades cardiovasculares. Donde tengo más acceso a pollo (criado y alimentado con harina de pescado) que a recursos marinos.

Pero para no licitar se ponen cientos de excusas. Unas más gatopardas que otras. Que no ha resultado en ningún lado, se señala, y se citan los ejemplos de Rusia y Estonia, sacados (pero nunca citados) de un artículo de The Economist que hablaba de la pesca en Chile. ¡Por favor, Rusia y Estonia no son ejemplo de nada a la hora de hablar de instituciones públicas y licitaciones de cualquier tipo!, y Chile puede mostrar muchas fortalezas al respecto.

Se dice que va a generar desempleo, y se escucha la voz de trabajadores del sector industrial que van a quedar desempleados. Claro, se le quita una parte a unos pocos industriales para dárselas a otros, entonces los trabajadores de esas industrias se ven amenazados. Pero en realidad lo más probable es que aumente el número neto de empleos en el sector, porque más industrias absorben más mano de obra y si se destina a pescado para consumo humano, mucho más empleo se crea.

Se dice que las licitaciones son para que industriales chinos puedan llegar a pescar a Chile, lo que es una amenaza. En realidad, si ellos quisieran, comprarían en la bolsa cualquiera de las empresas que cuentan con cuotas aseguradas, y listo.

Y por cierto, no hay ningún solo experto, ningún economista o especialista en políticas públicas que respalde la asignación histórica de los recursos y hay decenas que apoyan las licitaciones. Pero en el Congreso, parece que no existieran.

La existencia o no de licitaciones en todo o parte significativa de la cuota industrial, sin condiciones incumplibles, va a hacer la diferencia entre una ley gatoparda o un verdadero cambio (mínimo y obvio por cierto, pero por Dios que difícil!) en la forma en que administramos los peces de todos los chilenos.

Hoy, a pesar de 6.500 kilómetros de costa, en nuestro país el pescado es caro, y poco accesible. Para cambiar esta realidad el único camino es detener los monopolios, introducir competencia en el sector, apostar por industrias nuevas, con tecnologías que faciliten que el pescado llegue a la mesa de los chilenos. Sin licitación, o leyes gatopardas, todo va a cambiar para que todo siga igual.

Acá en Chile el gobierno aborda la regulación sobre medicamentos por tres carriles.

Primero reformando el Código Sanitario en materia de farmacias, teóricamente aumentando las exigencias y transparencia de ese mercado en distintos aspectos.

Segundo, por medio de la ley sobre OTC, o venta de fármacos “llevar y llevar”, que relaja las exigencias sanitarias en el comercio de medicamentos para que se vendan en las góndolas de los supermercados, aunque el proyecto fue retirado con la promesa de volver “mejorado”.

Y tercero, a través del famoso linkage, que buscaba reforzar los derechos de propiedad industrial de los grandes laboratorios internacionales.

Es en este contexto que se plantea la bioequivalencia como una solución para abaratar el costo de los medicamentos. La certificación de bioequivalencia otorga certeza de que los medicamentos que se adquieren en las farmacias son equivalentes al medicamento de marca, tanto en calidad, como en seguridad y eficacia.

Todo lo anterior, apoyado por la receta médica donde se prescriba el principio activo del medicamento y opcionalmente la marca del mismo. Suena y se ve bien. En teoría las personas contarían con remedios de certificada calidad a precios mucho menores. Pero a mi juicio esto no es tan claro.

Hasta donde conozco, en nuestro país no existe un problema significativo en la calidad de los medicamentos. Al menos todo lo que se compra en farmacias contó con certificación del ISP, y hasta donde es sabido, fuera del lamentable caso del suplemento alimenticio ADN (con características muy distintas al tema en cuestión), no hay otras situaciones ligadas a calidad de medicamentos.

No es claro que los precios bajen, y a mi juicio pueden subir. Simplificando en extremo la realidad hoy existen dos tipos de medicamentos. Los de marca con altos precios y los genéricos, de precios muy bajos (también existen los llamados “similares”, de precios más altos, pero en realidad son genéricos producidos con marca).

Con los bioequivalentes tendremos un medicamento de precio intermedio, porque será un genérico que pasó por un proceso de certificación caro, y que debiera estar asociado a procesos de producción y componentes mejores, todos de mayor costo. Serán más baratos que los de marca, pero más caros que los genéricos.

Aquí viene la pregunta clave: ¿qué sucederá con los genéricos cuando se certifique su par bioequivalente? ¿Se mantendrán o se retirarán? ¿Los bioequivalentes los van a sustituir?

Según se desprende de la Resolución 729-2009 del ISP los genéricos sin estudios de bioequivalencia debieran retirarse, pero no es claro. Creo que este punto es esencial, y determina si ésta tan difundida bioequivalencia beneficiará o no al ciudadano promedio.

Si se mantiene la venta de genéricos sin estudios de bioequivalencia, y conviven ahora tres tipos de fármacos, no hay problema. Pero si se retiran los genéricos comienzan las dificultades.

Puede claramente significar un alza de golpe en muchos remedios clave. Lo que sucede es que habrá menos alternativas, menos competencia, dejando unos pocos productores, monopolizando en los grandes laboratorios internacionales la comercialización de medicamentos en Chile.

¿Qué pasará para el paciente promedio? Mirando las listas de precios públicas, podría pasar de pagar los actuales $8.130 por un genérico de Escitalopram (tratamiento de la depresión), a desembolsar probablemente más de lo que cuesta el genérico producido con marca, $17.290 pero que incluso puede ser exactamente el mismo producto que compraba antes.

El gobierno debe aclarar qué camino seguirá. Debe responder la pregunta clave.

Si quiere promover la bioequivalencia como un verdadero paso para mejorar el acceso a medicamentos de calidad, o por medio del ya finamente perfeccionado uso de la letra chica, ahora en la ley de medicamentos, permitirá un salto en los precios y una concentración aun mayor de este mercado en empresas como las sancionadas por  el ente regulador estadounidense.

Pero pareciera que hay lugares que resultan “premiados” y que por alguna razón concentran muchos de estos equipamientos, externalidades o situaciones que no queremos en nuestro jardín. Y San Bernardo está encabezando esas listas.

Primero, la última y nefasta modificación al Plan Regulador Metropolitano, (llamada PRMS 100) aprobada por una mayoría de Consejeros Regionales, sin debate público, ni participación ciudadana.

Hablamos de la incorporación de aproximadamente 3.000 nuevas hectáreas de San Bernardo, que dejan de ser rurales y pasan a ser zonas disponibles para el desarrollo inmobiliario.

En un plazo acotado, esta modificación puede duplicar la población de la comuna, sin que se aseguren los consultorios, hospitales, redes de transportes, oficinas públicas, ni colegios o liceos adecuados. En el mediano-largo plazo puede incorporar hasta un millón de nuevos habitantes. De eso aun ni hablamos.

Lo que sí está asegurado es que esta modificación aumenta el patrimonio de los dueños de todos estos terrenos de la región en monumentales 2.800 millones de dólares, algo así como toda la ley reservada del cobre en un año.

¿Alguna duda sobre los intereses en juego?

Así aparece el entusiasmo del entonces Intendente ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción que “luchó” por la aprobación de esta modificación, y aparece la voluntad de un puñado de Concejeros Regionales de oposición, quienes estuvieron “disponibles a apoyarlo en este desafío” y así, junto a todos los de la derecha, darle al intendente la mayoría que necesitaba.

Afortunadamente otros consejeros cuestionaron -con justa razón- esta resolución, y lograron suspender su puesta en práctica en la Contraloría General.

Además del PRMS 100 hay un largo listado de dificultades para la comuna.

En San Bernardo, la única forma conectar con el centro de la ciudad es pasando por una autopista que año a año aumenta, no aritmética, sino geométricamente su costo y congestión. La delincuencia creció de salto, y los responsables parecen mirar al techo.

San Bernardo es un lugar que ve como los anuncios sobre la extensión del metro se hacen para 6 nuevas comunas, ninguna de las cuales llega ni a la mitad de su población.

Afortunadamente la integración del Metrotren al Transantiago es un salto muy positivo, algo del que toda la comuna puede sentirse orgulloso. San Bernardo tiene extensas zonas de viviendas sociales abandonadas, en progresivo deterioro, con muy poca intervención para su recuperación, miles de familias con fuertes necesidades.

San Bernardo es una comuna con escasísimas áreas verdes, muchas zonas cafés, y cientos de perros vagos. Un lugar que requiere de fuertes inversiones públicas para salir del retraso y el deterioro.

Y ahora anuncian la construcción de una Morgue en San Bernardo. Se trata de 770 mts.2 en 1.5 hectáreas de terreno, dedicados la elaboración de informes tanatológicos, médico forenses y relacionados. Incluye cinco salas de autopsia, un calabozo, y diversas zonas de tomas de muestras.

Se emplaza en el sector densamente residencial de El Olivo, vecino a una zona comercial, de alimentos y comercio general.

Se argumenta que la zona en que se emplaza está tan deprimida, que puede revitalizar el sector, a través del empleo y el movimiento que genera. ¿Es la forma en que queremos revitalizar la comuna?

¿Transformando una zona residencial en el centro tanatológico, en la Avenida La Paz de la zona sur, con la industria funeraria relacionada que genera?

¿Queremos que esta zona residencial se transforme en el punto de exámenes forenses a acusados por delitos sexuales, o por lesiones atribuibles a ilícitos?

Se señala que no va a aumentar, sino disminuir la delincuencia de esa zona, porque daría uso a un extenso terreno baldío.

¿Pero por qué no se le da un uso cultural, como cientos de personas de ese barrio y de la comuna entera han venido pidiendo por cinco años consecutivos, existiendo recursos disponibles a nivel regional?

¿Será porque está el nombre de Gladys Marín de por medio?

No discuto que se requieran más instalaciones médico legales en la capital, ¿Pero por qué en zonas residenciales y no en barrios industriales?

¿Por qué en San Bernardo, y no en Conchalí o Huechuraba, donde ahora va a llegar el Metro? ¿Por qué, otra vez, en mí ya deteriorado jardín?

San Bernardo, con sus 300.000 habitantes (y aumentando) necesita Metro a la ciudad, una red de ciclo vías, triplicar sus áreas verdes (no cafés), y tener 100 hectáreas de parque en el Cerro Chena.

Necesita más, pero sobretodo mejores consultorios. Necesita un barrio comercial completamente peatonal, con cables soterrados, estacionamientos subterráneos y sin comercio ilegal.

Necesita sedes universitarias, desarrollo cultural comunitario y preservar su patrimonio histórico.

Necesita menos perros vagos. Necesita una Autopista Central con precios justos y entrada (¡que obvio!) a la Autopista Nuevo Acceso Sur.

San Bernardo necesita (y con urgencia) más carabineros, mejor iluminación, puntos de vigilancia comunal, tratamientos de adicción a las drogas, organización vecinal.

San Bernardo necesita menos crecimiento y mucho más desarrollo. San Bernardo necesita muchas cosas para salir adelante.

Lo último, de verdad, lo último que San Bernardo requiere es una Morgue en pleno barrio residencial que lapide su ya hipotecado futuro. De nuevo es decisión del Consejo Regional. Espero que no cometan un nuevo gran error.

En el intertanto nuestra ciudad se llenó de torres de antenas. Blancas y naranjas, o blancas enteras. 20, 25, 30 metros de altura, no una sino dos o tres juntas. Incluso llegando a casos como el del sector de Tejas de Chena en San Bernardo, en pleno barrio residencial cinco antenas de 30 metros en una faja de 25 metros, en fila india, y con dos más aprobadas esperando su construcción.

Este ejemplo refleja la situación en que nos encontrábamos. Una total desregulación, completa libertad para instalar antenas del tamaño que se quiera, donde quiera, cuando quiera y como se quiera.

No importa si se afecta el valor de las propiedades vecinas, si se deteriora la armonía urbana del barrio, si se generan preguntas sobre el impacto a la salud de los vecinos. Da lo mismo, pongamos antenas.

Esta ley está lejos de lo óptimo. Pero, a pesar de las presiones de las empresas –lo que llamó la atención de algunos medios de comunicación-, y de su larguísima tramitación, el proyecto aprobado logra enfrentar algunas de las principales aspiraciones ciudadanas.

Para el futuro, se trata de menos torres, de menor tamaño, impidiendo su concentración, sacándolas de ciertas zonas consideradas sensibles y fijando estrictos estándares de radiación.

Esto a mi juicio se logra con la ley que se da a conocer. Se estructuran los incentivos para promover antenas de menor tamaño, se obliga a la colocalización (poner antenas de distintas empresas en una sola torre) sobre zonas ya saturadas de instalaciones, se obliga a la compensación cuando se insiste en antenas de altura, se indexa las emisiones a los estándares más estrictos de la OECD, y se establecen zonas de exclusión de antenas (jardines infantiles, hospitales, centros de adulto mayor), lugares donde sencillamente no se pueden instalar.

Pero creo que donde más se van a ver sus efectos son en las reglas que se generan para las antenas existentes, para el parque ya instalado.

Se establecen fuertes incentivos para eliminar los desgraciados “enjambres de antenas”, zonas de concentración de torres que deterioran todo el entorno urbano.Las reglas que obligan a colocalizar, si no se quiere mimetizar/compensar a los vecinos, creo que pueden ser útiles para disminuir considerablemente el número de enjambres.

Por otra parte, la obligación de retiro de antenas ya instaladas a menos de 40 metros de zonas sensibles, establece un mínimo resguardo a ciudadanos que requieren del cuidado de todos, niños, ancianos, enfermos. Es una regla mínima, es la única exclusión real, es la única con efecto retroactivo de verdad.

La pretensión de algunas empresas de dejar en nada esta norma llevándola al tribunal constitucional, refleja un antiguo estilo corporativo de “yo puedo poner mi antena donde quiera, (incluso dentro del jardín infantil) sino nos vemos en tribunales” debe ir abandonándose.

Una línea para el argumento “quieren menos antenas, pero quieren hablar por celular con más y mejor cobertura”: ¿Alguien puede asegurar que la forma actual de dar cobertura es la más eficiente? ¿o la mejor?, ¿no será solo la más fácil y barata?A buena hora se pone atajo a esta impunidad.

Los casos como el de San Bernardo no deben volver a repetirse. Hay que aprender la lección.

Todavía hay que verla en la práctica, pero esperemos que esta nueva ley sirva verdaderamente a su propósito. Con menos antenas, despejando el horizonte un poco de ellas, tendremos algo más de ciudad para ver y para vivir.

Pero en Chile, a veces estos conceptos, tan claros para las economías desarrolladas y para todos quienes dicen defender la competencia y la libre iniciativa de los individuos, no resultan tan evidentes para una parte de nuestros grupos económicos y de nuestros gobernantes.

El ministro de Economía y el subsecretario de Pesca sentaron en una mesa a distintos actores del sector pesquero.

Estos actores, luego de semanas de discusión, llegaron al acuerdo de que se opondrían terminantemente a las licitaciones (mecanismo transparente y competitivo que permite la entrada de nuevos actores al mercado, y así generar competencia) y firmaron un acuerdo repartiéndose los recursos pesqueros y sus porcentajes de participación sobre las capturas.

Durante las semanas siguientes a este acuerdo, los dueños de las cuatro empresas que controlan más del 90% de las riquezas pesqueras en el país, salieron -sin pudor alguno-, anunciando por prensa y en cuanta conferencia hubo, que ellos ya habían llegado a este acuerdo para repartirse la torta. Y en seguida le exigen al ministro de Economía que respete los términos del convenio que él mismo alentó, presentando un proyecto de ley funcional a esos intereses.

El Ministro, alertado de lo impresentable de esta posición, aparenta dar un giro en su posición, habla de sustentabilidad del sector y presenta un proyecto bajo ese manto. Pero este proyecto de todos modos entrega a esos mismos grupos económicos cuotas indefinidas y permanentes en el tiempo, supuestos derechos históricos.

Esto por si solo es un escándalo, entregar a perpetuidad a ciertos sectores los recursos pesqueros, sin competencia, sin plazos, es digno de las encomiendas coloniales.

Y en materia de licitaciones, reconociendo que es una medida adecuada para la entrada de nuevos actores y la innovación, el Ministro las presenta bajo una fórmula intrincada, reducida a excedentes de discutible ocurrencia.

En el fondo estas supuestas licitaciones no afectan ni en un pelo los negocios de los mismos empresarios del acuerdo, a quienes se permite seguir gozando los privilegios de un mercado rentista y carente de competencia.

Muchos se preguntan por qué, a pesar de 6.500 kilómetros de costa, en nuestro país el pescado es tan caro, y tan poco accesible y  también por qué Chile es uno de los países con menor consumo de pescado, con sólo 7 kilogramos por persona al año.

El acuerdo de la mesa pesquera impacta directamente en el acceso de las familias chilenas a más pescado, de mejor calidad y menor valor.

Sin competencia no hay incentivos para perfeccionar los procesos e invertir en tecnología que disminuya precios y mejore la calidad del producto al consumidor final.

Además, un fraccionamiento como el actual, favorece ampliamente al sector industrial quien destina sus capturas en una porción muy importante a producir harina y aceite de pescado, sin mayor valor agregado, y sin disponibilidad para el chileno corriente.

Así, la forma de asignación de las cuotas de captura, a dedo o mediante un sistema competitivo y transparente, impacta en la calidad de vida de todos los chilenos.

Actualmente son varios los escándalos en materia de colusión que preocupan a la opinión pública. Esperemos que éstos gatillen cambios, y exigencias éticas mucho mayores a la generación de riqueza.

Actuaciones como las de algunos empresarios pesqueros, que se oponen a licitar y tener que pagar el justo precio por un recurso natural que pertenecen a todos los chilenos, no hacen sino aumentar la “indignación” ya instalada en la ciudadanía, que ve como el precio de un kilo de pescado puede costar lo mismo que un kilo de lomo, y que observa como al final, los peces gordos son cada vez más gordos, y el resto seguimos a dieta indefinida.

Nueva alza que, además, cuesta muchísimo justificar ante los usuarios, porque no obedece a mayores costos o nuevas inversiones.

Veamos. La tarifa puede establecerse en base a cinco elementos, y subirse en base a otros dos. Se establece a partir de una tarifa base, el tipo de vehículo utilizado, el sentido de circulación, el día de circulación y la hora en que se transitó. Se suben las tarifas base, año a año en el monto de la inflación (completa), más un 3,5%.

Cada uno de los primeros cinco elementos va dando cuenta de condiciones de tránsito y características del servicio entregado, los que pueden justificar su lógica. Las alzas por su parte se pueden justificar por la inflación, que da cuenta del aumento de los costos de mantención y otros gastos asociados.

¿Pero qué justifica un alza permanente anual de 3,5% por sobre la inflación? No hay mayores costos, no hay nuevas inversiones, no hay mejorías al servicio, no existen nuevas prestaciones, nada justifica este incremento real del 3,5%. ¿Le suenan las alzas unilaterales?

Este 3,5%, al acumularse año a año, provoca un aumento exponencial de las tarifas, que solo puede empeorar. Esto explica por qué, por ejemplo, la autopista central, una obra que en lo que se refiere a la antigua norte sur, sólo vino a mejorar una autopista ya existente, desde el año 2006 a la fecha haya acumulado un alza en sus tarifas de un 40%, cifra a la que habrá que sumarle este nuevo incremento.

Pero no es lo único. A esto se suman tarifas de hora punta en fines de semana y días feriados, e incluso en horarios absurdos.

¿Sabe usted que en un feriado, salir del centro de Santiago a San Bernardo, se cobra horario punta entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde? Eso no se llama horario punta, se llama abuso.

Todo se justifica porque “está en los contratos”. Este sistema fue pensado entre dos partes, el ministerio de Obras Públicas y los concesionarios. Los usuarios no existen en el sistema, firman contratos de adhesión sobre una negociación en la que no tuvieron injerencia alguna.

Al menos ya se acabó el abuso de las multas de 40 veces lo adeudado. Ahora hay que seguir con las alzas de tarifas y mayor participación

A nuestro juicio es indispensable la creación de un Comité de Usuarios del Sistema, donde estén sentados los concesionarios y el MOP con los usuarios.

Se requiere un espacio donde los usuarios, la ciudadanía, plantee sus observaciones al sistema, como las alzas de tarifas, los cobros de horarios punta, la calidad del servicio, la congestión por reparaciones en horarios indebidos, el trazado de las carreteras, las llamadas de cobranza, los mensajes en los carteles electrónicos sobre los delitos que se pueden cometer al usar las autopistas, etc. etc., todas y cada una de las dificultades del sistema de forma permanente.

Es indispensable que se escuche a la gente para mejorar y corregir el sistema. Esta versión impuesta y unilateral ya no da para más.

El sistema de autopistas urbanas se inició el 2001, hace 10 años, en un Chile y en un Santiago muy distinto.

Es la hora de una revisión completa, y adecuar el sistema a las expectativas de la ciudadanía de hoy. No se puede esperar que se cumplan los 30 años de las concesiones para recién revisarlas.

Sin embargo, a pesar de que son sólo 6 kilómetros los separan a la comuna de San Bernardo de la estación La Cisterna del Metro, la comuna no formó parte de la última extensión de la red.

Veamos si esto tiene lógica. Tras el anuncio la comuna de Independencia, con apenas 50 mil habitantes, va a tener Metro. Es más, ninguna de las nuevas comunas que se incorporan a la red supera los 130 mil habitantes. San Bernardo, con más de 300 mil, nada menos que la cuarta comuna más poblada del país, aún está esperando 6 kilómetros de extensión.

Viendo las cosas desde la Plaza de San Bernardo, los 37 nuevos kilómetros no tienen la relación costo-beneficio que uno esperaría. El metro a Maipú, o la extensión a Puente Alto caen por su propio peso. Pero no esta extensión a Independencia, y las líneas que pasan en paralelo a cuadras del trazado actual, atentan contra el sentido común. Mientras San Bernardo sigue esperando sólo 6 kilómetros y no se anuncian siquiera los estudios de factibilidad.

El Comité Gran Avenida se Defiende ha hecho por años un extraordinario trabajo de sensibilización y movilización ciudadana en torno al metro a San Bernardo, incluyendo a las comunas de El Bosque y La Cisterna. También los “sanbernardinos” se han movilizado y trabajaron activamente por este objetivo, aunque entre algunos, naturalmente, se instaló el escepticismo.

Tampoco hay que olvidar la lamentable modificación del plan regulador, por el voto de algunos Concejeros Regionales, que implica algo así como duplicar la población de San Bernardo en 20 años. Este es un crecimiento sin progreso, sin desarrollo, sin calidad de vida. El Metro es un avance indispensable.

He escuchado de algunas autoridades el argumento de que esta extensión no es necesaria, porque la comuna es parte de la red de Metrotren.

Seamos claros, el Metrotren siempre va a ser un medio de transporte muy positivo para San Bernardo y para toda la provincia del Maipo, porque es rápido, no contamina, no congestiona y es seguro. Pero Metrotren no es un reemplazo del Metro.

No sólo porque carece de la frecuencia adecuada. Aunque ésta se triplique, su trazado orienta a los pasajeros hacia la zona poniente de la capital, mientras que nuestro flujo se dirige fundamentalmente hacia el centro y al oriente de la ciudad.

El Metro a San Bernardo permite incorporar a La Cisterna y El Bosque, conectar con la multimodal de La Cisterna, de ahí al centro-oriente de la ciudad, y también a La Florida y Puente Alto, junto a muchos destinos más.

Metrotren debe potenciarse como un tren de cercanías, sobre todo para Buin y Paine, e integrarse al Transantiago con una sola tarifa ajustada y utilizando la Tarjeta Bip! El actual gobierno tiene un compromiso formal en este punto que aún está pendiente. No hay que descansar hasta que éste se cumpla completamente.

Pedimos que el Metro llegue a San Bernardo. Es una causa que une a todos los “sanbernardinos”, sin importar su nivel económico, actividad o color político. Es una sola comuna, una sola ciudadanía tras un objetivo común.

No pedimos un anuncio de extensión mañana. Felicitamos que se decida realizar los estudios de factibilidad. No se puede rechazar esta extensión sin las cifras en la mano. No había ninguna excusa para postergarlos.

No estamos pidiendo mucho, son sólo 6 kilómetros de Metro para conectar a San Bernardo con el futuro.

San Bernardo se ha quedado muy atrás. Se trata de un acto de justicia, de igualdad urbana.

De las grandes comunas de Santiago, sólo San Bernardo está fuera de la red. Es hora de cambiar las cosas y lograr sacar a la comuna del retraso y la postergación, y ponerla en el camino del progreso, la justicia y el desarrollo.